Autor: Martín Rosas

No tomar medidas para afrontar la escasez de los recursos energéticos nos llevará a una colisión de derechos que, posiblemente, fragmentará el bien común al tener que decidir quién tiene mejor derecho sobre otro a recibir los servicios esenciales.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Con posterioridad al anuncio que realizó Ecopetrol sobre la escasez de gas que tendrá Colombia en 2025 y 2026, las noticias de las últimas semanas en los sectores eléctrico y gasista no son alentadores, y han aumentado la incertidumbre y la sensación de escasez inminente.

El 11 de septiembre, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta concedió el amparo al derecho a la consulta previa de la comunidad Indígena Taganga y al derecho a la propiedad intelectual, cultural y medio ambiente por el uso de los nombres “Tayrona” y “Uchuva” para denominar el bloque y el pozo de exploración.

El juez ordenó la suspensión inmediata otorgando dos meses para iniciar las acciones que sean necesarias para suspender de manera segura las actividades en el pozo Uchuva 2. Esto hasta tanto no se realice la consulta previa y se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los efectos del proyecto sobre el cabildo indígena Taganga y su relación con el entorno marítimo.

Uchuva 2 es un pozo cuya exploración se adelanta para determinar la capacidad de producción de gas natural que tiene, la cual, se afirma, podría abastecer a Colombia hasta el 2040, y devolverle la autosuficiencia energética al país.

La decisión fue impugnada por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Petrobras y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aproximadamente, a inicios de noviembre se sabrá el resultado de la impugnación.

El 20 de septiembre, debido a la escasez de agua a la que se enfrenta el país se presentó una “condición de probable escasez” en el mercado de energía, por lo que Ecopetrol se vio en la obligación de cumplir con los contratos de opción de compra de gas.

Estos contratos, tienen el propósito de asegurar la entrega de gas natural en tales eventos de escasez, para garantizar principalmente la generación de energía eléctrica.

En ese sentido, el suministro de los contratos cuya firmeza está condicionada se suspendió temporalmente, afectando a varios distribuidores de gas natural vehicular.

En agosto pasado, por solicitud que hiciera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA suspendió el trámite de la licencia ambiental para la perforación de Komodo – 1, el pozo costa afuera más profundo del mundo y que promete una capacidad de producción de gas relevante.

La Ministerio argumentó que, debido a que en el mundo ni en Colombia se han realizado perforaciones de tal profundidad, el permiso ambiental debe contar con un concepto técnico para evaluar los impactos ambientales del proyecto.

El trámite podrá tomar meses y afectará el cronograma de perforación de un pozo crucial para Colombia, en momentos en que el país no incorpora suficientes reservas.

La escasez de agua y su afectación al sector eléctrico ha vuelto a ser noticia. El aumento de las lluvias y la recuperación de los embalses no se ha dado como se esperaba. Esto, sumado a la falta de entrada en operación de nueva capacidad de generación, ha puesto en apuros el sistema eléctrico.

Las sequías que algunas ciudades enfrentan han vuelto a prender las alarmas no solo para el suministro eléctrico, sino para el de agua potable.

Seguimos sin CREG. Los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad son inherentes al ser humano, son indispensables para mejorar su calidad de vida, garantizar su dignidad, superar la desigualdad y, al ser esenciales, son un derecho de todos.

Es por eso que son inherentes a la finalidad del Estado, y este, sin importar el gobierno de turno, está obligado a garantizarlos a favor de todos los ciudadanos, sin excepción alguna.

Las discusiones caprichosas a las que se enfrenta el país en relación con la transición energética y con el sombrero de la descarbonización, han puesto al país en peligro de escasez.

Esta escasez no solo nos llevará a un alza de precios sin precedentes, sino que llegaremos a un punto de no retorno en el que nos veremos obligados a poner en la balanza un sin número de derechos que tendrán que ponderarse.

Nos obligará a elegir quién tiene un mejor derecho sobre otro a recibir los servicios públicos esenciales, afectando la confiabilidad y seguridad en su suministro y, sin duda alguna, la economía nacional.

*Abogada especializada en el sector energético. Actualmente, desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático.

Es crucial que el gobierno aclare su postura y establezca un marco regulatorio predecible para los mercados de carbono, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para que se fortalezcan y dinamicen al futuro.

Por: JUAN ESPINAL*

En medio del creciente clamor global por soluciones efectivas contra el cambio climático, el mercado de carbono en Colombia se encuentra en una encrucijada crítica.

