El embrollo de la opción tarifaria

Desde el 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8,5%, en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminan pagando justos por pecadores.

Ello se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del Precio al Productor (IPP) a varios de los cargos de la tarifa, que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena. Por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción Tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20% en la factura.

A poco andar, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2,8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que empieza.

Entre tanto, el ministro Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada.

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción Tarifaria por parte del Gobierno Nacional, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G).

Por su parte, las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impase de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis.

No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el ministro y el Superintendente de Servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis, tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

EPM: Tarifas de gas pueden subir el doble el próximo año

Ante el escenario de desabastecimiento de gas natural que se avecina en el país, el vicepresidente de Gas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Diego Humberto Montoya, dijo que el próximo año se pueden ver alzas en las tarifas residenciales de hasta el ciento por ciento.

“En un análisis de elasticidad de demanda, con las ofertas que nos están llegando, podemos tener un crecimiento de casi el ciento por ciento en la tarifa del gas para los próximos años comenzando desde el 2025”, dijo Montoya durante el Sexto Congreso Colombia Petróleo y Gas 2024, que se realizó en Bogotá el 24 y 25 de julio. 

El funcionario agregó que en segmentos no residenciales las alzas pueden ser del 15% y en el sector no regulado, las grandes industrias, el incremento puede llegar al 40%, un sector sensible que puede buscar sustitutos con energéticos más contaminantes.

Ese mismo riesgo se corre en el sector residencial, donde las familias con menos recursos pueden regresar a la leña u otros combustibles contaminantes.

Un alza en los precios del gas natural también daría al traste con la conversión de vehículos que utilizan gasolina y ACPM, combustibles que pueden ser exportables mientras se hace la transición a vehículos eléctricos con el paso intermedio por el gas natural vehicular (GNV). 

“La transición energética es para los más vulnerables, para sustituir la cocción con leña o con carbón, para esas personas que hoy están tanqueando con diésel. Este combustible es exportable, entonces en la media que vamos en la transición, que descarbonizamos el parque automotor, especialmente el de carga, por gas natural, también vamos bajando la carga impositiva de subsidios para que el gobierno pueda tener más recursos”, señaló Montoya.

Agregó que se requiere seguridad en el abastecimiento, “porque necesitamos avanzar en la transición energética, en la descarbonización del sector transporte y mantener el tema de competitividad, pues un usuario residencial ahorra el 50% en cocción de alimentos y en gas natural vehicular el ahorro es del 48%, sin hablar del beneficio al cambio climático, mientras estos sectores se electrifican.”

Para garantizar el abastecimiento de gas antural, Montoya dijo que se requiere, como mínimo:

  • Un nuevo proyecto de importación de GNL, para no depender únicamente de la terminal de SPEC.
  • Agregación de la demanda de distribuidores y comercializadores, para salir al mercado internacional y traer la molécula a precios competitivos.
  • Gestión regulatoria, un punto crítico en este momento, pues se necesita que la CREG tenga quorum. “Las reglas de comercialización de gas en este momento, en un escenario de escasez, son inviables para poder asegurar una tarifa competitiva para nuestros usuarios.”
  • Desarrollo de infraestructura de transporte, que incluya la bidireccionalidad adecuada en los dos sistemas de gasoductos que existen en el país: TGI y Promigas.
  • Adicionalmente, que el Sistema Nacional de Transporte migre a un sistema eficiente, para que pueda desarrollar competitividad y reducir la tarifa, entre otras, acciones como la agregación de tramos.
  • Habilitar el desarrollo de pozos menores y que los productores puedan ofrecer gas sin estar limitados estrictamente a un solo campo.

Finalmente, el vicepresidente de Gas de EPM dijo que en este momento “no tenemos un abastecimiento seguro (de gas) para los próximos años”, aunque resaltó un programa de EPM en el Área Metropolitana, por valor de 35 mil millones de pesos por los próximos cuatro años para financiar en ciento por ciento la conexión del servicio en los estratos 1, 2 y 3.

“Mejoramos la calidad de vida, reducimos la pobreza energética con la llegada del gas natural, y está comprobado con estudios del DANE y Promigas, podemos ver cómo el gas inmediatamente impacta el tema de pobreza energética”, concluyó Montoya.

Enel invirtió $812 mil millones en el primer semestre de 2024

Los parques solares Fundación y La Loma, el parque solar más grande de Colombia, declararon el inicio de su operación comercial, con lo que Enel apuesta por la diversificación y confiabilidad de la matriz energética, al tiempo que continúa en ejecución el plan de mantenimiento y modernización de redes eléctricas en varias localidades de Bogotá y municipios de Cundinamarca.

