Colombia: TPLGas inició importación de gas natural licuado

TPL Gas, compañía filial de TPL Energía, que entró en operación en este tercer trimestre de 2024, recibió el pasado 29 de noviembre la primera carga de GNL, con la cual soporta el inicio del suministro de Gas Natural Importado (GNI), constituyéndose como la primera comercializadora de este combustible en el país.

En medio de las alertas de desabastecimiento de gas natural en el país para los próximos años, surge TPLGas, una filial del grupo TPL Energía, con el propósito de ofrecer soluciones a la demanda de gas natural en el país.

Así es como el pasado 29 de noviembre TPLGas recibió en la terminal de SPEC en Cartagena la primera carga de GNL, para soportar desde el primero de diciembre el suministro de Gas Natural Importado (GNI) a 8 empresas del país, convirtiéndose en un nuevo aliado del Sistema Energético Nacional.

TPLGas es la primera comercializadora de GNI en Colombia. Conforme a la regulación vigente, TPLGas está autorizada y en capacidad de comercializar gas natural importado en el mercado primario y gas natural nacional en el mercado secundario.

TPLGas pone a disposición del mercado 40.000 MBTUD en firme, contribuyendo a solventar la oferta de gas natural que necesita el país, considerando que de acuerdo con el Gestor del Mercado se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en 2025 y, en 2026, éste llegaría a un 20,6%.

“La creación de TPLGas representa un hito en el compromiso de TPL Energía por transformar la matriz energética de Colombia. El objetivo de TPLGas es ser un actor clave en el desarrollo del sector gasífero y contribuir tanto al bienestar de las comunidades como al progreso económico del país”, aseguró Luis Miguel Fernández, CEO de TPL Energía.

TPLGas también podrá comercializar los excedentes coyunturales que tengan Termocandelaria y TEBSA (también compañías del grupo TPL Energía), dependiendo de las condiciones de hidrología del país y después de atender los requerimientos de generación que estas térmicas reciben del Centro Nacional de Despacho de XM.

El inicio de operaciones de TPLGas en un momento en que el país tiene una alerta de desabastecimiento de gas natural en los próximos años, es posible gracias a la contratación que tiene el grupo TPL Energía con la terminal de regasificación de Cartagena, que aporta el respaldo físico que se requiere para la actividad de comercialización de gas natural importado.

“Sin duda, la creación de TPLGas marca el comienzo de una nueva era para el sector energético de Colombia, reforzando la importancia del gas natural como un combustible clave en la transición energética del país y nos permite evidenciar el compromiso de nuestro grupo empresarial TPL Energía de ser soporte energético firme para el país”, explicó Fernández

Ecopetrol construirá la planta de hidrógeno más grande de América Latina

En la Refinería de Cartagena se instalará un electrolizador de 5 megavatios, con capacidad para producir 800 toneladas de hidrógeno verde al año. El proyecto tendrá una inversión estimada de US$28,5 millones.

Con una inversión cercana a US$28,5 millones, Ecopetrol construirá en la Refinería de Cartagena la planta de hidrógeno verde más grande América Latina, que tendrá una potencia de 5 megavatios para producir 800 toneladas del energético cada año.

El proyecto producirá hidrógeno verde con una pureza de 99,97%, mediante un convenio de Ciencia y Tecnología suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Refinería de Cartagena S.A.S. Se estima que la planta entrará en operación durante el primer semestre de 2026.

El complejo operará con energía renovable proveniente de la Granja Solar de la Refinería de Cartagena, que tiene una capacidad de 22 megavatios.

El hidrógeno verde generado se integrará a la capacidad actual de la refinería para hidrotratar los combustibles, lo que reducirá hasta 7.700 toneladas de CO2 equivalente por año, similar a las emisiones que generan 1.650 vehículos al año.

De esta manera, la instalación se convertirá en la más grande de Latinoamérica en 2026, según el ranking mundial de proyectos de hidrógeno de la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Además, consolida a la empresa como líder en el desarrollo del energético en Colombia, por contar con la mayor capacidad instalada de electrolizadores, gracias a tres pilotos de electrólisis que implementa desde 2022.

