Autor: Martín Rosas

La mayoría de colombianos podría estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024, en caso de materializarse el proyecto de resolución de la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de enero, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio.

Según el ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”.

Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.

De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH.

Pero, concomitantemente, como lo afirma el director Ejecutivo de Óptima Consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.

Por lo demás, como lo acota Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”.

Y para rematar, “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.

A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”. Y repite la cantinela  de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”.

Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la directora Ejecutiva de ASOENERGÍA Sandra Fonseca: “La gran mayoría de colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.

De aplicarse tal cual como está proyectada, la medida agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.

Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas.

Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el máximo grado de estrés.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

De cara al 2024, lo ideal es hacer énfasis en el desarrollo de un trabajo coordinado entre los sectores público y privado, como ha ocurrido en las últimas tres décadas.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

El 2023 estuvo lleno de retos y nos demostró que como sector eléctrico estamos preparados para afrontar y superar adversidades, gracias a que desde hace 30 años nos hemos consolidado como un sector robusto, con una institucionalidad sólida y unos actores que apuestan por defenderlo.

El 2023 estuvo marcado por una coyuntura nacional que hace más complejo el camino hacia el fortalecimiento del sector eléctrico: cambio en las reglas de juego para inversionistas con propuestas regulatorias que intervienen la operación de privados, presiones sociales que dificultan el desarrollo de proyectos, inestabilidad política, restricción al desarrollo de proyectos renovables hidráulicos que aportan confiabilidad, falta de gas natural local y sin señales claras para mantener la infraestructura de importación, falta de institucionalidad, retrasos en proyectos (según XM menos del 20% han entrado en operación en los últimos cuatro años), y eliminación de beneficios tributarios a los proyectos de energía renovable.

Todo lo anterior se traduce en falta de confianza y en un alto grado de incertidumbre, lo que se convierte en un desafío principal para el 2024 y para los años siguientes. No atender oportunamente todos los aspectos mencionados nos podría poner en una situación indeseada para el país.

De cara al 2024 es importante resaltar que lo ideal es hacer énfasis en el desarrollo de un trabajo coordinado entre los sectores público y privado, como ha ocurrido en las últimas tres décadas, superando los temas políticos e ideológicos, con el firme propósito de trabajar unidos por el fortalecimiento del sector eléctrico, que aporta desarrollo a las regiones y bienestar a la sociedad.

Un enfoque en el fortalecimiento de la institucionalidad es otro de los aspectos esenciales para 2024, teniendo en cuenta que esta ha funcionado correctamente en los últimos 30 años y ha permitido la prestación constante del servicio. Esto, sumado a que todos debemos unir esfuerzos para que los proyectos de generación de energía eléctrica entren en operación.

Generar confrontaciones innecesarias y crear antagonistas en una relación que debería simplemente fluir y ser colaborativa, lo único que hace es generar afectaciones en el país y, más que todo, en los ciudadanos, además de retrasar la entrada de proyectos y el desarrollo de procesos del sector.

Solo la unión de esfuerzos en la búsqueda de un propósito común logrará mejores resultados y beneficios para todos los colombianos.

*Presidente de Acolgen

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Por: JAVIER LASTRA FUSCALDO*

En el pasado periodo de campañas electorales de 2023, Afinia fue tema de muchos discursos, en ellos los candidatos a alcaldías y gobernaciones se comprometían a disminuir tarifas y a mejorar el servicio de energía eléctrica, propósitos que la costa Caribe reclama desde hace décadas.

Lo cierto es que además de las buenas intenciones, para el logro de esos dos objetivos se requiere desarrollar un robusto plan de inversiones para modernizar la obsoleta infraestructura, y buena parte de su financiación proviene del sistema financiero y de sus dueños.

Si bien la tarifa marca una tendencia al alza, en los primeros años de operación esta no alcanza a cubrir los costos que demandan las inversiones de las obras. Modernizar la infraestructura toma tiempo y esto se logra con obras apalancadas en voluntad y recursos; y en ese sentido, debemos seguir avanzando con el norte claro.