Durante los primeros seis meses de 2024, Enel Colombia invirtió más de 812.000 millones de pesos para robustecer las redes de distribución y fortalecer la matriz energética del país. Con este presupuesto, la Compañía aportó para mejorar la seguridad y la confiabilidad del sistema, así como la calidad del servicio, además de garantizar la atención a la demanda, modernizar la red eléctrica y avanzar en el desarrollo de proyectos de generación de energía con fuentes renovables no convencionales.

Asimismo, la Compañía reafirmó su estabilidad y solidez con resultados financieros en Colombia y Centroamérica, que registraron un EBITDA de $3,34 billones de pesos y una utilidad neta de $1,50 billones de pesos.

Durante el primer semestre del año, el país y el sector energético enfrentaron desafíos debido a las condiciones climáticas adversas derivadas del Fenómeno de El Niño, que pusieron a prueba la robustez de la matriz energética, evidenciando la necesidad de contar con más fuentes de energías no convencionales.

En este sentido, y con el fin de seguir aportando a la diversificación energética, la Compañía declaró la operación comercial de los parques solares El Paso (68 MWac) en marzo, y La Loma en Cesar (150 MWac) y Fundación en Magdalena (90 MWac) a partir de junio. Estos dos proyectos, junto con Guayepo I & II, el cual se encuentra en etapa de pruebas, han posicionado a Enel Colombia como líder del mercado al representar más del 34% de la energía solar entregada al Sistema Interconectado Nacional en lo corrido de 2024.

Además, se suma la aprobación, por parte de la Junta Directiva, de la construcción de los parques solares Guayepo III y Atlántico, con una capacidad de 267 MWdc y 256 MWdc respectivamente, ubicados en el departamento del Atlántico.

Por otro lado, con el fin de modernizar la red eléctrica y aportar a la atención de la demanda, se materializó una subestación de media tensión prefabricada, se renovaron redes eléctricas con el fin de dar mayor flexibilidad y resiliencia a la red y se modernizó la Subestación Eléctrica Techo en Bogotá, con la que se benefician más de 400.000 habitantes de las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Al mismo tiempo, y con la necesidad de expansión, Enel Colombia, a través de su línea de negocios Enel X, le apostó a promover la movilidad eléctrica en colaboración con la Secretaría Distrital de Movilidad y La Rolita, con la entrega de las últimas dos estaciones de la primera red de carga pública de Bogotá, completando la instalación de 15 cargadores de carga rápida para vehículos eléctricos, que se unen a las cuatro estaciones que fueron entregadas en el primer trimestre del año.

Finalmente, Enel X consolidó la puesta en operación de la planta fotovoltaica de Central Cervecera (3,5 MWp).

Ecominerales: bienvenidos al siglo XX

Dentro de las iniciativas insulsas, improcedentes y descabelladas que mes a mes presenta el gobierno nacional por cuenta propia o a través de los congresistas del Pacto Histórico, actualmente cursa un proyecto de Ley bajo el radicado de 344/2023 de la Cámara de Representantes, el cual no es otra que la retardataria idea de crear una empresa estatal minera, llamada Ecominerales.

Por: SANTIAGO SOTO*

En resumidas cuentas, esta empresa tiene como objeto realizar actividades de exploración, explotación, comercialización de minerales, actividades de investigación, así como celebrar contratos de diferentes naturaleza con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sí, tendrá como objeto todas esas actividades que el mismo gobierno lleva dos años entorpeciendo y atacando, pero esta vez, convenientemente ejecutadas por ellos.

Además de lo arcaico que es pensar en la estatización para la ejecución de una actividad económica, cuando es bien sabido que lo público es desde cierta perspectiva ineficiente, está también más que demostrado que la fórmula que funciona es la inversión privada para desarrollar proyectos de alto impacto, generar empleo, inversión social, contratación y pago oportuno de bienes y servicios entre otras bondades. Es por esto que no se entiende el propósito de meter al país en esta empresa que, además de lo expuesto, tiene aún muchos vacíos acerca de su funcionamiento.

Basta con mirar el sector hidrocarburos en la historia del país, donde pasó de promediar entre 500.000 y 600.000 barriles diarios cuando el país operaba bajo el modelo de contrato de concesión, a alcanzar los 900.000 y 1’000.000 de barriles diarios de crudo, después de la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante la Ley 1760 de 2003, donde se incentivó la inversión privada y extranjera, dinamizando la actividad petrolera en diversas zonas del país, trayendo desarrollo, inversión, mayor recaudo por concepto de regalías e impuestos, así como entrada de divisas.

