TGI incrementó sus ingresos cerca del 30% durante primer trimestre del 2024

La compañía presentó un crecimiento extraordinario de la utilidad operacional presentando a favor la gestión de ingresos, el control de costos y gastos y la captura de eficiencias estructurales.

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá́, cerró el primer trimestre con ingresos de 135 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 29,8% comparado con el mismo periodo del año anterior.

Así mismo, la utilidad operacional aumentó un 23,8% y el Ebitda creció un 27%. A pesar de que su utilidad neta superó en un 6,7% lo presupuestado por la empresa, esta se vio impactada por el aumento de los gastos financieros como resultado de los cambios regulatorios que llevaron a la pesificación de la tarifa, mostrando una caída de USD 13 millones, respecto al trimestre comparado.

Los resultados económicos son producto de una gran gestión en ingresos a través de la cual se aumentó tanto la capacidad contratada (+12,7% vs 2023) como el volumen de gas transportado, cerrando este último en promedio de 473 millones de pies cúbicos, principalmente para el sector térmico.

La compañía acompañó las medidas del gobierno nacional, flexibilizando los contratos de transporte de gas para atender demanda térmica durante el Fenómeno de El Niño, permitiendo a los remitentes hacer uso de diferentes tramos de gasoductos.

No obstante lo anterior, su presidente Mónica Contreras Esper señala la relevancia que tienen decisiones regulatorias y el impacto que han tenido sobre el negocio.

“Entendiendo el impacto que tienen las decisiones regulatorias sobre la compañía, se ha mantenido una gestión permanente ante la CREG, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno nacional para la expedición en firme de resoluciones pendientes que no han sido formalizadas por el ente regulador y que son decisivas para actualizar las tarifas de la prestación del servicio, reconociendo inversiones que la compañía ha realizado y que están al servicio del país”, dijo Contreras.

Desde TGI se propusieron cinco proyectos prioritarios para fortalecer el Sistema Nacional de Transporte y brindar gas a los diferentes sectores y regiones del país. Estos proyectos, al igual que otros sugeridos por la misma UPME y otros agentes del sector, se han incorporado a la Propuesta del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038 de la UPME, que se encuentra en fase de comentarios.

En los primeros tres meses del año, concluyó la primera fase del estudio que realiza con el Sweedfund sobre el potencial de generación de Biogás para movilidad sostenible. Son alrededor de 1.400 KPCD de este energético que se generarían a partir de dos cadenas de valor en Bogotá: recolección de residuos orgánicos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Avanzando en su agenda de Gasificación Rural, TGI radicó el proyecto que llevaría gas natural a habitantes del municipio La Belleza, mediante el mecanismo Obras por Impuestos, equivalente a COP $6.400 millones de pesos.

“Agradecemos el compromiso de los 432 colaboradores de TGI que han trabajado por buscar soluciones que permitan responder de manera asertiva a los retos actuales y futuros del sector del gas natural, haciendo de TGI una empresa sustentable que mejora vidas con energía sostenible y competitiva”, resaltó Contreras Esper.

Diez años de la ley 1715

Arribamos a los primeros diez años de la Ley 1715 de 2014, radicado por el senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001 constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias.

Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la transición energética, tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero, en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Fenómeno de El Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que para mayo del 2023 su despacho daría a conocer la Hoja de Ruta de la Transición Energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para generar energía eólica en La Guajira.

Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM) del índice de Transición Energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1,8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas.

Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento (M), para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Gremios respaldan decisión del Gobierno de asumir las deudas por la Opción Tarifaria

En un comunicado conjunto, los gremios de energía eléctrica y gas, señalan:

Esta medida implica el pago por parte de la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores de este, que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos. Esta decisión se convertirá en un alivio efectivo para las tarifas de los usuarios a los que se les viene cargando este valor, en un momento importante para el país.

El monto total estimado de los saldos acumulados que hoy se tienen es de alrededor de $5 billones, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe. Según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19% de la tarifa actual.

Adicionalmente, destacamos todas las iniciativas de implementación de techos solares y generación distribuida que ayudarán a aportar más energía limpia al país y a proporcionar mayores herramientas para que los usuarios tomen decisiones sobre sus propios consumos, que deben ser cada vez más eficientes. Los gremios en mención apoyamos en forma decidida las Comunidades Energéticas y el empoderamiento que estas representan para los usuarios del país.

