En los ocho primeros meses del año se identificaron cerca de 900 conexiones ilegales en ductos de transporte. En ese periodo, la delincuencia ha hurtado cerca de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos.

14 de septiembre de 2020.   Ecopetrol informó que entre enero y agosto de 2020 se han identificado y retirado cerca de 900 válvulas ilícitas en los ductos de transporte de hidrocarburos en todo el país, lo que significa que cada día, en promedio, ocurren 3 conexiones ilícitas a través de las cuales grupos al margen de la ley hurtan petróleo crudo o combustibles refinados.

La tendencia de instalación de válvulas ilícitas viene en aumento si se tiene en cuenta que con corte al mismo lapso de 2019 se detectaron cerca de 747 conexiones ilegales en los oleoductos y poliductos.

En total, este año se registra un hurto de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos en promedio, de los cuales 2.439 corresponden a crudo, la mayoría proveniente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

El apoderamiento de hidrocarburos, como se denomina técnicamente, es un delito que pone en riesgo a las comunidades vecinas (en especial por el combustible) y afecta el medio ambiente (principalmente por el crudo derramado), ya que este tipo de instalaciones ilícitas se hace de manera rudimentaria o artesanal y en ocasiones deja fugas de productos que afectan suelos y recursos hídricos e impactan la flora y la fauna.

Dentro de los sistemas más afectados están los oleoductos Transandino (OTA), en el cual se han encontrado 706 perforaciones ilegales, la mayoría en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño; y el Caño Limón – Coveñas con 27 válvulas ilícitas, la mayoría en los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander.

En cuanto a los sistemas de transporte de combustibles, se registran 50 instalaciones ilícitas, la mayoría en el poliducto Pozos Colorados – Galán que va de Santa Marta a Barrancabermeja. Los registros en este sistema arrojan un total de 12 ilícitas, principalmente en los municipios de Ciénaga y Aracataca, en Magdalena, y Aguachica y Rio de Oro, en Cesar.

En el centro del país, también hay afectaciones producto del robo de combustibles a los poliductos Sebastopol – Salgar en el Magdalena Medio, y Sebastopol – Tocancipá. En estos casos los hechos se han registrado en poblaciones como Puerto Boyacá, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Salgar, Suesca y Lenguazaque, entre otros.

En los últimos tres meses se ha intensificado este delito en el Occidente del país donde se registró hurto de combustibles en los poliductos Cartago-Yumbo y Yumbo- Buenaventura, a la altura de municipios Guacarí, Buenaventura y Dagua.

Las cifras van en aumento, si se incluyen las acciones registradas en la infraestructura en los campos de producción. En lo corrido del año, en las líneas de gas o de crudo de los pozos se contabilizan 106 conexiones ilegales, las cuales se suman a las 789 ocurridas sobre líneas de transporte de Cenit para contabilizar una cifra cercana a las 900 válvulas ilícitas.

Ecopetrol hace un llamado a las comunidades rurales vecinas a los sistemas de transporte de hidrocarburos para que estén alerta y denuncien ante las autoridades cualquier acto sospechoso en la infraestructura. Al mismo tiempo, rechaza este tipo de acciones que vulneran la seguridad de las regiones por donde pasan los ductos.

Ecopetrol viene trabajando con las fuerzas militares, la Policía y las autoridades regionales y locales, para prevenir y promover la denuncia contra el apoderamiento de hidrocarburos. De manera frecuente desarrolla jornadas informativas para generar mayor conciencia entre la población sobre los peligros que conlleva este delito y la importancia de denunciar.

Termoyopal y Sochagota están dentro de las asignaciones de la subasta de reconfiguración realizada. Las térmicas obtuvieron el 98,5% de la asignación para la primera vigencia y 96,3% para la segunda.

