Autor: Martín Rosas

Son ocho puntos que abarcan un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional, departamental y las comunidades. El acuerdo permitirá que se cumplan los pilares propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo.

Teniendo en cuenta tres ejes fundamentales para el desarrollo del país, que apuntan a la Transición Energética Justa, el ordenamiento territorial alrededor del agua y la adaptación al cambio climático, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) propone una serie de acciones para el desarrollo energético de Colombia.

En ese sentido, señala que es necesario fortalecer el sector de hidrocarburos en Colombia, ya que el petróleo constituye el motor de la economía del país, por ser el principal generador de renta externa por encima incluso del café, y por ser la fuente principal de rentas para las regiones.

“Sin recursos es imposible generar estrategias de adaptación al cambio climático y de prevención de desastres”, dice Flóver Rodríguez, director Ejecutivo de la ACGGE.

“Recordemos que de acuerdo con el último ‘Informe de Recursos y Reservas’ emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas de crudo son de 7,5 años y las de gas natural son de 7,2 años, esto nos muestra que es urgente viabilizar los contratos de exploración y explotación para garantizar la seguridad y soberanía energética”, agregó.

En consecuencia, la ACGGP propone ocho estrategias puntuales para que Colombia avance en los pilares propuestos por el PND y extienda los recursos de hidrocarburos:

1.           Creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial:

Establecer un comité que incluya representantes del gobierno, la industria energética y líderes comunitarios. Este grupo trabajará en conjunto para identificar desafíos y oportunidades y definir un plan de acción.

En este punto es esencial que los ministerios se pongan de acuerdo en parámetros de evaluación para avanzar en la viabilización de contratos suspendidos de exploración.

2.           Incentivos para la Inversión Privada:

Ofrecer incentivos fiscales y financieros para atraer inversiones privadas en energías renovables y tecnologías limpias. Se tendría que incluir en una ley, pues derogaron la que existía. Fomentar la investigación y desarrollo en el sector energético a través de asociaciones público-privadas.

Garantizar estabilidad jurídica y unas reglas de juego claras, para generar confianza y seguridad a los inversionistas extranjeros.

3.           Desarrollo de Fuentes de Energía Renovable:

Promover el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y otras fuentes renovables en todo el país. Así como facilitar la conexión a la red de pequeños productores de energía renovable.

Conocer de manera detallada los minerales estratégicos para la transición energética con que cuenta el país, socializar con los municipios y departamentos donde se encuentran y avanzar en la exploración de estos.

4.           Infraestructura y Modernización:

Invertir en la modernización de la infraestructura energética para mejorar la eficiencia y la resiliencia. Fomentar la digitalización de la red eléctrica para una gestión más inteligente.

5.           Participación Comunitaria e Inclusión social:

Involucrar con visión positiva a las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos energéticos que involucren a sus regiones, mostrando los beneficios para sus habitantes y la necesidad del desarrollo de los mismos. Garantizar beneficios locales, como empleo y desarrollo económico.

Construir una estrategia nacional de fortalecimiento de las capacidades comunitarias para su inclusión en actividades económicas.

6.           Seguridad Energética:

Desarrollar planes de contingencia para hacer frente a situaciones de crisis en el suministro de energía. Fomentar la diversificación de fuentes de energía para reducir la vulnerabilidad a eventos climáticos extremos y otros riesgos.

Avanzar con la exploración y explotación responsable de los recursos no renovables, como el petróleo y el gas natural y los minerales que se requieren para garantizar la seguridad energética y los recursos económicos de inversión vía regalías, para apalancar el desarrollo de nuevos energéticos.

Impulsar tecnologías limpias y eficientes en la extracción y refinación de estos recursos.

7.            Monitoreo, Evaluación Continua, Legislación y Regulación:

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para medir el progreso hacia los objetivos de seguridad y soberanía energética. Asegurarse de que los compromisos adquiridos con las comunidades, las empresas y el gobierno se cumplan de manera transparente.

Revisar y mejorar la legislación y regulaciones relacionadas con la seguridad y soberanía energéticas para crear un marco propicio para la inversión y el desarrollo sostenible.

