Ecopetrol aprueba inversiones por cerca de 1.000 millones de dólares

En su sesión ordinaria, la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó recursos por cerca de 1.000 millones de dólares, previstos en el plan de inversiones 2024 – 2026.

De acuerdo con Rafael Guzmán, vicepresidente de Hidrocarburos de Ecopetrol, estas inversiones se basan en el avance de estudios y análisis que permitirán a la compañía de reponer reservas y asegurar la disponibilidad de energéticos necesarios para satisfacer la demanda nacional a mediano y largo plazo.

En concreto, los recursos se destinarán a:

  1. Sancionar proyectos de exploración y desarrollo para incrementar la producción y la recuperación de reservas de crudo y gas en la plataforma territorial.
  2. Realizar estudios y desarrollos necesarios para aumentar la actividad exploratoria del offshore en el mar Caribe, con la meta de incorporar reservas prospectivas por cerca de 6 terapiés cúbicos (6TPC).

Ecopetrol también está atenta a la pronta resolución del juez laboral sobre la suspensión de actividades de perforación en el pozo offshore Sirius (antes Uchuva), en colaboración con Petrobras, un tema de gran interés nacional debido al potencial de reservas de gas en este activo.

Guzmán dijo que cerca de la mitad de los recursos se invertirán en el departamento del Huila, donde se espera perforar 80 pozos en los próximos dos años. “Nuestro compromiso es reponer reservas al 100%, y estas inversiones apuntan en esa dirección”, dijo el funcionario.

En cuanto a las inversiones en el offshore, estas se realizarán para materializa los descubrimientos ya hechos y encontrar más gas que, si se cumplen los tiempos, se estarían comercializando a partir de 2029.

Ecopetrol adopta medidas para asegurar abastecimiento de Gas

Para el 2025, mediante contratos ya suscritos, Ecopetrol comprometió un total de 551 Giga BTU por día (GBTUD), que representan el 65% de la demanda nacional, sin incluir la demanda térmica. Ese año Ecopetrol requerirá alrededor de 40 GBTUD para su balance energético, cerca del 17% de su demanda total, con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles al país.

Para 2026, la empresa aportará al mercado mediante contratos ya suscritos 370 GBTUD, lo que representa el 43% de la demanda nacional, sin incluir la demanda térmica. Ecopetrol dispone de volúmenes, por encima de esta cantidad contratada, de hasta 141 GBTUD, que serán comercializados en su totalidad, una vez el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidan las reglas que han anunciado para flexibilizar las transacciones entre agentes.

Durante este año, la atención de demanda por encima de estas cantidades requerirá de la importación a través de la infraestructura existente.

Medidas para garantizar el abastecimiento en los años 2025 y 2026

Ecopetrol señaló que es necesaria la flexibilización de la regulación, que le permita a la empresa poner a disposición del mercado la totalidad de su gas disponible para la venta en firme, en cualquier momento y mediante bloques menores a un año. Esto, como complemento a los esfuerzos y cambios regulatorios ya adelantados por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG durante 2024.

Cabe recordar que la demanda nacional creó una expectativa en 2023, cuando Canacol Energy anunció un potencial de producción para los años 2025 y 2026 de 231 GBTUD. Sin embargo, en el 2024 este productor ha reducido la producción esperada a 158 GBTUD, lo que estaría generando un déficit de 73 GBTUD.

Por el momento, la importación a través de la plataforma de SPEC LNG seguirá siendo la mejor opción de suministro y por eso se requiere que, sobre una capacidad adicional disponible de 50 GBTUD, se desarrolle rápidamente la comercialidad de estos volúmenes, para que sea posible asegurar la capacidad, la firmeza y eficiencia del mercado.

Ecopetrol señaló que también es necesario asegurar la viabilidad financiera para el desarrollo de la capacidad de transporte de gas, que permita los mayores flujos desde la costa Caribe hasta el interior del país, en especial, es muy importante que el proyecto de bidireccionalidad del sistema Barranquilla – Ballena entre en operación en el primer trimestre de 2026.

Por último, es fundamental acelerar la entrada de los proyectos de generación a partir de fuentes renovables, de tal forma que alivien la presión que el sector eléctrico está imponiendo al sector de gas natural, y que permitan sustituir gradualmente el uso de combustibles líquidos en la producción de electricidad.

“Es urgente implementar medidas que posibiliten superar las dificultades en los ámbitos social y ambiental, que hoy enfrentan los proyectos de energía renovable”, concluyó Guzmán.