Las dudas acerca de esta turbia iniciativa comienzan con los apartes del articulado que hablan sobre su financiación. Como primera fuente estará la reversión de títulos mineros, lo cual explicaría la persecución contra el sector minero los últimos dos años, desincentivando nuevas inversiones y ocasionando devoluciones de títulos y requerimientos por parte de la Agencia de la competencia, y de este modo, contar con alternativas prospectivas para financiar este proyecto estatal.

De igual forma, otra de las principales fuentes de financiación serán las dos agencias administradoras de los contratos mineros y petroleros, Agencia Nacional de Minería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales deberán hacer aportes a la naciente empresa.

También llama la atención que el texto precisa que, para el capital inicial de la empresa del estado, no será necesario el traslado de recursos financieros provenientes del presupuesto general de la Nación ni demandará esfuerzo fiscal, sin embargo, en el párrafo subsiguiente deja a discrecionalidad del gobierno nacional disponer de aportes vía presupuesto o traslado presupuestal para la capitalización de la empresa.

Tampoco menciona en ningún aparte las condiciones en que la empresa pagará al Estado la contraprestación por explotar recursos naturales no renovables.

Ahora bien, de acuerdo con el texto aprobado en comisión de la Cámara, las relaciones laborales se regirán por el contrato de trabajo, convención colectiva y pactos colectivos, lo cual es lo normal en entidades del sector público, no obstante, puede percibirse la innecesaria creación de esta empresa como un caramelo a los sindicatos del sector minero y petrolero, quienes vieron sus mejores días, en el caso del sector hidrocarburos, cuando Ecopetrol era empresa con capital 100% público, y que podrían robustecer nuevamente su poder con una estatal del sector minero.

Respecto al controvertido proyecto de ley, la Contraloría General de la Nación manifestó preocupación, pues una iniciativa de este corte no es nueva en nuestro país. Contrario sensu, se asemeja a otros intentos fallidos como lo fueron en la década de los 90 Ecominas, Mineralcol, Ecocarbón, las cuales terminaron en liquidación y transfiriendo sus funciones a Ingeominas. Continua el contralor indicando que es imposible pensar la creación y funcionamiento de Ecominerales sin esforzar el presupuesto público, lo cual es más preocupante aún por el hecho de no tener total claridad de las inversiones que la empresa realizará.

En conclusión, habrá que ver el término de esta iniciativa retardataria del país que nos devuelve al siglo pasado, concentrando los sectores económicos en el Estado, lesionando la iniciativa privada, de lo cual no percibiremos las consecuencias sino hasta recibir la embestida económica, cuando empiecen a salir del país multinacionales mineras, petroleras y en general de energía, llevándose consigo divisas, regalías, impuestos, inversión social, contratación de mano de obra, bienes y servicios. Una vez perdida la confianza inversionista, no será fácil recuperarla.

*Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.

Sancionan a firmas por usar el nombre de Vanti

La Superintendencia de Industria y Comercio decretó medidas cautelares en contra de las sociedades ATM Gas Natural Colombia, Interventoría Colombiana de Gas (ICGAS), Gas Technical Home y Servicios Integrados de Construcción y Gas por hacer uso no autorizado de la marca Vanti.

En un hecho sin precedentes y con el objetivo de proteger a los usuarios del servicio de gas natural de engaño y confusión, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decretó medidas cautelares en contra de cuatro empresas infractoras que se hacían pasar por Vanti.

Es así como Vanti decidió iniciar varios procesos judiciales de infracción marcaria y competencia desleal en contra de diferentes empresas y establecimientos de comercio que estarían utilizando la marca Vanti sin autorización, las cuales habrían estado entregado volantes, distribuyendo publicidad y realizando contactos directos con usuarios ofreciendo servicios en nombre de Vanti

En estos procesos, la SIC decretara medidas cautelares en contra de estas empresas infractoras, medidas que buscan evitar que estas empresas sigan haciendo uso no autorizado de la marca Vanti, mientras culmina cada uno de los procesos judiciales.

La medida cautelar más reciente dictada por la SIC fue contra la sociedad Interventoría Colombiana de Gas – ICGAS a quien se le ordenó abstenerse de enviar avisos para agendar la revisión periódica obligatoria a clientes de VANTI, además que, en sus comunicaciones, material publicitario, digital o físico mediante los cuales ofrezca estos servicios aclare que no cuenta con contrato o vinculación con Vanti.

