Gobierno mantiene acciones preventivas para el suministro de energía

Con el objetivo de garantizar la recuperación de los embalses del Sistema Interconectado Nacional durante la temporada seca, el Ministerio de Minas y Energía mantiene las acciones que se tomaron durante el Fenómeno de El Niño.

En ese sentido, el Ministerio y sus instituciones adscritas anunciaron:

  1. Mantener el seguimiento pormenorizado de la situación energética del país a través de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE). Se ha incrementado el periodo de seguimiento con frecuencia semanal y se incrementará a seguimiento diario en caso de ser necesario.
  2. Habilitar la entrega de excedentes para incluir más energía a la red. El pasado 13 de septiembre la CREG dispuso para comentarios el proyecto normativo 701 604 “Por la cual se establecen medidas transitorias para autorizar la entrega de excedentes de generación de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. Mediante esta resolución la CREG busca que las plantas menores y agentes autogeneradores con una capacidad instalada superior a 1 MW en los siguientes 3 meses puedan entregar al sistema la máxima cantidad de energía eléctrica posible, para la atención de usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional.
  3. Habilitar energía térmica para atender la demanda. El 18 de septiembre del 2024, el Ministerio dispuso a comentarios de la ciudadanía el proyecto normativo a través del cual se disponen medidas transitorias de abastecimiento de la demanda durante condiciones energéticas coyunturales para recuperación del sistema luego del Fenómeno de El Niño 2023-2024. Con la expedición de esta medida, se propone que la generación térmica se establezca en base para atender la demanda durante la vigencia del proyecto normativo.
  4. Limitar las exportaciones de energía a Ecuador. Con la expedición de la Resolución 40330 del 2024 se dispuso que las exportaciones de energía a Ecuador se realicen con la energía térmica que no sea necesaria para el despacho nacional. Por lo anterior, al reglamentarse la medida anterior (numeral 3 de este comunicado), se estaría exportando energía a Ecuador con excedentes que no se requieran para la atención de la demanda nacional.
  5. Viabilizar medidas de ahorro para el sector industrial. Desde la CREG se está actualizando el proyecto normativo que permite a la industria participar en la demanda desconectable voluntaria, lo cual permitiría realizar un consumo inteligente por parte de los usuarios de este sector.
  6. Reactivar las campañas de ahorro y uso eficiente de la energía. Por este motivo, hacemos un llamado al sector industrial, comercial y a la ciudadanía en general a no bajar la guardia y reforzar las medidas de ahorro de energía y agua para afrontar la temporada de sequía que afecta al país.

Acolgen: Se debe convocar de inmediato una subasta de energía

Ante la inminente escasez de energía a partir de 2026, la presidente de Acolgen recalcó la urgencia de convocar este año a una subasta de confiabilidad.

En el corto y el mediano plazo, la estrechez entre la oferta y la demanda de energía tiene al borde de un racionamiento al país. Por eso, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), dijo que se debe convocar ya a una subasta de confiabilidad.

Además, durante el 16 Congreso Anual de Energía, realizado por el gremio en Bogotá, la dirigente gremial hizo un llamado para que entren los proyectos que están atrasados, tanto de generación como de transmisión. Y es que, según datos de XM, en 2021 entró el 7% de la energía esperada; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%, y en 2024 va en 13%.

Por eso, convocó al gobierno, en primer lugar, a evaluar proyecto por proyecto y, segundo, a dar las señales de expansión sacando rápidamente la subasta de confiabilidad. “Se tienen que tomar las decisiones ya, trabajando de la mano con el gobierno, que nos dé señales de confianza a los inversionistas. Nos preocupan las iniciativas intervencionistas y nos preocupa que este posible desabastecimiento de electricidad se junte con el desabastecimiento de gas, justo cuando estamos en temporada seca”, dijo Gutiérrez.

Y es que el fenómeno de La Niña no ha llegado como se esperaba este año y cuando llegue no se sabe con qué intensidad lo haga. De ahí el llamado de Acolgen a ahorrar agua para aumentar los niveles de los embalses y evitar racionamientos de aquí a abril del 2025.