Por último, desde los gremios y nuestras empresas afiliadas, ratificamos y reafirmamos nuestra mayor disposición para seguir contribuyendo en la construcción e implementación de medidas sostenibles, consultadas y evaluadas, que respondan al ordenamiento constitucional y legal vigente, permitan garantizar el abastecimiento seguro y confiable de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural en el marco institucional actual, a través de espacios de participación amplios e incluyentes con todos los actores del sector.

Agremgas: Colombia debe acoplarse a una mayor importación de GLP

Ante el cada vez menor aporte por parte de Ecopetrol de gas licuado del petróleo (GLP), el mercado nacional debe ajustarse a una mayor participación del producto importado, con las consecuencias en precio que esto conlleva.

Efectivamente, en su más reciente informe de resultados, la estatal petrolera Ecopetrol señaló que su aporte de GLP al mercado nacional es del 65%; en consecuencia, el componente de GLP nacional alcanza el 70% mientras que el importado llega al 30%.

En ese sentido, Sara Vélez, nueva directora Ejecutiva de la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), señaló que “el GLP en Colombia está pasando por un momento de acople, en el que Ecopetrol vienen reduciendo las cantidades que ofrece al mercado, lo cual parece ser normal respecto de la declinación de los campos y la disminución de las expectativas de nuevas exploraciones y explotaciones en el país por parte de la empresa.

“Lo que estamos viendo es que las importaciones empiezan a tomar cada vez más participación en el mercado. Afortunadamente en el sector tenemos dos puertos de importación que tienen una capacidad más que suficiente para atender la demanda colombiana, pero eso nos empieza a impactar en el precio final.”

En consecuencia, el mercado nacional se está acomodando a este nuevo escenario, donde la dirigente señala que debe ser más inteligente en saber cómo importar el producto, ojalá con contratos de largo plazo para que pueda obtener mejores precios.

“Si logramos organizarnos y formalizarnos un poco más en esa actividad de compra de producto en el mercado exterior, pues vamos a sacar esas ventajas en donde hoy no somos tan competitivos”, dice Vélez.

No obstante, la dirigente considera que los mayores precios del producto importado no impactarán el programa de sustitución de leña, pues este consumo es subsidiado, ni el impulso que tiene el AutoGLP, pues ante la duplicación del precio de la gasolina en los últimos años, el GLP tiene un precio competitivo, entre 40 y 44% menor.

Vélez pone el ejemplo de un taxista que al hacer la conversión a AutoGLP el costo de la inversión oscila entre 3 y 3,5 millones de pesos, inversión que puede recuperar en un año por el diferencial de precio con la gasolina.

La dirigente señala que, aunque las conversiones a AutoGLP no tienen subsidios, si representan beneficios a los usuarios en la parte económica y medioambiental, pues el GLP tiene menor material particulado y menores emisiones CO2 que la gasolina y el diésel.

Y destaca como ha venido creciendo el sector, con más de quince estaciones de servicio y más de 2.000 vehículos convertidos a la fecha, cuando en 2022 eran apenas 120 vehículos.

3er Summit Internacional de GLP

Justamente el AutoGLP y el NautiGLP será uno de los ejes temáticos del Tercer Summit Internacional de GLP, que organiza Agremgas del 5 al 7 de junio en Cartagena.

“En el Summit queremos resaltar los beneficios del GLP, no solamente como un combustible que puede ser usado en los vehículos, sino también cuál es el rol del GLP en la transición energética, porque lo cierto es que este combustible tiene muchos beneficios que pueden ayudar a la transición” dice Vélez y recuerda que “la Agencia Internacional de Energía estima que en el cambio de combustibles y la eficiencia energética, por ejemplo cambiar diésel y carbón por un gas como el GLP este contribuye más o menos con el 35% de la reducción de emisiones, en el objetivo de llegar al escenario de la carbono neutralidad.”

Además, señala que el GLP tiene bondades en cuanto a precios, almacenamiento, transporte y oferta, por lo que puede servir como un pilar para sostener la transición energética, como el gobierno la está planteando.