Ahora bien, sin compartir esta lógica, respeto a los candidatos que hacen las propuestas que sus electores quieren escuchar y respeto también que los elijan por eso; sin embargo, al momento de gobernar se encuentran con la realidad de no tener competencia para establecer ni bajar las tarifas de algunos servicios públicos como tampoco la tienen las empresas, y tal vez no todos los mandatarios se decidan a invertir recursos propios en redes eléctricas.

En ese escenario, sus propuestas quedan solo en eso, en buenas intenciones, pero irrealizables por parte de ellos, con el consecuente desencanto de sus electores a los pocos días o meses de iniciar sus gobiernos.

Sería muy útil que los mandatarios en el área de cobertura de Afinia, que corresponden a 134 municipios y cinco departamentos, se comprometan a trabajar de la mano con la empresa, entendiendo aún más los problemas, los retos, reconociendo los esfuerzos que hace la compañía e informen estas acciones a los usuarios y comunidades, en especial a aquellas que se oponen a la reposición de redes y equipos. 

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que, en momentos de crisis de liquidez o por prioridades de nuevas administraciones, adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Apoyar también en la información a los usuarios sobre el avance de la mejora de los indicadores de calidad y en conjunto hacer propuestas para moderar las tarifas sin comprometer la sostenibilidad de la empresa.

Son varios los actores en la cadena del servicio de energía eléctrica, cada uno de ellos con una cuota de participación en las tarifas, lo que hace más engorrosas las soluciones y, así como hay factores que incrementan el precio de la energía también hay periodos de estrechez de caja en las empresas comercializadoras para cumplir con los pagos, precisamente en periodos de altos precios.

No obstante, Afinia ha afrontado, hasta ahora, los periodos de crisis de liquidez con capitalizaciones de su matriz y créditos, cumpliendo con sus obligaciones y sin bajar el ritmo de las inversiones. Efectivamente ya se han ejecutado dos billones de pesos en tan solo tres años de operación, de los once billones proyectados a 10 años, que sin duda ha permitido disminuir el tiempo de las interrupciones del servicio.

Con amor por nuestra región y como costeños, desde donde estemos, podemos aportar para lograr un servicio de energía eléctrica de la más alta calidad.

*Gerente General de Afinia

Todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A través de su cuenta en X y mediante un lacónico mensaje, el presidente Gustavo Petro notificó la decisión de su Gobierno de dar por terminada unilateralmente “la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia” y advierte que recobra su “función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.

En estos términos, se envían dos mensajes en uno: el Gobierno central reasume las funciones y competencias que la Agencia Nacional de Minería (ANM) había delegado mediante un convenio interadministrativo suscrito entre las dos partes, negando la prórroga solicitada por Antioquia, al tiempo que se advierte que en adelante dicha función constitucional se pondrá “al servicio del pequeño minero”, como si no lo hubiera estado mientras la misma la ejerció el departamento. 

En auxilio del pronunciamiento del presidente Petro para justificar dicha medida, la ANM adujo en un comunicado de prensa que, según informe de su Vicepresidencia de Seguimiento y Control Minero, se “ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización”, sin dar más detalles y sin dar lugar a la contrastación y corroboración del mismo. En consecuencia, es su decisión “reasumir a partir del primero de enero de 2024 las funciones de autoridad minera delegadas desde 2001 a Antioquia”.

Es cierto, como lo acota la ANM en su comunicado, que «de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 489 de 1998 y en la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-372 de 2002), la autoridad delegante puede reasumir la competencia en cualquier tiempo y existe un amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo».

Luego, lo que está en discusión no es el “amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias”, sino las razones de pertinencia, conveniencia y oportunidad.