“Tenemos que ahorrar agua en el corto plazo y estar muy atentos en el mediano y largo plazo, pues análisis de XM, la UPME y la Universidad Nacional muestran que tendremos deficiencia de energía en firme en 2026-2027. Necesitamos que la CREG y el Ministerio trabajen en toda la regulación que haya que sacar y den la señal de expansión para que los generadores, que estamos dispuestos a hacer las inversiones, tengamos la señal para ampliar el parque generador”, dijo Gutiérrez.

En ese sentido, esta semana el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sacaron a comentarios un proyecto de resolución para dar instrucciones de cómo generar con las térmicas.

Sobre las tarifas de energía, Gutiérrez dijo que los precios de bolsa solo inciden entre el 5 y 7 por ciento en la factura. “La bolsa la necesitamos porque es un mecanismo de escasez, cuando no hay agua tenemos que prender las térmicas para ahorrar agua, y justamente con ese mecanismo de escasez es que podemos manejar el sector en el país.”

Más de un millón de personas no recibirían el subsidio al GLP

El presupuesto general de la Nación para 2024 no incluye los recursos necesarios para cubrir los subsidios al consumo de GLP en cilindros de los 6 departamentos que cubre el “plan piloto”, correspondientes a los meses de agosto a diciembre.

Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA), señaló que no están apropiados los recursos que debe asignar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Plan Piloto de Subsidios al Gas LP (gas propano en cilindros), que se otorgan a más de 1 millón de personas de los estratos 1 y 2 en seis departamentos del país: Nariño, Putumayo, el macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas.

“Estamos preocupados porque no se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación de 2024 los recursos correspondientes a los subsidios de agosto a diciembre, por valor de $45 mil millones. Esto genera dudas sobre la continuidad de este beneficio, otorgado a los hogares más pobres de los 6 departamentos que reciben este subsidio”, dijo Martínez.

El líder gremial resaltó que, además, el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos correspondientes a los subsidios de marzo a agosto de 2024, que suman $54.000 millones. “Aunque el Ministerio de Minas y Energía ya expidió las resoluciones que dan luz verde a estos pagos, es urgente que el Ministerio de Hacienda haga el respectivo desembolso para asegurar que los subsidios continúen llegando a los beneficiarios en esos seis departamentos”, manifestó Martínez Villegas.

“Este subsidio tiene un fuerte impacto social, ya que evita que los hogares más necesitados se vean obligados a pasarse a la leña, combustible altamente contaminante, que ocasiona graves enfermedades respiratorias, principalmente en mujeres y niños que permanecen en las cocinas”, puntualizó el presidente de GASNOVA.

Finalmente, resaltó que es uno de los pocos programas sociales que utilizan la metodología del SISBEN IV, o sea que estos subsidios al GLP están focalizados para asegurar que sí lleguen a las personas más necesitadas.

AIE: La generación mundial de energía nuclear batirá récord en 2025

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la generación de energía nuclear a nivel mundial alcance un máximo histórico en 2025, superando el récord anterior establecido en 2021.

Según el organismo, este aumento se debe en gran medida a la puesta en marcha de nuevos reactores y al creciente interés de los centros de datos que necesitan fuentes de energía estables y con bajas emisiones.

Según los cálculos de la AIE la generación mundial de energía nuclear aumentará un 1,6% en 2024 y un 3,5% en 2025. China será clave en este crecimiento, con un alza del 9% en su producción nuclear gracias a la entrada en operación de nuevos reactores. Actualmente, el país asiático cuenta con 56 reactores en operación, igualando a Francia y solo superada por Estados Unidos, que tiene 94.

El incremento de la energía nuclear en Francia se debe a la reactivación de muchos de los reactores que sufrieron problemas de corrosión y que derivó en múltiples cierres en 2021 y 2022. Una vez reparados, están operativos aportando cerca del 65% de la electricidad del país galo.

