El gobierno del cambio, que vendió la transición energética como uno de sus pilares de política pública, tiene al sector al borde del apagón financiero y físico, llevando, de paso, al país a la pérdida de la seguridad energética.
Las voces de alarma que se lanzaron desde hace ya un par de años no fueron escuchadas y se están convirtiendo en realidad. Así como Cuba y Venezuela sufren la falta crónica de energía y combustibles, Colombia está al límite de sus recursos energéticos y a finales de 2024 comenzará a escasear el gas natural y, si no se toman medidas, algunas zonas del país tendrán racionamientos de energía por la quiebra de empresas comercializadoras y distribuidoras.
Este es el panorama desolador que dibujaron los principales gremios que prestan los servicios públicos de energía y gas en el país.
“Después del de 1992, luego de 30 años, estamos ad portas de un apagón” y “luego de 45 de la revolución del gas natural, que es modelo a nivel internacional, perdimos la autosuficiencia y estamos abocados a la importación de gas, a merced de los precios internacionales”, fueron las frases que se escucharon en la rueda de prensa conjunta convocada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia.
“Nos anticipamos a los hechos para que no se afecten los usuarios. Así como anunciamos el apagón financiero ahora nos anticipamos a un apagón físico”, dijo Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Y es que para 2025 se estima que el margen entre la oferta y la demanda de energía eléctrica será de solo un uno por ciento, lo que no da lugar a que se presenten fallas en algún eslabón de la cadena o que alguna planta entre a mantenimiento, pues se tendría que acudir a los cortes programados, que es el eufemismo para denominar los racionamientos.
Pero el apagón financiero está más latente que nunca. Las empresas distribuidoras están al borde de la quiebra, pues el gobierno les adeuda más de 7 billones de pesos, cuando los ingresos brutos de estas empresas en un año apenas llegan a la mitad, 3,5 billones.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), dijo que esas deudas corresponden al reconocimiento de subsidios por $2,5 billones, la llamada “opción tarifaria” por $4 billones y cerca de $1 billón que les adeudan entidades oficiales.
Sin ese flujo de caja, las empresas distribuidoras no tendrían cómo pagar la energía que le compran a las generadoras, lo que podría desencadenar una crisis de todo el sistema eléctrico.
Además, Manzur señaló que cada mes que pasa equivale a $330 mil millones en subsidios que el gobierno debe girar, sumado a que no se ha cumplido la promesa hecha por el presidente Petro en mayo pasado de asumir la deuda de la opción tarifaria. “Las distribuidoras siempre hemos financiado al gobierno con los subsidios, pero hoy estamos al límite, por eso necesitamos que el gobierno pague para que no se apague el servicio”, dijo el dirigente gremial.
En respuesta a los reclamos de los gremios, el Ministerio de Minas y Energía expresó en un comunicado que “hemos cumplido como cartera con nuestras responsabilidades frente a los subsidios para estratos 1, 2 y 3, emitiendo las resoluciones correspondientes para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gire los recursos. En ese sentido, a la fecha se han pagado 2,91 billones de pesos en subsidios de energía y 485 mil millones de pesos en subsidios de gas para los estratos señalados.”
Al respecto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, expresó que “las empresas ya debieron haber hecho la solicitud al Ministerio de Minas y Energía, y esta entidad debe estar tramitando en caja esa bolsa. Yo entiendo que esto siempre se paga acumulado, no mes a mes. Entonces, desde ese punto de vista hay que revisar en qué va el proceso de caja”.
Esto con respecto a los subsidios, porque para la opción tarifaria, recordó que el trámite se está haciendo a través de la ley de financiamiento o reforma tributaria, que ya hace trámite en el Congreso de la República.
Pero los gremios lo que piden al presidente Petro es que se saque de ese proyecto de ley y se haga una de un solo artículo con llamado de urgencia, para que se les pueda desembolsar prontamente esos recursos a las distribuidoras, antes de que se apaguen.
Las térmicas no se apagan
Por otro lado, contrario a lo que quiere el presidente de acabar con el parque térmico de generación, este sector fue el que evitó que en el pasado fenómeno de El Niño el país no se apagara, como lo viene haciendo desde hace 30 años.
Efectivamente, en el momento más crítico, en abril de 2024, el parque térmico generó a pleno entregando al mercado un pico de 120 GW hora día de energía, con un consumo de gas entre importado y nacional de 650 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), que equivalen a cerca del 60% del consumo de gas de todo el país.
