Robo de energía, cables y equipos azota a las eléctricas colombianas

Además del robo de energía, el hurto de tapas de cámaras subterráneas, baterías, piezas de control y cableado, azotan a las distribuidoras de electricidad en el país.

En el caso de Enel Colombia, durante 2025 registró más de 28.290 casos de hurto eléctrico. De estos, 1.080 correspondieron al robo de red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y manipulaciones en los medidores, de los cuales 7.230 casos se vinculan específicamente con intervenciones para evitar el registro correcto del consumo de energía.

El hurto de infraestructura eléctrica ha afectado la calidad del servicio a más de 300.000 clientes en el área de cobertura de Enel y la normalización de estas afectaciones le costó a la compañía más de $1.200 millones de pesos.

Entre los casos registrados se encuentran 629 eventos de robo de tapas de energía subterránea y la sustracción ilícita de 413 elementos asociados a equipos telecontrolados, como baterías, piezas de control y cableado; que se suman a los más de siete kilómetros de red eléctrica hurtada para extraer el material y comercializarlo de manera ilegal.

Las localidades de Bogotá con mayor número de reportes relacionados son: Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.

Sobre la cantidad de energía hurtada, según análisis de la compañía, esta asciende a más de 56 GWh, proporcional al consumo mínimo vital (130 kWh al mes) de 430 mil hogares de estratos 2 y 3, que puede compararse con la población de localidades como Usme, Fontibón o Suba.

Los reportes destacan que el 6% de los casos corresponde a parques industriales y comerciales con una energía hurtada de 24,7GWh, es decir, el 44% de la totalidad de la energía recuperada en 2025. 

Las localidades en donde se identificó mayores casos de hurto fueron: Kennedy, Mártires y Puente Aranda, y municipios como: Soacha, Tenjo, Mosquera, Cogua y Madrid.

El hurto de energía o la manipulación fraudulente de la infraestructura eléctrica, además de ser delitos que atentan contra la seguridad pública, representan un riesgo para la vida de las personas y pueden ocasionar interrupciones en la prestación del servicio.

Colombia: Producción de petróleo y gas sigue en picada

Al cierre de 2025, la producción de gas y petróleo en Colombia siguió su tendencia a la baja, en consonancia con la política del gobierno de marchitar la industria de hidrocarburos mediante la no firma de nuevos contratos y asfixiando a las empresas con mayores impuestos.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, al cierre de 2025, la producción de petróleo en Colombia cayó un -2,9%, mientras que la caída del gas comercializado fue aún más profunda, -17%.

Efectivamente, mientras enero de 2025 inició con una producción de petróleo promedio de 769 mil barriles por día (KBPD), en diciembre terminó con un promedio de 747 KBPD, reflejando una disminución de 22,6 KBPD, equivalente a una variación negativa del 2,9%.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), “la disminución de la producción de petróleo en 2025 frente a 2024 estuvo asociada a diferentes factores, entre ellos, la declinación natural de los campos, estimada en 22% según la ACP, y las afectaciones operativas derivadas de eventos de entorno.”

Producción de gas sigue de capa caída

Por su parte, el gas comercializado alcanzó en 2025 un promedio de 794,2 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), lo que significó una disminución del 17,1% respecto a 2024 (958,5 MPCD), es decir, 164,3 MPCD menos, reflejando un ajuste en los volúmenes disponibles para el mercado.

El retroceso en la producción nacional ha llevado al incremento en las importaciones de la molécula. En 2025 el promedio de gas extranjero se ubicó en 170 MPCD, equivalentes al 18% del consumo nacional, confirmando el creciente rol del gas importado dentro del balance nacional de abastecimiento.

En cuanto al gas fiscalizado, en 2025 este registró un promedio de 1.258,5 MPCD,evidenciando una disminución frente a 2024, cuando el nivel promedio se ubicó en 1.427,9 MPCD, lo que representó una variación negativa de 169,4 MPCD (-12,0 %).

Según Campetrol, “esta dinámica estuvo asociada principalmente a la declinación natural de los campos productores en Colombia”.

En este contexto, cerca del 80 % de la producción nacional de gas se concentró en 12 campos; y de estos, los que registraron la mayor caída fueron Cusiana, con una disminución del 32% (de 66,8 MPCD a 45,5 MPCD); Clarinete, con una reducción del 301% (de 77,1 MPCD a 53,3 MPCD); y Cupiagua, con una caída del 24% (de 152,3 MPCD a 116,1 MPCD).