Esta planta, cuya capacidad instalada será 100 veces superior a la que tiene en operación actualmente el Grupo Ecopetrol, incorporará conocimiento técnico, financiero, comercial y de negocio del Plan Estratégico de Hidrógeno.

La línea de negocio de hidrógeno de bajas emisiones tiene una expectativa de generar entre US$400 y US$485 millones de EBITDA promedio/año al 2040 en el Grupo Ecopetrol. En Colombia, se estima que la demanda de hidrógeno podría alcanzar 1,3 millones de toneladas al año para el 2040, impulsada principalmente por las aplicaciones de movilidad y uso industrial.

“Esta es una gran noticia para el país: Ecopetrol entró a la era moderna en producción de combustibles limpios. Producir 800 toneladas de hidrógeno verde a un costo competitivo con la tecnología de punta de nuestra refinería es posible gracias a que ya habíamos anunciado la puesta en funcionamiento de nuestra granja solar en Cartagena”, aseguró Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

Canacol: Balance positivo de campaña exploratoria 2024

Canacol continúa sumando descubrimientos de gas natural en Colombia, para contribuir al desbalance entre oferta y demanda, reducir la dependencia de las importaciones y apoyar la seguridad energética nacional.

Según la empresa, las operaciones de Canacol se han centrado en mantener producción en el Valle Inferior del Magdalena, con perforaciones cercanas a infraestructura existente para maximizar la eficiencia operativa.

Canacol incrementó actividades en 2024 sin requerir capital adicional (USD $138 MM), gracias a iniciativas de perforación y eficiencia en costos, pasando de un presupuesto inicial de entre 8-9 pozos a 11 pozos en el año.

De los 11 pozos programados para 2024, se han perforado 8: cuatro exploratorios con tres exitosos; y cuatro de desarrollo (todos exitosos), destacando la efectividad del programa para cumplir con los objetivos.

Kite-1 es el descubrimiento más reciente. Ubicado entre los campos Palmer y Pomelo, encontró una columna de gas de 102 pies TVD. Actualmente produce 10.5 MMscfpd, aportando significativamente al mantenimiento y aumento de la capacidad operativa de Canacol.

Desde 2022, Canacol invirtió $70 millones en 711 km² de sísmica 3D para respaldar su programa de exploración. Esta inversión ha permitido identificar prospectos clave como Natilla-2 y fortalecer su portafolio exploratorio.

Natilla-2, perforado con datos de sísmica 3D reciente, es el prospecto más grande de la campaña. Su éxito podría significar una adición sustancial de reservas y el desarrollo de una nueva área productora de gas para la Corporación.

También está perforando el pozo de exploración Pibe 1, que comenzó perforación el 23 de noviembre de 2024, y está ubicado aproximadamente 4 kilómetros al norte del reciente descubrimiento Chontaduro-1 en el contrato VIM-21 E&P. El pozo está apuntándole a posibles areniscas contenedoras de gas dentro del reservorio CDO y avanza hacia una profundidad total programada de aproximadamente 11,000 ft MD.

Actualmente, Canacol moviliza un taladro para comenzar la perforación del pozo de desarrollo Clarinete-11, dirigido a areniscas contenedoras de gas del reservorio CDO, ubicado en el contrato VIM 5 E&P. La Corporación anticipa comenzar la perforación en la segunda semana de diciembre, con resultados esperados antes de fin de año.

Gobierno pone tope diferencial a precios de energía en Bolsa

A través de la Resolución CREG 101 066 de 2024 y con la modificación de los precios de escasez del Cargo por Confiabilidad, el gobierno nacional fijó un tope tarifario a los precios de la electricidad que se negocian en la bolsa del mercado de energía colombiano.

Hasta ahora la bolsa de energía funcionaba con un único precio de escasez (precio tope de venta) para todas las plantas generadoras de energía en el país.

