Autor: Martín Rosas

En el marco de la 40 Conferencia Energética Colombiana (Enercol), organizada por ACIEM, la presidente de la ANH anunció acuerdos con la industria para aumentar producción.

“Hoy hemos anunciado al país las medidas del Acuerdo que permitirá la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos las cuales se relacionan con extensión de plazos para las fases de periodo de exploración; reducción de garantías por actividad exploratoria adicional; reconversión de contratos de yacimientos no convencionales (YNC), y la destinación de hasta un 50% de inversión remanente para apoyar o ejecutar la generación de energía a través de Fuentes No Convencionales de Energía”, declaró Clara Liliana Guatame, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La presidenta de la ANH indicó que el Acuerdo que fue aprobado establece los criterios que incentivarán la exploración a través de la adopción de medidas que los potencializarán, a la vez que impulsará la política de la Transición Energética Justa (TEJ).

“La adopción de estos criterios será clave para incentivar la actividad exploratoria generando inversión directa en proyectos que eventualmente pueden incrementar las reservas de hidrocarburos del país en el corto, mediano y largo plazo; generar un incremento en la inversión social directa en los territorios a través de los Planes en Beneficio de las Comunidades; e impulsar el uso de energéticos alternativos”, manifestó Guatame.

La presidente de la ANH destacó que la transición es gradual y que el país necesita no sólo los recursos económicos obtenidos en la cadena de valor del gas y del petróleo, sino que también los recursos para satisfacer la demanda nacional en el periodo definido para el cambio de la matriz energética.

En ese sentido, la funcionaria expuso algunos de los planes que tiene la Agencia para incorporar reservas, al respecto mencionó medidas adicionales al Acuerdo que se logró de la mano con la industria.

Por un lado, la creación e impulso de una nueva estrategia territorial con el objetivo de fomentar y repotenciar el diálogo entre la industria, las comunidades y las autoridades ambientales, además de asegurar inversiones sociales en los territorios; y por otro, la generación, desde la institucionalidad, de las condiciones jurídicas, técnicas y de acompañamiento permanente a los proyectos costa afuera que se encuentran en periodo de exploración y etapa de evaluación.

“Este Gobierno, a través de la ANH, está comprometido para que los contratos vigentes mantengan la actividad exploratoria en el país, tenemos un amplio margen de oportunidad para mejorar y ampliar nuestros indicadores con tecnología y conocimiento, preparar la industria y la Agencia para los próximos 20 años de trabajo”, concluyó Guatame.

El 72% de la conversación en Colombia se enfoca en la participación de grupos armados y organizaciones criminales en la minería ilegal, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad en zonas aledañas. Cambiar la narrativa, humanizar el discurso o salir del cliché de la sostenibilidad son algunas de las claves para que la industria extractiva latinoamericana proyecte su valor.

La sociedad latinoamericana ha pasado de ver la minería como un sinónimo de prosperidad a cuestionar su impacto medioambiental. El 50% de las menciones en redes sociales hacen referencia a su ilegalidad.

Es la principal conclusión del informe “Una segunda oportunidad para la minería en LATAM: claves para reivindicar su historia”, elaborado por el equipo de Deep Learning de LLYC en el que se analizaron más de 1,4 millones de mensajes en el ámbito digital en diez países de la región para conocer la percepción sobre el sector minero. Para la realización de este estudio se utilizaron técnicas de Big Data y de IA.