Cumbre de Petróleo y Gas propone un acuerdo por la reactivación y el progreso

Las propuestas del sector son: Impulsar proyectos de interés nacional para incrementar la producción y las reservas; mayor agilidad en procesos de manejo con las comunidades y licenciamiento ambiental; concebir al gas como el combustible de la transición; diversificar la matriz energética y generar valor en la oferta laboral.

Con cinco puntos como ejes, el sector del petróleo, gas y energía propuso un gran Acuerdo por la reactivación y el progreso de Colombia, para trabajar de la mano con el Gobierno y las comunidades energéticas.

La propuesta fue hecha en la instalación de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Cartagena y la hizo Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) a nombre de la industria.

En detalle, la propuesta que se hace para trabajar con el Gobierno y todas las instancias que tienen injerencia en los territorios se basa en:

1. Impulsar proyectos de interés nacional, tales como el Offshore, producción incremental (EOR), proyectos de producción incremental (EOR), entre otros, que permitan incrementar la exploración y la producción, con la consecuente incorporación de reservas.

2. Generar mayor agilidad en los tiempos de las fases de los proyectos, en los trámites de manejo con las comunidades, consultas previas y licenciamiento ambiental.

3. Concebir el gas natural como el combustible de transición y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados a todos los colombianos.

4. Promover el proceso de transición energética diversificando la matriz energética, haciéndola cada vez más sostenible y competitiva e impulsando las comunidades energéticas.

5. Estimular el desarrollo regional de las comunidades, no solo por la vía de la inversión de regalías, sino por medio de generación de encadenamientos productivos y empleos.

“Esto lo podremos hacer trabajando articuladamente entre Gobierno, Industria y Territorio, trabajando en instancias con el Comité Interinstitucional, y por medio de decretos entre entes públicos, PINES y CONPES para guiar las políticas públicas y acuerdos con el sector privado y las regiones”, destacó Castañeda.

El certamen espera que luego de tres días de deliberación y construcción conjunta, pueda ser firmado el día de la clausura, y trazar así la hoja de ruta de la reactivación del sector de hidrocarburos en Colombia.

“Los invito a centrarnos en aquello en lo que tenemos un consenso, y a que, entre todos los actores de esta industria, hagamos un acuerdo sobre esos propósitos fundamentales que inspiran esta Cumbre”, concluyó el dirigente gremial.

Todo listo para el 4th International GNL Global Forum 2024, en Panamá

El evento reunirá a líderes y profesionales de la industria para abordar los desafíos y oportunidades en el sector del GNL en América Latina y el Caribe.

El 4th International GNL Global Forum 2024, uno de los encuentros más relevantes para los expertos en gas natural licuado (GNL) de América Latina y el Caribe, se celebrará del 16 al 18 de octubre en el Hotel Grand Sheraton Panamá.

El Foro ofrece una plataforma clave para debatir sobre las tendencias globales y regionales del GNL, el desarrollo de infraestructuras, tecnologías y las dinámicas del mercado.

El 4th International GNL Global Forum 2024 es la oportunidad para conectarse con expertos del sector, compartir ideas y establecer alianzas estratégicas que definirán el futuro del GNL en la región. Además, se ofrecerán actividades de networking.

También, se celebrará el almuerzo Women in LNG Latin America and the Caribbean 2024, un espacio dedicado a la inclusión y diversidad en la industria energética, donde se destacará el rol de las mujeres en el sector.

Además, se realizará la primera edición de los premios a la industria de GNL de América Latina y el Caribe, con las siguientes categorías: Empresa del año, Proyecto del año, Terminal del año y Gerente del año.

Paneles y conferencias:

Entre las sesiones destacadas, que analizarán los desafíos y oportunidades de las terminales de GNL en la región, están: Terminales de GNL, Tecnologías flotantes y Presentaciones en desarrollos y tecnología.

Este año, el evento contará con la participación de empresas líderes del sector como AES Panamá, Höegh EVI, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Wood Mackenzie, BP Energy, Petrochina, Trelleborg, Wood, Mitsubishi Power Americas, Mitsui & Co, PRF Gas Solutions, SPEC LNG, Peru LNG, Hunt Company Services, Calamari LNG, EDGE, y Perú LNG, entre otras.

La tormenta perfecta

Se está configurando una tormenta perfecta que acecha al sistema eléctrico de Colombia, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La advertencia del Contralor es clara: “Si los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios”.

