A los líos de las altas tarifas de la energía eléctrica, el alza inmoderada de las mismas y la incapacidad del gobierno para dar respuesta al clamor de los usuarios para contenerla, se suman el estrés al que está sometido el Sistema eléctrico del país debido al atraso y al abandono de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, y el amago de un eventual racionamiento y/o limitación de suministro por un inminente apagón financiero de las empresas prestadoras del servicio.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Ya había alertado el año pasado la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y de administrar el mercado mayorista, del riesgo de un efecto dominó debido a la insolvencia a la que estaban abocadas las empresas comercializadoras debido al efecto combinado de la deuda contraída por los usuarios por cuenta de la opción tarifaria, que ya bordeaba los $5 billones, y los atrasos del Gobierno nacional en girarle el valor de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Si bien parte de la deuda por concepto de la opción tarifaria está en vía de solución, la que corresponde a los estratos 1, 2 y 3, cuyo monto está alrededor de $2,8 billones, al tomar la decisión el presidente Gustavo Petro de asumirla la Nación, la cual está dependiendo ahora de su aprobación por parte del Congreso de la República. Mientras tanto y con el fin de trasladarle de manera inmediata ese beneficio a los usuarios, la CREG expidió para comentarios la Resolución 701 063 del 29 de agosto, al tiempo que amplió el cupo para un crédito puente en FINDETER a las empresas con el fin de que estas no se ven abocadas a dificultades de flujo de caja.
Pero ahora, una vez más, las empresas prestadoras del servicio de energía y el gremio que las representa, ASOCODIS, han puesto el grito en el cielo por el flagrante incumplimiento con el reintegro del valor de los subsidios que las empresas vienen aplicando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ello está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las mismas.
Históricamente, siempre se ha presentado un rezago en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. En promedio, el monto de los subsidios anualmente es del orden de los $6,8 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a la contribución del 20% que se aplica a la factura de los estratos 5 y 6. Es decir, se trata de una suma de $600.000 millones mensuales, de los cuales debe girar la Nación $340.000 millones.
Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un estrés financiero, ya que al corte de agosto están pendientes del pago por parte del Gobierno Nacional $1,3 billones por subsidios ya otorgados por ellas.
Según el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS). José Camilo Manzur, “adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estaría deficitarios en subsidios por $2 billones”.
ASOCODIS dejó claro que “las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e inclusono tendrán cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía”, lo que podría llevar a un riesgo sistémico.
Ello podría repercutir próximamente en una limitación de suministro por parte de las empresas generadoras.
Aunque está vigente la Resolución 40359 del 30 de agosto, que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto prorrogar la duración de la aplicación de la Resolución 40307 de 2024, que tiene efectos suspensivos del procedimiento de limitación de suministro, sólo rige hasta el 30 de septiembre o hasta “cuando la CREG expida la regulación que permita prevenir los efectos” de su aplicación.
Según ASOCODIS, en las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio. Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”.
Tal situación llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.
Y advierte, además, que “esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”. Tanto más en cuanto que “la sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos”.
Así mismo, se advirtió que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Y fue más lejos el Contralor cuando aseveró en su comunicado, que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía.
El riesgo, entonces, es inminente, ello se colige del pronunciamiento del Contralor General.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