Huelga decir que eso es lo que ha venido haciendo la Nación, delegando funciones y competencias a las entidades territoriales, eso sí sin recursos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución Política que lo condiciona a la transferencia de los recursos necesarios y suficientes para asumirlas y lo que es más grave sin mediar siquiera su consentimiento. Y ello no obstante que, como lo dejó establecido la Corte Constitucional en la Sentencia citada, se requiere que “sea aceptado el traslado de competencias por parte de la entidad territorial delegataria”.

La ANM se pretende escudar en la Sentencia de la Corte Constitucional C–727 de 2000 que, en uno de sus apartes, dejó establecido que la delegación entre entidades públicas es constitucional siempre y cuando “no implique un reparto definitivo de competencias, sino un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades”, lo cual la llevó a declarar inexequible la alusión a la permanencia de la delegación del artículo 320 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas vigente, dejando en firme la atinente a la delegación “temporal u ocasional” en el mismo.

Y este es el caso, precisamente por ello dicha delegación se ha venido dando de manera temporal y no permanente. La más reciente prórroga se dio hace dos años al firmarse un otrosí, con vencimiento el 31 de diciembre de este año. En una interpretación acomodaticia del fallo de la Corte Constitucional, la ANM colige que “en el caso de la delegación minera en la Gobernación de Antioquia, dicho mecanismo de colaboración ha sido objeto de sucesivas prórrogas en el tiempo, lo cual en la práctica comporta un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional y el vaciamiento de competencias legales.”

No hay nada nuevo bajo el sol. Esta es una manifestación más del aberrante centralismo que agobia a las regiones en Colombia, en donde los gobiernos de los departamentos y municipios han sido reducidos a su condición de capitis diminutio institucional. 

Durante los 32 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, que consagró la autonomía territorial en su artículo 287, con medidas como estas el Gobierno central, a contrapelo de la misma, ha acentuado un proceso de recentralización, la cual se ha visto exacerbada por el presidencialismo. Y no es para menos, pues en Colombia el presidente de la República es, además, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad de la Nación.

Nos ilusionamos creyendo que con la llegada al gobierno de un presidente de izquierda, con la bandera del cambio, esta tendencia cambiaría, ¡pero qué va! De allí el rechazo que ha despertado esta atrabiliaria decisión que hiere la sensibilidad de un departamento como Antioquia, pionero de la actividad minera en Colombia, con una larga tradición, que representa el 1,86%  del PIB nacional y el 39,3% de sus exportaciones.

Huelga decir que las capacidades y competencias técnicas, jurídicas y operativas, con las que cuenta la Secretaría de Minas, creada mediante la Ordenanza 1177 de 1991, la envidiaría la propia ANM. Esta, al reasumir tales competencias, tendrá que agigantar su burocracia, de un Estado ya macrocefálico y paquidérmico, para poder reasumir las funciones delegadas.

Así, todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene el liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional, con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Todo comenzó con una llamada que recibí el 26 de diciembre de 2022 de parte del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo informándome que estaban reunidos todos los gobernadores de los departamentos del Caribe y acababan de tomar, enhorabuena, la decisión de poner en marcha la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe y que unánimemente me pedían que yo me pusiera al frente de dicho proceso.

No me dieron tiempo de pensarlo dos veces ni yo lo necesitaba para darles el sí, pues comprometidos como hemos estado por décadas en pos de la descentralización y la autonomía regional, no podía rehuir dicha responsabilidad encomendada. Tanto más en cuanto que a mediados de 2020, junto con Elvia Mejía, quien me sucedió en la Coordinación del CORPES, les habíamos dirigido una carta abierta a ellos exhortándolos a que lo hicieran. No podíamos, entonces, salir huyéndole al tigre después de muerto.

