Colombia: Producción de petróleo y gas sigue en picada

Mientras el mundo demanda más hidrocarburos por los conflictos en Europa y Medio Oriente, Colombia sigue marchitando su industria, dependiendo cada vez más de las importaciones.

Ante la negativa del gobierno de firmar nuevos contratos de exploración y producción y ante el agotamiento de los campos, Colombia ve cómo año a año la producción de hidrocarburos viene cayendo de forma sostenida.

En efecto, febrero de 2026 cerró con una producción fiscalizada de gas de 1.162 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), el nivel más bajo registrado desde 2012.

En términos interanuales, esto representa una variación de -10,2% (-132,2 MPCD) frente a febrero de 2025, cuando se reportaron 1.294 MPCD. La contracción se concentró principalmente en cuatro departamentos. Casanare, que registró una reducción de 50,5 MPCD (-6,1%), seguido por Sucre, con 42,5 MPCD (-43,0%). Por su parte, Boyacá y Atlántico registraron caídas de 12,7 MPCD (-30,1%) y 8,8 MPCD (-59,1%), respectivamente, señala el más reciente informe de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).

En línea con lo anterior, el gas comercializado promedió 695 MPCD en febrero de 2026. Esto es una reducción de -15,7% (-129 MPCD) frente a febrero de 2025, cuando alcanzó 824 MPCD.

Cabe señala que en diciembre de 2024 Colombia perdió la autosuficiencia en gas natural y desde entonces ha venido importando buena parte de la molécula para atender el mercado regulado y no regulado.

En febrero de 2026 las importaciones promedio de gas natural fueron de 193 MPCD, equivalentes al 21,7% del gas comercializado en el país, para una disponibilidad total de gas de 888 MPCD.

Así, entre enero y febrero de 2026, el promedio diario de importaciones de gas fue de 183,2 MPCD, lo que representa un incremento anual de 13,3% (+21,4 MPCD).

Petróleo también a la baja

En febrero de 2026, la producción promedio diaria de petróleo fiscalizado en Colombia fue 735 mil barriles por día (KBPD), lo que representa una disminución del 2,7% frente a febrero de 2025 (20,7 KBPD menos).

Según la ANH, la variación mensual se explicó por factores operativos y de entorno, asociados al relacionamiento con comunidades y a la gestión de activos (condiciones propias de la madurez de los campos, incluyendo la declinación natural).

Inversión Extranjera Directa

Según el Banco de la República, en 2025 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia se ubicó en 11.469 millones de dólares (MUSD), lo que representa una disminución del 16,2% frente a 2024 (-2.215 MUSD). Esta reducción se explicó por la contracción de la IED dirigida a sectores diferentes al petrolero, que totalizó 8.971 MUSD y fue 22,8% inferior a la de 2024 (-2.647 MUSD).

Por su parte, la IED destinada al sector petrolero alcanzó 2.498 MUSD (21,8% del total), equivalente a un incremento del 20,9% frente a 2024 (+432 MUSD), cuando registró 2.066 MUSD.

De acuerdo con las proyecciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la inversión total en E&P habría crecido 8% en 2025, al alcanzar 4.680 MUSD, es decir, 350 MUSD más que los 4.330 MUSD de 2024. Estas cifras no son directamente comparables con la IED del Banco de la República, que registra únicamente inversión proveniente del exterior; sin embargo, ambas lecturas son consistentes al mostrar un aumento.

Según la ACP, el crecimiento estaría explicado por la inversión destinada a producción (desarrollo de campos existentes), que habría aumentado 15% hasta 3.940 MUSD, mientras que la inversión en exploración se habría contraído 18% y se habría ubicado en 740 MUSD; de este monto, cerca del 80% correspondería a compromisos contractuales, más que a inversión voluntaria.

Gtd Perú, un data center de vanguardia en eficiencia energética y sostenibilidad

A medida que la demanda de servicios digitales continúa creciendo en América Latina, la región avanza hacia un modelo de infraestructura donde la eficiencia energética, la resiliencia y la sostenibilidad se convierten en factores clave.

En un panorama de acelerada transformación digital en la región, el desarrollo de infraestructura de centros de datos se consolida como un habilitador clave para sectores como banca, retail, salud, educación y servicios digitales.

En ese contexto, proyectos como el Data Center de Gtd Perú en Lurín reflejan cómo América Latina avanza hacia modelos de infraestructura más eficientes, resilientes y sostenibles.