Las empresas de centros de datos exploran la energía nuclear

La AIE también destaca la creciente influencia de la industria de los centros de datos en este crecimiento. A medida que estas instalaciones, que demandan mucha energía, buscan fuentes confiables y con bajas emisiones, la energía nuclear se les revela como una excelente alternativa. En concreto, los reactores modulares pequeños (SMR, por su sigla en inglés) son los que despiertan mayor interés.

Un buen ejemplo es el de Amazon Web Services (AWS) que compró recientemente un centro de datos conectado a la central nuclear de Susquehanna (Estados Unidos), con planes para expandir su capacidad mediante un acuerdo de compra de energía a 10 años.

Otros gigantes tecnológicos también están explorando opciones de energía nuclear. Microsoft ha firmado un innovador acuerdo con Helion, empresa de energía de fusión, para asegurar 50 MW en el horizonte 2028. Equinix, desarrollador de centros de datos, ha firmado un acuerdo con Oklo, una empresa que diseña SMR y que le suministrará hasta 500 MW.

El creciente interés en la energía nuclear por parte del sector tecnológico subraya su papel crucial como una fuente de energía masiva, confiable y con bajas emisiones en un mundo cada vez más electrificado.

Fuente: www.nucnet.org

Rutas para la autosuficiencia y la seguridad energética

Ministros, dirigentes gremiales, empresarios, autoridades del sector y congresistas debatirán sobre la ruta que debería seguir Colombia para asegurar la autosuficiencia y la seguridad energética. Esa será una de las columnas vertebrales de las discusiones de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que tendrá lugar en Cartagena.

La cumbre, a la que se tiene previsto asistan más de 3.500 personas, tiene como una de sus finalidades que los expertos públicos y privados del sector sienten las bases para una alianza país que articule al Estado, los gobiernos, las empresas privadas y que haga partícipe a las comunidades del desarrollo de una transición energética a la medida de las necesidades de Colombia.

En la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de octubre en Cartagena, se discutirán temas de innovación, transformación y desarrollo territorial relacionados con (i) el aporte de la innovación tecnológica y la transformación digital a la transición energética; (ii) el gas y la seguridad energética; (iii) el futuro de los combustibles líquidos; (iv) el abastecimiento y confiabilidad de los combustibles; (V) los retos y oportunidades de los proyectos costa afuera en Colombia.

Transición energética ordenada

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), señala que este es un perfecto escenario para reafirmar la necesidad de “resolver entre todos la gran brecha de equidad que tenemos en Colombia, y para eso es fundamental el trabajo conjunto entre las empresas y los gobiernos de todas las instancias, nacionales, regionales, locales, con el propósito de diversificar las economías regionales, generar empleos formales de calidad y lograr la transición energética de una manera ordenada y a la colombiana”.

Coincide Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, al destacar que “la cumbre es un espacio de mucha importancia para las conversaciones estratégicas del país en materia de soberanía y seguridad energética. Creemos que una transición energética ordenada y guiada por la oferta y la demanda es necesaria para Colombia”.

La VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía tendrá una agenda académica, tres agendas técnicas, una feria empresarial y una rueda de negocios. Es organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

Tutela macondiana paró proyecto que le daría autosuficiencia de gas a Colombia

Un fallo de un juez de Santa Marta paró veinte años de actividades en el campo que le puede solucionar a Colombia el problema de escasez de gas natural.

El bloqueo a proyectos energéticos está tomando ribetes macondianos. Un fallo de tutela de un juez de Santa Marta paralizó el proyecto que puede rescatar a Colombia de la escasez de gas natural que se avecina para los próximos años.

El gobernador de la comunidad indígena de Taganga, constituida hace unos cuatro años, interpuso una tutela por no haber sido consultada por el proyecto de exploración Uchuva-2, en el bloque Tayrona, ubicado a 31 kilómetros de la costa, donde Ecopetrol tiene el 55,6% de participación y Petrobras, como operador, el 44,4%.     

La decisión judicial va más allá, hasta alcanzar los límites del absurdo, y también ordena a las compañías abstenerse de utilizar los nombres de Uchuva y Tayrona, porque son “símbolos culturales de la comunidad Taganga”, para lo cual requieren la debida autorización de dicha comunidad.