La falta de claridad en la postura del gobierno sobre el rol del Estado en este sector está generando una profunda incertidumbre entre los actores del mercado, desde las comunidades locales hasta las grandes empresas.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al adoptar un enfoque estatista en sus intervenciones, ha sumado confusión a un panorama ya incierto, afectando la capacidad de planificación y toma de decisiones de quienes dependen de un entorno regulatorio estable, así como se enfría la potencialidad de recibir inversión extranjera, dinamizar el combate a la deforestación, y acelerar la transición energética y la descarbonización.

Este vacío de dirección ha impedido que los sectores involucrados se preparen adecuadamente para enfrentar los retos y oportunidades que presenta el mercado de carbono.

La ausencia de una estrategia clara no solo frena la inversión, sino que también obstaculiza el crecimiento en un sector crucial para la mitigación del cambio climático. En lugar de proporcionar un marco definido, el Gobierno ha dejado a las empresas y comunidades en una constante espera de directrices, exacerbando la incertidumbre y poniendo en riesgo el desarrollo de iniciativas esenciales para el país.

Además, el retraso en la expedición de regulaciones clave es un freno considerable para el mercado de carbono. A pesar de que el Ministerio de Ambiente tiene en su agenda la expedición de siete Decretos cruciales desde hace dos años, ninguno ha sido expedido hasta la fecha. Este retraso no solo desmotiva a los inversores, sino que también compromete la competitividad de Colombia en el mercado global de carbono.

Sin una regulación adecuada que impulse el desarrollo, el país no puede crear un mercado robusto que contribuya de manera efectiva a la reducción de emisiones y a la adaptación al cambio climático.

La Reforma Tributaria ha tenido un impacto adverso en el mercado. La limitación de la compensación de emisiones al 50% de la demanda de los combustibles fósiles líquidos, ha reducido el volumen de la demanda de créditos de carbono, afectando tanto los esfuerzos de mitigación como el cumplimiento de los objetivos internacionales.

Antes de esta limitación, el mercado compensaba aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2 anuales, pero esta cifra se ha reducido a la mitad, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el país y su credibilidad internacional.

Los cambios propuestos en la nueva Reforma Tributaria reflejan una redistribución significativa del recaudo del impuesto al carbono, con una disminución drástica del porcentaje destinado a actividades ambientales, que pasa del 80 % al 27 % en la distribución del recaudo del impuesto nacional al carbono. Esto sugiere un cambio en la prioridad del uso de estos fondos, con una mayor proporción destinada al Presupuesto General de la Nación (66 %), lo que podría diluir el impacto específico del impuesto en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Además, la reducción del porcentaje destinado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), de 20 % a 7 %, podría limitar la capacidad de este programa para cumplir sus objetivos en las zonas más vulnerables. Estos cambios podrían interpretarse como un alejamiento de un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental hacia uno más orientado al financiamiento general del Estado.

De otra parte, no se conoce con qué bases técnicas y análisis macroeconómicos se propone incrementar la tarifa del impuesto al carbono, ni tampoco se dice nada sobre los impactos que esta decisión traería como consecuencia de su aplicación, más allá de la retórica de que se busca reducir el consumo de los combustibles fósiles, lejos de contar con medidas ciertas y efectivas que permitan lograrlo.

Es crucial que el gobierno aclare su postura y establezca un marco regulatorio predecible para los mercados de carbono, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para que se fortalezcan y dinamicen al futuro.

La falta de una estrategia definida y los retrasos en la regulación están afectando negativamente la capacidad de Colombia para cumplir con sus compromisos internacionales y para liderar en la lucha contra el cambio climático.

Solo con una dirección clara y una regulación efectiva se podrá garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del país y un desarrollo sostenible.

*Representante de la Cámara.

El pago de la deuda de la Opción Tarifaria nunca debió recaer sobre los usuarios del servicio de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Opción Tarifaria nunca se ha debido cobrar a los usuarios del servicio de energía y paso a explicar por qué. Si bien su aplicación era una posibilidad para sortear la dificultad por parte de ellos de asumir las alzas en las tarifas en momentos en que la pandemia de la COVID – 19 los agobiaba, ellos han debido recibir el mismo trato que se les dio por las mismas circunstancias a las empresas y a los empresarios. El Gobierno Duque aplicó un doble rasero, favoreciendo a estos y clavando, inexplicablemente, con la clavija de la Opción Tarifaria a aquellos.