11 de septiembre de 2020.   Las térmicas Termoyopal y Sochagota, afiliadas a ANDEG, lograron asignaciones en las Subastas de Reconfiguración de Compra de Obligación de Energía en Firme para los períodos 2020- 2021 y 2021-2022, realizada en el marco de la Resolución 099 de 2020 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De esta manera, con las asignaciones realizadas a través de las subastas de reconfiguración se aseguran obligaciones de energía para cubrir el 100% de la demanda de energía eléctrica en los periodos 2020-2021 y 2021-2022, en el marco del Cargo por Confiabilidad, con el cual se busca dar respaldo y confiabilidad al sistema eléctrico del país.

De acuerdo con XM, la energía firme asignada para la primera vigencia fue de 3.113.391 kWh-día con un precio de 16.6 USD/MWh; mientras que para la segunda vigencia se asignaron 852.288 por 15.1 USD/MWh.

Durante el proceso, la participación de las plantas térmicas fue significativa, ya que para la vigencia 2020-2021 el 98,5% de la asignación correspondió a recursos de generación térmica y para el periodo 2021-2022 el resultado incluyó recursos de generación por aproximadamente 96,3% de la asignación.

“El resultado de la subasta de reconfiguración realizada, demuestra el papel fundamental de los recursos de generación térmica del país para contribuir al respaldo y la confiabilidad en el sistema eléctrico nacional brindando energía firme, en el marco de la diversificación y la complementariedad de la matriz de generación eléctrica en Colombia”, aseguró Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG.

La reforma, aprobada por el Congreso de la República, fortalece la descentralización de las entidades territoriales. Se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo ocho. El 70% del total de las regalías será asignado sin necesidad de pasar por los OCAD.

11 de septiembre de 2020.   Con la ley que reglamenta la Reforma al Sistema General de Regalías, aprobada por el Congreso de la República, los municipios y departamentos del país tendrán más de $15,7 billones disponibles para inversión social directa, en el periodo 2020-2021.

Esta cifra incluye asignaciones directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de $3,8 billones, la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de $2 billones, recursos para la Inversión Regional por más de $5,2 billones y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico. Con corte a agosto, los saldos suman cerca de $4,7 billones.

“Con esta reforma, los municipios y departamentos contarán con una cifra histórica de regalías para inversión social, con mayor autonomía en sus territorios: más de $15,7 billones, el monto más alto de los últimos años destinado a obras para el cierre de brechas y la reactivación sostenible en las regiones. Habrá más recursos para las regiones productoras de minerales e hidrocarburos, para los municipios más pobres; y por primera vez se destinarán regalías para la protección del medio ambiente con un 5% para la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación”, destacó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

La cifra de los $15,7 billones es comparable con lo que se requiere para construir 150 megacolegios, energizar a 100 mil familias, pavimentar 9.700 kilómetros de vías de un carril, construir 300 centros de salud de primer nivel y edificar 5.000 viviendas de interés social.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, aseguró que con la aprobación del proyecto se saldan deudas de años: la primera, más descentralización y autonomía al territorio al pasar de 1.152 a 8 órganos colegiados de administración y decisión (OCAD); la segunda, más recursos para las zonas productoras que pasaron del 11 % al 25 %; y la tercera, la participación con voz y voto de los diferentes grupos étnicos en los diversos escenarios de decisión del sistema.

Y agregó que “a lo anterior se suman tres asuntos trascendentales: por primera vez se destinarán recursos de regalías para la protección y fortalecimiento ambiental; el incremento para los sectores de ciencia, tecnología e innovación y para la paz; y las mejoras que implementamos para ejercer la vigilancia de los recursos de manera más coordinada entre el DNP y los entes de control”.

Más regalías para las regiones

Con la reforma al Sistema General de Regalías, el gobierno de Iván Duque cumple su promesa de llevar más regalías para las regiones productoras que le apuestan a la producción de minerales e hidrocarburos. Las asignaciones directas para estas regiones se duplican, al pasar del 11% al 25%. Se estima que para el próximo bienio serán cercanas a los $4 billones.

Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de

$650.000 millones de pesos en el bienio 2019-2020 a más de $1 billón para el bienio 2021-2022. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones a más de $670.000 millones; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones.

La reforma también promueve la equidad con más recursos para los municipios más pobres. Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%.

Se mantiene la inversión del 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo.