La nueva medida consiste en diferenciar las plantas por tipo de generación de cara a la definición del precio. Estas son:

  • Grupo de plantas con precios altos. Plantas que operan con gas, gas importado o combustibles líquidos (ACPM, Fuel Oil, etc.) y que tienen un costo de operación alto. La mayoría requieren del uso de combustibles importados (cuyo precio lo fijan variables exógenas al mercado colombiano) y son requeridas para abastecer la demanda en periodos de sequía o por restricciones de la red.
  • Grupo de plantas con precios bajos. Plantas que operan con recursos renovables (agua, sol, viento) o carbón como recurso principal. Este grupo de plantas son aquellas cuyo costo de operación es el más económico y la mayoría del tiempo son usadas para abastecer a la demanda.

Con esta propuesta, los usuarios tendrán dos precios diferenciados:

  1. Un precio tope mucho más bajo que estará asociado a las plantas que generan energía a través de carbón y fuentes renovables y,
  2. ii) el precio de escasez tradicional que solo aplicará para las tecnologías más costosas y cuyos precios están asociados a precios internacionales.

De acuerdo con el gobierno, con esta diferenciación se permitirá mantener un precio eficiente en la energía que se produce a costos bajos y competitivos.

“Mientras al finalizar octubre el precio de escasez rondaba los $945 kWh, con esta nueva medida tendremos un nuevo precio de escasez para las plantas de precios bajos de $359 kWh”, señala el Ministerio de Minas y Energía.

El nuevo tope a los precios de generación es un gran avance en el mercado eléctrico colombiano. Los precios en bolsa, donde se compra alrededor del 20% de la energía del país, eran altamente ineficientes ya que estaban determinados por las plantas menos competitivas, haciendo que la energía hídrica y solar se pagara a precios hasta 10 veces más altos de su costo real de producción.

“Esta medida tendrá efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos. Hoy el mercado de la energía es más justo con los usuarios, quienes llevan años exigiendo este tipo de acciones”, señaló el ministro de Energía, Andrés Camacho.

Cae banda que robaba gas natural en Bogotá y Cundinamarca

Desmantelan banda “Los Pájaros”, se capturaron 5 personas, quienes aceptaron cargos de: Concierto para Delinquir, Acceso Abusivo a Sistema Informático, Falsedad en Documento Privado, Defraudación de Fluidos.

En una labor coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Policía Nacional se dio un duro golpe a las bandas que roban gas natural, dando como resultado la captura de 5 sujetos que integraban la banda denominada “Los Pájaros” y la detección de más de 12 predios en la vereda Panamá del municipio de Soacha y 15 operativos más en Cundinamarca, Boyacá y Santander.

La banda Los Pájaros operaba en los municipios de Sibaté, Soacha y Bogotá (Engativá, San Cristóbal Sur, Usme, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usaquén, Teusaquillo, Santa Fe, Kennedy, Ciudad Bolívar, Fontibón, Bosa y Barrios Unidos), en donde cometían delitos relacionados con el fraude de gas natural.

El trabajo de investigación fue realizado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, gracias a ello se capturaron 5 personas, quienes aceptaron los cargos de: Concierto para Delinquir, Acceso Abusivo a Sistema Informático, Falsedad en Documento Privado y Defraudación de Fluidos, por estos delitos se les impuso medida de aseguramiento.

Asimismo, dentro de la operación realizada por la Policía Judicial y el CTI y gracias a las denuncias reportadas por la ciudadanía e informantes, se emitieron órdenes de inspección en 12 predios, por los delitos de Defraudación de fluidos y Apoderamiento de Hidrocarburos, dando como resultado la diligencia en 5 bodegas y una fábrica de papas, donde había una conexión ilegal a la red de distribución de gas natural, a través de la cual robaban el combustible.

De acuerdo con las investigaciones, los fraudes de gas natural son realizados por organizaciones criminales quienes ofrecen prácticas ilegales a industrias, comercios y residencias,  exponiendo a cerca de 500 familias a un peligro inminente ya que estas bandas manipulan e intervienen las redes e instalaciones de gas natural de forma irregular y sin cumplir con protocolos mínimos de seguridad.

Dentro del material incautado se encontraron listas con el nombre de los clientes que pagaron por alterar los medidores, realizar conexiones fraudulentas y otras prácticas ilegales. Vanti presentará las denuncias correspondientes contra dichos comerciantes, quienes también podrán acercarse para tratar de llegar a acuerdos y normalizar su situación.