Igualmente, se dictó medida cautelar contra la sociedad ATM Gas Natural Colombia, a quien se le ordenó  cesar el uso  de la marca mixta Vanti o que resulten idénticos o similarmente confundibles para ofertar, distribuir, publicitar, comercializar y contratar servicios de construcción, fabricación, instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha de toda clase de tubería y equipos para el suministro a nivel domiciliario, comercial e industrial de gas natural, combustibles industriales, líquidos y gaseosos y sus derivados; construcción; reparación y asistencia permanente en asuntos relacionados con las instalaciones de gas natural o con los gasodomésticos.

A ATM Gas Natural Colombia también se le ordenó retirar inmediatamente del mercado y los circuitos comerciales todo el material publicitario, digital o físico que circule a través de cualquier medio, y cualquier otro elemento de promoción de cualquier servicio que utilice la marca mixta Vanti.

Así mismo, se le ordenó abstenerse de realizar cualquier tipo de publicidad que utilice la marca mixta Vanti, o que resulten idénticos o similarmente confundible y de ofrecer, publicitar, distribuir, comercializar e identificar sus servicios en el mercado.

Frente a SICONGAS,  se ordenó cesar todos los actos cometidos por infracción marcaria en contra de Vanti, causadas por el uso publicitario en tarjetas de presentación y demás documentos dirigidos a sus clientes, así como cesar el uso y fabricación, comercialización obsequios y publicidad directa e indirecta de productos y/o servicios que causen confusión y asociación directa e indirecta con productos de la marca de propiedad de Vanti.

Asimismo, a  Dairo Alexander Lara Romero, propietario del establecimiento de comercio GAS TECHNICAL HOME se le ordenó el cese inmediato del uso de la marca mixta Vanti, para ofertar, distribuir, publicitar, comercializar y contratar servicios de construcción, fabricación, instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha de toda clase de tubería y equipos para el suministro a nivel domiciliario, comercial e industrial de gas natural, combustibles industriales, líquidos y gaseosos y sus derivados.

Estas decisiones de la SIC se convierten en una buena noticia para los usuarios del servicio de gas natural, pues se ha vuelto común que les envíen volantes, cartas y llamadas con información o programaciones de visitas, por parte de empresas que utilizan indebidamente la marca Vanti. Por ello, la empresa viene adelantando estrategias de comunicación en la que se indica que:

  • Vanti no recibe dinero en efectivo por sus servicios, todos los cobros se hacen a través de la factura.
  • La fecha máxima para realizar la Revisión Periódica Obligatoria de Gas Natural aparece en la factura y se hace cada 5 años.
  • Las únicas líneas de atención al cliente son las que aparecen en la factura.

Finalmente, Vanti invita a sus clientes para que informen a las autoridades aquellos casos en los cuales algunas empresas se hacen pasar por Vanti, con el único propósito de engañarlos.

Naturgas alerta por escasez de gas en los próximos años

La oferta de gas local para la venta en firme no será suficiente para cubrir la demanda de gas natural en el país en el corto y mediano plazo, señaló Naturgas.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS), la oferta de cantidades disponibles de gas natural para la venta en firme (PTDVF), publicada por el Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia, reveló que la cantidad para venta en firme en 2025 es de 43.5 GBTUD y para 2026 160.5 GBTUD. Pero se estima que las necesidades de contratación en firme para 2025 están alrededor de los 120 GBTUD, o 12% de la demanda, y para 2026 alrededor de los 350 GBTUD que equivalen al 30% de la demanda prevista para ese año.

“Para evitar desabastecimiento es necesario complementar la oferta local con fuentes externas de tal manera que los comercializadores que atienden la demanda residencial, comercial, industrial y vehicular, los cuales contratan gas de distintas fuentes y con distintas condiciones, cumplan con las necesidades de sus usuarios”, dijo Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS).

En ese sentido, hizo un llamado urgente a priorizar las acciones y decisiones necesarias que permitan garantizar el suministro de gas natural en el corto y mediano plazo.

“La disminución de la oferta reafirma la necesidad de priorizar las decisiones de política pública y regulatoria tendientes a incrementar la oferta local de gas y habilitar todas las fuentes externas de suministro. Hemos insistido al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG en que comercializar gas con las reglas actuales, en un escenario de estrechez del mercado como el actual, podría generar un incremento en los precios del gas, un servicio público que históricamente ha sido el más económico en Colombia”, señaló Murgas.

De hecho, según cifras del DNP, el gas natural representa el 0.8% del costo total de la canasta de consumo de los hogares pobres, consolidándose como el energético más asequible.

