Autor: Martín Rosas

Durante más de dos décadas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta de gas natural.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para actuar. La UPME proyectó que el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación.

La crisis del gas natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015, proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para atender la demanda, por lo que sería necesario contar con infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la planta de regasificación del Caribe.  

Esa proyección fue reiterada y refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural, que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado (GNL).  

Es más, el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038confirma que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se intensificarán hacia finales de la década.  

La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas.

En el sector energético, el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.

Durante la administración del presidente Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a recurrir nuevamente al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido un 30%, lo cual representa un retroceso de la Transición Energética, de la cual, el gas se considera por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) como el combustible puente de la misma.

Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.

Mientras la ministra Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y, como era obvio, si no había déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así ampliar la capacidad de importar gas.

Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.

De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar el fenómeno de El Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas. Se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía.

Todo esto se debe a la imprevisión y a la improvisación de las autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente, se están dando los pasos para contar con otras opciones mediante la instalación de nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin de 2026.

La improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.

La seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la economía.

La principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad suele ser la forma más costosa de gobernar.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ PORTILLO*

Hay una pregunta que me ha acompañado durante los últimos años: ¿Por qué un país que habla todos los días de energía, agua, minería, riesgos naturales, infraestructura y cambio climático casi nunca habla de geociencias?

Quizá porque seguimos viendo la geología como una disciplina especializada, cuando en realidad es una infraestructura pública. Invisible, quizás, pero tan esencial como una carretera, una red eléctrica o un puerto.

Esa fue la reflexión central que compartí en mi conferencia durante el Día ACGGP celebrado en Bogotá el pasado 29 de julio.

Colombia entra en un período decisivo. En los próximos años tendrá que garantizar seguridad energética mientras aumenta la demanda de gas y electricidad; asegurar agua para millones de personas en un contexto de variabilidad climática; aprovechar minerales estratégicos para una economía cada vez más electrificada; adaptarse a amenazas naturales crecientes; e incorporar inteligencia artificial y datos para gestionar mejor el territorio.

Cinco transformaciones distintas. Un mismo fundamento: Comprender el subsuelo.

La discusión nacional suele plantearse como una competencia entre sectores: energía o ambiente, minería o agua, desarrollo o conservación. Pero el subsuelo nos plantea algo diferente: todas esas decisiones ocurren sobre el mismo territorio y dependen, en mayor o menor medida, del mismo conocimiento.

Por eso la verdadera pregunta ya no es cuánto potencial tiene Colombia. La pregunta es cuánto de ese potencial somos capaces de convertir en bienestar.

El ejemplo del gas es ilustrativo. El país posee recursos contingentes que multiplican por 6 veces las reservas probadas. El desafío ya no consiste únicamente en descubrir nuevos recursos. Consiste en convertir el conocimiento existente en proyectos viables, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y comerciales. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica: el problema no siempre es la falta de proyectos, sino la dificultad para que entren oportunamente en operación. Ese patrón se repite en muchos otros ámbitos.

Disponemos de mapas geológicos que todavía no orientan suficientes decisiones de ordenamiento territorial. Formamos profesionales altamente calificados que no encuentran suficientes proyectos donde aplicar su conocimiento. Generamos información técnica que llega demasiado tarde, cuando el conflicto social ya comenzó.

No estamos frente a una escasez de conocimiento. Estamos frente a una brecha de conversión.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por eso, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía propusimos cinco líneas de acción:

1. Reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la Nación
2. Integrar la información geocientífica para que las entidades decidan sobre una misma base técnica
3. Construir líneas base públicas antes de que los proyectos lleguen al territorio
4. Fortalecer la capacidad geocientífica de los municipios mediante la iniciativa #UnGeólogoXMunicipio
5. Transformar los proyectos del país en oportunidades reales para una nueva generación de profesionales.

Estas propuestas parten de una convicción sencilla: las geociencias no son un fin en sí mismas. Son un instrumento para que Colombia tome mejores decisiones.

También implican un compromiso para quienes ejercemos esta profesión. Durante mucho tiempo hemos hablado en un lenguaje que comprendemos entre colegas, pero que pocas veces logra conectar con quienes toman decisiones o con la ciudadanía.

Si queremos que las geociencias ocupen el lugar que merecen, primero debemos demostrar cómo contribuyen a resolver los problemas cotidianos de las personas: el agua que llega a sus hogares, la estabilidad del territorio donde viven, la energía que consumen, la infraestructura que utilizan y la prevención de los riesgos que enfrentan.