Fundamentalmente se refirió a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente Petro y su ministro de Minas y Energía en el sentido que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2,8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.

Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional le adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1,7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra.

El ministro Andrés Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire. Lo grave está en que la liquidación no les da liquidez a las empresas sino el giro, que no se ha hecho efectivo.

Y de contera, a la deuda se viene a añadir que el Gobierno Nacional no ha presupuestado los $1,2 billones correspondiente a los últimos cuatro meses de 2024, razón por la cual está imposibilitado de girarlos en esta vigencia y les tocará a las empresas aguardar para que lo hagan el año entrante.

La solicitud de parte de AIR-E para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.

Más recientemente, la firma XM, responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en una alerta temprana, con base en una modelación realizada para el verano 2025 – 2026, según la cual la demanda de energía proyectada por la UPME (junio/2024) será superior a la oferta de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, que apenas alcanzará los 85.803 GWH/año.

De tal suerte que, de presentarse un Niño, el que está a la vuelta de la esquina, “habría desembalsamientos hasta el 47% durante la próxima temporada de verano, valor superior al presentado en los últimos fenómenos de El Niño. Con ello, “tendríamos valores mínimos de embalse al final de la estación de verano, cercanos al 25%, nivel nunca visto en la operación durante los últimos 30 años”. Estamos, entonces, ante una situación de alto riesgo.

Recomienda XM que deben ser prudentes los operadores de las centrales hidroeléctricas a la hora de utilizar los embalses, en previsión de la baja de los aportes hídricos, que pueden llegar a poner en riesgo la generación. Ello obligará a una mayor participación del parque térmico de generación. 

Por ello, preocupa aún más que, según lo ha anunciado el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, pronto pasaremos de la escasez del gas natural que demandan las térmicas a un déficit de suministro para el mes de diciembre, anticipándose a la previsión de NATURGAS, que lo proyectaba para 2025. 

De hecho, hay motivos de preocupación, habida cuenta que los aportes hídricos para el septiembre se situaron 36% por debajo de la media histórica y el nivel agregado de los embalses (54,52%) es inferior en 24% del promedio histórico. 

Ello, debido a que, contra todos los pronósticos, la Niña que se anunció desde junio, además de débil, no se ha consolidado y este fenómeno está entrando en una fase de peligrosa neutralidad. 

Preocupa sobremanera el contraste entre la proactividad de los ministerios de Ambiente y Vivienda, así como el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, preocupados por el bajo nivel de los embalses que sirven a los acueductos, disponiendo medidas de ahorro y uso racional del agua, con la pasividad del Ministerio de Minas con respecto a lo que se viene registrando con relación a los embalses que le sirven a las hidroeléctricas, especialmente El Peñol, que sirve a la hidroeléctrica de Guatapé, el único con capacidad de regulación superior a un año (los demás apenas superan los cuatro meses), que ha alcanzado un nivel crítico, de sólo 45,48%.

Este estrés hídrico ha presionado al alza el precio en Bolsa de la energía, alcanzando para la fecha los $932.5 el KWH. Y al acercarse peligrosamente al precio de escasez, como lo dispone la norma regulatoria, se activó la cláusula de los contratos de firmeza condicionada que mantiene ECOPETROL con algunos de los distribuidores mayoristas, la cual prevé que cuando se presenta esta contingencia, para rebalancear la demanda, puede suspender la entrega de gas con destino vehicular.

Ello, con el fin de garantizar el suministro del gas requerido por las térmicas, que ahora son despachadas para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas. Ello, en medio de una escasez de gas en el país y ante la perspectiva de tener que importarlo a partir de 2025, cuando el déficit de suministro será del 7,5% y del 16% en 2026.

Como lo acota la presidente de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, “la solución a la crítica situación energética que enfrenta el país no da más espera. El desabastecimiento de energía eléctrica está a la vuelta de la esquina, por lo que se acabó el tiempo para tomar decisiones que erradiquen, de una vez por todas, el riesgo de un apagón”.

Sobre todo después de la advertencia de XM, “al considerar atrasos adicionales en la entrada en operación de proyectos eólicos, la alta exigencia del parque térmico, junto con las altas tasas de desembalsamiento durante el verano.”

Así las cosas, se impone la necesidad de reactivar cuanto antes la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (CACSSE), con el fin de tomar determinaciones tendientes a conjurar esta probable contingencia. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ya estamos en crisis energética: Promigas

Tanto en gas como en electricidad, el interior del país ya está sufriendo escasez de estos energéticos. El riesgo es que estas restricciones que parecen coyunturales se conviertan en estructurales.