8.           Promoción de la Investigación y Desarrollo:

Fomentar la investigación en tecnologías energéticas avanzadas y soluciones innovadoras. Facilitar la colaboración entre universidades, centros de investigación e industria.

“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, nos ha abierto las puertas para hablar sobre un ‘Geólogo por Municipio’, hoy le proponemos que tenga en cuenta el Acuerdo Nacional para la seguridad y soberanía energéticas. La ACGGP está dispuesta a incentivar los programas de pedagogía regional, así como a gestionar la creación de un grupo de trabajo multisectorial”, concluye Rodríguez.

Como resultado del primer día de la VI Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, Gobierno e industria coinciden en la premisa del trabajo en conjunto para asegurar que en la transición nadie se quede atrás.

En el proceso de construcción de la hoja de ruta para la transición energética justa, Colombia está llamada a avanzar en la diversificación de sus fuentes de energía, garantizar el suministro energético, y asegurar el acceso a la energía a todos los colombianos, y con ello reducir la pobreza energética, impulsar el mejoramiento de la calidad de vida en las regiones y favorecer el desarrollo social y económico sostenible de país; con esta premisa inició la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se desarrolla en Cartagena.

El Evento, que reúne a más de 2.500 personas entre expertos nacionales e internacionales del sector, líderes del Gobierno nacional y regionales, líderes de opinión, académicos y profesionales de la industria del petróleo y gas, es organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), con el propósito de aportar a la discusión informada sobre el futuro energético del país, y ofrecer una visión integral de la industria y su rol en la garantía de la seguridad energética y la transición que requieren los colombianos.

En la instalación, Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol, resaltó que «la industria de hidrocarburos es esencial para cerrar brechas sociales y mejorar el bienestar de los colombianos. El país debe aumentar la producción y reservas de hidrocarburos aprovechando los altos precios del petróleo, mejorando su competitividad y atrayendo inversiones. Por ello, la transición hacia otras fuentes de energía debe ser gradual y segura, acompañada de políticas para compensar la pérdida de ingresos provenientes de los hidrocarburos” e hizo énfasis en la formación intensiva en conocimiento y la generación de espacios participativos como pilares para llevar a cabo la transición energética justa por la que trabajan juntos Gobierno, industria y territorios.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, destacó su compromiso con escuchar y construir políticas públicas para impulsar el sector energético y transformar a Colombia en una potencia en este ámbito. “La seguridad energética es fundamental para la transición, por ello resaltamos la importancia del diálogo y la colaboración para que esta se

logre de manera gradual, planeada y ordenada. Es fundamental trabajar en conjunto para transformar el territorio y avanzar hacia una sociedad más sostenible”.

En la jornada también se expusieron las dimensiones de la seguridad energética en el contexto de América Latina, explorando los desafíos y ventajas que podría ofrecer una integración a nivel regional, y la creación de sinergias para garantizar el suministro de petróleo y gas satisfaciendo la demanda durante las próximas décadas.

Así mismo, se consideró que es necesario evaluar cómo la transición se materializa desde una perspectiva económica, social y ambiental, especialmente en un país con notables desigualdades territoriales.

Entre otros temas, se habló de seguridad jurídica y regulatoria, del proceso de paz y de los 40 años de Caño Limón. Mañana, la agenda académica de la Cumbre se enfocará en abordar las estrategias de financiación de la transición, los retos para asegurar que sea justa; además del rol de los combustibles líquidos, la transición del parque automotor, el camino hacia el carbono neutralidad, y los resultados del Barómetro Petrolero.

En septiembre de 2023 se reportaron, en el territorio nacional, 117 taladros activos (37 de perforacióny 80 de reacondicionamiento), evidenciando una disminución del 25% respecto al mismo mes en el 2022 (39 equipos menos) y una de 3,3% respecto a agosto del presente año (cuatro equipos menos). El impacto de la caída de actividad de taladros ha llevado a una reducción anual de mano de obra superior a los 20 mil empleos, entre directos e indirectos, desde septiembre de 2022.