Quién es Sara Vélez

Con una trayectoria en el sector de hidrocarburos, Vélez es profesional en economía, con magíster en economía y especialista en regulación y política pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia en metodologías tarifarias y regulación en sectores clave como acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y energía, con un enfoque particular en el gas combustible.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su capacidad para elaborar estudios de mercado, análisis de competencia y evaluación de impacto regulatorio, colaborando estrechamente tanto con entidades gubernamentales como con empresas privadas.

Ha ejercido como directora de Hidrocarburos y, más recientemente, como comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, liderando el análisis económico de proyectos relacionados con el mercado de gas combustible.

Además, ha desempeñado un papel fundamental en la regulación de los mercados de gas combustible y combustibles líquidos en Colombia, especialmente en aspectos relacionados con la estructura de mercado, competencia, reglamentación técnica, abastecimiento de gas natural y tarifas.

Como nueva directora Ejecutiva de Agremgas, Sara Vélez buscará fortalecer alianzas estratégicas entre el gobierno y las empresas del sector, así como promover políticas públicas que beneficien a diversos sectores de la economía colombiana.

Resultados financieros de Ecopetrol siguen de capa caída

El Grupo Ecopetrol presentó sus resultados operativos y financieros del primer trimestre del 2024, donde se resalta una caída del 20% en los ingresos y del 30% en la utilidad neta, frente al mismo periodo de 2023.

En efecto, los ingreso del primer trimestre de 2024 fueron de 31,3 billones de pesos, frente a los 38,9 billones de pesos del mismo período de 2023. En la misma senda, las utilidad neta pasó de $5,7 billones en el primer trimestre de 2023 a $4 billones en el mismo periodo de 2024. El Grupo completa así dos años de caídas en sus indicadores.

De acuerdo con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, los resultados se dieron en medio de un entorno retador: revaluación del peso, aumento de los precios de la energía, presiones inflacionarias y una tasa de tributación del 35,6%.

Y es que si bien la producción aumentó de 719.000 barriles equivalentes día en el primer cuarto de 2023, a 741.000 barriles por día este año, con la diferencia que la TRM del año pasado estaba en 4.760 pesos por dólar, mientras que este año el promedio ha estado en los 3.915 pesos, con un precio del barril Brent similar en ambos años de 82 dólares.

El alza de la producción es una aspecto positivo del Grupo, que lo llevó a ajustar al alza la meta de producción para este año, que pasa de un rango de entre 725 kbpd y 730 kbpd a un rango de 730 a 735 kbpd.

Y a mayor producción mayor transporte. El volumen de hidrocarburos transportados por las filiales alcanzó 1.118.000 bpd en el primer trimestre, 28.000 bpd más que en 2023; al tiempo que la carga de las refinerías se ubicó en 428.000 bpd (16.000 bpd más que en 2023); en ambos casos se conserva la tendencia creciente.

Otro aspecto positivo es la reducción del 72% en la acumulación de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que pasó de $7,9 billones en el primer trimestre de 2023 a $2,2 billones en el primer trimestre del 2024. Además, Roa señalo que Ecopetrol le transfirió a la Nación en el primer trimestre de este año la suma $7,2 billones.

En el tema de gas natural, Roa señaló que a comienzos del próximo año se presentará un déficit de 83 GBTU por día, por lo que la empresa sigue adelante con el proyecto de rehabilitar el gasoducto binacional para traer gas desde Venezuela, para lo cual se debe surtir la viabilidad jurídica frente a las sanciones de la OFAC y la viabilidad de infraestructura, por lo que la empresa ya dispuso un presupuesto, sin mencionar la cifra, para la reparación del tramo en territorio colombiano.

Aplican Inteligencia Artificial en la gestión comercial de empresas eléctricas

Open International, líder en soluciones tecnológicas para la industria de servicios públicos, participará en el III Simposio CIER, el evento anual más importante para profesionales y proveedores del sector eléctrico en Latinoamérica, del 22 al 24 de mayo en Bariloche, Argentina.

Durante el simposio, Open International presentará su innovación a través de la ponencia «Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Comercial del Sector Energético», liderada por Jesús Sánchez, vicepresidente de Mercadeo, en la que planteará cómo las empresas de servicios públicos pueden evolucionar al adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial para apalancar el desarrollo de las ciudades inteligentes.