“Nos hemos acostumbrado a pensar que hay crisis energética cuando hay racionamientos. Eso es equivocado, el racionamiento es consecuencia de la crisis. Nosotros ya estamos en crisis, el déficit ya está, estamos operando al límite”, dijo Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, empresa que está celebrando 50 años de operaciones.

Y es que ante la demora en la llegada de la temporada de lluvias, el país siguió generando electricidad con las termoeléctricas, manteniendo a tope las importaciones de gas natural a través de la planta de regasificación de SPEC, y que también obligó a Ecopetrol a hacer efectivos los contratos interrumpibles, limitando la entrega de gas a las distribuidoras con el fin de entregarlo a las térmicas.

Según Rojas, el país ya no está en una crisis coyuntural sino estructural. Para 2025 se estima que el déficit de gas natural sea del 7,5% de la demanda, equivalente a 77 giga BTU diarias (GBTUD), y para 2026 el déficit será del 16%, 190 GBTUD.

En el tema de electricidad la situación es similar. Cada año deberían entrar 500 Mw nuevos de capacidad, pero Hidroituango está retrasado, los proyectos eólicos y solares de La Guajira no han entrado como se esperaba y los proyectos de transmisión están trancados por consultas y permisos.

Ante la falta de una nueva planta de regasificación, la negativa del Gobierno a firmar nuevos contratos de exploración, la cancelación de los proyectos piloto de fracking y los retrasos en la exploración en el offshore del Caribe colombiano, la única posibilidad de abastecimiento de gas que le queda al país es la importación. “La soberanía energética está comprometida y eso es una crisis”, enfatizó Rojas.

De acuerdo con los análisis de Promigas, los mayores costos de importación de la molécula, incrementarían las facturas para los estratos 1 y 2 en 26% para el interior del país y en 23% para el resto del país. Recordemos el servicio de gas natural cubre a 36 millones de personas, la mayoría de estratos 1, 2 y 3.

Por eso SPEC aumentó este año la capacidad de regasificación de 400 a 450 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), y Rojas anunció que en octubre la empresa lanzará un open season para aumentar la capacidad en 2025 a 475 MPCD y en el 2026 a 533 MPCD.

No obstante, para llegar a esa capacidad se requiere aumentar el gasoducto que conecta la planta con el sistema nacional de transporte, para pasarlo de 18 a 24 pulgadas, con una inversión estimada entre 60 y 70 millones de dólares.

Por el momento, Promigas ya realizó este año la obra de bidireccionalidad del tramo Barranquilla-Ballena, que le aporta al interior del país 66 MPCD y para 2027 la idea es ampliarla a 170 MPCD.

Finalmente, Rojas dijo que: “Nos acostumbramos a operar sin holgura, sin margen, al límite. Necesitamos explorar nuestros recursos, necesitamos que proyectos estratégicos para el país como Uchuva, se desarrollen y que entren a tiempo, porque es la forma de recuperar no solo nuestra soberanía energética sino también desarrollar una cantidad de actividades que dependen del gas natural.”

Robo de energía en Bogotá y Cundinamarca agobia a Enel

Enel Colombia registró 14.753 casos de hurto de energía en Bogotá y Cundinamarca durante los primeros seis meses del año.

Según registros de Enel Colombia, desde el primero de enero hasta el 30 de junio del 2024 se reportaron 14.753 casos de hurto de energía, de los cuales cerca de 5.000 corresponden a conexiones directas a la red de forma no autorizada, y el restante a intervenciones para alterar las conexiones y elementos del medidor con el fin de evitar que se registre el consumo de energía de manera adecuada.

Esta práctica ilegal se ha identificado con mayor frecuencia en predios comerciales, industriales y algunas zonas residenciales de Kennedy, Soacha y Usme.

Según análisis realizados por la Compañía, la cantidad de energía hurtada asciende a más de 115 GWh durante el primer semestre del año, que equivale al consumo mínimo vital de 148.484 hogares, o a la totalidad del consumo de localidades como Fontibón o Chapinero.

Por su parte, en Cundinamarca, los principales municipios afectados por este delito son Mosquera, Cucunubá y Girardot.

«La energía hurtada afectan gravemente la estabilidad del servicio y pone en riesgo la seguridad de los hogares. Es fundamental que los ciudadanos reporten a Enel Colombia estos actos ilegales para asegurar un suministro energético seguro y confiable», afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

En cuanto a denuncias por hurto de energía, en 2023 se recibieron 3.276 de forma anónima por parte de la ciudadanía, mientras que para el primer semestre de 2024 se han recibido 1.850.