Las penas máximas de prisión a las que se pueden ver sometidos los usuarios que acceden a dichas prácticas y los capturados van desde los 6 hasta los 12 años de cárcel.  También se expondrán a procesos de extinción de dominio respecto de los bienes en los que se está cometiendo el fraude, así como a los adquiridos a través de dichas prácticas ilegales.

Estos delitos se han identificado especialmente en negocios de tintorería, fábricas de vidrio, hoteles, pizzerías, fábricas de tamales, fábricas de lechona, asaderos, fábricas de látex, fábricas de detergentes, restaurantes, lavanderías, panaderías y moteles, entre otros, establecimientos que están siendo investigados y que podrían tener como consecuencia investigaciones penales para los propietarios y/o administradores.

Finalmente, Vanti hizo un llamado para que las personas que tengan información sobre este tipo de delitos denuncien ante la Fiscalía, la Policía y Vanti de manera anónima, a través de la línea 6013078121, opción 6; o a través de Tú línea Ética Vanti en el teléfono 01800-5189587, en el correo electrónico tulineaeticavanti@canalconfidencial.com, o en la página web www.tulineaeticavanti.com.

Ecopetrol presentó su plan de inversiones para 2025

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó el presupuesto anual de inversiones del Grupo para 2025 por un monto entre 24 y 28 billones de pesos.

De acuerdo con la empresa, el nuevo presupuesto se diseñó bajo criterios de disciplina de capital y tendrá implicaciones que se destacan a continuación:

  • Se destinarán alrededor de 20,3 billones de pesos en 2025, que corresponde al 76% del presupuesto anual, para una producción entre 740 mil y 745 mil barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 415 mil y 420 mil barriles por día y transporte entre 1.130 y 1.170 mil barriles por día.
  • A un precio Brent estimado de US$ 73/Bl para 2025, el plan financiero del año genera retornos competitivos con un margen EBITDA aproximado de 39%, transferencias a la Nación por alrededor de 35 billones de pesos y un compromiso de generar mayores eficiencias para lograr una mejora en indicadores como el costo de levantamiento, costo total de refinación y costo por barril transportado que permiten mantener el ROACE en niveles competitivos.
  • Alrededor de 6,5 billones de pesos (24% del presupuesto anual) estará dirigido a los negocios de Energías para la Transición y Transmisión de Energía y Vías y otras inversiones corporativas.
  • Cerca de 2,3 billones de pesos en 2025 se destinarán a proyectos y actividades de SosTECnibilidad®, principalmente en las áreas de cambio climático, territorio sostenible, innovación, ciencia y tecnología, biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Entre las actividades que se desprenden de la aprobación del presupuesto anual de inversiones desagregadas por líneas de negocio, se destacan:

Línea de Hidrocarburos

Para 2025 las inversiones en el segmento de exploración y producción ascienden a 17,2 billones de pesos (cercano al 52% del presupuesto anual para inversiones asociadas a crudo y alrededor del 12% para inversiones asociadas a gas), y permitirán llegar a niveles de producción orgánica en 2025 entre 740 mil y 745 mil barriles de petróleo equivalentes por día (78% crudo, 17% gas y 5% productos blancos).

En 2025 se estima perforar entre 455 y 465 pozos de desarrollo, de los cuales el 79% se ejecutarían en Colombia y el 21% restante en Estados Unidos. En cuanto a exploración, se estima perforar 10 pozos, principalmente en la zona de Llanos y Costa Afuera del Caribe colombiano.

Las inversiones en gas se estiman entre 3,1 y 3,3 billones de pesos en 2025, principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera, para aportar una producción de alrededor de 123 mil barriles de petróleo equivalente por día (lo cual representa cerca de 700 millones de pies cúbicos de gas natural diarios), de los cuales el 85% es oferta de gas para el país.

Las inversiones en el segmento de transporte son cerca de 1,5 billones de pesos, que corresponden al 5% del total del presupuesto para 2025, principalmente en proyectos de integridad y confiabilidad de la infraestructura desarrollados por Cenit, Ocensa, ODC y ODL.

Los volúmenes transportados se ubicarán entre 1,130 y 1,170 mil barriles por día, en línea con las expectativas de producción del país y la demanda de productos refinados.