Esta suspensión se suma a la que hizo el Ministerio de Ambiente a la actividad exploratoria del pozo Komodo-1, también en aguas del Caribe colombiano, poniendo en riesgo jurídico la única cuenca que tiene las reservas probadas y los contratos de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Recordemos que Colombia prohibió el fracking en todo el territorio y el gobierno de Gustavo Petro suspendió la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En tal sentido, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva

De acuerdo con los gremios, “esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.”

Efectivamente, a lo largo de veinte años que lleva el proceso para explorar el bloque Tayrona, tanto el Ministerio del Interior como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han certificado desde 2006 que no hay comunidades en el área de influencia del proyecto y por lo tanto no había lugar a consultas.

El fallo judicial pone en vilo la autosuficiencia de gas natural en el país, pues se estima que el campo tiene reservas de entre 3 a 5 terapies cúbicos de gas, que equivale a más de dos veces las actuales reservas probadas, que alcanzan para unos seis años.

Cabe señalar que la certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por el Mininterior en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte alguna la comunidad.

Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

Para la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, «hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera, que tienen el potencial de brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, como en su momento lo hicieron los campos de Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa».

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que «este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos. Al materializar su potencial tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas. Con las reservas actuales el país empezará a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo».

Pearl hizo énfasis en que «la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones».

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Geólogos se pronuncian

Sobre la decisión de suspender las operaciones de exploración en el proyecto Uchuva-2, la Asociación Colombiana de Geólogos también se pronunció y señaló que:

“Es urgente que el Ministerio del Interior realice una revisión exhaustiva de los procesos que lleva a cabo antes de iniciar la consulta previa y durante el mismo, garantizando no solo la transparencia, sino también una mayor rigurosidad en la inclusión de las comunidades.

“El Gobierno debe agilizar las medidas para incentivar los procesos exploratorios en el país, como lo ha anunciado no se firmarán nuevos contratos, pero es urgente que se asegure la viabilidad de los contratos vigentes.”

Air–e se quedó sin aire

El caso de Air–e es apenas la punta del iceberg, porque su insolvencia y la falta de flujo de caja que la llevaron a esta medida extrema, es la misma que, en mayor o menos medida, afecta a las restantes empresas prestadoras del servicio.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

XM, que administra el mercado mayorista de energía, alertó, a través de un comunicado emitido el 4 de octubre de 2023, sobre el riesgo financiero en el que estaban incursas 12 empresas operadoras de red, sobre todo aquellas con mayor exposición en Bolsa, que podía extenderse a 15 agentes más.

Una de las empresas afectadas era Air-e, la cual le comunicó el 10 de octubre a los generadores con los que contrataba la energía su imposibilidad de cumplir con sus pagos debido a su insolvencia, situación que la habría llevado a que se aplicara la normativa de la limitación de suministro.

A solicitud de la empresa Air–e, que presta el servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Superintendencia de Servicios Públicos la intervino, procediendo a tomar posesión de la misma y nombrando el agente interventor que a partir de la fecha asumió su administración.

Esta intervención se veía venir, lo había advertido el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, al encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.

Según ASOCODIS, la deuda pendiente por concepto de la opción tarifaria, que se aproxima a los $5 billones, y las dificultades para cubrirla, pese al compromiso contraído por el presidente Gustavo Petro de asumir la que corresponde a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones, pues su concreción está dependiendo de la aprobación por parte del Congreso del controvertido proyecto de ley de financiamiento.

De otra parte, el Gobierno les adeuda a las empresas distribuidoras $1,5 billones correspondientes al reintegro de los subsidios ya aplicados, con el agravante que no se cuenta en el Presupuesto General de la Nación con la apropiación que permita el pago de los subsidios causados en los últimos 4 meses del año, por un valor de $1,2 billones más.

El caso de Air–e es apenas la punta del iceberg, porque su insolvencia y la falta de flujo de caja que la llevaron a esta medida extrema, es la misma que, en mayor o menos medida, afecta a las restantes empresas prestadoras del servicio.