“Para recuperar de manera sostenida la producción de gas y petróleo, el país requiere gestionar la conflictividad en los territorios, desarrollar los proyectos offshore, los Yacimientos No Convencionales (fracking), aumentar el factor de recobro de los campos actuales y mejorar la competitividad para la firma de nuevos contratos, así como aumentar la actividad exploratoria”, señaló Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

Del carbón a la producción sostenible en suelos rehabilitados de La Guajira

Rehabilitar la tierra después de la minería de carbón sí es posible, y en La Guajira ya está ocurriendo.

La Granja Experimental Manantial de Cerrejón es una muestra de cómo los suelos rehabilitados pueden transformarse en espacios productivos y sostenibles, donde se cultivan alimentos, se protege el medio ambiente y se generan aprendizajes transferibles a comunidades vecinas y a territorios con condiciones similares al bosque seco tropical.

Esta iniciativa es el resultado de más de 19 años de investigación desarrollada por Cerrejón en la cuenca media del río Ranchería, enfocada en identificar sistemas de producción que mejoren la productividad del suelo, fortalezcan el manejo del agua y reduzcan los procesos de degradación asociados a distintas actividades humanas.

De la mano de comunidades vecinas

El proyecto ha contado con la participación de comunidades de los municipios de Albania y Hatonuevo, vecinas a la operación minera, entre ellas Nueva América, Coveñas, Angostura, El Cerro y Provincial, a través de los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL).

Mediante metodologías de investigación participativa, se realizaron diagnósticos de calidad de suelos y se implementaron modelos productivos adaptados al territorio, promoviendo el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de capacidades locales.

Un modelo productivo después de la minería

Como evolución de este proceso, Cerrejón puso en marcha la Granja Experimental Manantial en terrenos rehabilitados, con el propósito de consolidar un modelo que integre sostenibilidad ambiental, social y económica.

Este laboratorio permite aplicar buenas prácticas de manejo y generar información técnica y científica que apoya la toma de decisiones sobre el uso futuro de las áreas rehabilitadas, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

“Más allá de su carácter piloto, Cerrejón ha concebido a la granja como un modelo de transferencia de conocimiento para comunidades vecinas y territorios con condiciones similares, facilitando su implementación y replicabilidad”, afirma Juan Pablo Lozano, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón.

En la primera siembra se cosecharon: 2.436 Kg de patilla, 1.845 Kg de ahuyama, 17 Kg de fríjol y 253 Kg de maíz en 4 hectáreas inicialmente.

Sembrando futuro para La Guajira

Los sistemas silvopastoriles y agroforestales implementados en la granja representan alternativas biológica, económica y ecológicamente más sostenibles frente a los modelos tradicionales de uso del suelo, al ofrecer beneficios como la rehabilitación del suelo, el aumento de la biodiversidad, la regulación hídrica y la captura de carbono.

Con la Granja Experimental Manantial, Cerrejón busca evidenciar que, tras la actividad minera, la tierra puede recuperar su potencial y abrir nuevas oportunidades productivas, reafirmando su compromiso con la innovación, la rehabilitación de las áreas y el desarrollo rural sostenible en La Guajira.

Amazónica LNG comercializa gas que llegará en 2027

Amazónica LNG lanzó oferta de suministro de gas con precios competitivos para garantizar el abastecimiento de largo plazo en el mercado colombiano.

Amazónica LNG, una terminal terrestre de regasificación que se proyecta en Puerto Palermo (Magdalena), puso a disposición ofertas vinculantes para el suministro de gas natural importado en firme dirigidas a los principales agentes del mercado colombiano, especialmente para la región Caribe.

En un entorno marcado por restricciones en la oferta nacional y el aumento de precios, la compañía propone un esquema comercial competitivo, alineado con la firma de contratos de suministro, la culminación de la ingeniería de detalle y la definición de las inversiones de capital del proyecto (Capex), lo que garantiza estabilidad y previsibilidad para los compradores.

El modelo de precios de Amazónica LNG permite que una proporción significativa de la tarifa sea de carácter fijo, reduciendo sustancialmente la exposición a la volatilidad de corto plazo, brindando mayor previsibilidad en los costos y valores más competitivos, lo que posiciona al proyecto como una alternativa para atender la creciente demanda residencial, industrial, térmica y vehicular del país.

“Amazónica LNG representa una solución robusta y flexible para atender la creciente demanda de gas en el país y particularmente del Caribe colombiano. Es una inversión de largo plazo que refuerza la confiabilidad energética de la región Caribe”, aseguró Alberto Consuegra, CEO de la compañía.

Amazónica LNG es el resultado de una alianza estratégica entre Retramar, grupo con más de 40 años de experiencia en operación portuaria y logística, y Affinity Energy, fondo especializado en infraestructura energética.