Para enfrentar el aumento de casos en este tipo de delito, la Compañía invita a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca a reportar los hechos que impactan a toda la cadena de usuarios, desestabilizando el sistema energético y poniendo en riesgo la seguridad de los clientes.

Multas y sentencias por hurto de energía

Quien incurre en el hurto de energía y/o daños a la infraestructura comete delitos con penas de hasta 12 años, acciones que atentan contra la seguridad pública en materia de la conducción de la energía.

De las denuncias que ha interpuesto la Compañía, hasta la fecha han fallado 158 sentencias donde se ha establecido que se ha cometido hurto de fluido eléctrico y se han interpuesto las sanciones a los responsables.

Actualmente están en proceso 318 acciones penales interpuestas por Enel Colombia por hurto de energía. Es importante destacar que el delito de defraudación de fluidos, como se tipifica en el Código Penal, acarrea multas entre 1,33 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y penas establecidas entre los 38 y 108 meses de prisión.

Durante 2024 la compañía ha realizado 14 operativos en conjunto con las entidades Policía Nacional, CTI o Fiscalía, en las cuales se han capturado siete personas por encontrarse en flagrancia en el delito de defraudación de fluido de energía eléctrica.

La Compañía invita a reportar este tipo de prácticas con el fin de preservar la integridad y seguridad de los ciudadanos, así como el buen funcionamiento y la confiabilidad de la red de energía eléctrica.

Dichas denuncias se pueden realizar de manera anónima a través de la línea telefónica de Enel Colombia: 601 5140000 para Bogotá y Cundinamarca. o a través de la página oficial de la compañía.

Gremios del sector energético llaman al Gobierno a tomar acción

Colombia enfrentará una situación crítica para los sectores de gas natural desde 2025 y energía eléctrica desde 2026, si no se toman las acciones correspondientes para evitar racionamientos.

Los gremios del sector energético ACOLGEN, ACP, ANDESCO, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA, ASOENERGÍA y la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias para garantizar el suministro eficiente y confiable de electricidad y gas ante un inminente desabastecimiento para hogares, industrias y comercios.

Situación en el sector eléctrico

  • Según expertos del sector y la misma UPME, en 2026 no habría suficiente energía firme para cubrir toda la demanda, y desde diciembre de 2028, si ocurre El Niño o sequías, habría racionamientos de energía.
  • Según un informe de XM, los embalses alcanzaron niveles críticos en abril (menos del 30%), y existe riesgo de escasez de energía hidroeléctrica entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
  • A hoy, el embalse útil del sistema, según información de XM, se ubica en 50%, cifra que está por debajo de promedios históricos para el presente periodo, y que está 1,1 puntos porcentuales por debajo de la senda de desabastecimiento.
  • La incertidumbre normativa, la entrada lenta de proyectos y el crecimiento del consumo de energía exigen acciones inmediatas para evitar futuras crisis energéticas.

Así las cosas, los gremios reiteraron la necesidad de avanzar en las siguientes acciones:

  1. Reducir la incertidumbre que generan anuncios, proyectos de norma y actos administrativos que afectan el funcionamiento del mercado,
  2. Ejercer un mayor acompañamiento por parte del Gobierno Nacional en territorio a quienes desarrollan proyecto,
  3. Realizar nuevas subastas de expansión para cubrir el eventual déficit de energía firme,
  4. Implementar subastas y nuevos mecanismos de contratación de energía a largo plazo, que permitan a los agentes del mercado una menor exposición a la bolsa,
  5. Apoyar e impulsar el desarrollo de todas las tecnologías, reconociendo que cada una aporta atributos necesarios y complementarios para garantizar la sostenibilidad y confiabilidad del servicio,
  6. Hacer un seguimiento continuo tanto a la operación de las plantas térmicas como a la logística de combustible que lo acompaña,
  7. Revisar continuamente el nivel de exportación de energía a Ecuador y su impacto en el desgaste de operación de nuestro parque térmico,
  8. Iniciar campañas de ahorro y establecer incentivos a la respuesta de la demanda y al uso eficiente de la energía eléctrica (eficiencia energética).

Además, llamaron la atención en la publicación del proyecto de Resolución CREG 701 065 de 2024, junto con la señal que desde la CREG se ha dado sobre una eventual intervención a los precios de bolsa.