Pero la emergencia no está superada. Dado que los embalses no se han recuperado debido a que el fenómeno de La Niña no ha llegado con la fuerza esperado, las térmicas han seguido generando para ahorrar agua y tratar de que a finales de año los embalses estén entre el 65 y el 70% para afrontar el ‘verano eléctrico’, durante los meses secos de entre diciembre y abril.
Efectivamente, al momento de escribir esta nota, mediados de octubre de 2024, el parque térmico aporta 90 GW hora día, de los cuales 45 Gwhd son con gas importado, 30 Gwhd con carbón y 15 Gwhd con gas local.
Por eso, Edwin Cruz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), hizo un llamado al Gobierno a tener preparada la logística de entrega de combustibles para las térmicas: gas, carbón y líquidos, y la importancia de asegurar el capital de trabajo y el flujo de caja para que las distribuidoras puedan pagar la energía a las generadoras y estas puedan comprar el combustible.
Cuando se pierde la soberanía
Ante la caída consistente de reservas de gas natural en los últimos quince años, la falta de hallazgos importantes y la negativa del Gobierno Petro a firmar nuevos contratos de exploración, finalmente el país llegó a la situación en que la producción nacional no es suficiente para atender la demanda.
Así quedó evidenciado en el reciente fenómeno de El Niño, cuando la planta de regasificación de SPEC operó a plena capacidad, y las importaciones de gas se volvieron más frecuentes.
De aquí en adelante el país requerirá del gas importado, no solo para atender la demanda del parque térmico de la costa Caribe sino para otros usos, como el residencial, comercial e industrial.
Por eso, Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), le solicitó al Presidente la firma de un decreto que tiene hace más de un mes en el escritorio y que permite la comercialización para otros usos diferentes al térmico del gas importado que ingresa por la planta de Cartagena.
El llamado es de urgencia, toda vez que el primero de diciembre próximo se vencen los contratos de gas y los productores han señalado que no tienen molécula para poner en el mercado, por lo que el déficit estimado desde finales de este año será del 12%, unos 120 MPCD, pero para 2025 será del 30%, unos 300 MPCD, lo que llevará al país a depender en buena parte del gas importado. “Después de 45 años, perdimos la soberanía energética”, concluyó Murgas.
Las renovables tampoco despegan
Contrario a lo que podría pensarse que el gobierno del cambio apoyara las energías alternativas frente a su narrativa anti extractivista, Alexandra Hernández, presidente de Ser-Colombia señaló demoras en los trámites de permisos y licencias, falta de apoyo del Gobierno y desestímulo a la inversión ante los anuncios de intervenir los precios de la energía en bolsa.
Si bien a la fecha hay instalados 2.200 Mw de capacidad solar, Hernández dijo que se requiere triplicar esa capacidad para poder atender las necesidades de los colombianos y evitar el déficit que el Gobierno nacional estima será estructural a partir de 2027.
Por eso, hizo un llamado a la acción, pues para 2025 está proyectado que entren en operación unos 35 proyectos solares con una capacidad de 1.500 Mw, pero de estos solo tres están listos para iniciar construcción el próximo año y los otros 32 tiene más de 50 trámites por resolver, por lo que en su mayoría están por fuera de los tiempos normativos, algunos con retrasos de más de dos años.
Para destrabar esos proyectos, Hernández llamó a la articulación de las entidades gubernamentales desde el más alto nivel, que sea liderada por la Casa de Nariño, pues si se cumplieran los tiempos de trámites establecidos los tiempos se reducirían a la mitad.
Por último, Hernández hizo un llamado a la estabilidad y seguridad jurídica, pues este sector es muy sensible a las señales regulatorias, y anuncios sobre la intervención del mercado lo afectan severamente.
“Al poner un techo al precio de bolsa para las energías renovables deja sin la posibilidad de tener cierre financiero a proyectos por cerca de 3.300 Mw que están buscando contratos de largo plazo y que ya están con obligaciones. Con ese proyecto de norma que está en discusión se encuentran en riesgo de morir eso proyectos, de quedarse sin la financiación de los bancos”, dijo.
Finalmente, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras (Acolgen), dijo que el gobierno debe implementar ya la estrategia de ahorro de energía e hizo un llamado a reaccionar en el muy corto plazo con medidas regulatorias que den señales de ahorro y en el mediano, y en el largo plazo dar las señales de política pública para que se dé la expansión del parque de generación.
“Estamos en una situación en la que nunca habíamos estado en los últimos 30 años. Este es un apagón autoinfligido y el tiempo se está acabando”, concluyó Gutiérrez.