Al respecto, Sánchez comentó: «Creemos que las empresas eléctricas son pilares fundamentales del desarrollo de ciudades inteligentes, por ello, estamos implementando tecnología basada en inteligencia artificial que no sólo mejora la experiencia de los clientes finales, también ayuda a fomentar una conciencia sobre el uso racional de los recursos energéticos y a incrementar la eficiencia en la operación comercial de dichas compañías.”

Durante la sesión, Sánchez presentará ejemplos de soluciones tecnológicas y aplicaciones con inteligencia artificial que ayudan a los proveedores de servicios públicos a automatizar sus procesos de manera integral, permitiéndoles acceder a información en tiempo real. El propósito es ofrecer respuestas ágiles a las demandas de los clientes, mejorando tanto la calidad de atención como la oferta de nuevos productos y servicios.

Con su participación en el III Simposio CIER, Open International promete enriquecer el diálogo sobre los avances tecnológicos en el sector eléctrico latinoamericano, impulsando la adopción de soluciones de vanguardia y fortaleciendo la competitividad de las empresas eléctricas en la región en un mundo cada vez más digitalizado y competitivo.

Geopark redujo en 26% sus emisiones de GEI desde 2020

La Compañía dio un paso significativo en la descarbonización de sus operaciones: la intensidad de las emisiones bajó a 10,6 kg de CO2 por barril en 2023, uno de los mejores registros de la industria en el mundo.

GeoPark, compañía líder en exploración y producción de petróleo y gas de América Latina, publicó su Reporte de Sostenibilidad/SPEED con los avances y resultados logrados en 2023, año en el que logró un hito significativo en su objetivo de lograr cero emisiones netas para el 2050: la Compañía reportó una reducción del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de sus operaciones entre 2020 y 2023.

La intensidad de las emisiones (cantidad de emisiones por cada barril de petróleo producido) se redujo a 10,6 kilogramos de CO₂ equivalente por barril (CO₂e/boe) en 2023, 18% menos que en 2022 y 26% menos que la línea de base establecida en el plan de reducción de la compañía anunciado en 2021.

Andrés Ocampo, CEO de GeoPark, expresó: “Nuestro objetivo es entregar más energía, más valor y más prosperidad compartida. Nos sentimos especialmente orgullosos de los logros y reconocimientos incluidos en el Reporte, y esperamos seguir logrando resultados cada vez mejores, año tras año, lo que nos ayudará a seguir construyendo un negocio más sostenible”.

Otros resultados destacados de 2023:

  1. Cero multas o sanciones ambientales en las operaciones de GeoPark.
  2. Cero barriles de crudo derramados.
  3. 36,2% de disminución del consumo del agua con respecto a 2022.
  4. 40.000 árboles sembrados y donados.
  5. 84% de favorabilidad en la encuesta ‘Great Place To Work’.
  6. 82% de la inversión social enfocada en zonas rurales.
  • 102.563 beneficiarios de los programas sociales de GeoPark.
  • 76% de empleos generados a nivel local.
  • 1.525 espacios de diálogo desarrollados junto con 24.662 vecinos de las regiones donde hay operación.

“Estas y otras acciones contenidas en el Reporte SPEED/Sostenibilidad 2023 reafirman el propósito de GeoPark de proporcionar energía a Colombia bajo criterios de excelencia operacional y altos estándares de responsabilidad con el entorno social y ambiental”, dijo Ocampo.

El Reporte SPEED/Sostenibilidad de GeoPark siguió los marcos de reporte establecidos por Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021) y su anexo sobre el sector de petróleo y gas, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Guía de reportes de sostenibilidad de la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y Gas para Promover el Desempeño Medioambiental y Social (IPIECA), Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD), Pacto Global de las Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sobre el Reporte correspondiente a 2023, Andrés Ocampo declaró que: “GeoPark nació para estar a la vanguardia de las compañías independientes de exploración y producción en la región, enfocada en crear valor e impactar de manera positiva a todos los grupos de interés. En el corazón de nuestra Compañía y de la forma como entendemos la sostenibilidad, se encuentra nuestro propio Sistema de Valores denominado SPEED, que siempre ha guiado nuestras decisiones y acciones en cinco áreas interdependientes: Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno Ambiental y Desarrollo Comunitario, que  nos permitió alcanzar mayores logros en sostenibilidad en 2023”.