Algunas de las opciones que la industria propone para garantizar el abastecimiento de corto, mediano y largo plazo son:

  • Antes de que inicie el periodo de compraventa de gas natural dentro del proceso de comercialización que ya está en marcha, flexibilizar las reglas para la comercialización de gas local e importado en relación con duración de contratos, negociaciones directas en cualquier momento del año, suscripción de contratos de suministro en firme con vigencias de corto, mediano y largo plazo y flexibilidad en el inicio de ejecución del contrato. ⁠
  • Aprobación de las inversiones asociadas a la ampliación de capacidad de transporte del gasoducto Barranquilla–Ballena que permitiría transportar excedentes de gas de la Costa Atlántica hacia el interior del país.
  • Resolver las solicitudes de revisión de cargos y de agregación de tramos de transporte necesarias para impulsar el desarrollo de los proyectos que aumentarán oferta de gas local.

En las propuestas de las resoluciones CREG 702 003 de 2023 y 702 006 de 2024, la CREG ha planteado algunas medidas tendientes a flexibilizar las reglas de comercialización, pero se requiere que esas medidas se adopten definitivamente y en el menor tiempo posible para que apliquen al actual proceso de comercialización.

Finalmente, Naturgas señala que para dinamizar la actividad exploratoria y adoptar medidas que impacten la administración de los contratos E&P, es necesario que el Ministerio de Minas y Energía considere medidas adicionales y excepcionales, tales como:

  1. La flexibilización de los compromisos requeridos para ampliar plazos y retener áreas en evaluación;
  2. Revisar la extensión de áreas de contratos existentes afectados por fuerza mayor o aspectos técnicos;
  3. Retomar la nominación de áreas exclusivas para gas natural en el país; y
  4. La promoción de sinergias entre proyectos convencionales y de transición energética.

Un tercer puerto en Cartagena se suma a la importación de GLP

Se espera que la instalación de almacenamiento refrigerado de GLP de 20.400 toneladas esté en servicio en 2027.

Frontera Energy anunció que su subsidiaria Sociedad Portuaria Puerto Bahía SA (Puerto Bahía) y la chilena Gasco Soluciones Logísticas y Energéticas SAS (GASCO) celebraron un Acuerdo Marco de Colaboración para desarrollar conjuntamente un proyecto de importación de gas licuado de petróleo (GLP) en Puerto Bahía, ubicada en la bahía de Cartagena.

El Acuerdo cubre la construcción y operación del proyecto y se espera que esté en servicio para 2027, completando así el país tres puertos de importación del combustible en esa ciudad. Los otros dos son Okianus Terminal y Plexaport.

Orlando Cabrales, director Ejecutivo (CEO) de Frontera, comentó: «Estamos entusiasmados de celebrar este acuerdo con Gasco para construir y operar instalaciones de GLP en Puerto Bahía. El acuerdo pondrá en funcionamiento las instalaciones de GLP en 2027 para capitalizar los crecientes déficits de suministro de GLP en el mercado colombiano, en un momento en el que se espera que el mercado crezca un 4% anual.

“Aprovechando la infraestructura y ubicación estratégica de Puerto Bahía y la experiencia de GASCO y su actual participación en el mercado nacional de GLP, el proyecto apunta a ser el importador de menor costo de Colombia y capturará una participación significativa de este mercado con el tiempo.”

Por su parte, Cristian Aguirre, gerente General de Gasco, comentó: «Este es un proyecto importante en el que venimos trabajando con nuestro equipo en Colombia, Puerto Bahía y Frontera. Consideramos que este proyecto puede cubrir gran parte de las necesidades de GLP del mercado colombiano en el futuro. Recordemos que el GLP es un combustible base para la transición energética y para la reducción de emisiones. Además, en Colombia forma parte de la base de combustible utilizada por la industria, la generación de energía y el uso residencial.”

El acuerdo contempla desarrollar una instalación de almacenamiento refrigerado de GLP de 20.400 toneladas. El costo estimado del proyecto es de entre 50 a 60 millones de dólares, los cuales serán compartidos entre Puerto Bahía y GASCO. Se espera que las contribuciones de Puerto Bahía sean en gran medida en especie.

Como parte del Acuerdo, Puerto Bahía y GASCO establecerán una empresa conjunta para desarrollar, construir y operar las instalaciones en la terminal de Puerto Bahía en Cartagena. El proyecto podrá incluir fases adicionales para captar mayores volúmenes, dependiendo de la demanda del mercado.

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colombia consume aproximadamente 700 mil toneladas de GLP anualmente y requerirá 1 millón de toneladas al 2031.

