Autor: Martín Rosas

Hay gran preocupación entre empresarios, gremios y analistas del sector minero-energético por la reforma tributaria y los anuncios sectoriales del nuevo gobierno. La preocupación es comprensible y debería extenderse, además, al resto de sectores económicos que se verían afectados con estas decisiones y a los ciudadanos del común, quienes serían los principales damnificados.

Por: DIEGO MESA*

19 de agosto de 2022.   Antes de analizar las medidas anunciadas, es pertinente resaltar la importancia de la industria petrolera y minera en la economía nacional. Estos dos sectores son responsables del 56 % de las exportaciones totales del país, del 34 % de la inversión extranjera directa y de cerca del 20 % de los ingresos corrientes de la Nación, sin incluir las regalías que son distribuidas directamente a alcaldías y gobernaciones. Justamente, a través del Sistema General de Regalías —el cual a corte del 31 de julio ya había recaudado $16,8 billones, superando la meta de $15,4 billones para el bienio 2021-22—, el sector aporta, en promedio, uno de cada tres pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, con los cuales se financian acueductos, proyectos de electrificación, carreteras, colegios y centros de salud. En resumen, el sector extractivo es absolutamente indispensable para la estabilidad macroeconómica del país, así como para financiar programas e infraestructura social a nivel nacional y regional.

Ahora revisemos las propuestas de la reforma tributaria, empezando por el absurdo impuesto a las exportaciones de crudo y algunos minerales. Conceptualmente, los impuestos que se activan con el precio de las materias primas están mal diseñados dada la alta volatilidad de la cotización de los commodities en los mercados internacionales.

Adicionalmente, este tipo de impuestos, al igual que las regalías, es regresivo y distorsivo al no tener en cuenta los costos de exploración y producción, y en la práctica han resultado ser un desastre, como lo indican las experiencias de Zambia y Mongolia. Finalmente, en el caso de la minería de oro, el impuesto sería un incentivo perverso a la ilegalidad, afectando más a los pequeños mineros que han hecho un gran esfuerzo por formalizarse y bancarizarse.

Como complemento a este disparate, la reforma prohibiría la deducción de las regalías pagadas por las empresas mineras y petroleras de la base gravable para el impuesto de renta. La deducción de las regalías es una práctica universal y el argumento contable y económico es simple: el impuesto de renta grava las utilidades y excluir las regalías pagadas de las deducciones incrementaría artificialmente la renta líquida gravable de las empresas.

Y como si esto fuera poco, la reforma también propone un régimen de depreciación más oneroso y menos acorde con la realidad económica de los proyectos extractivos, impuesto a los dividendos y la eliminación de las zonas francas costa afuera, instrumento que viabilizaría los recientes descubrimientos de Uchuva y Gorgón 2 por parte de Ecopetrol, Petrobras y Shell en el mar Caribe.

En conclusión, la reforma tributaria incrementaría de un plumazo la carga tributaria a uno de los principales sectores económicos del país en 25 %, según cifras de la ACP, dejando el government take por encima del 80 %. Esto pone en serio riesgo la viabilidad de muchos proyectos que hoy están en ejecución y de los más de 70 nuevos contratos que se firmaron en la administración anterior, los cuales generarían inversiones, solo en la etapa exploratoria, por más de 4.000 millones de dólares.

Pero no contentos con poner en jaque la viabilidad de proyectos existentes, las estocadas finales fueron el anuncio oficial de que este gobierno no firmará nuevos contratos de exploración y producción, y el acompañamiento a la radicación de un proyecto de ley para prohibir el fracking, apresurándose a tomar decisiones trascendentales para el país sin tener en cuenta la ciencia ni la investigación.

Bien haría el gobierno en atender las preocupaciones de la industria y reconsiderar estas propuestas, además de estudiar a Jean Baptiste Colbert, primer ministro de Estado y de Hacienda de Luis XIV, quien decía que “el arte de la tributación consiste en desplumar el ganso para obtener la mayor cantidad de plumas posible con el menor número de graznidos”.

Al contrario de Colbert, lo que la actual administración pretende hacer con la reforma tributaria y los anuncios sectoriales es descuartizar el ganso de los huevos de oro… y los graznidos están ensordeciendo a más de una junta directiva en Houston, Calgary y Londres.

*Ex ministro de Minas y Energía

Publicado en El Colombiano

Desarrollador de proyectos de recursos energéticos distribuidos, agregador de recursos energéticos distribuidos, arbitraje de energía, sistema de almacenamiento de energía eléctrica, respuesta de la demanda, autogeneración y la generación distribuida se fortalecen en Colombia para promover la descentralización del mercado de energía, modernizar las redes y darles un rol activo a los usuarios.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

17 de agosto de 2022.   Mediante la Resolución 40283 de 2022, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia dio a conocer este mes los lineamientos para incorporar los recursos energéticos distribuidos.