De hecho, el dueño de AFINIA, la otra empresa que presta el servicio en la región Caribe a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, que son las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le están pidiendo pista al Gobierno.

Según la afirmación del alcalde, “hay que encontrar una salida, inclusive si la salida es decirle al gobierno Nacional que adquiera 100% de las acciones que tiene EPM en AFINIA”.

Lo advierte el Intergremial del sector, del cual hacen parte ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y SER COLOMBIA, en un comunicado: “Es fundamental mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica en el sector”.

Queda en manos del Gobierno y será su responsabilidad la de garantizar la prestación del servicio con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad, tal como lo mandan las denostadas Ley de servicios públicos y la Ley eléctrica.

El primer reto que tendrá el agente interventor será solventar la empresa para que esta tenga la liquidez necesaria y suficiente para comprar la energía que Air-e distribuye, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá garantizarle el flujo de caja.

Y para ello es fundamental que la Superintendencia, a través del Fondo Empresarial, le gire lo que le adeuda por concepto del reintegro del valor de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como la concreción del crédito puente de FINDETER para fondear la empresa y así evitar que la empresa incurra en limitación de suministro, afectando la calidad y continuidad en la prestación del servicio.

No obstante, mientras la asunción por parte del Gobierno Nacional sigue en veremos, el ministro Camacho declaró ante los medios que “hemos liquidado todos los subsidios para que los hogares cuenten con ellos”, pero a reglón seguido manifestó que “estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda realice el giro correspondiente”.

Pero resulta que la liquidación de los subsidios, a que hace alusión el ministro, no le da liquidez a las empresas sino el giro de parte del Ministerio de Hacienda que aún no lo hace.

A propósito de los subsidios, Camacho afirmó en forma contundente que, “además de garantizar los subsidios convencionales, nuestra intención es que estos recursos sirvan como una palanca para la transición energética. Así como existen subsidios en vivienda, también existen en energía y la idea es que los hogares puedan utilizarlos, por ejemplo, en la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos”.

Huelga decir que para que ello fuere posible tendría que reformarse la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que a la letra dice en su artículo 99.3 que el subsidio al servicio de energía consiste en un “descuento en el valor de la factura” y no una transferencia monetaria, como si lo es la Renta ciudadana implementada por el actual Gobierno

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

White paper de ARPEL sobre transiciones energéticas en América Latina

Transiciones Energéticas Justas en América Latina y el Caribe es el tema central del documento de posición de Arpel (Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe) recientemente publicado.

“Hablar de una transición energética justa para la región implica reconocer la urgencia de promover iniciativas para mitigar el cambio climático dentro de una trayectoria que considere los impactos sociales y económicos en comunidades en vías de desarrollo con un alto porcentaje de desempleo, desigualdad y pobreza energética”, es uno de los principales mensajes expresados en el documento, el cual fue elaborado por profesionales de TGN, Petrobras, EP Petroecuador, OCP Ecuador, S&P Global, Pan American Energy, Petroperú, Staatsolie y Geopark. 

Los propios co-autores del White Paper (https://www.arpel.org/publicaciones/transiciones-energ%C3%A9ticas-justas-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe) fueron quienes expusieron los mensajes clave y las principales conclusiones durante el webinar de lanzamiento realizado a comienzos de septiembre, en el que dieron a conocer el entendimiento consensuado de las empresas socias de Arpel acerca del significado que tiene el aspecto de justicia para el sector.

“Nuestro objetivo con este documento es abrir el diálogo sobre este tema, sus desafíos y oportunidades, y construir caminos de desarrollo de la región en un entorno de negocios competitivo”, expresaron los autores. 

“Comprendemos la complejidad de las transiciones energéticas y somos conscientes de que requieren una transformación del mundo real que afecta a todas las comunidades y naciones”, sostienen. Y agregan que: “Debemos respetar el legítimo derecho de las naciones en desarrollo a utilizar sus recursos de hidrocarburos de manera responsable, mientras trabajan en sus prioridades de desarrollo social y económico”.