Las inversiones en el segmento de refinación son cerca de 1,6 billones de pesos que corresponden al 6% del total estimado para 2025 y están enfocadas en el aseguramiento de la confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad de la operación de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La carga conjunta esperada de las refinerías estará entre 415 mil y 420 mil barriles por día.

Línea de Transmisión y Vías

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), filial de Ecopetrol S.A., invertirá entre de 5,7 y 6,5 billones de pesos en 2025 (equivalentes a ~21% del presupuesto anual del Grupo Ecopetrol) de los cuales alrededor del 90% estarán destinados al negocio de transmisión eléctrica. Se prevé incrementar la red de energía eléctrica para lograr cerca de 50.400 kms en operación al 2025.

Finalmente, el plan financiero y de inversiones de 2025 supone el recaudo de la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), correspondiente a 2024.

Considerando lo anterior, la financiación del Plan para Ecopetrol se realizará con recursos operativos y proyecta transferencias a la Nación (incluyendo dividendos, pagos a la ANH e impuestos) de alrededor de 35 billones de pesos.

Barajar y volver a repartir

El impacto de la reforma del Sistema General de Participaciones debe ser neutral, y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

La Ley que se expidió no lo hizo. Resultó un remedo de LOOT, dando pábulo a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin asignarle los recursos para que las pudieran asumir, contrariando lo dispuesto en el artículo 356 de la misma.

Ese Estado centralista denominado por el Nobel de economía y conocedor de la pungente realidad de Colombia, James Robinson, como el “Leviatán de Papel”, es el mismo que según él se caracteriza por “la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones”. Y ello, pese a concentrar y de qué manera los ingresos públicos.

Bueno es advertir que, como lo sostiene el jurista Ricardo Zuluaga, “de las 25 funciones básicas del Estado, las fundamentales le corresponden en exclusiva al Gobierno central y otras 10 las ejerce de forma compartida con las entidades territoriales; mientras que las entidades territoriales no tienen ninguna que sea suya de manera exclusiva, y en las 10 sobre las que puede tener alguna incidencia, lo hacen de forma compartida con la Nación. Todo lo cual se traduce en que no hay un solo aspecto de la vida estatal que no sea intervenible por el Gobierno central”.

Llama la atención el hecho de que no obstante concentrar los ingresos mientras desconcentra funciones y competencias, muchas de las cuales han pasado a las entidades regionales, la Nación ha seguido acusando, como lastre inveterado, un déficit crónico de sus finanzas, el cual entre 2021 y 2024 registró un promedio de -5.5%, y ello a pesar de la vigencia de la Ley 1473 de 2011 de la Regla Fiscal y de disponer periódicamente del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Aún, durante el más largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo), no se pudo corregir dicho déficit, como sí lo lograron otros países de la región.

Han sido más juiciosos los departamentos y municipios, sometidos como lo han estado a la Ley 617 de 2000, los cuales no obstante la precariedad de sus recursos, han venido registrando un superávit fiscal. 

De manera que si Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana no ha sido propiamente por cuenta de las transferencias del Sistema General de Participaciones, sino por la glotonería del Gobierno central.

Por esta razón, y en respuesta al clamor y a la presión de parte de los 32 gobernadores, el Congreso de la República se animó a aprobar la Ley 2200 de 2022, la cual dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 5 que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley”. Transcurridos 33 meses no se le ha dado cumplimiento. 

Es en este contexto que emerge la iniciativa de enmendar la plana de las dos reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de los cuales fueron objeto en los años 2001 y 2007, en detrimento de los ingresos de los departamentos, distritos y municipios, mediante el proyecto de acto legislativo que está a un solo debate de ser aprobado por el Congreso de la República.

Con ello se busca su resarcimiento, pues, como bien dijo nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a las regiones sólo llega desde el Gobierno central el óxido del poder. Pues llegó la hora de sacudirse de toda esa herrumbre por parte de las regiones, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante centralismo. Y ello justamente es lo que se busca con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). 