Con una inversión inicial de USD 13 millones, la primera etapa del proyecto contempla 2 MW de potencia operativa y forma parte de un plan de expansión modular que, a lo largo de cuatro fases, permitirá alcanzar una capacidad total de 20 MW en una infraestructura que superará los 10.000 m².

Este tipo de desarrollos responde a la creciente demanda de servicios digitales en la región y a la necesidad de contar con plataformas robustas para soportar nuevas cargas de trabajo, incluyendo inteligencia artificial y servicios en la nube.

Este proyecto representa un hito no solo por su infraestructura de última generación, sino por su enfoque en sostenibilidad. La instalación integra soluciones de extremo a extremo de Schneider Electric, incluyendo tecnologías de media y baja tensión, distribución eléctrica, sistemas UPS, racks y climatización de alta disponibilidad.

Soluciones que permiten reducir hasta en 30 % la necesidad de refrigeración, prolongar la vida útil de los equipos y disminuir significativamente la huella de carbono, generando eficiencias operativas y ambientales.

Estas capacidades fueron clave para que el proyecto obtuviera la certificación Tier III en diseño y construcción, uno de los estándares más exigentes de la industria, que garantiza alta disponibilidad y resiliencia operativa para entornos críticos en múltiples sectores económicos.

“En operaciones para la alta disponibilidad es fundamental contar con soluciones confiables y escalables sin descuidar el medio ambiente. Schneider Electric nos ha permitido alcanzar un alto estándar tecnológico con una visión sostenible a largo plazo”, comentóMario Piana, gerente de Operaciones de Gtd Perú.

Por su parte, Luis Santamaría, líder del área de Cloud & Service Providers en Schneider Electric, destacó: “Contar con un portafolio integral en un data center de referencia en la región nos permite asegurar continuidad operativa, eficiencia energética, sostenibilidad y escalabilidad. Este tipo de proyectos demuestra cómo Latinoamérica está avanzando hacia una infraestructura digital más robusta y preparada para los desafíos actuales”.

Soluciones de extremo a extremo

Para fortalecer la seguridad y el monitoreo en tiempo real del data center, se incorporó EcoStruxure Data Center Expert, un software que permite supervisión centralizada, generación de reportes, notificaciones ante fallas y procesos de escalamiento automatizados, facilitando la toma de decisiones y garantizando la continuidad operativa.

En términos de eficiencia energética, el proyecto responde a uno de los principales desafíos de la industria: el consumo de energía en sistemas de climatización, que puede representar cerca del 40% del total en un centro de datos. Gracias al diseño de sistemas de enfriamiento de alta capacidad, se logró un 28% más de eficiencia en la misma área, optimizando el uso de recursos y reduciendo costos operativos.

Asimismo, se integró el sistema UPS trifásico Galaxy VXL, diseñado para entornos críticos, que alcanza niveles de eficiencia energética de hasta el 99%. Esta tecnología no solo minimiza el consumo eléctrico y las emisiones de carbono, sino que también permite el reemplazo de módulos sin interrumpir la operación, garantizando continuidad y seguridad en entornos de alta exigencia.

Proyectos como este reflejan cómo los centros de datos están evolucionando para responder a las nuevas necesidades del mercado, posicionando a Latinoamérica como un actor relevante en la transformación digital global.

Los subsidios en entredicho

El Gobierno Nacional no tiene la competencia para eliminar o reemplazar unilateralmente los subsidios de energía mediante decreto o acto administrativo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron reglamentados en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los usuarios más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996, respondiendo a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad (artículo 87 de la Ley 142 de 1994).

Es importante destacar que dicho subsidio tiene por objeto garantizar el acceso efectivo de los más vulnerables al servicio público domiciliario, como lo consagra el 7º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), vinculante para Colombia.

Es conveniente precisar que los receptores y beneficiarios de los subsidios son los usuarios y no las empresas, como lo insinuó en su momento el ex ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ellas lo aplican en las facturas y el Gobierno Nacional se obliga a reintegrarles el valor de los mismos y es lo que no ha venido haciendo hace más de un año.

Por enésima vez se pronunciaron los gremios del sector, secundados por los organismos de control alertando sobre el riesgo de un apagón financiero que puede ponerlas en aprietos, comprometiendo la prestación del servicio. Y no es para menos, ya que la deuda contraída con las empresas comercializadoras por parte del Estado, sólo por concepto de subsidios, es de $3,5 billones.

El ministro de Hacienda se ha mostrado renuente a girarles a las empresas comercializadoras lo adeudado y no es propiamente por falta de recursos sino por falta de voluntad política, ya que hacerlo no ha estado entre las prioridades del Gobierno, el cual, no obstante sus afugias fiscales, sí ha arbitrado recursos para asignárselos a juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. Estamos hablando de una suma de $31 billones, diez veces la deuda insoluta de los subsidios.