Al final, la pregunta no es cómo hacer más visible la geología. La verdadera pregunta es cómo hacer que Colombia resuelva mejor sus grandes desafíos gracias al conocimiento geocientífico.

Cuando la geología ayuda a garantizar agua, reducir riesgos, fortalecer la seguridad energética, orientar el ordenamiento territorial o impulsar el desarrollo regional, deja de ser invisible. En ese momento, empieza a convertir reservas en decisiones, información en confianza y conocimiento en desarrollo.

Y comienza a convertirse en una de las infraestructuras estratégicas más importantes que tiene un país.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ACGGP.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

Hace unos días escribí un hilo en mi cuenta de X advirtiendo que, quien llegara a liderar la cartera de Minas y Energía, no asumiría simplemente la administración de un sector, tendría en sus manos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad energética de todo el país.

Hoy retomo ese mensaje con tranquilidad y esperanza porque la doctora María Nohemí Arboleda conoce el sector, entiende su complejidad y sabe que las decisiones que se tomen durante los próximos años serán determinantes para el futuro económico y energético de Colombia.

Estoy seguro de que la ministra designada enfrentará el reto de un eventual fenómeno de El Niño con determinación y rigor técnico, tomando las decisiones oportunas para reducir el riesgo de un racionamiento o, en el peor escenario, de un apagón.

Vale la pena dimensionar lo que significa esta responsabilidad. Este Ministerio no administra simplemente hidrocarburos, minas y electricidad; de sus decisiones depende buena parte de la vida cotidiana y productiva de cerca de 53 millones de colombianos.

He insistido en que este puede ser uno de los sectores capaces de impulsar un verdadero milagro económico para Colombia. El sector minero-energético tiene el potencial de fortalecer significativamente nuestras exportaciones, generar entre 20 y 25 billones de pesos anuales en regalías y aportar de manera decisiva al crecimiento del PIB.

Necesitamos más generación firme, más hidroeléctricas, más Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y una expansión real de las redes de transmisión.

Necesitamos también que los proyectos estratégicos no permanezcan durante años atrapados entre trámites interminables, consultas previas sin términos claros y licenciamientos ambientales que no responden a las necesidades del país.

Colombia requiere más infraestructura de la dimensión de Hidroituango, que una vez opere plenamente con sus ocho unidades, tendrá capacidad para aportar cerca del 17% de la demanda eléctrica nacional.

También será urgente resolver la crisis financiera del sector eléctrico. Hay que encontrar una salida definitiva a la situación de Air-e, garantizar una fuente estable de financiación para los subsidios de los estratos 1,2 y 3, atender las obligaciones acumuladas que presionan las finanzas del sistema y fortalecer la sostenibilidad financiera de Afinia.

Ecopetrol, por su parte, necesita una decisión fundamental: sacar la politiquería de su administración y blindarla contra cualquier forma de corrupción. La empresa más importante de los colombianos requiere dirección técnica, disciplina financiera y una estrategia concentrada nuevamente en su negocio esencial.

En minería, el camino también debe ser claro, proteger y dar garantías a quienes trabajan dentro de la legalidad, acelerar la formalización de pequeños y medianos mineros y aplicar todo el peso de la ley contra las organizaciones criminales que extraen minerales ilícitamente, contaminan el medio ambiente y utilizan el oro para financiar economías ilegales.

Desde el Congreso, mi propósito será liderar la conformación de una Bancada Energética que trascienda partidos y permita construir una verdadera política de Estado.

Entre las iniciativas que debemos impulsar están: reconocer el gas natural como energético de transición; establecer reglas claras para la consulta previa; modernizar y agilizar el licenciamiento ambiental; garantizar mayores beneficios para las regiones productoras de petróleo, gas y minerales; construir un marco jurídico y técnico para el aprovechamiento responsable de los yacimientos no convencionales; y reconocer la seguridad energética como un derecho colectivo de los colombianos.

Seguiremos construyendo esta agenda junto con las comunidades, la academia, los trabajadores, los gremios, las empresas y los distintos sectores políticos.

El objetivo debe unirnos: evitar un apagón, recuperar la soberanía y la seguridad energética.

Ministra, si logramos que Colombia vuelva a explorar, producir, transmitir e invertir con confianza y seguridad jurídica, estaremos ante la posibilidad de construir un verdadero milagro energético y económico.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

*Senador de la República del Centro Democrático.