El informe realizado por LLYC llega a las siguientes conclusiones:

1. La minería ilegal lidera la conversación social: El 50% de las menciones sobre el sector se refieren a la minería ilegal, lo que refleja su profunda penetración en la conciencia pública y su estrecha relación con la industria en general.
2. Dos protagonistas inciden en la negatividad: Tanto los gobiernos como la propia industria minera profundizan imaginarios que no favorecen un posicionamiento positivo del sector.
3. El medio ambiente como bandera política: El impacto de la minería se ha convertido en un tema electoral y en un punto central en la gestión gubernamental, tanto a nivel local como nacional.
4. El sector se comunica en círculos cerrados: La industria enfrenta el desafío de comunicarse principalmente dentro de su propia esfera, con un impacto mínimo y predominantemente negativo en la conversación pública.
5. Circunstancias propias de América Latina profundizan los estigmas: La corrupción, la violencia y el narcotráfico, entre otros problemas regionales, se asocian a la industria minera debido a la ilegalidad de algunas actividades.
6. La minería sostenible, un antídoto insuficiente: A pesar de su importancia, la minería sostenible representa solo el 2% de la conversación total, y su mensaje positivo se limita en gran medida al mismo círculo de influencia.

Para Alejandra Aljure, directora de Operaciones de LLYC Colombia, “estos hallazgos muestran la complejidad de los desafíos que enfrenta la industria minera en América Latina en términos de percepción pública. Es evidente que la industria necesita un enfoque estratégico para abordar estos temas y comunicar de manera efectiva su contribución al desarrollo sostenible y responsable en la región, lo cual es posible a través de varias claves que planteamos en este estudio”.

LLYC ofrecen algunas recomendaciones para ayudar a reenfocar la historia de esta industria. La clave está en corregir una tendencia pasiva en la comunicación y apostar por la proactividad. También es fundamental cambiar la narrativa, salirse del cliché de la sostenibilidad, humanizar el discurso, activarlo mediante otras vías y dirigirse a todos los públicos, incluidos los detractores.

Ante el fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta marzo de 2024 y con el riesgo en el descenso del nivel de los embalses que hoy están en 78%, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) propuso un plan de choque para evitar el riesgo de racionamientos de energía en el país.

“Consideramos que el Gobierno debe liderar las consultas previas con las comunidades; agilizar la entrada de proyectos atrasados; garantizar condiciones financieras a las generadoras y comercializadoras y realizar rápidamente la nueva subasta de energía”, declaró Daniel Enrique Medina, presidente de ACIEM, gremio profesional de Ingeniería y Cuerpo Técnico Consultivo, en el acto de instalación de la 40 Conferencia Energética Colombiana (ENERCOL), que se realiza en el Club El Nogal de Bogotá.

En opinión de Medina, el suministro de energía eléctrica podría entrar en riesgo, puesto que, al disminuir el recurso hidráulico, se podría presentar limitaciones en el balance de oferta y demanda y un aumento de precios excesivos con impacto en los usuarios.

“Parte de esta situación se ha reflejado en el aumento del precio del kilovatio- hora en la bolsa de energía, que pasó de $300 en enero de 2023, a estar por encima de los $1.000 en las últimas semanas”: manifestó el dirigente gremial.

Y agregó: “Frente al aumento de los precios de la energía, debemos garantizar la competitividad de la industria y brindarle las condiciones para incentivarla de forma que sea un verdadero apoyo a la reindustrialización que ha propuesto el Gobierno Nacional”.

ACIEM indicó que el sector eléctrico ha afrontado acontecimientos institucionales, económicos y sociales que han generado incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema y por consiguiente riesgo en el suministro adecuado del servicio de energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo

En este sentido, el gremio respaldó la iniciativa de reformar, modernizar y fortalecer la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, con el fin de ponerla a tono con los nuevos entornos regulatorios, económicos y tecnológicos de la nueva economía y garantizar el adecuado desarrollo de los servicios públicos en las próximas décadas.

Promover la exploración de gas natural

Frente al riesgo de déficit de abastecimiento de gas natural, ACIEM resaltó que se debe aumentar la producción sobre los campos existentes y promover nuevos contratos de exploración y explotación, lo cual daría tranquilidad al sector, a la industria y ampliaría el nivel de reservas más allá del año 2030.

Adicionalmente, ACIEM propuso ampliar la capacidad de la Planta de Regasificación de Cartagena, la cual podría pasar de 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) a cerca de 450 MPCD a comienzos de 2024 y a 530 MPCD a finales de 2026. “Esta sería una opción económica y rápida para cubrir el déficit de gas previsto en el corto plazo y así dar confiabilidad, firmeza y flexibilidad al sistema energético del país”, señaló Medina.