“Esto no solo afecta la confianza en un momento en el que se requiere atraer nueva inversión, sino que podría afectar la confiabilidad del sistema si gastamos el agua que debemos ahorrar para atender a la demanda en temporadas secas”, señalaron.

Situación del gas natural

Las cifras del Gestor del Mercado confirman que no hay suficiente gas natural local disponible para la venta en firme que permita atender el total de la demanda de hogares, comercios, vehículos (demanda esencial) e industrias en 2025 y 2026.

El déficit de gas natural local no es una alerta, es una realidad, como se evidenció con la reciente restricción de oferta por parte de Ecopetrol, que afectó principalmente al gas natural vehicular en varias zonas del país. Por eso lo gremios señalan:

  • El gas natural es aliado de la calidad de vida de los colombianos, hoy 36 millones de colombianos tienen gas natural en sus hogares, el 84% son familias de estratos 1, 2 y 3. El gas natural es clave para reducir pobreza y cerrar brechas de desigualdad.
  • El gas natural vehicular (GNV) además de reducir emisiones de gases contaminantes, reduce costos para el sector transporte: 87 mil taxistas y 1.400 transportadores transitaron a GNV, además de los sistemas de transporte masivo público que funcionan con este energético (100% de la flota de Cartagena y Valledupar y el 30% del SITP en Bogotá).
  • El energético más utilizado por las industrias, es el gas natural; representa el 32% del total de los energéticos usados. Es esencial en la producción de alimentos, vidrio, oxígeno, cemento, papel, grasas, químicos, sal, empaques, lozas, cerámicas y electrodomésticos, entre otros.
  • La falta de gas natural conducirá a muchas industrias a regresar al consumo de combustibles de mayores emisiones; al cierre de las plantas, como en el caso de las que producen fertilizantes, cuyo papel es estratégico para la seguridad alimentaria del país; y/o a la eliminación de líneas de producción, con las consiguientes consecuencias en empleo e inflación.
  • El operador del mercado eléctrico XM identificó en su último análisis del panorama energético una amplia necesidad de generación térmica, especialmente a gas natural dada la baja hidrología.

Por lo anterior, urge que el Gobierno Nacional adopte e implemente las siguientes decisiones y acciones para garantizar el abastecimiento de gas natural:

  1. Adoptar medidas adicionales a las establecidas en la Resolución CREG 102009 de 2024. que flexibilicen de manera temporal la comercialización y permitan asignación eficiente de todo el gas natural disponible, y resolver las solicitudes de cargos de transporte y agregación de tramos presentadas a la CREG;
  2. Dar celeridad al desarrollo de los hallazgos de gas natural en tierra y costa afuera que aumenten de manera temprana la oferta local de gas. Esto implica: i) acompañamiento para el desarrollo y cierre oportuno de las consultas previas, ii) expedición de las licencias ambientales dentro de los términos de la ley, iii) adopción y priorización de proyectos de infraestructura de transporte del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

Finalmente, los gremios reiteraron que “es crucial que el país mantenga un entorno de confianza y estabilidad que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, y hacemos un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para garantizar la seguridad energética que Colombia necesita.”

La sensación de escasez de energéticos en Colombia

No tomar medidas para afrontar la escasez de los recursos energéticos nos llevará a una colisión de derechos que, posiblemente, fragmentará el bien común al tener que decidir quién tiene mejor derecho sobre otro a recibir los servicios esenciales.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Con posterioridad al anuncio que realizó Ecopetrol sobre la escasez de gas que tendrá Colombia en 2025 y 2026, las noticias de las últimas semanas en los sectores eléctrico y gasista no son alentadores, y han aumentado la incertidumbre y la sensación de escasez inminente.

El 11 de septiembre, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta concedió el amparo al derecho a la consulta previa de la comunidad Indígena Taganga y al derecho a la propiedad intelectual, cultural y medio ambiente por el uso de los nombres “Tayrona” y “Uchuva” para denominar el bloque y el pozo de exploración.

El juez ordenó la suspensión inmediata otorgando dos meses para iniciar las acciones que sean necesarias para suspender de manera segura las actividades en el pozo Uchuva 2. Esto hasta tanto no se realice la consulta previa y se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los efectos del proyecto sobre el cabildo indígena Taganga y su relación con el entorno marítimo.

Uchuva 2 es un pozo cuya exploración se adelanta para determinar la capacidad de producción de gas natural que tiene, la cual, se afirma, podría abastecer a Colombia hasta el 2040, y devolverle la autosuficiencia energética al país.