Por recursos energéticos distribuidos se deben entender aquellos recursos que pueden ser gestionados de forma automática o manual, conectados a la red de distribución, cerca de los centros de consumos con posibilidad de inyectar energía, consumir energía o proveer servicios complementarios a la red en forma dinámica. 

Una de las novedades que resalta en la nueva norma es la prestación de servicios al sistema de distribución local por parte de los recursos energéticos distribuidos, lo cual representaría ingresos adicionales a la venta de energía o entrega de excedentes. 

Por otro lado, la nueva norma propone la actualización de los costos de servicios de respaldo de la red, punto que en la práctica se refleja en el contrato de respaldo que es obligatorio para todos los autogeneradores.

Uno de los recursos energéticos distribuidos más desarrollados ha sido la autogeneración; a tal punto que hoy existen al menos nueve normas expedidas por el regulador para el desarrollo de esta figura. Siete de esas normas fueron expedidas entre 2021 y 2022.

El marco regulatorio de la autogeneración permite la constitución de un número significativo de empresas encargadas de desarrollar proyectos de autogeneración.

Estas empresas a la fecha no requieren tener la calidad de ser empresas de servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, no son vigiladas ni controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Otra novedad es que se crea la figura de los agregadores de los recursos energéticos distribuidos, figura que será reglamentada por el regulador, pero uno de los roles principales será representar a quienes desarrollen arbitraje de energía, sistema de almacenamiento de energía eléctrica, respuesta de la demanda, autogeneración y generación distribuida.

Finalmente, una novedad de estirpe pedagógica es que los comercializadores y los agregadores de recursos energéticos distribuidos deberán promover de forma periódica y recurrente campañas educativas sobre las tarifas dinámicas que se causen con la participación de los recursos energéticos distribuidos.  

En términos generales, se observa que Colombia se está convirtiendo en un mercado donde se encuentran oportunidades de nuevos ingresos aguas abajo del medidor.

*Socio fundador de OGE Legal Services

Los últimos años han sido pródigos y promisorios en materia de gas natural costa afuera. El más reciente anuncio, por parte del presidente de ECOPETROL Felipe Bayón, del gran hallazgo de un nuevo yacimiento, Uchuva-1, se viene a sumar a otros no menos importantes, tales como Gorgon-1 (2017), que ahora se confirma como muy prometedor, Kronos (2015) y Orca-1 (2014).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

13 de agosto de 2022.   Se estima que la magnitud de las reservas de Uchuva-1, frente a las costas de Santa Marta, es equivalente al actual volumen de reservas probadas, es decir que ampliaría el horizonte del coeficiente reservas/producción (R/P) otros 8 años más.

Su localización es estratégica porque está a solo 80 kilómetros de las dos plataformas de Chuchupa, lo cual permitirá utilizar sus facilidades para poder extraer el gas y conectarse con la misma y así empalmar con los gasoductos Ballenas – Barrancabermeja y Ballenas – Cartagena para su transporte hasta los centros de consumo.

Aquí hagamos una digresión para destacar que el gas natural vehicular (GNV) reduce en un 99% las emisiones de material particulado (PM2.5) y los óxidos de azufre y en un 30% las emisiones de CO2, en comparación con la gasolina y el diésel.

Y en comparación con el uso del carbón, especialmente para la generación de energía, sus emisiones son menores entre un 50% y 60%. Ello llevó a la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, el pasado 2 de febrero, mucho antes de la invasión rusa a Ucrania a incluir y considerar al gas natural como actor “clave en la Transición Energética y lucha contra el cambio climático”. Según ella, esta decisión permitirá “abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; a favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”.

El gas, “gracias a unas virtudes que lo colocan en una situación relativa mejor que el carbón o el crudo, se sitúa como la fuente de energía más adecuada en la costosa transición hacia el mercado dominado por las renovables.

Hasta cierto punto —sobre todo el gas natural licuado (GNL)— garantiza la independencia energética y exhibe flexibilidad operativa para transformarse en electricidad. Los próximos quince años serán del gas. Por algo el gas ha sido considerado el príncipe de los energéticos, llamado a ocupar el lugar del petróleo cuando este, que sigue siendo el rey, sea destronado.

Estos descubrimientos refuerzan mi propuesta de montar en La Guajira una planta bidireccional, que permita la licuefacción de gas para exportarlo cuando tengamos excedentes y/o regasificarlo en la eventualidad de que tengamos que importarlo para cubrir un déficit temporal. Ello, en lugar de insistir en el embeleco de montar una planta regasificadora en Buenaventura solo para importarlo, con lo cual, de paso, se estaría desalentando y desincentivando la exploración y explotación del potencial de gas con el que contamos. Huelga decir que, debido a la actual coyuntura internacional, la cotización del gas natural en los mercados internacionales está pegada al techo, superando los US $8 el MMBTU.