El gremio llamó la atención que, en el corto plazo, el mayor riesgo es la indisponibilidad de producción de gas, lo que podría afectar seriamente a la demanda térmica por prioridad de despacho, ante eventos de desabastecimiento, afectando directamente la confiabilidad del sistema y por supuesto a los usuarios.

De otra parte, ACIEM indicó que tras declararse desierta la licitación de la Planta de Regasificación del Pacífico, propuso independizar este proyecto del gasoducto Buenaventura-Yumbo. “Creemos que esta planta de regasificación se podría ubicar en la Costa Atlántica, con el fin de aprovechar la

infraestructura de transporte existente para suministrar gas importado al interior del país. Una vez el gasoducto Buenaventura-Yumbo esté disponible, la planta regasificadora se podría trasladar a Buenaventura para cumplir su objetivo inicial”: explicó el presidente de ACIEM.

Retos de la Transición Energética

ACIEM destacó el trabajo técnico de planeación realizado por el Ministerio de Minas y Energía en cuanto a los objetivos y escenarios propuestos para la Transición Energética Justa (TEJ) y consideró necesario revisar los compromisos de Colombia para reducir en un 51% las emisiones netas de CO2 en los plazos establecidos y las posibilidades reales de su cumplimiento.

Para Medina, “Colombia es un país particular, dado que su matriz de generación de energía eléctrica es altamente limpia, con emisiones atribuibles al sector de la energía del orden del 8,2%, por tanto, un análisis de pareto demuestra que el problema de emisiones se concentra en otros sectores”.

ACIEM destacó que las actividades que producen las emisiones de CO2 se concentran en agricultura, ganadería, forestación y otros usos de la tierra, con un 63,4%, y el transporte que es cerca de la mitad de las emisiones clasificadas como energía, que representan el 28,4%.

“En nuestra opinión, para lograr el éxito de la transición energética en los próximos años, se deben definir los costos y riesgos para el país, en aspectos considerados en la hoja de ruta, tales como las áreas de electrificación del transporte; el reemplazo del carbón por bagazo y los procesos térmicos con energías renovables en usos industriales, para solo mencionar algunos ejemplos”: explicó el vocero gremial.

ACIEM subrayó que expertos mundiales han señalado que las transiciones energéticas pueden durar entre 50 y 60 años y para el país podría costar entre 8 y 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 30 mil millones de dólares anuales.

“Estamos convencidos de que los hidrocarburos pueden coexistir transitoriamente con las energías limpias, utilizando tecnologías de punta, y protegiendo la vida, por lo cual proponemos una revisión exhaustiva de la política de asignación de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas natural, teniendo en cuenta el impacto en la economía al suspenderlos”: concluyó Daniel Enrique Medina.

La ANIF aclara varios puntos con respecto a su análisis de la viabilidad de la “Tarifa cero” para el transporte público en Bogotá.

Por: ANIF

Empecemos diciendo que la idea de que ciertos grupos poblacionales reciban un subsidio para el transporte público es buena, personas de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Eso es algo que tienen prácticamente todos los transportes públicos del mundo, no es nada nuevo. Incluso hoy en día el sistema integrado de transporte de la capital tiene tarifas más bajas para estos grupos poblacionales.

Lo que está mal, y lo decimos claramente, es proponer que anexado al recibo de la energía vaya un cargo adicional para cubrir los costos operativos totales del transporte público.

¿Porque está mal? Por varias razones. Primero, como lo dijimos en el Informe Semanal No. 1579 del 20 de septiembre, incluso en el mejor escenario, en el que hay un cobro progresivo dependiendo del es- trato socioeconómico, habría hogares que pagarían más de doble de lo que pagan hoy en día. Eso es sencillamente inviable.