Haga clic aquí para acceder al Reporte de Sostenibilidad SPEED 2023.

Resiliencia, una visión desde la sostenibilidad

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- aparece lo que en una jerga coloquial denominados las “tres íes”, a saber, Industria, Innovación e Infraestructura. La descripción de este objetivo es la de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

La definición tradicional de resiliencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, acoge dos acepciones: la primera, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos; la segunda es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. 

En Sostenibilidad, en nuestra opinión, ambas acepciones se conjugan en el ODS 9, cuando hablamos de infraestructuras resilientes. En efecto, podemos decir que se refiere a la capacidad de las infraestructuras para resistir y recuperarse de desastres naturales, crisis económicas o eventos adversos.

Y desde la sostenibilidad, siempre bajo la premisa de la integración armónica entre las dimensiones económica, social y ambiental, es claro que hay que garantizar que las infraestructuras que se realicen se desarrollen y operen de manera que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. E incluso mejorar esa capacidad de satisfacción futura.

En consecuencia, para una infraestructura resiliente implica diseñar, construir y gestionar infraestructuras que sean capaces de adaptarse a los cambios ambientales, sociales y económicos, al tiempo que minimizan su impacto negativo en el medio ambiente y maximizan su contribución al desarrollo sostenible. En ese contexto hay que:

  • Tener diseños modulares y flexibles que faciliten el mantenimiento y reemplazo de componentes dañados en caso de un desastre. Un diseño flexible también permite la adaptación a cambios en el entorno, como el aumento del nivel del mar o el clima cambiante. Para ello la innovación es vital en términos de diseño, procesos de fabricación y modelos de negocio. Así se favorece un clima de soluciones creativas con integración de las variables económica, social y ambiental.
  • Considerar las condiciones sísmicas y eólicas para que puedan soportar cargas sísmicas y de viento con técnicas avanzadas tecnológicas y de refuerzo.
  • Manejar eficazmente el recurso hídrico y el drenaje correspondiente para mitigar el riesgo de inundaciones, incluyendo techos verdes, pavimentos permeables y sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias.
  • Seleccionar materiales resistentes que sean duraderos y capaces de resistir condiciones adversas como terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y otros desastres naturales. Es conveniente fomentar la reutilización, el reciclaje y la remanufactura. Esto no solo reduce la presión sobre los recursos naturales, sino que también disminuye la vulnerabilidad ante la escasez de materias primas y reduce los costos asociados con la adquisición de nuevos materiales.
  • Diversificar las fuentes de materiales y la descentralización de la producción, lo que puede hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes ante interrupciones como desastres naturales, conflictos geopolíticos o crisis económicas.
  • Ubicar adecuadamente las zonas de construcción de infraestructura en áreas menos expuestas a riesgos naturales; en el evento de contar con situaciones existentes evaluar económica y socialmente, condiciones de traslado y reubicación, para minimizar los riesgos y sus efectos sobre las personas y bienes. 
  • Fomentar el empleo y el desarrollo local a través de una información y participación local en la búsqueda de soluciones y así fortalecer la estructura económica de las comunidades y reducen las vulnerabilidades asociadas con la dependencia de mercados externos, siempre y cuando tengan una racionalidad económica, porque de lo contrario no tendría sentido.

Todas estas acciones sin duda apuntalan también al ODS 11, logrando que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

Grupo Energía Bogotá llevará internet a La Guajira

Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, lanzó el pasado viernes su programa piloto EnlazaNet, una iniciativa que lleva internet de fibra óptica a través de las redes de transmisión de energía. Este proyecto, pionero en Colombia, beneficia inicialmente a 4.000 niños y 60 docentes de 10 instituciones educativas en Riohacha.

El Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de su filial Enlaza, presentó al país el programa piloto EnlazaNet, una iniciativa que ofrece conexión a internet de alta velocidad utilizando las líneas de transmisión de energía eléctrica. Se trata de un proyecto inédito, ya que por primera vez en Colombia se llevará conectividad a zonas apartadas del país a través del sistema de transmisión de energía.