Cuando comenzó su trámite, el mayor reparo al proyecto fue que al transferirle mayores recursos a las entidades territoriales sin garantizar que con estos asumieran nuevas y mayores competencias se llevaría de calle la Regla Fiscal, incumpliéndola, atentando contra la sostenibilidad fiscal y poniendo al borde de la debacle fiscal al Estado colombiano, lo cual constituiría un acto de soberana irresponsabilidad por parte del Congreso de la República.

Empero, en la ponencia aprobada en su séptimo de ocho debates, en respuesta a este reparo, se estableció claramente que el Acto legislativo que se apruebe solo entrará en vigor una vez que sea expedida la Ley de competencias, en la cual se deberá dar un nuevo reparto de las mismas, descargando al Gobierno central de la responsabilidad de aquellas funciones y competencias que asuman las entidades territoriales, concomitantemente con la reducción de su presupuesto.

Los detractores de esta iniciativa sólo suman las mayores transferencias en el minuendo, pero no restan en el sustraendo las competencias que la Nación dejará de asumir.  Se trata, entonces, de barajar para volver a repartir.

Se trata de un juego de suma cero fiscalmente, en el que los recursos que demandarán las mayores transferencias estarán atadas a mayores responsabilidades por parte de las entidades territoriales.

Hay que pasar de Bruño a Baldor para que la suma algebraica disipe los temores de un desbordamiento del gasto atribuible a la duplicidad en el ejercicio de las mismas funciones y competencias por parte de la Nación y las entidades territoriales. Dicho de otra manera, el impacto de esta reforma del SGP debe ser neutral y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

No se puede seguir insistiendo en que con este paso se estaría descuadernando las finanzas del Estado, al pasar el monto de las transferencias del SGP del 23,8% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) durante los próximos 12 años, contados a partir de 2027, cuando, como se sabe, sin la reforma in comento dichas transferencias subirán del 22,2% en 2024 hasta alcanzar el 31.3% de los ICN en 2026, para un incremento “inercial” de 9,1 puntos porcentuales en un lapso mucho menor, sin que nadie haya salido a desgarrarse las vestiduras por ello.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Programa GAStronomía gradúa 40 estudiantes en cocina tradicional colombiana

El programa GAStronomía para Avanzar, desarrollado por Vanti, con el apoyo de la Fundación Universitaria del Área Andina, benefició a 40 estudiantes, de los cuales 20 hicieron diplomado y 20 curso, estos últimos de provenientes del municipio de Mosquera, Cundinamarca, que les permitió graduarse en Cocina Tradicional Colombiana.

Vanti desarrolló la octava versión del programa GAStronomía para Avanzar en Bogotá, cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento de las competencias en gastronomía tradicional colombiana de las mujeres cabeza de hogar, incrementar sus oportunidades para su desarrollo profesional y fortalecer el uso seguro del gas natural en el sector gastronómico.

Angélica Moreno, coordinadora de los programas sociales de Vanti, afirmó que “por medio de estas iniciativas no solo acompañamos a las personas a asumir nuevos retos y alcanzar sus sueños, sino que otorgamos oportunidades a sus familias además de ampliar sus posibilidades de inclusión laboral”.

Este Programa lleva más de ochos años de ejecución y se ha desarrollado con el apoyo de centros educativos especializados en Gastronomía en Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, y Tunja, beneficiando 400 personas que en su mayoría son mujeres cabeza de hogar y las cuales aparte de adquirir los conocimientos los puedan compartir con su comunidad.

Estas capacitaciones se convierten en una ayuda para el futuro de estas personas y les brindará mejores oportunidades en su vida diaria y laboral, pues se fortalecerán sus competencias.

Crónica de un desabastecimiento anunciado

Aunque desde inicio de este siglo se advirtió de la declinación de los campos de gas que desde los años 80 permitieron la masificación del abastecimiento de gas natural en Colombia, el país enfrenta un desabastecimiento que todavía no encuentra salida.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

La evidencia de la declinación de los campos mayores como Ballena, Chuchupa, Cusiana y Cupiagua se conoce desde la primera década de este siglo.