Papel del gas natural en la región

Al ver la proyección de demanda de energía y crecimiento de la población al 2050, América Latina y el Caribe necesitan un aumento en el suministro de energía segura, asequible y preferentemente limpia, para permitir su industrialización y satisfacer las necesidades básicas de su creciente población.

En cuanto al peso de la región en las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (8,1%), es proporcional a lo que representa su población en el total mundial (8,4%).

Sobre este punto, los autores sostienen que la región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables; en la actualidad, estos representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente al 13% a nivel mundial.

En el documento se expresa que el gas natural puede complementar la introducción de nuevas energías en el camino de reducción de las emisiones de GEI.

“Nuestra región cuenta con esta fuente de energía en abundancia, representando una gran oportunidad en su utilización con tecnologías adecuadas y altos estándares operativos, como fuente de energía para la industria, el transporte y un complemento muy confiable para una matriz energética con un alto porcentaje de renovables”.

“Si a las energías renovables existentes le sumamos el potencial del gas natural de la región, se llega al 86% de la energía disponible, aportando significativamente al proceso de transición y siendo la energía que compense la intermitencia de las renovables y reemplace una parte de las energías convencionales”, dijo Hugo Cuenca de OCP Ecuador.

En línea con el desarrollo del gas natural en la región, Claudio Moreno de TGN de Argentina hizo referencia al proyecto público-privado del gasoducto Néstor Kirchner, el cual permitirá transportar los hidrocarburos extraídos en Vaca Muerta y que va a generar la posibilidad de proveer GNL al mundo.

Descarbonización y diversificación del sector de petróleo y gas

En relación a las energías renovables, América Latina tiene el potencial de aumentar su capacidad de energía solar y eólica a escala comercial en más de un 460% para 2030, si los 319 gigavatios (GW) de nuevos proyectos potenciales en la región entran en funcionamiento, según un informe de Global Energy Monitor de 2023.

“Aunque históricamente las empresas de petróleo y gas han estado vinculadas a combustibles fósiles, muchas de estas empresas están comenzando a diversificar sus actividades hacia fuentes de energía renovable, tecnologías de captura de carbono y eficiencia energética. Su capacidad para invertir en investigación y desarrollo, junto con su infraestructura global, permiten liderar iniciativas que promuevan un suministro de energía más sostenible”, dijo Lorena Bracho de EP Petroecuador.

Los autores expresan que las transiciones energéticas pueden crear más de un millón de nuevos puestos de trabajo en suministro de energía al 2030, especialmente en el sector eléctrico y en la extracción y el procesamiento de minerales críticos, así como en los sectores de petróleo y gas a medida que la región aumente su producción.

En el White Paper se destaca que, si bien la transición energética presenta importantes oportunidades para la creación de empleo en sectores de energías más limpias, también requiere un cambio en las capacidades de la fuerza laboral que debe evolucionar de forma integrada con otros dos frentes de trabajo: el desarrollo tecnológico y el desarrollo de proveedores.

Patricia Marques de Petrobras destacó la revisión de la política de responsabilidad social de la compañía a la luz de la transición justa, contemplando el objetivo de promover la reducción de la pobreza energética y favorecer el desarrollo sostenible. “Con un principio de atención total a las personas, incluye lineamientos para el diálogo inclusivo y las relaciones responsables con las comunidades afectadas por nuestro negocio”, detalló. 

Por su parte, Rodrigo Vaz de S&P Global destacó la necesidad de una colaboración estrecha entre gobiernos, comunidades y el sector privado para lograr una transición energética justa. Citó como ejemplo la implementación de marcos regulatorios claros que fomenten la inversión en energías bajas en carbono, como es el caso de Brasil con el almacenamiento de carbono, el hidrógeno verde y la eólica offshore.

Desde el punto de vista del sector privado, Vaz señaló que hay empresas listas para invertir en energías limpias pero que, sin embargo, aún enfrentan muchos desafíos en el acceso al financiamiento y en temas de licenciamiento ambiental.