Veamos. El 6 de febrero de 2020 se expidió la Resolución CREG 012, mediante la cual se dispuso que la Opción Tarifaria, que no era cosa distinta que se suspendía transitoriamente el cobro de las alzas tarifarias y por lo tanto se aplazaba su pago por parte de los usuarios. Estos deberían pagarla posteriormente en “módicas cuotas” hasta saldar la deuda, sobre la cual además deberían pagar todos los usuarios del servicio que recibieron este “beneficio”, que a la postre no lo fue. Esta deuda fue in crescendo hasta superar los $5 billones. 

A lo usuarios nunca se les explicó este mecanismo y asumieron que se habían congelado las tarifas de energía, no sabiendo que se les estaba suspendiendo y no condonando el pago. Y así les quedó allí esa deuda no declarada con las empresas prestadoras del servicio. Y como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, cuando estas empezaron a cobrarla en las facturas vino el crujir de dientes.

En contraste, el presidente Iván Duque, mediante el Decreto 417 de 2020, ordenó girarle a las empresas la suma de $10.38 billones, dos veces el monto de la deuda por la Opción Tarifaria, como “apoyo del pago de la nómina” y el “pago de la prima de servicios”.

Esa medida tuvo un objetivo loable y justificado, como fue “la protección del empleo y a la actividad económica”. No hay que negarlo. Pero a nadie en el Gobierno se le ocurrió que las empresas, una vez superada la crisis que dio lugar a esta ayuda por parte del Estado, les reintegraran dichos recursos.

Por qué, en cambio, no se le dio el mismo tratamiento a los usuarios del servicio de energía. El pago de la deuda de la Opción Tarifaria nunca debió recaer sobre los usuarios del servicio, los recursos para su pago a las empresas comercializadoras han debido salir de donde salieron los que el Estado les transfirió a las empresas, del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). No hay derecho.

Este giro se hizo “con cargo a los recursos del FOME”, que son recursos públicos, creado mediante el Decreto Legislativo 444 de 2020 y cuya principal fuente de financiación ($14,8 billones) fue el Sistema General de Regalías (SGR).

Aquí hago una digresión para llamar la atención de los gobernadores y alcaldes, porque en el artículo 332 de la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026”, se dejó en claro que “los derechos y obligaciones a cargo del FOME que sean exigibles a la fecha de su liquidación serán asumidas por la Nación”. De manera que allí están los “derechos y obligaciones a cargo del FOME… asumidas por la Nación”, que son exigibles por parte de ellos, a quienes bastante falta le hacen estos recursos para su inversión.

Ahora que se anunció por parte del gestor interventor de AIR – E la suspensión del cobro de la deuda por concepto de la Opción Tarifaria, en momentos en los que los usuarios han pagado las dos terceras partes de la misma, bueno es aclarar que, al igual que sucedió en 2020 con esa medida, no se está exonerando al usuario del pago de la Opción Tarifaria ni se la están condonando. Esa deuda es como si fuera un nudo corredizo, que le sigue apretando el cuello al usuario, que la tendrá que pagar más temprano que tarde, porque, como dice el adagio popular, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

Es de anotar que a los $265 menos por KWh en la factura de octubre a diciembre, por cuenta de la suspensión del cobro de la Opción tarifaria, hay que añadir los $105 menos por KWh que, desde abril se redujo en el cargo por pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria, dejando de cobrar las pérdidas no técnicas, por una disposición regulatoria que aplica ante el incumplimiento de las inversiones a las que estaba obligada la empresa Air – e. Ello no lo ha notado el usuario porque al tiempo que se le redujo a la mitad el cargo por pérdidas reconocidas se hacía sentir la carga de la Opción Tarifaria.

Ahora que el presidente Petro acaba de anunciar que terminará la “cláusula que traslada pérdidas por falta de pago a usuarios que sí pagan”, esa determinación sólo cobijaría a los 1,7 millones de usuarios de AFINIA, porque como ya quedó dicho se dejó de aplicar a los de AIR – E.

De todos modos, les toca esperar porque, como viene sucediendo con el compromiso contraído desde mayo por parte del presidente Petro de asumir la deuda por concepto de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, ello todavía está en veremos. Dicho de otra manera, del dicho al hecho hay mucho trecho

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.