La reforma establece un periodo de transición para que en 2021 los departamentos puedan agilizar las inversiones, viabilizando, priorizando y aprobando directamente los recursos de la asignación para la Inversión Regional. Para ello, se deberán realizar ejercicios de planeación, liderados por los gobernadores y los alcaldes, que faciliten la participación de diferentes actores regionales y locales.

Se asignan regalías para el medio ambiente

Permitirán financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Se destinará un 5%.

De otra parte, se deberá destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas destinado a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la Educación Superior pública. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.

Asimismo, se mantienen los recursos para la paz. La reforma acelera la destinación de un 7% el presupuesto de regalías para la implementación de una paz con legalidad.

Además, por primera vez, serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rom o Gitano de un porcentaje de la asignación para la inversión local. Los proyectos serán priorizados y aprobados de forma autónoma en Instancias de Decisión conformadas por ellos mismos.

Más agilidad y eficiencia

La reforma fortalece la descentralización y autonomía de las entidades territoriales para que los recursos de las regalías se traduzcan en obras y beneficios para las comunidades. De este modo, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo 8, y del total de recursos de las regalías, el 70% tendrá asignación sin necesidad de pasar por los OCAD.

Con el propósito de determinar la adecuada o inadecuada gestión de los recursos del Sistema se realizarán mediciones de desempeño. Como consecuencia de lo anterior, se

activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que se ubiquen en rangos críticos de gestión.

Hay acciones adelantadas por las empresas, el Gobierno e iniciativas de profesionales vinculados al sector para cerrar la brecha de género en la industria.

11 de septiembre de 2020.    La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) presentó el informe económico ‘Retos y oportunidades para la promoción de la equidad de género en el sector de hidrocarburos en Colombia’, que por primera vez analiza laparticipación de la mujer en el sector, durante los años 2018 y 2019, y presenta recomendaciones sobre acciones que deben promoverse para cerrar las brechas de género en la industria.

El estudio evidencia que de cada cuatro empleados del sector en el país, una es mujer, participación comparable con el promedio internacional. Asimismo, refleja que la representación femenina en el downstream (segmento de distribución de combustibles líquidos y lubricantes) es 10 puntos superior a la registrada en las actividades de exploración, producción, transporte y refinación de petróleo y gas.

“Una posible explicación podría estar en que las actividades de comercialización tienden a requerir mayor cantidad de perfiles administrativos, roles en los cuales hay mayor participación femenina que en los perfiles operacionales”, señala el informe.

Asimismo, dentro de las barreras estarían también sesgos culturales, el balance de turnos en campo y familia, labores propias de esta actividad, y las brechas de género evidentes en la educación superior colombiana en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

El informe también evidencia que las mujeres tienen menor participación en los cargos gerenciales, pues mientras en cargos de menor responsabilidad e iniciando la carrera profesional, las mujeres representan el 35% de la fuerza laboral empleada, esta participación decrece a mayor nivel de responsabilidad, llegando a ser menos del 20% en los niveles directivos de las empresas del sector.

Frente a este panorama, el informe recopila algunas de las acciones que vienen implementando las empresas con el fin de ir cerrando la brecha de género. Principalmente, las compañías vienen trabajando en: la construcción de políticas y de una cultura empresarial pro diversidad y equidad de género, la implementación de programas como el Sello de Equidad Laboral Equipares impulsado por el Gobierno Nacional y el Ranking Par de Aequales, la ejecución de programas de prevención de la violencia de género para promover un ambiente seguro y el interés de las mujeres en la industria, y la fijación de metas de participación de la mujer en cargos directivos.

“Si bien el camino por recorrer es largo, hay avances importantes en acciones adelantadas por las empresas, el Gobierno e iniciativas de profesionales vinculados al sector, para cerrar la brecha de género en la industria. Esta es una discusión importante para el país, en medio de temas como la transición energética y reactivación económica pospandemia, entre otros retos que nos obligan a generar acciones y respuestas en línea con el rol estratégico que tiene el sector para el desarrollo económico y social de Colombia y las regiones donde opera”, dijo Francisco José Lloreda Mera, presidente Ejecutivo de la ACP.