ANDEG: Modificación en el impuesto al carbono aumentaría tarifas de energía

Se estima que la tarifa para usuarios finales aumentará $80 por kilovatio/hora, afectando la competitividad del sector eléctrico y de la industria nacional.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) advierte sobre el impacto que tendría la iniciativa legislativa de la ‘Ley de Financiamiento’, una nueva reforma tributaria que modificaría lo dispuesto para el tratamiento del carbón dentro de los combustibles gravados con el Impuesto al Carbono.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional, que busca modificar la Ley 1819 de 2016, ya modificada por la Ley 2277 de 2022, plantea incrementar el gravamen de los combustibles fósiles -ahora expresado en UVT- lo que aumenta la cifra correspondiente para el carbón.

Esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país.

“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora, lo que representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4,5 billones de pesos/año. También se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

Además, indicó que modificar el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, dado que se incrementaría la apropiación anual del Gobierno Nacional en el presupuesto en cerca de 1 billón de pesos para financiar los subsidios.

Por otro lado, el gremio proyecta un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 4,8 billones de pesos al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo 700 mil millones de pesos, mientras que el costo de la medida para el país sería de 5,5 billones de pesos. Por lo tanto, insiste ANDEG, esta medida representa más riesgos que beneficios para el país, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado.

Adicionalmente, esta propuesta legislativa modifica la gradualidad para la aplicación del impuesto definida hace dos años, planteando que en 2025 se aplique 75% de la tarifa del impuesto en vez del 25%. “Esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, enfatizó Castañeda.

Al gremio también le preocupa que desde la Ley 2277 de 2022 se limita al 50% la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono, ya que en la propuesta del Gobierno solo el 27% del recaudo del impuesto estaría dirigido a la acción climática, lo que contradice el objetivo de aplicar un instrumento económico de precio al carbono para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar la acción ambiental, convirtiéndolo así en un recurso para el flujo de caja estatal.

Finalmente, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático, es adecuado considerar que las prioridades de Colombia están centradas en el crecimiento del país y en brindar bienestar a su población, lo que implica impulsar el uso responsable de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales asegurando la competitividad nacional.

Por eso, el llamado de ANDEG es a replantear la propuesta y analizar el alto impacto socioeconómico que esta representa, estudiando las distintas iniciativas de instrumentos de precio al carbono que se están presentando para no causar una doble tributación y sí generar mayor seguridad para la inversión.

Vanti y el Club los Arrayanes firman contrato de soluciones energéticas

Ante la actual coyuntura energética, la búsqueda de soluciones que permitan ser más eficientes en sus procesos y actividades se ha convertido en un objetivo principal. Por esta razón, Vanti y el Club los Arrayanes de Bogotá llegaron a un acuerdo para desarrollar un proyecto que busca combinar la energía eléctrica y el gas natural.

El proyecto tiene una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos que contempla un proceso de cogeneración, es decir se realiza un procedimiento de alta eficiencia energética mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria), en este caso se usará para el calentamiento de la piscina del Club.

Una vez implementado el proceso de cogeneración se alcanzará una cobertura del 42% de la demanda de energía eléctrica y del 23% de la demanda del calor utilizado en la operación. Además del uso anterior, se seguirá utilizando el gas natural para otros usos tales como cocina, calentamiento de agua sanitaria, baños turcos, entre otros. El consumo total del club se incrementará solamente en un 3,2% cuando el proyecto esté operativo.

Con la implementación del proyecto de cogeneración se logrará una reducción del 6 al 8% en sus costos anuales de energía eléctrica y gas natural, con base en los costos energéticos total para el año 2023. 

Igualmente, la innovación de este tipo de proyectos es que contribuyen de forma importante al medio ambiente, teniendo en cuenta que tendrá una reducción de 16% en emisiones de Gas Efecto Invernadero estimada en 166 toneladas de CO2 equivalentes por año.

Se espera que comience a operar en 2026 y con ello Vanti entregará su primer proyecto de cogeneración a nivel de clubes sociales, el cual se suma a otros en los sectores agropecuario, industria alimenticia y textil.

1 75 76 77 78 79 296