Según el más reciente Informe de Taladros y Producción elaborado por Campetrol, para septiembre la actividad de taladros presentó una reducción anual del 25%, al registrar 117 equipos activos. Lo anterior, representa una disminución de 39 equipos frente a septiembre de 2022, mes en el que se reportaron 156 equipos activos en el territorio nacional.

En el mismo mes, los taladros de perforación registraron 37 equipos activos, una disminución del 5,1% (dos equipos menos) respecto a agosto de 2023, y una del 38,3% (23 equipos menos) comparado con septiembre de 2022. El número de taladros activos de reacondicionamiento fue de 80, evidenciando una caída del 2,4% (dos equipos menos) respecto a agosto de 2023, y una del 16,7% frente a septiembre del 2022 (16 equipos menos). 

La disminución de taladros desde septiembre de 2022 ha representado una pérdida cercana a los 20.150 empleos, entre directos e indirectos. En términos de taladros de perforación, la reducción de mano de obra ha sido equivalente a 14.950 empleos: 2.300 directos y 12.650 indirectos; mientras que, para los taladros de reacondicionamiento, esta ha sido igual a 5.200 empleos: 800 directos y 4.400 indirectos.

Durante el presente año, además, la actividad de taladros ha ido en contraposición al comportamiento del precio de referencia Brent, pues, mientras que los equipos activos han caído en la proporción expuesta anteriormente, los precios del petróleo alcanzaron un promedio de $92,6 dólares por barril en septiembre, cifra que es incluso superior en un 3,2%, ($2,8 dólares por barril), frente a septiembre de 2022.

Asimismo, de acuerdo con el informe presentado por Campetrol, la producción de petróleo en el país se ubicó en 782 mil barriles por día (KBOPD) durante agosto del presente año (último dato disponible ANH), un 4,3% superior al promedio registrado en agosto del 2022, un 0,01% inferior a lo registrado en julio de 2023, y un 0,3% menor (2,7 KBOPD menos) respecto al último pico de producción alcanzado en diciembre de 2022.   

Es importante mencionar que, de enero a julio del año en curso, en el país se han perforado 34 pozos de exploración, lo que representa una disminución del 22,7% en comparación con el mismo período en 2022. Además, se han perforado 356 pozos de desarrollo, mostrando una disminución del 5,6% en comparación con el mismo período del año anterior. También en 2023 se ha registrado un total de 973 kilómetros 2D equivalentes de sísmica, una reducción del 37,1% respecto al mismo período de 2022.

Por último, de acuerdo con el DANE, en agosto de 2023 (últimos datos preliminares disponibles), el país exportó en crudo y derivados un valor de $1.440 millones de dólares FOB, lo cual representó una caída del 5% respecto a agosto del 2022 ($75 millones de dólares FOB menos) y un aumento del 3,1% respecto a julio de este año ($43 millones de dólares FOB más). En agregado, durante agosto de 2023, se exportaron 14,4 millones de barriles, 1,3 millones de barriles menos que en agosto de 2022 y un millón menos que en julio del 2023.

«Desde Campetrol nos preocupa la reducción considerable del número de equipos activos de perforación y reacondicionamiento de pozos y su impacto en la producción futura y en los ingresos de la nación; la reducción de empleo de calidad en las regiones; los bloqueos de vías y el incremento de las protestas que encarecen la canasta familiar y debilitan los ingresos de los proveedores locales y encadenamientos productivos en las comunidades de influencia. Hacemos un llamado al trabajo conjunto entre Gobierno, Industria y Territorio con miras a la construcción de soluciones sostenibles e integrales”, afirmó Nelson A. Castañeda B., presidente ejecutivo de la Cámara.

La pérdida de capacidad de las generadoras a las que se les asignó el cargo por confiabilidad en la subasta de 2019 es un asunto crítico que pone al país en una situación de vulnerabilidad energética. La principal preocupación del sector radica en la necesidad de atraer nuevas plantas a través de la subasta de la CREG, dado que el sistema requiere una mayor capacidad de generación para el 2024.