Se estima que en el escenario base, aproximadamente 160.000 toneladas por año podrían importarse y abastecerse a través de esta nueva instalación, aumentando a 340.000 toneladas por año para 2030. Una vez construida, la instalación tendrá capacidad para dos buques muy grandes de gas (VLGC) por mes.

Sobre Puerto Bahía

Ubicado estratégicamente en la bahía de Cartagena, Puerto Bahía cuenta con terminales de carga líquida y seca. La terminal de líquidos exporta e importa petróleo crudo y productos refinados de Frontera Energy Colombia y otros transportistas de crudo nacionales e internacionales. Con un calado natural superior a los 18 metros y conectividad multimodal, Puerto Bahía aporta ventajas competitivas en Cartagena.

En 2023, Puerto Bahía y Refinería de Cartagena SAS (Reficar) celebraron un acuerdo para conectar la instalación portuaria de Puerto Bahía y la Refinería que transportará petróleo crudo y otros hidrocarburos. Se prevé que la conexión esté lista a finales de 2024.

Además, la terminal seca de Puerto Bahía es el centro de carga rodada más grande de Colombia y representa más del 55% del mercado colombiano de importación/exportación de automóviles. El puerto tiene una importante experiencia en carga fraccionada y de proyectos. Actualmente actúa como una base costera que respalda la industria costa afuera de petróleo y gas.

¿La soberanía energética colombiana está en duda?

Las fuentes renovables son clave para la diversificación de la matriz energética, pero su escalabilidad tiene un camino largo que recorrer. En Colombia, su viabilidad enfrenta importantes retos, por lo que el gas natural juega un rol relevante en la transición y en la soberanía energética, razón por la cual el desabastecimiento que hoy enfrenta el país requiere de medidas urgentes.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Siempre se ha afirmado que Colombia cuenta con gran potencial en las reservas de gas natural; sin embargo, su materialización todavía tiene muchos desafíos.

El país se ha enfocado en masificar el consumo de gas natural en los sectores residencial, industrial y comercial. Esto ha permitido que el gas natural sea fundamental en la vida y la economía nacional, en tanto que:

  1. Ha aportado a los objetivos para la sustitución de leña,
  2. Ha sido esencial para limpiar el parque automotor,
  3. Permite garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica,
  4. Más de 218 mil usuarios comerciales e industriales utilizan este energético, y
  5. El 65% de la población usa gas en sus hogares.

En la primera década de este siglo se evidenció que las reservas no serían suficientes para atender la creciente demanda en el mediano plazo. Así, en el 2010 Colombia promovió la producción nacional de gas natural, y la importación del energético en estado líquido (GNL). Esto llevó a adjudicar nuevas áreas para buscar y extraer hidrocarburos, y a la puesta en operación de la única terminal de importación de gas en Cartagena.

Adicionalmente, el plan de abastecimiento de gas natural concluyó que, para garantizar el abastecimiento y la confiabilidad en el suministro, también se requería ampliar la capacidad del Sistema Nacional de Transporte a través de varios proyectos de expansión (los IPAT) y la infraestructura de importación y regasificación en el Pacífico.

Pese a lo anterior, las medidas tomadas no han sido suficientes, y el riesgo de desabastecimiento es inminente. A la fecha: (i) el proceso de selección del inversionista a cargo del proyecto del Pacífico se declaró desierto, (ii) los proyectos IPAT no avanzan, (iii) las señales de política energética niegan la posibilidad de explorar el potencial gasista del país en tierra y costa afuera, y (iv) la terminal de Cartagena seguirá atendiento exclusivamente a tres generadores térmicos hasta el 2031.

En mayo pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos con corte a 31 de diciembre de 2023, indicando que las reservas probadas de gas natural son de 2.373 Gpc, equivalentes a 6,1 años de abastecimiento.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía presentó la declaración de producción de gas natural 2024-2033 evidenciando que hay una reducción en el potencial de producción total en comparación con lo declarado el año pasado. Esto prendió las alarmas porque la disponibilidad de gas natural para atender la demanda está en duda, pues desde 2025 habrá faltantes de gas natural.

Recordemos que la importancia del gas natural para Colombia no solo se debe a los más de 11,5 millones de hogares colombianos a quienes deben garantizárseles el suministro, sino que aporta respaldo al servicio de energía eléctrica cuando las hidroeléctricas se enfrentan a la sequía, y a la confiabilidad de las renovables en los periodos en las que estas no están disponibles, como en la noche o durante periodos climáticos determinados.