El proyecto de la terminal contempla una inversión estimada de USD 150 millones, cuya financiación se encuentra bajo mandato del banco Mitsubishi Financial Group (MUFG).

La infraestructura está diseñada para iniciar operación comercial en el segundo semestre de 2027 y ya ha alcanzado hitos clave, entre los que se destacan: la obtención del licenciamiento ambiental y portuario, el aseguramiento del contrato EPC con compañías especializadas y la adquisición de la molécula de GNL en el mercado internacional mediante una alianza con Vitol, uno de los más importantes comercializadores de GNL del mundo.

“Es importante destacar que Amazónica LNG ya cuenta con la finalización de la ingeniería de detalle a cargo de la firma internacional Wood. Todos estos avances reales nos permiten ofrecer un suministro de GNL en condiciones de certeza, garantizando confiabilidad y continuidad en el largo plazo. Asimismo, este proyecto fortalecerá el rol estratégico del puerto de Palermo como clúster energético regional”, agregó Consuegra.

La terminal contará con una capacidad escalable para entregar hasta 150 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), empleando tecnología criogénica de punta.

La infraestructura incluirá dos trenes de regasificación, un cargadero de cisternas de GNL y un muelle exclusivo tanto para la recepción como para el despacho de buques metaneros.

El gas será entregado principalmente al Sistema Nacional de Transporte (SNT), operado por Promigas a la altura de Barranquilla.

Durante las fases de construcción y operación, Amazónica LNG generará cerca de 400 empleos directos e indirectos, así como el fortalecimiento de más de 100 proveedores locales. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, Amazónica LNG operará con cero emisiones de metano.

EPM instala el más moderno equipo de odorización de gas

El nuevo sistema de odorización es cero emisiones y evita la liberación anual de 37,15 m³ de metano, en un aporte a la reducción de gases de efecto invernadero.

EPM puso en operación el sistema odorizante de gas natural más moderno de Sudamérica en la Compresora Parque de Las Aguas, en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.

La nueva tecnología permite una detección más temprana de posibles fugas y optimiza la operación del servicio con un proceso preciso y amigable con el ambiente.

El nuevo equipo, un sistema de odorización de cero emisiones, incorpora una tecnología que garantiza la dosificación exacta del odorante (mercaptano), sustancia que hace perceptible el gas natural en caso de fuga, pues en su estado original el gas es inodoro.

“Este equipo es de última tecnología. Solo existen dos en Latinoamérica: uno en México y ahora este en Colombia, y tiene la ventaja de operar sin liberar gas a la atmósfera. Gracias a estas características, el sistema mejora la eficiencia, asegura un consumo óptimo de odorante y se integra a mecanismos de monitoreo tanto en sitio como de manera remota”, destacó Luisa María Pérez Fernández, gerente Gas de EPM.

Para la instalación fue necesario realizar maniobras técnicas en la compresora, programadas previamente y comunicadas a la comunidad. Estas operaciones incluyeron la puesta en marcha del nuevo sistema, con un acompañamiento técnico especializado, y la preservación del equipo anterior, que se dejó como respaldo, junto con la adecuación de líneas y conexiones.

Aspectos para destacar:

1. El sistema incorpora una tecnología avanzada que optimiza la odorización del gas natural mediante una dosificación más precisa, un monitoreo continuo y capacidades de operación tanto local como remota.

2. Su diseño de cero emisiones evita la liberación anual de 37,15 m³ de metano, lo que representa un aporte a la reducción de gases de efecto invernadero y la contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Este equipo, uno de los dos sistemas ZEO instalados actualmente en Latinoamérica, ofrece una operación más confiable, segura y eficiente, consolidándose como una solución de última tecnología para fortalecer la calidad del servicio y la protección del entorno.

Usuarios de Latinoamérica exigen electricidad segura y a precios justos

Un informe conjunto de Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica detalla brechas en precios, calidad de servicio y regulación de la energía, junto con oportunidades en contratación, autogeneración y gestión eficiente de la demanda.

Las asociaciones que agrupan a los clientes eléctricos no regulados de Argentina (AGUEERA), Chile (ACENOR), Colombia (Asoenergía), Panamá (AGRANDEL) y Costa Rica (ACOGRACE) publicaron un informe comparado que identifica los principales desafíos, lecciones y oportunidades para los usuarios eléctricos de la región en el período 2024–2025.

El documento ordena las cifras por país y describe riesgos crecientes en calidad de servicio, volatilidad de precios y nuevos cargos que presionan la competitividad de la industria. A la vez, releva oportunidades en contratación, autogeneración y gestión eficiente de la demanda para avanzar hacia sistemas eléctricos más seguros, limpios y con tarifas competitivas.