A raíz de un posible desabastecimiento, la política pública del sector minero-energético en 2011 tendió, entre otros, hacia:

  • La intervención del mercado de gas, creando reglas de comercialización de gas y capacidad de transporte.
  • La liberación del precio del gas para aumentar la competencia.
  • Creación de un agente (el Gestor del Mercado) para contar con información de las transacciones de suministro y compra de capacidad de transporte que permitiera tomar decisiones a los participantes del mercado.
  • Promoción de las importaciones de gas.
  • Creación de la figura del plan indicativo de abastecimiento (PAGN).

Sobre las importaciones, en la época se consideró que el desabastecimiento de gas ocurriría en el corto plazo para un solo sector de la demanda: el térmico.

En 2011 se pronosticaba que el desabastecimiento ocurriría en 2015 y por ello la CREG emitió un cúmulo de resoluciones que viabilizaron la puesta en operación en 2016 de la única infraestructura de importación, almacenamiento y regasificación de gas que tiene el país en el Caribe. Infraestructura que es de utilización exclusiva para tres generadores térmicos, quienes garantizan el suministro eléctrico en épocas de escasez hídrica.

Sobre el PAGN, este tiene el propósito de orientar las decisiones de los participantes del mercado sobre las inversiones y los proyectos que son necesarios para garantizar el abastecimiento de gas y la confiabilidad del servicio.

En 2016 la UPME emitió un plan transitorio y solo hasta enero de 2020 emitió el estudio técnico del PAGN definitivo. Recomendó al MME los proyectos para los siguientes 5 a 10 años que garantizarían la confiabilidad y el abastecimiento del servicio de gas a través de ocho proyectos para ampliar el Sistema Nacional de Transporte (SNT), los llamados IPAT, y para el abastecimiento del gas natural incluyó la regasificadora del Pacífico. Estos fueron adoptados por resolución por el MME.

Los análisis que se realizaron en 2016 por la UPME indicaban que la infraestructura de importación del Pacífico resultaba necesaria porque:

  • Persistía la incertidumbre sobre la oferta y la demanda, por lo que era necesario anticipar decisiones sobre las inversiones en proyectos que garantizaran el abastecimiento.
  • Si bien para la época había gran expectativa en el off shore del Caribe o en el Valle Inferior del Magdalena, se creía que entre 2024 y 2028 se tendría disponibilidad de los recursos.
  • La variación negativa en la oferta de los 5 años anteriores era evidente debido al decaimiento de la actividad exploratoria en el país.
  • En consecuencia, desde 2024 el país podría enfrentar un desabastecimiento de la demanda no térmica, por lo que el costo de arrepentimiento sería mayor si no se construía la infraestructura de importación en el Pacífico.

Los análisis que se realizaron en 2020 por la UPME coincidieron con lo expuesto anteriormente, y concluyó:

  • La información sobre el potencial de producción de gas natural, incluyendo las capacidades de gas importado y las nuevas fuentes, aumentaría en el mediano plazo la oferta, lo que requeriría aumentar la capacidad en el SNT.
  • En consecuencia, el desabastecimiento ya no ocurriría en 2024, sino en 2026.

En 2023 la UPME emitió el último estudio técnico del PAGN en el que propone, además, tres terminales de regasificación: en La Guajira, Cartagena y el Pacífico.

¿Qué ocurrió?

  • La intervención del mercado en 2013 sigue sin generar los efectos esperados sobre aumento de la competencia del lado de la oferta y aportar suficiente información sobre reservas y transacciones del mercado, por lo que las reglas han tenido que adaptarse de tiempo en tiempo con innumerables modificaciones.
  • Desde 2023 la CREG ha emitido resoluciones con señales de corto plazo que tienden a adaptar un mercado regulado con base en la creencia del superávit de gas, para un mercado que ahora es deficitario y escaso.
  • Los IPAT no se hicieron en tiempo porque la CREG se demoró muchos años evaluando y autorizando las inversiones.
  • Pese a que la CREG emitió la regulación para viabilizar la infraestructura de importación del Pacífico y su integración al mercado de gas, el proceso de selección del inversionista en la UPME se declaró desierto debido a que no logró promover el interés de inversionistas.
  • El off shore no se espera para antes del 2030.
  • La política para aumentar el abastecimiento con oferta local a través de yacimientos convencionales ha sido inestable. Y los no convencionales, pese a que Colombia podría tener grandes reservas de gas en el Magdalena Medio, su exploración no se ha podido hacer por el freno a los proyectos por detractores y opositores a la técnica del fracking. Esto, a pesar de que el campo con mayor producción de petróleo de la estatal petrolera colombiana se desarrolla con dicha técnica en Estados Unidos.
  • Las autoridades competentes no están de acuerdo con el sector hidrocarburífero en que no hay gas.