En consecuencia, el diagnóstico es claro: el país no requiere de más discursos, estudios, paneles y grupos de discusión. Se necesitan señales de mercado y regulatorias de largo plazo serias, que permita a los inversionistas apostarle al sector.

Para ello será necesario recuperar la institucionalidad de la CREG realizando los nombramientos en propiedad de personas con experiencia técnica para que tomen decisiones tendientes, entre otros, a:

  1. Flexibilizar los mecanismos de comercialización de gas, permitiendo la contratación directa, en cualquier momento del año, y de corto plazo,
  2. Aprobar los cargos de los proyectos de expansión de transporte,
  3. Fortalecer y promover la actividad de transporte virtual que permita acercar las fuentes no conectadas al sistema de transporte a los centros de consumo, y
  4. Habilitar a más agentes para que realicen la actividad de regasificación e inviertan en infraestructura de importación.

Además, se requiere retomar la discusión sobre los proyectos piloto en yacimientos no convencionales, para identificar los verdaderos riesgos de la actividad y decidir objetivamente si se habilita esta actividad.

Finalmente, se debe adjudicar áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

El gas natural es un energético clave en la transición energética y en la vida de los colombianos, por eso requiere de atención nacional.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica. Actualmente se desempeña como Counsel de Energía & Cambio Climático.

Ganadores de las becas del programa ‘100K Strong CLIMA’

La convocatoria cuenta con recursos por US$600 mil, de los cuales el GEB aporta US$250 mil, destacándose por ser la primera vez en la que donantes privados apoyan una convocatoria 100K CLIMA entre Estados Unidos y Colombia.

El Grupo Energía Bogotá (GEB), en alianza con el gobierno de los Estados Unidos y la Fundación Santo Domingo, anunciaron a los 16 equipos ganadores de las becas del programa ‘100K Strong CLIMA’, que tiene como objetivo fortalecer la educación en áreas relacionadas con la transición energética y el cambio climático mediante programas de intercambios e investigación entre Colombia y EE. UU., para lo cual el GEB aportó US$250 mil.

La convocatoria se destaca por ser la de mayor inversión desde el sector privado y la primera ocasión en que donantes privados apoyan una convocatoria 100K Strong entre EE.UU. y Colombia.

El anuncio de los beneficiarios estuvo a cargo del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri; el director de Sostenibilidad del GEB, Eduardo Uribe, y directivos de la Fundación Santo Domingo y del proyecto Cacao para el Desarrollo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Los ganadores son instituciones de Educación Superior colombianas que, en alianza con universidades de EE.UU., implementarán programas de investigación e intercambio docente y estudiantil para abordar los desafíos y oportunidades de la transición energética y el cambio climático.

Cada equipo recibirá un financiamiento entre US$27 mil y US$50 mil para implementar los programas durante el año académico 2024-2025.

“En el Grupo Energía Bogotá tenemos claro que la transición energética, más que tecnología, necesita personas preparadas y capaces de abordar los retos y oportunidades que esta trae en Colombia. Por eso, nos adherimos a la iniciativa 100KCLIMA, una alianza para expandir la educación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y seguir aportando a que el país cuente con los profesionales que liderarán la transformación energética”, aseguró Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

El programa 100K Strong CLIMA representa la mayor alianza de cooperación educativa en el hemisferio occidental. Además del GEB, participan la Fundación Santo Domingo, el programa Cacao para el Desarrollo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Partners of the Americas, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

“El compromiso con la sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá se materializa a través de este tipo de iniciativas. Nuestra intención es movilizar más convocatorias de este programa, en las que podamos atraer más empresas para crear alianzas cada vez más grandes desde el sector empresarial que aporten a la educación, la innovación para la solución de retos ambientales y del sector energético en Colombia”, afirmó Eduardo Uribe.

Esta convocatoria se enmarca en el programa “Legado para los Territorios”, el programa de inversión social voluntaria más grande del GEB cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y habilidades de las comunidades de las zonas de influencia del Grupo en áreas relevantes para la transición energética y el cambio climático.

¿Qué es 100K Strong CLIMA?

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) es una iniciativa que surge de la colaboración público-privada entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las embajadas de los Estados Unidos y Partners of the Américas.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la innovación y los intercambios inclusivos entre estudiantes y profesores de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En total se han llevado a cabo más de 35 convocatorias en un período de 10 años.

Gracias a las asociaciones establecidas por 100K Strong, más de 9.000 estudiantes y profesores han participado en programas inclusivos de intercambio y capacitación en todo el continente americano. Además, la Red 100K, una plataforma virtual para la colaboración en educación superior cuenta con más de 4.000 miembros individuales que representan aproximadamente a 2.300 Instituciones de Educación Superior en el hemisferio occidental.