“Los grandes consumidores requieren un suministro seguro, confiable y a precios que les permitan invertir y crear empleo, junto con mercados eléctricos transparentes y acceso oportuno a la información para decidir”, señala el informe.

Riesgos y oportunidades

Entre los principales riesgos, el documento menciona la seguridad y calidad del servicio, las señales de precio distorsionadas y la creación o aumento de cargos que terminan encareciendo la cuenta de electricidad de los usuarios intensivos en energía. Según las asociaciones, estas señales afectan directamente decisiones de inversión, encarecen la producción y reducen el espacio para nuevos proyectos industriales.

En el lado de las oportunidades, el informe destaca el potencial de una gestión más activa de la demanda, el fortalecimiento de los portafolios de contratos con indexadores adecuados y el despliegue de autogeneración detrás del medidor.

Los retos de Colombia para la gran demanda industrial

En el caso de Colombia, el documento plantea los temas que han afectado el desarrollo de la industria del país desde el punto de vista energético.

Señala el gran reto que tiene el país en cuanto al desacople entre la oferta y la demanda de energía que ha impactado el costo de la energía, lo que es un golpe directo a la estructura de costos de los industriales; de igual manera, se mencionan los grandes retos en calidad del servicio y cómo esto afecta la productividad, así como la incertidumbre existente para la inversión a largo plazo.

“Desde la demanda se ha esperado una señal de eficiencia en energía eléctrica para todo el parque de generación disponible, cuyo desarrollo y expansión debe responder a un portafolio de recursos energéticos y tecnologías, ya que la pérdida de reserva eficiente que lleva a una estrechez entre la oferta y la demanda sigue enfrentando a los usuarios a una distorsión de precios en el mercado de energía mayorista,” concluye el análisis sobre Colombia.

*El  informe  completo,  con  datos  y  fichas  por  país,  está  disponible aquí: https://asoenergia.com/documento-de-asociaciones-latinoamericanas-de-grandes-consumidores-de- energia/

Abren convocatoria al 21º Premio Andesco a la Sostenibilidad

Este premio reconoce proyectos con impacto social, laboral, ambiental, económico y de gobernanza. Los ganadores se darán a conocer en el 28.º Congreso Andesco, en Cartagena.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) invita a las empresas y organizaciones del país a postular sus proyectos al 21.º Premio Andesco a la Sostenibilidad, un reconocimiento que destaca a las organizaciones que están liderando la transformación de Colombia a través de iniciativas de sostenibilidad, innovadoras y con impacto positivo en las personas, los territorios y el ambiente.

Durante más de 20 años, este premio ha visibilizado las mejores prácticas empresariales en sostenibilidad, consolidándose como una plataforma para compartir experiencias exitosas, promover la sostenibilidad de manera integral y estratégica y fortalecer el compromiso del sector productivo con el desarrollo sostenible.

La convocatoria, que estará abierta del 10 de febrero al 30 de abril, está dirigida a organizaciones grandes, medianas y pequeñas, afiliadas o no a Andesco, pertenecientes al sector de los servicios públicos, las comunicaciones y a todos los sectores de la economía nacional. Se recibirán postulaciones de buenas prácticas en los entornos ambiental, colaboradores, gobernanza, mercado y social.

“Desde Andesco, seguimos promoviendo buenas prácticas que se traduzcan en mejor calidad de vida para los ciudadanos y en avance económico para el país. Este premio, es una invitación a que las empresas compartan sus mejores iniciativas, inspiren a otros actores y demuestren que es posible generar impacto positivo con visión de largo plazo. Es también una invitación a seguir construyendo una Colombia sostenible”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Como parte de la evolución del Premio Andesco a la Sostenibilidad, este año se pone en marcha una nueva plataforma digital de postulación, que marca un hito en la historia del reconocimiento. Esta herramienta fue diseñada para hacer el proceso más intuitivo y amigable para los postulantes, permitiendo registrar los proyectos de manera guiada, cargar la información de forma estructurada y   hacer seguimiento en tiempo real al estado de la postulación.

Con esta innovación, Andesco busca facilitar la participación, fortalecer la transparencia del proceso y seguir elevando el estándar técnico del premio, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

La entrega del 21.º Premio Andesco a la Sostenibilidad se realizará en el marco del 28.º Congreso Andesco, que tendrá lugar en Cartagena los días 23, 24 y 25 de septiembre, el principal encuentro del sector de los servicios públicos, comunicaciones y TIC en Colombia.