Recapitulemos el ejercicio. De acuerdo con la UPME, el consumo mensual de energía eléctrica promedio por hogar en Colombia es de 157 kwh. Al tener en cuenta que en Bogotá el tamaño promedio de los hogares es de 2,7 personas, se utilizó para el ejercicio realizado en la presente sección un consumo promedio per cápita de 58 kwh al mes. Es importante tener presente que la posibilidad de que en las zonas urbanas y en especial en los estratos más altos, donde hay un mayor uso de electrodomésticos y posibilidades de trabajo remoto, se cuente con consumos más altos.

Con los datos de consumo per cápita y de tamaño promedio de los hogares, es posible obtener el consumo de energía en kwh al mes para un hogar representativo en cada estrato socioeconómico. Ahora, con los precios de la Tabla 1 se puede determinar un aproximado del costo de la factura de energía bajo un consumo por persona de 58 kwh al mes.

Dicho eso, se plantea una tarifa base para el estrato 4 tal que, los hogares del estrato 1 solo paguen el 40% de esta tarifa base, los hogares de estrato 2 paguen el 50%, los hogares de estrato 3, el 85% y los hogares de estrato 5 y 6, el 120%. La selección de estos montos está basada en los subsidios del servicio de energía eléctrica.

Aunque resulta más progresivo de acuerdo con la clasificación de estrato social, el costo de la tarifa sigue incrementando de manera considerable. Por ejemplo, un hogar de estrato 2 pasaría de pagar $82 mil pesos al mes, a pagar hasta $178 mil pesos si se financia todo el costo operativo del sistema. De igual manera, un hogar de estrato 5 pasaría de pagar $121 mil al mes a pagar $350 mil. Definitivamente, un aumento en más del doble de la tarifa actual para ciertos hogares es inviable. Además, el aumento en el costo de la tarifa para los estratos bajos también sería significativo.

Segundo, financiar el transporte público ligado al servicio de energía afectaría la canasta familiar y cambiaría de manera radical los incentivos para la utilización del servicio de transporte y de energía residencial.

Ese aumento en el costo de la factura podría traducirse en situaciones de impago o de conexiones ilegales al sistema, dependiendo de cómo se decida distribuir el cobro a lo largo de la población.

Es muy importante tener presente y recordar que el hecho de que no haya un cobro del pasaje no quiere decir que el transporte sea gratis, alguien tiene que asumir esos costos.

Además, recordemos que la energía tiene un peso cercano al 3% dentro del IPC y es muy sensible a choques como pueden ser fenómenos climáticos. Por ejemplo, lo que ocurrió a partir del segundo semestre de 2022 donde, a pesar de que los embalses estaban en máximos históricos, el precio de la electricidad aumentó más de 25% anual.

De la misma forma, el IPC e IPP son algunos de los principales determinantes macroeconómicos que afectan el valor de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte año a año.

Asumiendo que el cobro que se hace a la tarifa de la energía varía según cambia la tarifa del Sistema, ante un episodio inflacionario estamos hablando de un aumento en el costo de la energía mediante dos canales distintos, los componentes tarifarios y el cobro al sistema de transporte.

Tercero, llevar a cabo esta propuesta podría afectar el mercado de energía de forma irreparable, pues se estaría aumentando el costo total de la factura de la luz por encima de sus valores de equilibrio.

Además, vale la pena recordar que una distorsión de esas características se introdujo en el mercado laboral hace más de 30 años, con todos los costos no salariales que enfrentan los empresarios para contratar. Pese a los grandes esfuerzos por descargar a la contratación de ese lastre, seguimos lidiando con ese problema que es, en buena medida, el responsable de nuestra baja capacidad de generar empleo formal.

Si se quiere subsidiar el transporte público, la financiación tiene que ser a través de impuestos generales, como pasa en prácticamente todo el mundo. Atar ese sobre costo a la tarifa de energía es problemático e inviable.