Equipos y proyectos seleccionados

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)

The University of Texas Rio Grande Valley (U.S.)

Transferencia de conocimientos y habilidades a estudiantes y profesores para promover la transición empresarial y la asociatividad en la producción sostenible en Colombia y Estados Unidos

Universidad EAFIT (Colombia) Fayetteville State University (U.S.)

Aprendizaje-Servicio para Cultivar la Sostenibilidad: Un programa de intercambio universitario entre EE.UU. y Colombia

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro para la Formación Cafetera Manizales (Colombia)

East Carolina University (U.S.)

Fomentar el conocimiento y las experiencias de intercambio internacional relacionadas con los recursos hídricos y la energía renovable aplicados a la adaptación y mitigación del cambio climático con estrategias de sostenibilidad.

Universidad del Norte (Colombia)

The Pennsylvania State University (U.S.)

Iniciativa Horizonte Verde Pensilvania-Colombia:

Asociación de educación en energía sostenible entre Estados Unidos y Colombia

Universidad Autónoma de Occidente (Colombia)

SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) (U.S.) Comunicando transiciones rurales justas en las AméricasUniversidad Universidad Católica de Colombia (Colombia)

University of Texas at Arlington (U.S.)

Mejorar la alfabetización mediática para combatir el cambio climático: utilizar datos para contrarrestar la desinformación

Universidad de La Sabana (Colombia) Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) University of Texas at San Antonio (U.S.)

Construyendo Soluciones: Intercambio de aprendizaje experiencial sobre el agua y el cambio climático en las comunidades locales

Universidad de La Salle (Colombia)

Universidad Internacional del Trópico Americano (Colombia) University of California, Davis (U.S.)

Diversificando el paisaje del cacao: Transferencia de conocimiento y tecnología para la acción climática y la agroecología para contribuir al sistema alimentario en Colombia.

Universidad de Manizales (Colombia) University of Wisconsin-Madison (U.S.)

Procesamiento de residuos agrícolas con fines comerciales a través del diseño colaborativo de subproductos

Universidad de Manizales (Colombia) California State University, Northridge (U.S.)

Infraestructura geoespacial (SIG y base web) para el manejo sostenible de plantaciones de cacao y cultivos asociados bajo el cambio climático

Universidad EIA (Colombia)

University of California, Los Angeles (U.S.)

Fomento de las comunidades de energía renovable: Un programa de colaboración dirigido por estudiantes y basado en proyectos entre la Universidad EIA y UCLA

Universidad Icesi (Colombia) + Purdue University (U.S.) Universidad EAFIT (Colombia) + Universidad de Ibagué (Colombia)

Desarrollo de la cadena de valor de los bioinsumos y su análisis tecno-económico (TEA) sobre cosecha y cultivo para apoyar la circularidad en los pequeños productores de cacao colombianos (COCOA-TEA)

Universidad Icesi (Colombia) University of Florida (U.S.)

Estudio de la eficacia ecológica en diversas etapas (SEEDS) de la cadena de valor del chile.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá (Colombia) University of California, Davis (U.S.)

Cacao Opciones Capaces para Problemas Agrícolas Comunes (COCOA)

Universidad Santo Tomás Villavicencio (Colombia) University of Texas at El Paso (U.S.)

Silvicultura, agua y cambio climático. Estudio en la Orinoquia Piamonte para la mitigación del Cambio Climático (O-WACC)

Universidad Industrial de Santander (Colombia) Universidad de la Sabana (Colombia) University of Delaware (U.S.)

Alianzas entre Estados Unidos y Colombia para la detección de la salud de los bosques y la energía renovable.

Prolegómeno al anteproyecto de reforma de la ley de servicios públicos

Antes de adentrarnos en el análisis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso, exponemos lo que podríamos llamar el prolegómeno a propósito del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En primer lugar, es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes.

Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda.

Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70,9% en 1990 a 98,72% en 2023, y el número de usuarios pasó de 4,4 millones en 1990 a 17,7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura del sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo; como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad), ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición Energética. Colombia ha retrocedido en los últimos dos años. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto.

 Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de Ruta de la Transición Energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición Energética, el cual se basó en un informe y las recomendaciones de 20 expertos, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 – 2012) integró el presidente Duque y rindió su informe el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, se destaca el marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del sistema energético.

Con base en este Informe, la administración Duque publicó la Hoja de Ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto, después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.

Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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