El cargo por confiabilidad es un mecanismo regulatorio diseñado para asegurar que el país nunca se quede sin energía eléctrica. Su función principal es proporcionar ingresos a los generadores de de diversas fuentes, incluyendo renovables, térmicas e hidroeléctricas con el fin de garantizar que estén disponibles cuando el país los requiera y así lograr que incluso en periodos de escasez, el país nunca se quede sin energía.

Klik Energy, el primer marketplace de respuesta a la demanda de energía eléctrica en Colombia, explica cómo se encuentra el cargo por confiabilidad para el 2024 y qué implicaciones tiene el aplazamiento de la subasta para la entrada de nuevos proyectos.

Con relación al estado actual del cargo por confiabilidad, Esteban Quintana, CEO de Klik Energy y experto en el desarrollo de mecanismos de respuesta de la demanda de energía bajo contextos regulatorios adversos, afirma que se observa un panorama generalmente positivo en términos de su uso y funcionamiento.

“Las empresas a las que se les asignó el cargo están recibiendo y utilizando sus asignaciones de manera efectiva para mantenerse disponibles en el suministro de energía. Actualmente alrededor del 60% de la generación proviene de fuentes hidroeléctricas, mientras que el 40% proviene de generación térmica, lo que indica que las plantas están cumpliendo con su función de respaldo, especialmente en el contexto del fenómeno de El Niño que se está viviendo”, dice Quintana.

Por otro lado, a pesar de que algunos usuarios han experimentado un aumento en el precio de la energía, no se ha registrado una falta de suministro eléctrico, lo que sugiere que el cargo por confiabilidad está cumpliendo su objetivo principal.

Sin embargo, la principal preocupación radica en la necesidad de atraer nuevas plantas a través de la subasta de la CREG, dado que el sistema requiere una mayor capacidad de generación para 2024. 

Sobre el tema, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, ha resaltado que del total de plantas nuevas asignadas en la subasta de cargo por confiabilidad en 2019, un 53% ha perdido su capacidad operativa. 

“Esta pérdida de capacidad, es un asunto crítico que requiere de atención inmediata, ya que esto pone al país en una situación de extrema vulnerabilidad, con menos del 5% de margen en caso de una mayor intensidad del fenómeno de El Niño, lo que podría dejar al país dependiendo casi exclusivamente de la generación hidroeléctrica”, asegura Quintana.

Para abordar esta situación, se necesita entender las causas detrás de la pérdida de esta capacidad y enfocarse principalmente en los desafíos relacionados con los permisos ambientales y sociales para que las generadoras puedan operar, sin comprometer la integridad de estos procesos. Es decir, es crucial brindar un mayor apoyo por parte del Gobierno a los agentes generadores para agilizar los trámites y darles prioridad, sin flexibilizar los requisitos para ingresar al programa.

Además, en lugar de postergar la subasta, lo ideal sería adelantarla para atraer proyectos de generación que puedan entrar en operación rápidamente y brindar la seguridad energética que el país necesita. Esta medida se vuelve aún más crucial considerando que recientemente el precio de bolsa ha superado el precio de escasez de activación. A mediados de octubre los precios se elevaron a niveles cercanos a 1.500 $/KWh, cifras que no se habían registrado desde el último fenómeno de El Niño en 2015-2016.

En lo que respecta a las implicaciones de quedarse sin este respaldo, considerando que el sistema energético nacional está operando al máximo de su capacidad y el sector enfrenta una fuerte presión, en caso de que El Niño que estamos viviendo tenga una larga duración y una alta intensidad, según Quintana, existe el riesgo de una grave escasez de energía, lo que tendría impactos negativos tanto en la economía como en los consumidores.

“En primer lugar, podría aumentar el riesgo de racionamiento de energía y la posibilidad de quedarse sin suministro eléctrico debido a la falta de nuevas plantas generadoras. Además, podría influir en los precios a largo plazo al retrasar la entrada de proyectos renovables, lo que afectaría a los usuarios. También existe el riesgo de que inversionistas extranjeros se retiren debido a la incertidumbre, como ya lo hizo la empresa francesa EDF Renewables en un proyecto solar de grandes dimensiones en Girardot, lo que impactaría negativamente la financiación de proyectos” dijo Quintana.