Los términos de referencia, bases del premio y plataforma de postulación estarán disponibles en: https://andesco.org.co/premios-a-la-sostenibilidad

Fiscalía imputa cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, en un expediente que combina hechos de la campaña presidencial con decisiones posteriores dentro de Ecopetrol.

La imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se convirtió en un caso que trasciende lo judicial y expone las tensiones entre política, financiamiento electoral y gobernanza corporativa en la empresa estatal más importante de Colombia.

Según el ente acusador, existen elementos que apuntan a que la campaña habría superado los límites legales de gasto, mientras otra línea de investigación examina si desde la petrolera se favorecieron contratistas con vínculos personales con Roa.

El núcleo del caso se remonta a 2022, cuando Roa ejerció como gerente de la campaña Petro Presidente.

Investigaciones del Consejo Nacional Electoral, lideradas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, establecieron que la campaña habría superado los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos, incluyendo recursos no reportados en ambas vueltas presidenciales.

Este hallazgo derivó en sanciones administrativas y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía, lo que marcó el paso del proceso del ámbito electoral al penal.

Además, el expediente incluye el análisis de posibles donaciones irregulares y el origen de recursos, en medio de un contexto político ya tensionado por investigaciones paralelas sobre la financiación de la campaña.

Segundo frente: el apartamento y los contratos

El otro eje del caso es la presunta relación entre beneficios personales y decisiones contractuales dentro de Ecopetrol.

La Fiscalía investiga si Roa habría recibido un apartamento de lujo con un descuento significativo por parte de un empresario que posteriormente obtuvo contratos con la compañía petrolera.

También se indagan inconsistencias en los costos de remodelación del inmueble: mientras Roa reportó gastos cercanos a 300 millones de pesos, el arquitecto encargado señaló que la obra habría superado los $2.300 millones, con pagos en efectivo.

En este contexto aparece el nombre del empresario William Vélez, con quien Roa tuvo vínculos laborales previos y cuya eventual relación con la financiación de la operación es analizada por los investigadores.

Otro actor mencionado en el expediente es el empresario Juan Guillermo Mancera, presuntamente favorecido con contratación tras haber participado en negocios relacionados con el inmueble.

La defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, ha insistido en que el directivo no ha sido formalmente notificado de la imputación y ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades.

El equipo jurídico sostiene que el proceso debe respetar la presunción de inocencia y cuestiona los tiempos y la forma en que se han divulgado las decisiones judiciales.

Roa, por su parte, ha negado las acusaciones y ha insistido en que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.

Ecopetrol en el centro de la tormenta

Más allá del proceso penal, el impacto más inmediato se ha sentido en Ecopetrol. La imputación generó fracturas dentro de la Junta Directiva, donde al menos tres miembros habrían considerado solicitar su renuncia, en medio de temores por el impacto reputacional y financiero para la empresa.

El caso coincide con un periodo complejo para la petrolera, marcado por: Observaciones de entes de control, costos legales millonarios, rebaja en la calificación crediticia, mayor costo de la deuda y caída en las utilidades año tras año. Todo ello ha alimentado la percepción de inestabilidad en la gobernanza corporativa.

El presidente Petro ha sostenido que las acusaciones responden a motivaciones políticas, mientras la oposición insiste en que el caso evidencia problemas estructurales en la relación entre política y empresas estatales.

El contexto se vuelve más relevante en la antesala de los ciclos electorales de 2026, donde el caso podría convertirse en un elemento central del debate político nacional.

Debate estructural sobre empresas estatales

Expertos señalan que el caso abre un debate más profundo sobre la gobernanza de empresas estratégicas en Colombia.

Ecopetrol representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país, por lo que cualquier crisis en su liderazgo genera efectos en confianza inversionista, política energética y estabilidad macroeconómica.

El desenlace del proceso no solo definirá la situación judicial de Roa, sino que podría marcar precedentes sobre la relación entre financiamiento político, nombramientos en empresas públicas y control institucional en Colombia.

Mientras la Fiscalía avanza en el proceso y la defensa insiste en su inocencia, el desenlace judicial podría redefinir no solo el futuro de Roa, sino también la gobernanza de la empresa más importante de Colombia.

Colombia debatirá su futuro energético en la Convención de Exploración

Del 24 al 27 de febrero, el Hotel Hilton de Cartagena será el epicentro del debate energético del país, con la realización de la Segunda Convención de Exploración Energética 2026, organizada por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

La Segunda Convención de Exploración Energética llega en un momento clave para Colombia: la coyuntura electoral nacional y los retos de seguridad energética, exploración responsable y adaptación al cambio climático.

Bajo el lema “Camino a la Coexistencia”, el evento busca articular conocimiento científico, industria y decisiones públicas para trazar una hoja de ruta técnica que impulse la sostenibilidad y competitividad del país, con la asistencia de más de 400 participantesentre tomadores de decisión, representantes del sector público y privado, empresas, academia, estudiantes y profesionales de las geociencias.

Con una agenda técnica de alto nivel, la Convención se consolida como un escenario de diálogo donde el conocimiento científico, la industria y las decisiones públicas se encuentran, en un momento decisivo para el país.

Agenda académica de alto nivel

La agenda técnica de la Convención contará con más de 70 conferencias y 6 espacios magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales. Entre los ejes temáticos centrales se encuentran:

  • Exploración de hidrocarburos y soberanía energética, ideas y estrategias para fortalecer la disponibilidad de gas y petróleo.
  • Geociencias y uso de datos para exploración y desarrollo, con un enfoque en nuevas metodologías analíticas y predictivas.
  • Minerales estratégicos y nuevos energéticos del subsuelo, recursos clave para la coexistencia energética.
  • Inteligencia artificial aplicada a la exploración, el papel de la tecnología en la eficiencia de procesos geocientíficos.
  • Gestión territorial y participación comunitaria, la importancia de integrar a las comunidades en proyectos energéticos.

Además de las ponencias técnicas, los asistentes podrán participar en cursos especializados, una salida de campo preconvención dedicada a la revisión geológica del Caribe Norte, y múltiples espacios de networking y debate sectorial.

El evento contará con el respaldo de empresas e instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, Ecopetrol, Parex y SLB.

Asimismo, tendrá una muestra comercial especializada, con la participación de empresas como Stryde, SLB, Petroseismic Services, Eliis, Geoteric, entre otras, que presentarán soluciones, tecnología e innovación para la exploración y el conocimiento del subsuelo.

La ACGGP invita a este espacio que busca aportar datos, ciencia y diálogo técnico a la construcción del futuro energético del país.

Más información e inscripciones:https://convencion.acggp.org

Hacia dónde va Colombia en materia energética

El balance del gobierno Petro en materia energética es desalentador. Líderes de la industria hicieron el diagnóstico y presentaron propuestas para el próximo gobierno, en un foro organizado por Semana.

Durante el ‘Gobierno del Cambio’, Gustavo Petro logró lo que propuso en campaña: marchitar el sector minero energético, —el principal renglón de exportaciones y el que más divisas le genera a Colombia—, desabastecer de gas al país y llevarlo al borde un nuevo apagón eléctrico. En consecuencia, el próximo gobierno tendrá entre sus prioridades recuperar el sector.

Estas son las principales conclusiones del panel sobre energía que se realizó el pasado 4 de febrero en Bogotá en el Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?, organizado por las revistas Semana y Dinero.

En la introducción al panel, el economista y exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló: “Estábamos bien advertidos de cuál iba a ser la política de este gobierno en materia minero-energética: no al extractivismo y una transición energética entendida como el reemplazo de las energías convencionales por las energías no convencionales… Lo que ha llevado a una política de marchitamiento prematuro del sector extractivo, y también a una crisis inducida del sector eléctrico.”

En ese contexto, Acosta le preguntó a Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombia de Petróleo, Gas y Energía (ACP), cuáles son los pasos indispensables para poder reactivar el sector extractivo, particularmente la industria del petróleo, que ha visto caer la inversión extranjera directa, el número de taladros activos y el número de pozos perforados.

FRANK PEARL: Es claro que las economías, los tratados de libre comercio y los instrumentos de política comercial se han convertido hoy en una herramienta para ejercer poder e influencia. Los bloques económicos y los bloques comerciales que teníamos hace unos años se están reordenando y eso deja a Colombia en una situación muy precaria, porque somos un país que en los últimos 20 años no hemos logrado aumentar la competitividad ni la productividad de los sectores económicos.

Para poder competir en el orden internacional, para tener una economía con algo de influencia, para poder beneficiarnos de las divisas y de los mercados de otros países, primero tenemos que ordenar la casa y eso significa aceptar que no tenemos una agenda económica clara, que el 57% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad, que 7 millones de colombianos no tienen 3 comidas diarias, que tenemos 7 años de reservas de gas, menos de 6 años de reservas de petróleo, que más del 80% de las vías terciarias están en pésimo estado, que hay gente sin agua, sin luz; es decir, somos un país donde las diferencias entre centro y periferia cada vez son más abismales. Entonces, tenemos que organizarnos y hacer varias cosas:

Primero, volver a organizar el territorio. Los decretos y resoluciones que ha expedido este gobierno han generado un caos institucional. Una nación es el conjunto de actividades sociales y económicas que se despliegan en su territorio. A Colombia le falta orden en eso. Aquí afortunadamente hay tierra y espacio para todos y para todos los sectores.

En segundo lugar, los sectores estratégicos como el de la energía tienen que ser prioritarios, independientemente de quién gane las elecciones. Un sector que generaba el 25% de los ingresos fiscales, el 30% de las exportaciones, tiene que fortalecerse. Tenemos que ser un país fuerte internamente para ser fuerte externamente.

Lo que hay que hacer es sacar todo el petróleo y todo el gas que podamos con los estándares sociales y ambientales más altos posibles, pero acompasando ese aumento en la producción para ir ganando soberanía e ir fortaleciendo las finanzas públicas, con reformas en el Sistema General de Regalías y otros instrumentos de política pública, para lograr que los recursos de sectores clave como este y el sector minero lleguen realmente a las regiones, para que tengamos economías formales, competitivas y para que disminuyamos la inequidad social.

Pero para eso necesitamos un gobierno que crea en la capacidad del sector empresarial y un sector empresarial que se comprometa a fortalecer la institucionalidad y no se quede como espectador.

¿Y el gas natural?

Seguidamente, Acosta señaló que, si bien el gas natural es considerado el energético de la transición, fue donde primero hizo crisis la política de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, por lo que desde diciembre de 2024 Colombia perdió la autosuficiencia, y la dependencia de las importaciones es cada día mayor.

Esa falta de la molécula ha llevado a muchas industrias a volver a quemar carbón, combustibles líquidos derivados del petróleo o gas licuado del petróleo (GLP). El retroceso de la transición energética.

En ese sentido, le preguntó al gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Colgas, Luis Felipe Ocampo, ¿cuáles serían los pasos a seguir?

LUIS FELIPE OCAMPO: La crisis de producción de gas natural, que también ha afectado al GLP, se refleja en que hace un par de años importábamos más o menos el 10% del producto. Hoy estamos llegando al 60%. Pero también, en un periodo de cuatro meses, por la falta de gas natural, hemos hecho la infraestructura para atender 70 industrias.

En esa dinámica, recuperar la producción nacional es fundamental, pues el producto importado encarece la venta al público. Pero creo que también nos deja una enseñanza muy importante esta situación, y es la competitividad, por lo que hay que tener opciones.

Se están viendo grandes esfuerzos por hacer infraestructura de regasificación, infraestructura que necesita seguridad jurídica y seguridad en las zonas. La energía no puede llegar si tenemos graves problemas de orden público y de orden social.

También se debe hacer foco en la transición. Colombia tiene una pobreza energética de alrededor del 23% y muchas industrias están utilizando todavía combustibles altamente contaminantes.

En conclusión, tenemos que mantener la diversificación, pues es mucho más fácil construir una transición si se tienen distintas opciones. Por ejemplo, las energías renovables pueden sustentarse desde la tranquilidad que los energéticos tradicionales no van a dejar un territorio sin suministro. Por lo tanto, las energías renovables van a entrar primero donde son más eficientes y en los contextos donde son más favorables.

Transición energética y desarrollo, ¿cuál priorizar?

Sobre la transición energética, Acosta anotó que no existe una receta universal de cómo debe hacerse. Esa hoja de ruta debe consultar las realidades de cada país.

Colombia es un país que depende de la actividad extractiva, el petróleo y el carbón, sus dos principales renglones de exportación, de generación de divisas y de generación de ingresos para financiar el Estado.

Pero, cuando se mira la realidad de Colombia, el sector energético, contrariamente a lo que ocurre en el resto del mundo, no es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En Colombia, los factores que más contribuyen a las emisiones de GEI, que tampoco son significativos, estamos por debajo del 0.5%, son el cambio de uso del suelo, la agricultura y la deforestación.

En ese sentido, le preguntó a Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, cómo hacer compatible la transición energética con la economía, con el crecimiento del país, cómo compatibilizar el avance con el compromiso de reducir emisiones, sin que eso ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal y el crecimiento de la economía.

BRIGITTE BAPTISTE: Yo creo que la transición energética fue cooptada en Colombia por un discurso ideológico, pero sobre todo acientífico, por un discurso que no escuchó en absoluto las cifras acerca de las contribuciones de gases de efecto invernadero de los distintos actores, que no escuchó la importancia que tenían esos sectores en la construcción de territorios sostenibles, y sobre todo no permitió que se produjera nuevo conocimiento ni se direccionara la investigación hacia la construcción de una canasta mixta de energías sana, donde las eficiencias fuesen uno de los factores, por lo cual se decidió privilegiar una forma de operar la transición en la cual se está apagando gran parte de lo que ya estaba construido y propuso que la generación de energía fuese entendida como un problema de la economía popular, y ahí hay una gran incompatibilidad porque la perspectiva es tan importante que solamente una estructura corporativa puede dar soluciones de escala.