Foro Equidad de Género

El informe fue presentado en el marco del Foro ACP Equidad de Género: una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. El evento generó discusiones alrededor de la política pública de equidad de género en el país, los lineamientos para el sector de hidrocarburos, los beneficios de la equidad de género para el crecimiento económico de los países y la productividad de las empresas, entre otros.

En el evento participaron, como representantes del Gobierno, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Asimismo, participaron representantes de las empresas del sector, expertos en equidad de género y líderes de opinión, quienes contribuyeron a la discusión y las reflexiones sobre cuál es la situación de la industria en materia de equidad de género y cuál sería la hoja de ruta para avanzar en el cierre de brechas.

Si bien las contribuciones tienen como fin recuperar los costos del servicio de regulación que prestan la comisión y el de control y vigilancia de la Superintendencia, se han identificado observaciones sobre su constitucionalidad y, en consecuencia, sobre el pago de las contribuciones.

Por:HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

10 de septiembre de 2020.   A partir del 2020 las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Fondo Empresarial serán liquidadas con la nueva base gravable fijada por la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo, se autorizó el cobro de una contribución adicional a favor del fondo empresarial de la SSPD durante el periodo comprendido entre enero de 2020 a diciembre de 2022. Con lo cual, a partir de este año son dos los pagos que deben realizarse por concepto de contribuciones.

Si bien estas contribuciones tienen como fin recuperar los costos del servicio de regulación que prestan las comisiones y el de control y vigilancia en que incurre la Superintendencia, se han identificado algunas observaciones sobre su constitucionalidad y, en consecuencia, sobre el pago de las liquidaciones de las contribuciones.

No es cosa que sorprenda el pago de una contribución, lo que viene centrando la atención es que ahora se cambió la base gravable para liquidar la contribución y se incluyeron como sujetos pasivos los agentes en la cadena de la gasolina, el diésel y a los prestadores del servicio alumbrado público. Lo cual se suma a los sujetos pasivos que estaban definidos como son las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica, GLP y gas natural.

Dentro de los argumentos que se han identificado para restarle efectos al cobro de la contribución se encuentran argumentos jurídicos, constitucionales, tributarios y, para cada sector, argumentos regulatorios dado que todos los eslabones de la cadena en la prestación de un servicio público son diferentes y se regulan aplicando condiciones propias de cada actividad. De manera que se han construido un portafolio de argumentos contra el cobro de las dos contribuciones.

Dentro de los argumentos que se siguen analizando sobre la legalidad de este nuevo cobro se encuentran aspectos como el desconocimiento del principio de legalidad, proporcionalidad, el de eficiencia, el de unidad de materia y el del principio tributario de reserva de Ley, ente otros más que tiene un tinte regulatorio según el servicio de cada empresa. Todo lo anterior con un fin, y es que se ajusten los valores cobrados y en otros casos se revoquen en su totalidad.

Frente a lo anterior surge la pregunta de qué están haciendo las empresas prestadoras de servicios y que son sujetos pasivos del pago. La respuesta es que algunas están pagando, otras celebrando acuerdos de pago y, la gran mayoría, ejerciendo el derecho de presentar recursos de reposición y de apelación contra esos cobros.

Conviene mencionar que los artículos de la ley del Plan Nacional de Desarrollo están demandados ante la Corte Constitucional, pero es incierto si los argumentos prosperan o no.

En tal sentido, y dado que cada liquidación de la contribución se refleja en un acto administrativo, estos actos están cobijados con el principio de legalidad y son obligatorios salvo que sean modificados mediante los recursos.  

Para finalizar, algunas voces autorizadas afirman que ambas contribuciones en la forma como fueron estructuradas afectan de manera grave la viabilidad financiera de las empresas de servicios públicos. Y, en ese sentido, puede llegar afectar la viabilidad financiera de los agentes en la cadena de la gasolina, el diésel y a los prestadores del servicio alumbrado público.

*Socio fundador de OGE Legal Services