Autor: Martín Rosas

La propia CREG se pronunció a través de una circular, en la cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley de servicios públicos 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad, vigente hace casi 30 años.

El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro Económico Mundial y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

En 2022, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento a las protestas de los usuarios, el presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), anunció su intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones.

En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pero, posteriormente, el mismo Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento de varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando ésta prácticamente desmantelada y en manos del presidente Petro. No obstante, éste en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como lo manda la Ley sus reemplazos, dispuso encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se reemplazó con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el quorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director Eecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”.

Y para rematar, luego vendría lo peor, José Fernando Prada, habiéndosele vencido su período, renunció ante el despacho del ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete.

Hasta ahora sólo se ha hecho efectivo el nombramiento en propiedad de uno sólo de los 6 expertos comisionados que integran la CREG, al ingeniero Omar Prías, prolongando la parálisis de la CREG por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno.

En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más parece el canto del cisne, en el cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”. Algo inaudito. 

Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla.

Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Al expirar el Pacto Tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, ya las empresas operadoras de red quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos se quedó en el tintero.

Como lo denunció el delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro, “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%.

Y mientras tanto, el ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”. ¿Será esta una de esas profecías autocumplidas? ¡No hay derecho!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable.

Por: JUAN ESPINAL*

La Transición Energética ha sido una decisión de Estado, que se inició en el gobierno del presidente Uribe con el primer parque eólico Jepirachi en La Guajira, pasando por la aprobación de la Ley 1725 de 2014 en el gobierno Santos, y generando avances significativos que fueron reconocidos en la COP 26 como la Ley de Transición Energética, la Ley de Cambio Climático y la Hoja de Ruta del Hidrógeno liderada por el presidente Duque; lo que significa que ni Petro ni sus fanáticos ministros están descubriendo algo nuevo.

La constante ha sido avanzar con la Transición Energética de la mano de la Seguridad Energética. Parte de esta Transición, es darle complementariedad a los recursos hídricos por la exposición de efectos climáticos, como el Fenómeno de El Niño, con más fuentes de energías renovables, además, continuar  aprovechando los recursos no renovables, que en su mayoría, son exportados y buscan cerrar brechas energéticas con el gas natural en el mercado doméstico.

Lo he manifestado, la Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable. Quieren dejar de explorar y explotar recursos no renovables, al parecer pretenden que nuestro país dependa de países como Venezuela, decisión que generaría una gran afectación económica en materia fiscal y de balanza comercial. El plan de Petro no es proteger al mundo del cambio climático, sino destruir a Colombia.

Si importamos gas desde Venezuela, la factura del gas para estratos 1, 2 y 3 aumentaría hasta por 5 veces; no podemos olvidar que en Colombia 37 millones de ciudadanos consumimos el gas que producimos y que el 67% son estratos bajos. La pregunta para el presidente Petro es, ¿cómo sustituir el 54% de las exportaciones que dependen del petróleo y el carbón?

El Gobierno del “Cambio” tiene en riesgo la Transición Energética, la CREG está desmantelada, en el Plan Nacional de Desarrollo aumentaron las transferencias del 1% al 6% para los proyectos de energías renovables no convencionales. La inseguridad jurídica está generando parálisis de los proyectos eólicos y solares, ENEL suspendió la construcción de uno de los parques eólicos más importantes y otras empresas han tomado la decisión de desmontar proyectos similares en el país.

No se puede desconocer que el sector minero energético genera 500 mil empleos directos en el país, fondea el Sistema General de Regalías, que es fundamental para la construcción de colegios, vías, parques y que además, financia proyectos ambientales y en materia de ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional y Acolgen, para el cual tomaron la información de proyecciones a futuro de la UPME, se estiman crecimientos de la demanda de electricidad entre el 2,2% y el 3,4% anualmente. Hoy el consumo real está creciendo por encima del 5%, es decir, el doble de lo que proyectó la UPME, lo cual representa un reto aún mayor para el mercado, porque de mantener ese ritmo el sistema no estaría preparado para atender a todos los colombianos años antes de lo presentado por el estudio.

Presidente Petro, no permita que la Transición Energética fracase, no someta a los colombianos a un apagón, a quemar más leña y a depender energéticamente de otro país. Presidente, no debilite  a ECOPETROL, la empresa más importante de los colombianos.

Lamentablemente hoy los colombianos estamos viendo las consecuencias del decrecimiento al que están dedicados en el gobierno nacional. Ojalá no dejen perder el país, aunque como vamos, el resultado no será el mejor.

*Segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción, esto es, para invertir.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido, y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas.

Además, en menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país.

Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía”, la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho.

Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios” y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

No sé cómo va a hacer el ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994.

De dónde saca el ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas.

Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un ministro del lado de los usuarios”, para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias” para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo, en momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el supérstite director de la CREG José Fernando Prada “estamos en un apagón regulatorio”.

Por lo demás, el ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. Por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo. Dos de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición Energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro.

No hay que perder de vista que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego.

El SIN es una cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, esto es, para invertir.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.