Autor: Martín Rosas

En los últimos 20 años, la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de caña de azúcar y palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria.

El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo.

Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, Barrancabermeja y Cartagena, que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.

De acuerdo con los registros, en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente.

Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB.

Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.

Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra.

Por todo ello es que el Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático afirma que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles.

Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave, “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.

Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello, coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado es a evitar semejante exabrupto.

Supuestamente, con la nueva metodología se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”.

A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al Productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual el precio paridad importación le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.

Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y, sobre todo, reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con otras materias primas para producir biodiesel, como la colza o la soya.

De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado.

Además, sería un duro revés para la Transición Energética justa que tanto pregona el Gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El fantasma de un apagón financiero y eléctrico ronda muy de cerca al Caribe colombiano.

Por: JUAN ESPINAL*

Han pasado ya cinco años desde que el Gobierno entregó la operación eléctrica del Caribe a dos nuevos actores, con la promesa de una salvación definitiva a la histórica crisis en la prestación del servicio.

Hoy, la realidad golpea de nuevo: la región con mayor potencial energético y de crecimiento económico del país sigue caminando sobre la cuerda floja.

De esa “solución empresarial” surgieron dos compañías: Air-e, intervenida y en proceso de liquidación, terminó hundida en la misma espiral de inviabilidad que debía resolver; y Afinia, filial del Grupo EPM, que pese a haber invertido más de $3 billones en modernizar la red heredada de Electricaribe, carga ahora con una cartera superior a $5,3 billones. Solo las entidades públicas le deben más de $373 mil millones. La paradoja es evidente: quienes deberían dar ejemplo de responsabilidad son los primeros en incumplir.

Pero el problema es aún más grave. Cada mes, Afinia debe destinar cerca de $400 mil millones en compras de energía, mientras recauda apenas el 80% de su facturación y sufre pérdidas cercanas al 28% por robo de energía.

Aunque la calidad del servicio ha mejorado más de un 60%, el hueco financiero se profundiza. Es un callejón sin salida: invertir para mejorar, pero perder cada vez más.

La fragilidad de las empresas energéticas amenaza la competitividad y el futuro de la región Caribe. Sin energía no hay turismo, no hay puertos, no hay agroindustria, ni manufactura.

La crisis no es técnica: es política, social y fiscal. Y está siendo agravada por un Gobierno que retiene los recursos de los subsidios (más de $413 mil millones en el caso de Afinia), y no presiona a las entidades oficiales para que paguen lo que deben.

El Caribe no puede ser condenado, otra vez, a la inestabilidad eléctrica por falta de liderazgo. Petro está jugando con fuego: si Afinia cae, el país perderá su mejor gestor de energía en la región. Sería como suspender un partido de fútbol en el entretiempo, cuando lo que se necesita es resistir y sostener la estrategia.

La única salida es un cambio profundo en la relación con el servicio: sistemas de prepago, disciplina de pago y corresponsabilidad de usuarios, gobiernos locales y nacionales. Sin eso, ninguna empresa sobrevivirá.

La pregunta es: ¿El Gobierno está dispuesto a actuar o seguirá dejando que la energía del Caribe se nos vaya de las manos?

*Representante de la Cámara por Antioquia.

Dado que las necesidades de importación de gas natural serán crecientes, ha surgido una iniciativa prometedora por parte de la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a Ecopetrol por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo: transición energética significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles”  e interpeló a su presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”.

Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

En el entretanto, Ecopetrol, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS) para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU, por su sigla en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa.

La planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la de Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Cartagena, con una capacidad de 450 MMPCD, y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que la planta de SPEC fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo Térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de Energía en Firme (OEF) adquiridas por el Cargo por Confiabilidad.

De no haber sido por SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto, y dado que las necesidades de importación serán crecientes, ha surgido otra iniciativa muy prometedora por parte de la transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB).

Así lo anunció su residente Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar una FSRU con la plataforma de Chuchupa, en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación.

Tiene además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo Ecopetrol, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo transporta 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”.

Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para 2029.

El proyecto anunciado por Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de Gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%). 

Yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de Sirius y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.