En este caso, en un claro desacato a un fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 (PND), que facultaba al Gobierno para contratar en forma directa, como lo hizo en este caso suscribiendo 80.736 contratos, con “asociaciones público – populares.

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía Edwin Palma, en lugar de ponerse al día con las empresas comercializadoras y conjurar su crisis financiera, al anunciar con bombos y platillos el Programa Colombia Solar, ha dicho que “pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, instalándole paneles solares en sus techos.

Según quedó establecido en la Resolución 40159 del 16 de marzo de 2026, el usuario de los estratos 1, 2 y 3 que cobija la Ley 142 de 1994 sólo “mantendrá el derecho a los subsidios si llegado el caso el Programa Colombia Solar no cubre hasta el 100% del consumo básico de subsistencia”. De lo contrario se le despoja de ese derecho que está amparado en la Ley.

Según lo divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, “se introduce la autogeneración de energía solar como una alternativa para cubrir el consumo básico de los hogares –tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas no Interconectadas (ZNI)–, reduciendo la dependencia de los subsidios tradicionales”. Esta opción, aunque loable y bien intencionada, ya que propende por el beneficio de los usuarios y aliviar la presión sobre el FSSRI, tiene sus retos técnicos que podrían limitar su alcance y sus reparos, especialmente sobre su pertinencia y su legalidad.

Es claro que el Gobierno Nacional no tiene la competencia para eliminar o reemplazar unilateralmente este subsidio mediante decreto o acto administrativo, ya que se trata de una política definida por Ley. Cualquier modificación estructural del subsidio requiere reforma legal aprobada por el Congreso.

Con este paso en falso que ha dado el Gobierno, los subsidios al consumo de energía quedan en entredicho.

En todo caso, aunque a nuestro juicio la puesta en marcha el programa Colombia Solar no releva al Gobierno Nacional de su responsabilidad  de cubrir el valor de los subsidios, al margen de la legalidad o la ilegalidad de su proceder, la primera prioridad para el gobierno entrante es el pago con premura, sin tardanza a las empresas comercializadoras de la deuda acumulada por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, al tiempo que se asegure la apropiación de la partida necesaria y suficiente, que actualmente no está en la actual vigencia presupuestal y para la del próximo año.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Adjudican a Enlaza los primeros compensadores síncronos en Colombia

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) adjudicó por primera vez compensadores síncronos en Colombia. Los equipos serán instalados por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá.
El 26 de marzo de 2026, la UPME adjudicó a Enlaza, filial de transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB), el proyecto Upme 03-2024, que contempla la instalación de Compensadores Síncronos en las subestaciones de Maicao 110 kV y Santa Marta 110 kV.
El proyecto tiene prevista su entrada en operación el 31 de diciembre de 2028 y hace parte del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2022 – 2036 elaborado por la UPME y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de reforzar el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para mantener el equilibrio y la estabilidad de la red ante la entrada de más generación solar y eólica en el norte del país.
Serán los primeros equipos de este tipo en Colombia, lo que constituye un hito que marca el liderazgo del Grupo Energía Bogotá en materia de transición energética en el país. “Este proyecto convierte a Colombia en el tercer país de América Latina en implementar compensadores síncronos, después de Brasil y Chile, incorporando infraestructura clave para modernizar su sistema eléctrico, de este modo el Grupo será el pionero en la implementación de esta tecnología clave para facilitar la integración de energías limpias en el país”, dijo Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza.
Con el proyecto Compensadores Síncronos en Santa Marta y Maicao, el GEB se consolida en el segundo lugar del negocio de transmisión de energía eléctrica en Colombia: actualmente cuenta con 2.519 kilómetros de líneas en operación y construye 1.734 kilómetros en sus proyectos en expansión.

Un condensador síncrono es un dispositivo que regula la tensión de red de forma continua sin transitorios. Genera o consume potencia reactiva para mantener la tensión deseada. Contribuye a la capacidad de cortocircuito de la red y puede soportar caídas de tensión prolongadas.

Colgas y la Universidad de Los Andes apoyan emprendimientos

El programa Crece Mipyme fortalecerá competencias gerenciales y personales, junto con herramientas de innovación y estrategias digitales, para impulsar negocios sostenibles y competitivos.

