Autor: Martín Rosas

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 4 de julio se cumplieron 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional.

Estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia, hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por el ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente”, luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado. 

Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta”, promovida desde la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo.

Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para las llamadas elecciones de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.

La “séptima papeleta” decía textualmente: “Voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”.

Ni corto ni perezoso, el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y declarar el Estado de Sitio, y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea Constitucional”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea Constitucional, la cual derivó en Constituyente.

A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.

Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”.

El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional.

El ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que “los de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.

Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez: “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso.” No existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.

Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas, batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.

El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU, cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta 2017.

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Por: JUAN ESPINAL*

El empeño del gobierno Petro en exterminar el sector minero-energético del país es evidente. Las declaratorias de áreas de reserva natural sin argumentos técnicos, el invento de las zonas ZAPPA y APPA, el no pago de la deuda a las distribuidoras por la prestación del servicio eléctrico subsidiado, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la intervención en la empresa Air-e, están llevando a Colombia a una situación de pobreza energética.

Cada vez más colombianos deben quemar leña para sobrevivir, y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables se evidencia en el aumento de las tarifas de gas y energía.

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Sin embargo, el ministro Edwin Palma, más ejecutivo que sus predecesores y, además, audaz y sin límites, anunció que el 20 de julio presentará la “Ley de Reducción de Tarifas”, vendiéndola como un acto de justicia social, cuando en realidad esconde modificaciones normativas críticas para los ciudadanos.

Esta reforma pretende imponer a los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio, el pago de la deuda de los subsidios acumulados por la opción tarifaria (más de 2.9 billones de pesos), sin debate tributario. Es, en esencia, un impuesto disfrazado. Además, elimina el subsidio a los hogares más pobres si consumen “demasiada” energía. ¿La razón? Superan el consumo promedio, sin considerar si se trata de familias numerosas, si viven en zonas cálidas, o si simplemente poseen una nevera o un pequeño negocio.

Retirarles el subsidio por “consumir mucho” es incrementar la pobreza energética en el país. Lo que propone el gobierno no es solidaridad, es redistribución improvisada: sin estudios, sin control fiscal y sin reglas claras.

A esto se suma la intención de modificar la composición de la CREG y sus funciones para incluir representantes de los usuarios, académicos y trabajadores. Será un debate interesante y tenso en el Congreso.

Ojalá logremos frenar este despropósito, y que gremios, empresarios, sindicatos y usuarios se involucren en la discusión y no se aíslen, como ha ocurrido antes.

La historia del lamento se repite: vemos a los sectores protestando después de haber permanecido en silencio, como ocurrió con la reforma laboral, que parecía enterrada, pero terminó reviviendo gracias a los mismos gremios que hoy lamentan su propio error.

Y cómo no mencionar la nueva alerta del Gestor del Mercado, que advierte un déficit de gas firme del 20% para 2026. El déficit ascenderá a 206 GBTUD, afectando tanto a los colombianos como a la industria.

En medio de este desabastecimiento, el gobierno promueve un proyecto de ley para reducir tarifas eléctricas, sin resolver el verdadero problema: la falta de gas y de generación firme que sostiene el sistema. La iniciativa del ministro Palma promete alivios tarifarios, pero no garantiza sostenibilidad ni abastecimiento.

La salida de Shell del país no es un simple titular: es una señal de alarma. Colombia deja de ser un destino atractivo para la inversión energética, justo cuando el gas natural es clave para una transición ordenada, justa y sostenible. La falta de seguridad jurídica y la negativa a nuevos contratos de exploración agravan la situación.

Este gobierno, que presume de sumar derechos, en realidad se dedica a restar desarrollo. No es solo una empresa la que se va: son empleos, desarrollo regional y futuro energético los que también se esfuman.

Felicitaciones a Gustavo Petro, quien ha logrado espantar a los empresarios que, desde su llegada a la presidencia, no ha hecho sino atacar y señalar.

La única bandera del gobierno Petro en materia energética, lamentablemente, es la pobreza energética.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.