En una primera etapa y tras una inversión superior a los 4.000 millones de pesos, EnlanzaNet beneficiará a 4.000 niños y 60 docentes de 10 instituciones educativas en Riohacha, La Guajira. Esta inversión fue posible gracias al apoyo técnico de su aliado en conectividad, Sisteco, y la disponibilidad de infraestructura de su activo en operación, la línea Refuerzo Eléctrico de La Guajira.

En el evento de lanzamiento la compañía hizo entrega oficial de esta herramienta a la comunidad de Riohacha, marcando un hito importante en Colombia, pues el Grupo Energía Bogotá se convierte en la primera empresa de transmisión de energía eléctrica en ofrecer una solución de conectividad a partir de la infraestructura de sus líneas.

Como parte de esta apuesta, en el evento de presentación realizado en Riohacha, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, anunció EnlazaNet 2, una segunda fase del programa que, en alianza con el Grupo Energía Bogotá y con una inversión de 29.800 millones de pesos, llevará conectividad a 15.000 personas en Riohacha y Maicao.

“Hoy estamos trayendo oportunidades a La Guajira. El compromiso del Grupo Energía Bogotá va más allá de nuestros proyectos, tenemos el propósito de mejorar vidas y colaborar con las comunidades en la realización de sus visiones; por eso estamos aprovechando y haciendo un uso responsable de la infraestructura de nuestras líneas de transmisión de energía para poner al servicio de la población acceso a internet de alta velocidad, tecnología de punta que abre puertas para educación continuada, aprendizaje de lenguas, apoyo a docentes, información económica y oportunidades de negocio para el territorio guajiro”, dijo el presidente del Grupo Energía Bogota, Juan Ricardo Ortega.

El evento contó con la participación virtual del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien como accionista mayoritario del Grupo Energía Bogotá, celebró la puesta en operación de esta herramienta, destacando el papel del GEB como la primera compañía en el país que lleva conectividad a zonas apartadas a través de sus líneas de transmisión.

“Queremos que este sea el primero de muchos proyectos que garanticen el aprovechamiento de la infraestructura de transmisión y se lleve desarrollo a las comunidades, a través del acceso al mundo digital, que sin duda es una herramienta capaz de cambiar las realidades del país. Este es un gran resultado y espero que sea el primer paso de un camino largo en el que el Grupo Energía Bogotá continue contribuyendo al desarrollo de Colombia con iniciativas de impacto social y económico”.

EnlazaNet 2, más allá de la educación

El Grupo Energía Bogotá, en un trabajo conjunto con el MinTIC, estructuró EnlazaNet 2, el primer proyecto de este Ministerio que se ejecutará a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

“Este es uno de los anuncios más importantes en materia de conectividad y es un claro ejemplo del impacto transformador que puede tener un trabajo articulado entre gobierno, empresa privada, comunidades y todos los actores del sector. Si estos esfuerzos que hemos realizado, en este caso de la mano con el Grupo Energía Bogotá, los replicamos y los volvemos un proyecto masivo, vamos a cambiar el país profundamente. Seguiremos llevando conectividad, fortaleciendo los ecosistemas de innovación y promoviendo la educación digital de manera articulada”, señaló Mauricio Lizcano, Ministro de las TIC.

EnlazaNet 2 también hará uso de la infraestructura de transmisión de energía del proyecto Refuerzo Eléctrico de La Guajira para llevar conectividad, durante 4 años, a 62 comunidades indígenas (15.000 habitantes) de Riohacha y Maicao.

La segunda fase aportará a la consolidación de 19 Comunidades de Conectividad (programa del MinTIC que ofrece acceso de conectividad a comunidades organizadas para que presten el servicio de internet comunitario. Adicionalmente, ofrecerá actividades de capacitación y formación para garantizar la debida apropiación de la conectividad en los beneficiarios.

“Estamos comprometidos con el uso responsable de nuestra infraestructura y en ese objetivo, entendemos la importancia de optimizarlo y ponerlo al servicio de las comunidades cercanas a nuestros proyectos. Reconocemos que el acceso a la conectividad es fundamental para el desarrollo de los territorios, especialmente en áreas rurales que carecen de servicios de internet de alta velocidad”, afirmó Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza.

Al caído caerle

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al desaforado incremento de las tarifas de electricidad que agobia la región Caribe, ahora se anuncia la revisión de la tarifa de transporte del gas natural por la red que une a los centros de su producción con los centros de consumo. Como se suele decir coloquialmente, al caído caerle.

En efecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios y observaciones la Circular 020 de 2024 contentiva de una propuesta formulada a partir de un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y presentado por la empresa interesada, VANTI, antes Gas Natural Fenosa, de ingrata recordación para el Caribe, distribuidora y comercializadora de este energético, hasta la fecha el más asequible para los usuarios, especialmente para los más vulnerables.

Para ponernos en contexto, es importante destacar que, en momentos en los que Colombia pasó de exportador a importador de crudo (1975 – 1985), los yacimientos de gas natural en La Guajira le sirvieron al país de tabla de salvación. Y luego con la construcción del gasoducto central, para transportarlo hasta el interior del país, la región Caribe le dio, con toda generosidad, una mano al resto del país para que accedieran a este combustible. De esta manera se diversificó la matriz energética. Como es bien sabido, en la transición energética el gas natural es considerado como el combustible puente.

El 7º de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establece la universalización del acceso a la energía y este depende en primer lugar de su disponibilidad y en segundo lugar del poder adquisitivo de los usuarios. De manera que en la medida que se encarece el servicio de la electricidad, como ha venido ocurriendo debido a la escalada alcista de las tarifas y ahora se amenaza con elevar la tarifa del gas, se atenta contra la asequibilidad a los mismos.

Es de destacar que, según un estudio reciente auspiciado por PROMIGAS, en promedio, el 18,5% de los habitantes de Colombia acusan pobreza energética, estamos hablando de 9,6 millones de personas en tal condición. Cabe resaltar que 6 de los 8 departamentos del Caribe figuran entre los que registran más del 50% de su población en pobreza energética, siendo el Magdalena y La Guajira los que llevan la peor parte. En tales circunstancias, le cae a la región Caribe esta noticia como un baldado de agua fría.

Según se desprende de la lectura del estudio, lo que se pretende es unificar la tarifa de transporte para todo el país, cambiando la modalidad de tarifas acorde con la distancia entre los campos productores y los puntos de consumo, que es como opera actualmente.

Se trata, según se aduce, a partir de una evaluación costo – beneficio de la fórmula “de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (STN)”.

Y ello, no obstante que la regulación vigente de la “estampilla”, expedida por la CREG, no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad, que es de lo que se trata, ni siquiera se simula cómo funcionaría esta propuesta de llegar a materializarse, para poder así evaluar su impacto.

Tampoco se analiza el impacto que tendría dicho incremento en la tarifa al usuario final, 2´225.165, de los cuales el 98.44% son residenciales y de estos más del 80% corresponden a los estratos 1, 2 y 3.

En suma, se echa de menos en este estudio un análisis riguroso de sensibilidad, así como una simulación, que muy seguramente habría llevado a otras conclusiones.

Y la preocupación no es menor, habida cuenta que de llegar a aprobarse y aplicarse este exabrupto la tarifa promedio de transporte pasaría de US $1.18 MPC a US $2.09 MPC, para un incremento del 77%.

Ello, además de injusto es inequitativo y discriminatorio, porque en aras de nivelar la tarifa para todo el país, aplanándola, los usuarios del interior del país tendrían en cambio un alivio, pues su tarifa pasaría de un promedio de US $2.70 MPC a US $2.09, que representaría para sus usuarios una rebaja del 23%.

El caso de La Guajira es particularmente patético. Cómo es posible que teniendo el gas natural en boca de pozo se le vaya a cargar un transporte del mismo al que no hay lugar, ello resulta contraintuitivo y absurdo, amén de irracional.

A quién se le puede ocurrir semejante despropósito, que le significaría a los usuarios del departamento que le ha servido de despensa del gas natural al resto del país incrementos del 500%, que lógicamente incidirían en la tarifa al usuario final, resintiendo de nuevo sus ya golpeados bolsillos. No se necesita tener dos dedos de frente para llegar a esta conclusión.

De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y, desde luego, a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad, en momentos en los que se viene dando una relocalización de empresas atraídas por las ventajas comparativas que ofrece su enviable localización geográfica.

Ello iría a contrapelo de dos de los objetivos básicos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno: la reindustrialización, el fomento del turismo y la transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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