Autor: Martín Rosas

Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento.

Por: FRANK PEARL*

El mecanismo de ‘Obras por Impuestos’ fue creado por el Artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y reglamentado posteriormente, para que los contribuyentes de renta (personas jurídicas) con ingresos brutos superiores a 33.610 UVT puedan invertir hasta el 50% de su impuesto en proyectos de bienes públicos con alto impacto económico y social en las zonas más afectadas por el conflicto.

Se definió a 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y 344 ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), y a los municipios amazónicos con población inferior a los 85 mil habitantes, como únicos receptores potenciales de estos proyectos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda define el cupo total disponible para cada vigencia presupuestal.

Existen 11 líneas de inversión: energía, infraestructura (transporte, cultural, productiva rural y deportiva), educación, salud, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático, agua y saneamiento básico, y tecnología de comunicaciones. Los recursos pueden ejecutarse por dos vías: fiducia o convenio.

El mecanismo, concebido dentro del marco de la Reforma Rural Integral (que nunca llegó al Congreso), ha funcionado, pero resulta insuficiente y está subutilizado. Aunque permite transferir capacidades del sector privado para obtener beneficios públicos, algunas alcaldías y gobernaciones prefieren manejar los recursos directamente por razones políticas y, en algunos casos, las obras no se hacen por falta de capacidad o voluntad.

El cupo aprobado ha aumentado de $250 mil millones en 2018 a $1,1 billones en 2025. Aun así, representa solo una quinta parte del 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN) una cifra insignificante frente al tamaño de la economía.

Según la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2018 y 2024, 210 empresas ejecutaron 410 proyectos por más de $2,9 billones en 264 municipios: $2,03 billones en municipios PDET y $932 mil millones en ZOMAC. Por tipo de mecanismo: $1,4 billones vía fiducia y $ 593 mil millones por convenio. Hay proyectos en infraestructura de transporte por más de $600 mil millones, y el sector de hidrocarburos (Ecopetrol y las operadoras privadas) lidera la ejecución con el 51% del total.

La situación precaria de la ruralidad en Colombia es una oportunidad para fortalecer este instrumento y complementarlo con otros elementos de política pública que impulsen la competitividad y la formalización de las economías regionales.

Un proyecto de ley en este sentido podría reunir mayorías en el Congreso si incluye:

1) Convertir el mecanismo en permanente, incentivando la planeación más allá de los ciclos electorales y dentro de agendas regionales de largo plazo. Esto es lo indispensable.

2) Aumentar el cupo fiscal de manera significativa, gradual y sostenida. Perú, por ejemplo, destina el 1,75% de su PGN, ocho veces más que en Colombia en proporción.

3) Permitir que las 11 líneas de inversión se financien indistintamente por fiducia o convenio. La fiducia ha sido más confiable para muchas empresas, y su uso más amplio facilitaría una ejecución más eficiente. Además, mediante una adecuada coordinación entre el sector empresarial y el Estado, se fomentaría una visión integrada de desarrollo territorial, y Colombia podría definir una mejor agenda de competitividad regional y financiar parcialmente las iniciativas surgidas del Sistema Nacional de Competitividad.

Finalmente, es necesario debatir la ampliación del mecanismo a municipios no PDET y ZOMAC, pero igualmente con profundas problemáticas sociales.

Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento. El 86% de los municipios colombianos son de categoría 6, lo que evidencia el rezago territorial y la oportunidad de ampliar el alcance de Obras por Impuestos. Soluciones sí hay.

*Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.

Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para 2026.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el nombramiento del agente interventor Nelson Javier Vásquez Torres “no ha venido acompañado de un plan claro y estructural que permita resolver una problemática que continúa agravándose y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía, en especial del sector térmico, fundamental para el respaldo del sistema eléctrico nacional en momentos de baja hidrología”.

Por su parte, en un pronunciamiento conjunto por parte del Procurador General de la Nación Gregorio Eljah y el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez, alertaron al Gobierno sobre el riesgo de un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía por cuenta de la deuda de la opción tarifaria, la deuda oficial por prestación del servicio y la morosidad por parte de la Nación en el reintegro del valor de los subsidios del consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que sumados bordean $10 billones. Y lo más grave es que el apagón financiero puede derivar en un efecto dominó que puede comprometer la prestación del servicio de energía.