Diferentes gremios hicieron un llamado a que se despoliticen temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, como los servicios públicos, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Andeg, Andesco, Acolgen, Asocodis, Naturgas y SerColombia emitieron un comunicado conjunto sobre la reciente asamblea de usuarios de servicios públicos que organizó el Ministerio de Minas y Energía en Santa Marta. El texto del comunicado es elsiguiente:

Considerando la Asamblea de Usuarios convocada y realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Santa Marta, desde los gremios del sector eléctrico y de gas natural, nos permitimos respetuosamente diferir de varias de las afirmaciones realizadas en este espacio y compartir algunas aclaraciones:

Entendemos con claridad los enormes retos de la actual coyuntura, sabemos que esta demanda cambios, y al igual que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comprendemos que todos, incluidos actores del sector público y también del privado, debemos ser agentes de cambio, construyendo sobre lo construido. Desde el inicio de este Gobierno, como representantes del sector, hemos estado dispuestos al diálogo con el Ministerio de Minas y Energía, inicialmente con la exministra Irene Vélez, y hoy con el ministro Omar Andrés Camacho.

En ese sentido, entendemos y celebramos el acercamiento del Gobierno con las organizaciones sociales, pues estas son fundamentales para construir un consenso en función de un país mejor, pero tal cercanía debe basarse en argumentos y hechos ciertos, y no emplearse para destruir lo ya avanzado y/o para justificar cambios sustentados en afirmaciones no fundamentadas. Hacemos un llamado a la verdadera conciliación, el respeto de todas las partes y la despolitización de temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Aunque hay cosas que mejorar, el énfasis debe estar en la causa en lugar del síntoma; el enfoque debe estar en mejorar las condiciones de la población, y generar nuevos empleos para que los ciudadanos tengan la capacidad de pagar sus servicios y necesidades, o en su defecto en captar mayores recursos para apoyar a los usuarios con el pago de sus facturas, sin comprometer la confiabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Como gremios del sector estamos dispuestos a compartir visiones para en compañía del Gobierno, los usuarios y los sectores sociales, seguir construyendo y avanzando hacia la Colombia que todos queremos.

Sobre los asuntos específicos tratados consideramos:

1. Estigmatización del sector privado: Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica. Así mismo, está demostrado que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio. Hoy, gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad. Es completamente legítimo y razonable que las empresas reciban unos incentivos y una retribución por ello, dadas las altas inversiones y riesgos que impone este sector. Pretender lo contrario sería regresivo y nos llevaría a situaciones similares a las vividas en los 90’s.Ante las manifestaciones de no contar con las empresas en las discusiones que atañen al sector, respondemos ofreciendo nuestra disposición, conocimiento, capacidad y esfuerzo, para el desarrollo conjunto de propuestas de mejora, que beneficien al país, como lo hemos hecho históricamente, inclusive en el presente Gobierno, en iniciativas tales como el pacto por la justicia tarifaria, las comunidades energéticas y la transición energética justa.

2. Uso de los recursos de subsidios: Es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación. Las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año.

3. Modificaciones de la Ley de servicios públicos: Como lo hemos dicho antes, la Ley 142 de 1994 ha permitido contar con más y mejores servicios públicos, y con una institucionalidad sólida con funciones técnicas e independientes para la elaboración de políticas, la planeación, la regulación y la vigilancia por parte del Estado. Si bien se requiere actualizar esta Ley se debe tener cuidado de no perder lo logrado, construyendo sobre lo construido. Estamos dispuestos a acompañar dicho esfuerzo, como de manera reiterada lo hemos indicado en diferentes espacios.

4. Fórmula tarifaria y factura: No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente. El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo. Al respecto ya hemos remitido propuestas incluyendo que el gobierno aporte recursos directos y financiación suficiente para apoyar a los usuarios, en lugar de culpar a las empresas por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia.

5. Techos solares y comunidades energéticas: Estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos.

Queremos ratificar que todos los usuarios están y seguirán estando en el centro de la gestión de las empresas, quienes hacen su mayor esfuerzo para prestar cada vez mejores servicios al menor costo posible. Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia. Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro.