Autor: Martín Rosas

Finalmente, se dio el esperado pronunciamiento del presidente Petro: “TGI tendrá la opción de importar gas por Ballena y Ecopetrol por Coveñas”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La política energética del Gobierno Petro ha sido errada y errática. Empezando por la exministra de Minas y Energía, la filósofa Irene Vélez, ahora ministra de Ambiente, que fue una veleta. Tuvo la ocurrencia de afirmar tempranamente que Colombia no tenía de preocuparse pues, según sus cálculos fantasiosos, tenía asegurado el autoabastecimiento de gas natural hasta el 2042.

Luego, quien la reemplazó, el ex ministro Andrés Camacho, sostuvo que en Colombia no había escasez de gas natural sino acaparamiento por parte de algunas empresas, las que estarían especulando con el mismo y le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que las investigara y sancionara. En ello lo secundó el presidente Petro, quien fue inducido al error.

Si, como lo afirmó el exministro Camacho, no había escasez tampoco había déficit y en consecuencia, según él, no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial.

Pero cuando se concretó la primera importación a comienzos de diciembre de 2024 de 40 MMPCD, ante la evidencia, salió a decir que la misma tenía por objeto tenerlo como “reserva” por parte de las empresas, no sin antes advertir que ello no podía dar lugar a aumento de las tarifas a los usuarios finales, como en efecto se dio en el interior del país, con incrementos que oscilan entre el 20% y el 32%.

Y no era para menos, puesto que mientras el precio del MMBTU de gas extraído en el país fluctuaba alrededor de US $6 el importado de transó en US $18, el triple. Cómo bien dijo la presidente de NATURGAS Luz Stella Murgas “se acabó el gas barato”.

Cuando, finalmente, por fuerza de las circunstancias, tuvieron que aceptar que había la necesidad de importar gas natural, perdieron un tiempo precioso con el embeleco de importarlo desde Venezuela o de Catar. Incluso, el presidente Petro reprendió en un Consejo de Ministros con transmisión en directo a Ricardo Roa porque ECOPETROL no estaba importando gas.

Pero a nadie se le puede pedir que haga lo imposible y ECOPETROL no estaba en capacidad de importarlo porque no cuenta con una regasificadora para hacerlo.

Afortunadamente, en marzo de este año contrató a la firma PIO SAS, para la instalación de una regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde tendrá que transportarse el gas licuado mediante vehículos isocontenedores especializados, la cual se aspira esté a punto en el segundo trimestre de 2026.

Después de ello, para sorpresa de todos, el presidente Petro, después de anunciar que “Ecopetrol será la encargada de importar gas más económico, acabando con los monopolios privados en este proceso”, se vino lanza en ristre contra el gas natural. Espetó: “este Gobierno dijo: transición energética, que significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles y ECOPETROL nos ha mamado gallo con el tema”. Y fue más lejos al preguntarse: “¿por qué vamos a estimular que tengan gas natural si muere todo el mundo?”.

Por fortuna, el ministro Edwin Palma, con una gran dosis de realismo manifestó que “hay que sincerar el tema: sí hay una escasez de gas… No lo ocultamos ni lo negamos”. Y ha sido muy pragmático, además, al terciar en la controversia que suscitó el anuncio de parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), de montar una planta regasificadora en La Guajira, apoyándose en la infraestructura existente en Ballena, seguido por la decisión de parte de ECOPETROL de contratar la instalación de otra en Coveñas (Sucre).

Fue enfático al afirmar que “confiamos en los proyectos de Ecopetrol, aunque confieso que me preocupan los tiempos. Y sigo creyendo que regasificar por Ballenas o Coveñas son buenas opciones. Requerimos grandeza para sacar estos proyectos adelante, más allá de los egos corporativos”.

Como después de la tempestad viene la calma, terminó imponiéndose la sindéresis con una feliz coincidencia. El presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, primero y luego el ministro Palma, terminaron dándole su espaldarazo al proyecto de TGI.

“Ojalá podamos hacer los dos para tener más competencia”, planteó el ministro. Y no le falta razón, tanto más en cuanto la necesidad creciente de las importaciones.

Por su parte el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, puso las cosas en su punto: “ECOPETROL está pensando en el mediano plazo, mientras nosotros buscamos soluciones inmediatas”. Y no le falta razón dada la premura de contar con una mayor capacidad regasificadora para evitar un eventual desabastecimiento de gas.

Y, finalmente, se dio el esperado pronunciamiento del presidente Petro. Según él, “TGI tendrá la opción de importar gas por Ballena y ECOPETROL por Coveñas”.

Esta solución de compromiso entre ambas iniciativas es salomónica y responde al interés superior de velar por la seguridad energética del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.  

En los últimos 20 años, la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de caña de azúcar y palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria.

El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo.

Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, Barrancabermeja y Cartagena, que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.

De acuerdo con los registros, en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente.

Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB.

Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.

Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra.

Por todo ello es que el Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático afirma que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles.

Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave, “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.

Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello, coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado es a evitar semejante exabrupto.

Supuestamente, con la nueva metodología se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”.

A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al Productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual el precio paridad importación le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.

Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y, sobre todo, reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con otras materias primas para producir biodiesel, como la colza o la soya.

De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado.

Además, sería un duro revés para la Transición Energética justa que tanto pregona el Gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.