El Contralor Rodríguez fue enfático y reiterativo al plantear al Gobierno Nacional “la necesidad de tomar las acciones necesarias para prevenir un posible racionamiento de energía” al tiempo que “la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto prioritario para la Nación”.

Tanto la Procuraduría como la Contraloría coinciden en que la delicada situación financiera que afronta la empresa Air-e y que llevó a su intervención no es un caso aislado, es sólo la punta del iceberg, pues las demás empresas comercializadoras afrontan una situación similar.

Y, como lo afirma el Procurador Eljah, “se interviene cuando no está funcionando algo para salvarla, para sacarla adelante, y eso es lo que buscamos entre todos. La intervención de Air-e supera ya los dos años y no ha revertido la situación crítica.La falta de recursos y la continuidad de problemas financieros ponen en duda la efectividad de la medida”. 

Y va más lejos al advertir que “la intervención es una decisión extrema, no puede ser la regla general y tiene un objetivo, además de unas causales, y el objetivo es la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentidoy esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”, destacó Eljach en el periódico regional El Heraldo.

Hasta el propio ministro de Minas y Energía Edwin Palma puso el grito en el cielo y en una Carta abierta dirigida al Superintendente de Servicios Públicos le manifestó que “urge, por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica.” Señaló, además, que“el Estado no puede permitir que se consumeun riesgo sistémico”.

Mientras tanto, por fin, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rompió su largo silencio ante tales requerimientos y a través de un comunicado que hizo público el pasado 28 de julio dice que le “ha solicitado a la empresa comercializadora Air-e”, por ella intervenida, “el desarrollo de procedimientos internos transparentes para la contratación y el funcionamiento empresarial”.

Ello en respuesta a los cuestionamientos que han trascendido a través de los medios y de los cuales ha sido objeto la administración de la empresa a cargo del agente interventor Nelson Javier Vásquez Torres.

También se afirma que Air-e “se compromete a desarrollar, en el corto plazo acciones concretas, que incluyen la optimización del proceso de compra de energía para 2026, la implementación de un robusto plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de las redes y la ejecución del plan de inversión de obras a nivel del sistema de transmisión regional para garantizar la prestación del servicio de manera confiable”.

No obstante, el agente interventor de Air-e no puede cumplir este compromiso si la superintendencia no se compromete y cumple con su obligación de solventarla, darle liquidez y caja. Hasta ahora el saliente superintendente Yanod Márquez se ha limitado a decir que el fondo empresarial que administra, que es el llamado a hacerlo está desfinanciado.

Según el ex superintendente Márquez, “en relación con la intervención de Air-e, se informa que el Fondo Empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe”.

Y mientras tanto Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para 2026, poniendo en riesgo “la prestación del servicio de manera confiable” a sus 1,3 millones de usuarios regulados y 692 no regulados de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según el DNP, el sector minero-energético ha decrecido. En efecto, en 2024, según cifras del DANE, el sector de minas y canteras cayó -5.2%, lastrando el magro crecimiento del PIB de 0.7% y esa tendencia se mantiene en 2025, arrancando con un repliegue de -5%, restándole 0.3 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB, que fue de 2.7%. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La extracción de carbón cayó -13% en 2024 y -7% en el primer trimestre de 2025, la producción de crudo cayó en 2024 el -0.6% y siguió a la baja este año, pues al cierre del mes de mayo experimentó una disminución del -4.8%. Ello se explica, especialmente, por el declive reciente de los volúmenes y del valor de sus exportaciones.

Veamos: las exportaciones de carbón, de petróleo y sus derivados bajaron de US $29.349 millones en el curso del año que concluyó en agosto de 2022 a US $20.507 millones en el año terminado en abril de este año. El desplome de dichas exportaciones es significativo, US $8.841 millones, más del -30%, haciendo la salvedad que en el caso del carbón, aunque aumentaron las exportaciones el 7.7%, el precio bajó el 28%.

Por su parte las llamadas exportaciones no tradicionales, antes exportaciones menores, experimentaron un importante crecimiento, pasando de US $25.657 millones en agosto de 2022 a US $29.357 millones anuales para el mes de abril de 2025, para un crecimiento de $3.700 millones, el 14%, para esos casi 3 años, lo cual representa un importante repunte.