Y así es como nos pasamos más de 15 años sabiendo que habría desabastecimiento, no hicimos nada en tiempo por aumentar la oferta local ni por viabilizar la infraestructura de importación, por lo que en vez de discutir los cambios estructurales que requiere el sector, hoy estamos emitiendo regulación para hacer frente a la urgencia del desabastecimiento.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Comunidades bloquean infraestructura energética

Ecopetrol advierte posibles restricciones de gas debido a toma de la planta de Gibraltar y Enel de indisponibilidad de dos plantas de generación.

Tomas y retomas se ha vuelto un tema consuetudinario en el sector minero energético de Colombia. Esta semana el turno fue, nuevamente, para la planta de gas de Gibraltar y tres centrales hidroeléctricas de Cundinamarca.  
Efectivamente, Ecopetrol informa que el 24 de noviembre miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC) se tomaron la planta de Gibraltar, ubicada en la zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

El hecho, obligó a parar las operaciones con lo que se restringe el despacho de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que abastecen a municipios de Santander, Norte de Santander y la refinería de Barrancabermeja.

“Ecopetrol rechaza la toma de la planta y hace un llamado a los manifestantes para que busquen el diálogo como principal mecanismo para la resolución pacífica de conflictos en los territorios. Asimismo, reitera su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, Enel Colombia informó que también el pasado 24 de noviembre, un grupo de personas del municipio de El Colegio llegó a las Centrales Hidroeléctricas Paraíso, Guaca y Darío Valencia para manifestar su inconformidad frente al presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos con la Compañía.

Sobre el cumplimiento de estos acuerdos, la empresa señaló que “como parte de su compromiso social y ambiental con el municipio, Enel Colombia ha cumplido con las iniciativas pactadas con la comunidad y las autoridades locales desde el 2021 y también con los acuerdos definidos en la reunión sostenida en septiembre 2024.

“Muestra de ello es que el pasado mes de octubre Enel Colombia realizó la apertura del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) denominado «Aporte convenio mejoramiento vías aledañas a centrales Paraíso y Guaca, Municipio El Colegio».

Dentro de ese, Enel depositó 3.000 millones de pesos, que están destinados exclusivamente al financiamiento de los trabajos de mejoramiento de las vías terciarias de la zona de influencia de las centrales de generación, en los tramos viales acordados en mesas de trabajo, adelantadas con la población local, y lideradas por el Ministerio de Minas y Energía.

Respecto a la emergencia que se presentó el pasado 20 de noviembre en El Colegio, debido al desbordamiento de la quebrada Belén, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron este día, y que, de forma extraordinaria, superaron los niveles promedio normales en la zona, Enel Colombia manifestó que tanto la infraestructura como las tuberías de carga de la Compañía, que solo transportan aguas del río Bogotá para la generación de energía, están estables y se encuentran en condiciones normales de operación.

Agregó que los equipos técnicos de la compañía realizan de manera permanente revisión exhaustiva de la infraestructura de cada una de las plantas de generación de la cadena del río Bogotá, para garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, Enel Colombia dijo que si el personal técnico no puede ingresar el 25 de noviembre a las plantas Paraíso y Guaca para realizar los mantenimientos preventivos programados, tendrá que declarar indisponibles dos unidades de generación, que aportan 200 Megavatios (MW) de los 600 MW de su capacidad instalada entregada al Sistema Interconectado Nacional.

“Enel Colombia respeta el derecho a la protesta social, pero rechaza enfáticamente el ejercicio de las vías de hecho y aquellos actos que pongan en peligro no sólo la prestación del servicio público esencial de energía, importante para todos los habitantes del país, sino también el derecho al trabajo y la libre locomoción de las personas”, afirmó la empresa.

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