Aceptamos, entonces, asumir el reto, luego de que se formalizara mi vinculación el 1º de febrero por parte del Consejo Regional de la RAP y desde entonces acometimos, con entusiasmo y decisión, esta ímproba tarea al ritmo 24/7, sin reparar en los obstáculos a superar, sobre todo las barreras propias del centralismo que agobia a las regiones, exacerbado por el presidencialismo a ultranza que se ha entronizado en Colombia, en donde el presidente de la República es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Como lo afirmó el gran pensador paisa Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones, pero, como lo hemos advertido, lo peor que le puede pasar a las regiones es convertirse en un archipiélago de departamentos.

Para poder superar la postergación y desdén de la cual son objeto es fundamental la integración regional y esta se constituye en uno de los principales objetivos de la RAP cumpliendo su rol de articulador. En este propósito hemos propiciado la aproximación y cooperación entre las cámaras de comercio, las corporaciones autónomas, las comisiones regionales de competitividad y las universidades de la región, amén de Telecaribe, nuestro canal, con los cuales hemos venido trabajando de la mano.

El paso más importante a dar fue la formulación del Plan Estratégico Regional (PER), en su versión preliminar, el cual es un requisito sine qua non para acceder al registro de la RAP y su reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior.

A falta de un equipo robusto propio de la RAP para realizar este exigente trabajo, recurrimos a la integración del Voluntariado de la RAP, que coordina Elvia Mejía, con profesionales, docentes e investigadores de la región que, sin esperar ningún emolumento a cambio de su esmerado y diligente trabajo, pusieron todo de sí para lograrlo. Para ellos nuestro reconocimiento, el mismo que recibimos de parte del DNP por la calidad del trabajo realizado. Para resaltar el apoyo técnico recibido por el Observatorio del Caribe y su director Fernán Acosta.

Felizmente, el pasado 18 de diciembre recibimos oficialmente de manos del viceministro del Interior Gustavo García dicho registro.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional y con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo, destacándose el proyecto de Las rutas de Gabo, para lo cual hemos contado con el apoyo de la Fundación Gabo que dirige Jaime Abello y de la Corporación Andina de Fomento y su presidente ejecutivo Sergio Díaz – Granados, de la cual también hemos recibido el apoyo para la actualización del proyecto El Caribe sin hambre y el de la Telemedicina.

También hemos recibido el apoyo de FINDETER y su presidente Juan Carlos Muñiz para avanzar en la siguiente fase del PER hasta su versión final y el Banco de proyectos anejo, así como de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que dirige Mariela Barragán.

Somos conscientes de que esta es una tarea de largo aliento, que debe comprometer todas las energías de toda la dirigencia política, social y gremial de la región para avanzar de prisa y sin pausa hasta cumplir con el mandato ciudadano del Voto Caribe que se concretó en los comicios de marzo de 2010, en donde quedó expresa la voluntad y la decisión del Caribe de constituirse en región como entidad territorial.

Por ello, insistimos en que la RAP es sólo una escala técnica para llegar a este anhelo largamente acariciado. Por ello, registramos con optimismo el pronunciamiento de los gobernadores entrantes recientemente desde Cartagena, con el liderazgo del ex constituyente y próximo gobernador del Atlántico Eduardo Verano, al momento de recibir la posta de mano de sus antecesores, manifestando su “voluntad y la decisión de apoyar a la RAP, como una conquista alcanzada, gracias a la Constitución de 1991… Con tal fin, dispondremos de las acciones necesarias tendientes a su fortalecimiento y consolidación como ente integrador y articulador de la región”. 

Auguramos, entonces, los mejores tiempos para la causa autonomista en el país, en la que la región Caribe ha estado siempre a la vanguardia, seguiremos luchando sin tregua por ella con tesón y denuedo.

Como bien dijo Nelson Mandela, después de escalar una gran colina, uno se percata de que aún hay muchas colinas por escalar. Juntos, unidos somos más y más fuertes para enfrentar con éxito el leviatán del centralismo para dejar de ser, como diría nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, alfil sin albedrío del mismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.