La concomitancia de la caída del crecimiento y de las exportaciones de carbón y petróleo, además del auge exportador de otros sectores, como el agrícola, la industria y el turismo, llevó al presidente Gustavo Petro a expresar que “estamos ante un cambio del modelo de desarrollo exitoso, que la sociedad debe sostener para los siguientes años y no volver atrás, hacia las rentas fósiles y cocaineras” y añadió: “verificamos que entre más cae el extractivismo fósil, más crece la actividad productiva en agricultura con un enorme 7.1% e industria no ligada al petróleo y con un portentoso 7% de crecimiento en textiles y confecciones”.

El pírrico triunfo del presidente Petro no pasa de ser un falso positivo y explico por qué. En primer lugar, no existe ninguna correlación entre la caída del sector minero-energético, que obedece a la caída de los precios del petróleo y el carbón, así como a la caída de la producción, que el mundo sigue consumiendo cada vez más, y el repunte del sector agrícola, el cual responde fundamentalmente a la bonanza cafetera, gracias a los altos precios, que superan los US $3 la libra.

Es más, no obstante el crecimiento de las demás exportaciones distintas al carbón y al petróleo, que no hay que negar es un hecho positivo, el mismo no alcanza a contrarrestar y menos a compensar el bajonazo en las exportaciones de los mismos.

En efecto, por cada dólar adicional que se recibe por las mayores exportaciones de productos agrícolas e industriales se están dejando de recibir por concepto de las menores exportaciones de carbón y de petróleo 2.4 dólares.

Para compensar la entrada de divisas que se dejan de recibir por las exportaciones de carbón y petróleo se necesitaría aumentar las provenientes del resto de exportaciones registradas en un 138%. Y ello, no para aumentar el valor de las exportaciones sino para mantener el valor de las mismas.

Ello explica que, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los últimos dos años, las exportaciones totales han venido cayendo, -0.4% en 2024 y en mayo de este año registraron una caída del 2.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, y el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos se mantiene.

En efecto, el valor de las exportaciones totales arroja como resultado US $5.141 millones anual menos que hace tres años, toda vez que la estrepitosa caída de las exportaciones de carbón y petróleo, debido a la pérdida de competitividad en el primer caso y a la baja inducida de la producción en el segundo, duplican el crecimiento de las otras exportaciones.

La cuenta que debería hacer el Gobierno es otra bien diferente. En primer lugar, si creciera la producción de petróleo y carbón, en lugar de estar frenando el crecimiento del PIB, estarían contribuyendo a un mayor crecimiento de la economía, porque no nos podemos resignar a que el crecimiento del PIB no llegue siquiera al 3%.

De la misma manera, si no estuvieran cayendo las exportaciones de carbón y petróleo, ello posibilitaría la reducción del déficit de la balanza comercial, que para el mes de mayo de este año alcanzó los US $6.160 millones y por qué no pensar en que esta, por fin, llegue a ser superavitaria. Pero la miopía y la carga ideológica del Gobierno lo lleva a que los árboles le impidan ver el bosque.

Desde luego que se requiere el cambio del actual modelo económico imperante en Colombia, porque no puede reputarse como exitoso un modelo en el que el crecimiento del PIB esté atado y a merced del comportamiento de los mercados y de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities.

Recordemos que durante el más largo ciclo de precios altos de los mismos, entre los años 2003 – 2014, el crecimiento potencial de la economía fue de 4.8%, para luego de la destorcida de los precios, hacia 2016, se redujo a sólo 3.5%. Con el agravante de que el crecimiento del PIB en la última década ha estado por debajo de este.

Como lo planteó la CEPAL, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento… Hay que procurar que las exportaciones vayan más allá de las materias primas”.

Por ello, compartimos lo planteado en el Plan de Desarrollo, de darle impulso a la agricultura, al turismo y a la reindustrialización, entre otras cosas porque la Transición Energética sólo es viable y sostenible si va acompasada de una estrategia de transformación productiva. Sólo que el fundamentalismo y el dogmatismo en su implementación, la está condenando al fracaso.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.