La decisión fue impugnada por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Petrobras y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aproximadamente, a inicios de noviembre se sabrá el resultado de la impugnación.

El 20 de septiembre, debido a la escasez de agua a la que se enfrenta el país se presentó una “condición de probable escasez” en el mercado de energía, por lo que Ecopetrol se vio en la obligación de cumplir con los contratos de opción de compra de gas.

Estos contratos, tienen el propósito de asegurar la entrega de gas natural en tales eventos de escasez, para garantizar principalmente la generación de energía eléctrica.

En ese sentido, el suministro de los contratos cuya firmeza está condicionada se suspendió temporalmente, afectando a varios distribuidores de gas natural vehicular.

En agosto pasado, por solicitud que hiciera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA suspendió el trámite de la licencia ambiental para la perforación de Komodo – 1, el pozo costa afuera más profundo del mundo y que promete una capacidad de producción de gas relevante.

La Ministerio argumentó que, debido a que en el mundo ni en Colombia se han realizado perforaciones de tal profundidad, el permiso ambiental debe contar con un concepto técnico para evaluar los impactos ambientales del proyecto.

El trámite podrá tomar meses y afectará el cronograma de perforación de un pozo crucial para Colombia, en momentos en que el país no incorpora suficientes reservas.

La escasez de agua y su afectación al sector eléctrico ha vuelto a ser noticia. El aumento de las lluvias y la recuperación de los embalses no se ha dado como se esperaba. Esto, sumado a la falta de entrada en operación de nueva capacidad de generación, ha puesto en apuros el sistema eléctrico.

Las sequías que algunas ciudades enfrentan han vuelto a prender las alarmas no solo para el suministro eléctrico, sino para el de agua potable.

Seguimos sin CREG. Los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad son inherentes al ser humano, son indispensables para mejorar su calidad de vida, garantizar su dignidad, superar la desigualdad y, al ser esenciales, son un derecho de todos.

Es por eso que son inherentes a la finalidad del Estado, y este, sin importar el gobierno de turno, está obligado a garantizarlos a favor de todos los ciudadanos, sin excepción alguna.

Las discusiones caprichosas a las que se enfrenta el país en relación con la transición energética y con el sombrero de la descarbonización, han puesto al país en peligro de escasez.

Esta escasez no solo nos llevará a un alza de precios sin precedentes, sino que llegaremos a un punto de no retorno en el que nos veremos obligados a poner en la balanza un sin número de derechos que tendrán que ponderarse.

Nos obligará a elegir quién tiene un mejor derecho sobre otro a recibir los servicios públicos esenciales, afectando la confiabilidad y seguridad en su suministro y, sin duda alguna, la economía nacional.

*Abogada especializada en el sector energético. Actualmente, desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático.

Colombia recibe cargamento número 100 de GNL

Calamarí LNG reportó la llegada a Colombia del cargamento número 100 de GNL, proveniente de CAMERON LNG en el Golfo de México, con 38.000 m3.

Calamarí LNG, agente importador y comercializador de Gas Natural Licuado (GNL) en Colombia, anunció la llegada del embarque número 100 de este combustible, un hito en la historia de la compañía que en el marco de la coyuntura actual.

La planta de SPEC es un respaldo para las plantas de generación térmica de la costa, las cuales han logrado atender cerca del 50% de la demanda nacional de energía.

El buque BW MAGNOLIA de la empresa BP proveniente de CAMERON LNG en el Golfo de México arribó al país con una carga de 38.000 m3 de GNL que será regasificado para atender las necesidades que requiere el Sistema Interconectado Nacional, especialmente ante la fuerte reducción de los principales embalses a nivel nacional.

“Este cargamento es muy significativo para el país, pues estamos en medio de una coyuntura de hidrología crítica, donde este recurso energético ha sido fundamental para suplir la demanda de las termoeléctricas. Además, frente al riesgo de desabastecimiento de gas natural previsto para los próximos años, la gestión de Calamarí resulta clave para garantizar el acceso al suministro de este combustible de forma segura y oportuna. Esto es posible gracias a que Colombia se ha logrado posicionar en el mercado internacional como un actor relevante para la importación y comercialización de GNL, con importantes proveedores como USA y Trinidad y Tobago”, afirma Alfredo Chamat, gerente General de Calamarí LNG.