En Colombia, donde las MiPymes son proyectos de vida que sostienen familias y comunidades, representando más del 95 % del tejido empresarial, Colgas y la Universidad de Los Andes anuncian una alianza estratégica para fortalecer y transformar emprendimientos locales en negocios de alto impacto, sostenibles y competitivos.

Las Mipymes generan cerca del 79 % del empleo en Colombia y aportan alrededor del 40 % del PIB. Entender cómo crecen, innovan y se sostienen es clave para el desarrollo económico y social del país, y es exactamente ahí donde interviene Crece Mipyme.

A través del programa Crece Mipyme, ambas organizaciones pondrán a disposición de los emprendedores una ruta integral que va más allá de la formación tradicional: desde la caracterización del negocio hasta el acompañamiento posterior, con medición de impacto a 3, 6 y 9 meses.

El programa fortalecerá competencias clave como liderazgo, estrategia, gestión financiera, marketing, ventas, operaciones y conocimiento de mercado. Además, contará con un componente diferencial: un equipo de mentores que acompañará de manera personalizada a los emprendedores, enfocados en los desafíos específicos de cada negocio.

La metodología combina teoría y práctica a través de un proceso estructurado que incluye diagnóstico empresarial, formación intensiva, mentorías individualizadas y seguimiento continuo.

El programa beneficiará a emprendedores de distintas zonas del país, donde, más allá de transferir conocimiento, la iniciativa busca generar resultados medibles en el tiempo, entendiendo que el crecimiento de los emprendimientos impacta directamente el desarrollo de sus comunidades.

“En Colgas creemos que potenciar el espíritu emprendedor es fundamental para el desarrollo del país. Esta alianza nos permite unir conocimiento, experiencia y acompañamiento para brindar herramientas reales de crecimiento. Cuando un emprendedor de nuestras comunidades fortalece su negocio, toda la cadena de valor se beneficia: hay más empleo, más ingresos y más desarrollo local”, afirmó Didier Builes, gerente General de Colgas.

La alianza combina la experiencia territorial de Colgas en las comunidades donde opera, con el rigor académico de una de las instituciones más reconocidas del país en formación empresarial.

“Este programa nos permite poner la academia al servicio de los emprendedores del país. No se trata solo de formación, sino de una ruta completa que acompaña al empresario antes, durante y después del proceso, generando aprendizajes sobre lo que realmente funciona para crecer en Colombia”, señaló Ximena Rueda, decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes.

Además de fortalecer a los emprendedores participantes, la alianza busca identificar y sistematizar las mejores prácticas empresariales en entornos complejos, convirtiéndolas en conocimiento útil para el ecosistema emprendedor del país.

GNL: Resiliencia geopolítica y la nueva era de la diversificación global

Los eventos recientes no cuestionan la viabilidad del GNL; por el contrario, subrayan la urgencia de fortalecer la resiliencia del sistema mediante la inversión en infraestructura y la diversificación de fuentes.

Por: GNL GLOBAL

Los recientes acontecimientos en el Medio Oriente, particularmente los ataques que han afectado infraestructuras críticas de exportación de gas natural licuado (GNL) en Qatar, han reconfigurado de manera abrupta la percepción del mercado global.

Lo que hasta hace pocos meses se interpretaba como un escenario de relativa holgura en la oferta, hoy se transforma en una alerta sobre la vulnerabilidad estructural del sistema energético internacional.

De acuerdo con estimaciones recientes, los daños podrían comprometer cerca del 17% de la capacidad exportadora de GNL de Qatar, con impactos potenciales que podrían extenderse entre tres y cinco años. Este hecho no solo tensiona los balances de oferta y demanda, sino que reabre un debate fundamental: ¿Qué tan resiliente es el sistema global de suministro de GNL frente a shocks geopolíticos?

Análisis de la Demanda: Flexibilidad vs. Volatilidad

La capacidad de redireccionar cargamentos, la flexibilidad contractual y el desarrollo acelerado de infraestructuras modulares —particularmente a través de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU)— han consolidado al GNL como un instrumento clave para la diversificación y la seguridad energética de los países importadores.

Un ejemplo contundente de este aporte se evidenció durante la crisis energética en Europa entre 2022 y 2023, cuando el continente logró sustituir rápidamente el gas ruso mediante un incremento significativo de las importaciones de GNL. Este proceso fue posible gracias a la disponibilidad global de cargamentos y, sobre todo, a la capacidad de desplegar infraestructura flexible en plazos reducidos, permitiendo a varios países incorporar FSRU en tiempo récord y asegurar el abastecimiento en un entorno de alta incertidumbre.