Estos hallazgos ponen de manifiesto que los hidrocarburos sólo se encuentran si se buscan y la inconveniencia de detener la actividad exploratoria a sabiendas de que las reservas con las que se cuenta son muy precarias.

En cuanto al gas natural se refiere las reservas probadas con las que cuenta el país, 3,16 terapies cúbicos (TPC), sólo garantizan la autosuficiencia por los próximos 8 años.

La euforia que despiertan las albricias, entonces, no nos puede llevar a la autocomplacencia y a bajar la guardia, pues el fantasma de la importación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) nos sigue rondando.

En este sentido también tenemos buenas noticias. Me refiero al paso que acaba de darse, después de una larga espera, de la interconexión de las dos grandes redes de gasoductos con las que cuenta el país, el que opera Promigas y el que opera TGI, integrando en un solo mercado, que estaba segmentado, las reservas y la producción de gas del Caribe colombiano con las del interior del país.

Ello permitirá hacia el futuro que el transporte del gas se pueda dar en ambos sentidos según las necesidades y la demanda regional, y así no estar expuestos a la paradoja de acusar déficit de suministro en uno de los mercados concomitantemente con excedentes de producción en el otro, por no contar con la infraestructura que permitiera el flujo de gas en ambos sentidos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Preocupan los importantes atrasos que se presentan en la línea Cuestecitas – Colectora, el segmento que conectará a 4 parques, pues poco se avanza en los trámites de las consultas. Así las cosas, el GEB se está convirtiendo en el responsable de frenar la producción de energías renovables en el país.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

13 de agosto de 2022.   El nuevo plazo solicitado por el Grupo Energía Bogotá (GEB) para la entrega de las líneas de transmisión Colectora – Cuestecitas y Cuestecitas – La Loma, y la Subestación Colectora, que conectará importantes proyectos solares y eólicos de La Guajira y el César al Sistema Interconectado Nacional (SIN), tiene en vilo al sector que se verá afectado por el nuevo aplazamiento de la obra. Situación que ha empezado a producir un efecto dominó.

Al tratarse de una megaobra clave en la transformación de la matriz energética del país, sus retrasos generan un gran manto de incertidumbre en los proyectos renovables que dependen de estas líneas de transmisión para empezar a funcionar. Aunque el compromiso en la subasta era que estos proyectos entregaran energía desde 2022, el anuncio de la solicitud de tres años más para finalizar la obra por parte del GEB posterga irremediablemente sus entradas al mercado.

Preocupan los importantes atrasos que se presentan en la línea Cuestecitas – Colectora, el segmento que conectará a 4 parques, pues poco se avanza en los trámites de las consultas. Así las cosas, el GEB se está convirtiendo en el responsable de frenar la producción de energías renovables en el país. Con este incumplimiento se verá interrumpida la dinámica de un sector que venía en crecimiento, estancando el desarrollo de las energías renovables no convencionales, deteriorando la oferta energética y afectando la confiabilidad del sistema.

La ampliación de la red de transmisión es un eslabón fundamental para lograr la incorporación de las energías renovables no convencionales al sistema. Las demoras que se están presentando deben ser revisadas por el nuevo Gobierno para dar prontas soluciones y evitar que se afecten más proyectos. En este punto es importante que las entidades encargadas trabajen de la mano con los ministerios, el sector y las comunidades, para así destrabar los proyectos.

En contraste a lo que está sucediendo en Colombia, nuestros vecinos de la región están avanzando a pasos grandes. Por ejemplo, en Brasil ISA Cteep, filial del grupo ISA, continúa consolidando su participación en el mercado eléctrico con la puesta en operación de Paraguaçu, un proyecto que con una línea de 338 km de longitud conecta las regiones noreste y sudeste, permitiendo el flujo de energías renovables a los grandes centros de consumo de Brasil.

Recientemente, el Grupo Energía Bogotá también anunció la adquisición de cinco nuevas concesiones de transmisión de energía en Brasil, con lo que la compañía busca estar entre los primeros lugares del sector en Latinoamérica. Noticia que celebramos con un gran sinsabor.

Esta semana solicité a los entes de control y al Gobierno Nacional aplicar las pólizas y sanciones por el incumplimiento del GEB con el proyecto de las líneas de transmisión. La problemática actual, con las elevadas tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales, demanda la urgente entrada de proyectos de generación con fuentes renovables, que además de respaldar la generación convencional, permitan a los colombianos tener la posibilidad de contar un servicio a un precio justo.

Para que sigamos avanzando en la transición energética hacia fuentes más limpias, necesitamos redes de transmisión que estén listas a tiempo. Si queremos, algún día, alcanzar la masificación de las energías renovables en Colombia, hay que trabajar sin descanso en el mejoramiento de la infraestructura de conexión energética y sus procesos.

*Senador de la República