Es la visión agrarista que tiene el gobierno actual, que piensa en un país campesino de familias autosuficientes, sin necesidad de crear redes complejas de acceso a la energía, es una especie de paraíso utópico campesino.

Entonces, cómo salir de eso. Hay la oportunidad en la reconstrucción de un sector vigoroso de petróleo, gas y minería para hacer la transición para todos los colombianos, con una perspectiva regenerativa, que todas esas industrias contribuyan con la restitución del medio ambiente; porque ahí es donde están los recursos suficientes para realmente dar un salto hacia un modelo de sostenibilidad robusto y científicamente soportado.

¿Ad portas de un apagón?

El sector eléctrico colombiano afronta una crisis inducida que se parece mucho a la crisis inducida del sector salud. Acosta señaló que el gobierno ha tomado una serie de medidas que de una u otra manera han puesto en riesgo la confiabilidad y la firmeza en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Inicialmente, cuando se planteó la transición energética 1.0, se trataba de sustituir, de reemplazar a la energía térmica incluso la energía hídrica, a pesar de que la hídrica también es renovable, para abrirle espacio a las fuentes no convencionales de energías renovables, básicamente eólica y solar.

Pero con la irrupción de la inteligencia artificial y los centros de datos se ha registrado un crecimiento exponencial del consumo de energía y se ha llegado a plantear ahora una nueva versión de la transición energética, 2.0, que no se trata de reemplazar unas tecnologías por otras sino de complementariedad, porque se van a requerir en el corto y mediano plazo de todas las tecnologías.

Además, el sector eléctrico en Colombia está en máximo grado de estrés por el atraso en la entrada de una serie de proyectos, que tienen al país en este momento con un déficit de oferta de energía firme.

En este contexto, Acosta le preguntó a Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), cómo ve la posibilidad de remover los obstáculos que impiden que se pueda dar la transición energética, sin poner en riesgo ni la seguridad ni la soberanía energética.

NATALIA GRUTIÉRREZ: Sin seguridad energética no va haber transición energética. Hay la sensación de que el país está avanzando en energías limpias, lo cual es cierto y es bienvenido, pero resulta que esa energía no es firme como lo es la térmica y la hidráulica, que son las que nos han mantenido encendidos los últimos 30 años y que decidimos de manera premeditada renunciar a ellas.

Hoy estamos en un déficit de energía firme de menos 1.5% y el próximo año podemos estar en menos 3.6%. Esto quiere decir que en un próximo fenómeno de El Niño no tenemos el parque de generación suficiente para atender la demanda de energía de todo el país.

Entonces, ya estamos en una situación muy grave que venimos advirtiendo hace por lo menos 3, 4 años; pero el obstáculo más grande que tenemos, el mayor cuello de botella en este momento en el sector para hacer estas inversiones, no es el licenciamiento ambiental, no son las consultas previas, llevamos 30 años trabajando con comunidades, 30 años aplicando los mejores estándares para sacar adelante el licenciamiento ambiental, hoy el cuello de botella más grande es que no tenemos reglas de juego claras.

Nosotros tenemos que hacer inversiones anuales de entre 10 y 13 billones de pesos para atender la demanda de energía, plata que ponen los generadores a propio riesgo, sin plata del presupuesto general de la Nación, pero la falta de reglas claras es lo que tiene congelada la inversión durante estos últimos años.

Claro que tenemos que seguir con una transición energética, pero sobre la base de sumar energías, no de excluir energías, y esta es una conversación que se está dando a nivel mundial porque la demanda de energía va a crecer de tal manera que vamos a necesitar todo tipo de energía.

En el caso colombiano, donde tenemos gas, agua, carbón, viento y sol, lo único que no tenemos en este momento son reglas de juego claras para poder hacer las inversiones. Este sector ha invertido en los últimos 30 años más de 140 billones de pesos y por eso hemos estado encendidos los últimos 30 años

El mensaje es que sin energía firme no vamos a tener transición energética. La conversación de transición se muere el día que se nos dañe la comida en la nevera, y el cuello de botella más grande que tenemos en este momento para poder hacer las inversiones es una falta de reglas claras, para hacer apuestas que son a 15, 20 y 30 años para tener el país encendido.

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