Autor: Martín Rosas

El fantasma de un apagón financiero y eléctrico ronda muy de cerca al Caribe colombiano.

Por: JUAN ESPINAL*

Han pasado ya cinco años desde que el Gobierno entregó la operación eléctrica del Caribe a dos nuevos actores, con la promesa de una salvación definitiva a la histórica crisis en la prestación del servicio.

Hoy, la realidad golpea de nuevo: la región con mayor potencial energético y de crecimiento económico del país sigue caminando sobre la cuerda floja.

De esa “solución empresarial” surgieron dos compañías: Air-e, intervenida y en proceso de liquidación, terminó hundida en la misma espiral de inviabilidad que debía resolver; y Afinia, filial del Grupo EPM, que pese a haber invertido más de $3 billones en modernizar la red heredada de Electricaribe, carga ahora con una cartera superior a $5,3 billones. Solo las entidades públicas le deben más de $373 mil millones. La paradoja es evidente: quienes deberían dar ejemplo de responsabilidad son los primeros en incumplir.

Pero el problema es aún más grave. Cada mes, Afinia debe destinar cerca de $400 mil millones en compras de energía, mientras recauda apenas el 80% de su facturación y sufre pérdidas cercanas al 28% por robo de energía.

Aunque la calidad del servicio ha mejorado más de un 60%, el hueco financiero se profundiza. Es un callejón sin salida: invertir para mejorar, pero perder cada vez más.

La fragilidad de las empresas energéticas amenaza la competitividad y el futuro de la región Caribe. Sin energía no hay turismo, no hay puertos, no hay agroindustria, ni manufactura.

La crisis no es técnica: es política, social y fiscal. Y está siendo agravada por un Gobierno que retiene los recursos de los subsidios (más de $413 mil millones en el caso de Afinia), y no presiona a las entidades oficiales para que paguen lo que deben.

El Caribe no puede ser condenado, otra vez, a la inestabilidad eléctrica por falta de liderazgo. Petro está jugando con fuego: si Afinia cae, el país perderá su mejor gestor de energía en la región. Sería como suspender un partido de fútbol en el entretiempo, cuando lo que se necesita es resistir y sostener la estrategia.

La única salida es un cambio profundo en la relación con el servicio: sistemas de prepago, disciplina de pago y corresponsabilidad de usuarios, gobiernos locales y nacionales. Sin eso, ninguna empresa sobrevivirá.

La pregunta es: ¿El Gobierno está dispuesto a actuar o seguirá dejando que la energía del Caribe se nos vaya de las manos?

*Representante de la Cámara por Antioquia.

Dado que las necesidades de importación de gas natural serán crecientes, ha surgido una iniciativa prometedora por parte de la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a Ecopetrol por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo: transición energética significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles”  e interpeló a su presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”.

Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

En el entretanto, Ecopetrol, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS) para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU, por su sigla en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa.

La planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la de Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Cartagena, con una capacidad de 450 MMPCD, y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que la planta de SPEC fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo Térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de Energía en Firme (OEF) adquiridas por el Cargo por Confiabilidad.

De no haber sido por SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto, y dado que las necesidades de importación serán crecientes, ha surgido otra iniciativa muy prometedora por parte de la transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB).

Así lo anunció su residente Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar una FSRU con la plataforma de Chuchupa, en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación.

Tiene además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo Ecopetrol, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo transporta 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”.

Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para 2029.

El proyecto anunciado por Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de Gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%). 

Yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de Sirius y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.