Calamarí LNG, que opera desde 2017, ha importado más de 5,6 millones de m3 de GNL, de los cuales aproximadamente 3 millones de m3 corresponden al periodo del reciente fenómeno de El Niño, aportando así a la generación de 5.000 GW de energía con un combustible que además de ser amigable con el medio ambiente, cuenta con costos más bajos que los combustibles líquidos, lo cual ha generado un ahorro de más de 2.500 millones de dólares para los colombianos.

¿Dónde terminará el impuesto al carbono?

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Es crucial que el gobierno aclare su postura y establezca un marco regulatorio predecible para los mercados de carbono, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para que se fortalezcan y dinamicen al futuro.

Por: JUAN ESPINAL*

En medio del creciente clamor global por soluciones efectivas contra el cambio climático, el mercado de carbono en Colombia se encuentra en una encrucijada crítica.

La falta de claridad en la postura del gobierno sobre el rol del Estado en este sector está generando una profunda incertidumbre entre los actores del mercado, desde las comunidades locales hasta las grandes empresas.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al adoptar un enfoque estatista en sus intervenciones, ha sumado confusión a un panorama ya incierto, afectando la capacidad de planificación y toma de decisiones de quienes dependen de un entorno regulatorio estable, así como se enfría la potencialidad de recibir inversión extranjera, dinamizar el combate a la deforestación, y acelerar la transición energética y la descarbonización.

Este vacío de dirección ha impedido que los sectores involucrados se preparen adecuadamente para enfrentar los retos y oportunidades que presenta el mercado de carbono.

La ausencia de una estrategia clara no solo frena la inversión, sino que también obstaculiza el crecimiento en un sector crucial para la mitigación del cambio climático. En lugar de proporcionar un marco definido, el Gobierno ha dejado a las empresas y comunidades en una constante espera de directrices, exacerbando la incertidumbre y poniendo en riesgo el desarrollo de iniciativas esenciales para el país.

Además, el retraso en la expedición de regulaciones clave es un freno considerable para el mercado de carbono. A pesar de que el Ministerio de Ambiente tiene en su agenda la expedición de siete Decretos cruciales desde hace dos años, ninguno ha sido expedido hasta la fecha. Este retraso no solo desmotiva a los inversores, sino que también compromete la competitividad de Colombia en el mercado global de carbono.

Sin una regulación adecuada que impulse el desarrollo, el país no puede crear un mercado robusto que contribuya de manera efectiva a la reducción de emisiones y a la adaptación al cambio climático.

La Reforma Tributaria ha tenido un impacto adverso en el mercado. La limitación de la compensación de emisiones al 50% de la demanda de los combustibles fósiles líquidos, ha reducido el volumen de la demanda de créditos de carbono, afectando tanto los esfuerzos de mitigación como el cumplimiento de los objetivos internacionales.

Antes de esta limitación, el mercado compensaba aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2 anuales, pero esta cifra se ha reducido a la mitad, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el país y su credibilidad internacional.

Los cambios propuestos en la nueva Reforma Tributaria reflejan una redistribución significativa del recaudo del impuesto al carbono, con una disminución drástica del porcentaje destinado a actividades ambientales, que pasa del 80 % al 27 % en la distribución del recaudo del impuesto nacional al carbono. Esto sugiere un cambio en la prioridad del uso de estos fondos, con una mayor proporción destinada al Presupuesto General de la Nación (66 %), lo que podría diluir el impacto específico del impuesto en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Además, la reducción del porcentaje destinado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), de 20 % a 7 %, podría limitar la capacidad de este programa para cumplir sus objetivos en las zonas más vulnerables. Estos cambios podrían interpretarse como un alejamiento de un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental hacia uno más orientado al financiamiento general del Estado.

De otra parte, no se conoce con qué bases técnicas y análisis macroeconómicos se propone incrementar la tarifa del impuesto al carbono, ni tampoco se dice nada sobre los impactos que esta decisión traería como consecuencia de su aplicación, más allá de la retórica de que se busca reducir el consumo de los combustibles fósiles, lejos de contar con medidas ciertas y efectivas que permitan lograrlo.

Es crucial que el gobierno aclare su postura y establezca un marco regulatorio predecible para los mercados de carbono, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para que se fortalezcan y dinamicen al futuro.

La falta de una estrategia definida y los retrasos en la regulación están afectando negativamente la capacidad de Colombia para cumplir con sus compromisos internacionales y para liderar en la lucha contra el cambio climático.

Solo con una dirección clara y una regulación efectiva se podrá garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del país y un desarrollo sostenible.

*Representante de la Cámara.

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