Sin embargo, el impacto negativo por el lado de la demanda subyace en la competencia feroz y en la volatilidad que este tipo de shocks generan, lo que pone sobre la mesa dos realidades comerciales ineludibles:

Riesgo de destrucción de demanda: Si bien los precios elevados benefician a los productores a corto plazo, representan un riesgo para el crecimiento de la industria a largo plazo. Costos prohibitivos pueden obligar a las economías emergentes a retroceder hacia combustibles más contaminantes, como el carbón, comprometiendo las metas climáticas globales.

El retorno a los fundamentos (SPA): La crisis ha revalorizado los contratos a largo plazo (Sale and Purchase Agreements). Los compradores que dependían en exceso del mercado spot enfrentan hoy una volatilidad extrema, impulsando una nueva ola de acuerdos vinculantes para asegurar certidumbre en precios y volumen.

Análisis de la Oferta: El Desafío de la Concentración

La crisis actual ha puesto de manifiesto un desafío estructural que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano y es la elevada concentración de la oferta global. En la actualidad, apenas cinco naciones —Estados Unidos, Australia, Qatar, Rusia y Malasia— controlan más del 70% del suministro mundial. Esta dependencia de un grupo tan reducido de actores crea “puntos únicos de falla” altamente vulnerables ante conflictos geopolíticos regionales.

El hecho que los daños recientes en la infraestructura qatarí comprometan cerca del 17% de su capacidad exportadora —con un impacto operativo que podría prolongarse de tres a cinco años— subraya la fragilidad de un sistema cuya oferta está excesivamente centralizada geográficamente.

La Nueva Ola de Capacidad (2026-2030)

Sin embargo, a pesar del complejo panorama actual, el mercado mundial se prepara para una expansión sin precedentes que promete diluir estos riesgos sistémicos:

Crecimiento histórico: Según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford y la Agencia Internacional de Energía (IEA), se prevé que la capacidad mundial de exportación de GNL experimente un crecimiento disruptivo entre 2026 y 2030. Los pronósticos indican un aumento de aproximadamente 300 a 350 mil millones de metros cúbicos (bcm) anuales. Esta cifra representa un incremento cercano al 50% respecto a los niveles de capacidad de 2024.

Liderazgo y Diversificación: Esta expansión está impulsada principalmente por la robusta cartera de proyectos en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México) y los ambiciosos planes de ampliación en Qatar. No obstante, la verdadera resiliencia provendrá de la diversificación geográfica: desarrollos en África y Argentina emergen como actores clave. Esto, sumado a la ejecución de miles de millones de dólares en Decisiones Finales de Inversión (FID), garantiza un mapa de suministro futuro más robusto, distribuido y menos vulnerable a crisis localizadas.

Un Pilar Estratégico Consolidado

Para 2030 se proyecta un mercado más diversificado, donde la entrada de nuevos proyectos y jugadores reducirá significativamente el riesgo de interrupciones sistémicas.

Los eventos recientes no cuestionan la viabilidad del GNL; por el contrario, subrayan la urgencia de fortalecer la resiliencia del sistema mediante la inversión en infraestructura y la diversificación de fuentes.

En un entorno global volátil, el GNL continúa siendo el pilar estratégico para garantizar la estabilidad operativa de los sistemas energéticos mundiales, mientras cataliza la transición hacia un futuro de bajas emisiones.

El futuro energético de Colombia se debate en Cartagena

Con una interesante agenda y voces nacionales e internacionales de referencia, el Congreso Naturgas 2026 convertirá a Cartagena en el principal escenario de debate sobre el futuro energético de Colombia.

Bajo el lema “Gas natural, esencial para el desarrollo y el progreso humano”, el Congreso Naturgas 2026 reunirá del 15 al 17 de abril en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias a los principales tomadores de decisión, líderes empresariales, expertos energéticos, académicos y representantes del Gobierno, para analizar los principales retos del sector y discutir las soluciones que marcarán el futuro energético del país en un agitado contexto global.

La agenda del evento contará con más de 115 conferencistas nacionales e internacionales y abordará temas clave como seguridad energética, gobernanza del sector, agenda legislativa, transición energética, infraestructura, financiamiento para el desarrollo y nuevas fuentes de abastecimiento de gas natural.

Este año, el congreso se realizará en un momento de alta tensión global sobre los mercados energéticos. Las recientes tensiones en Oriente Medio han generado volatilidad en los mercados internacionales de energía, especialmente en el gas natural licuado (GNL), debido al papel estratégico de la región en el comercio mundial de hidrocarburos y al riesgo que enfrentan rutas clave de suministro. Este contexto ha vuelto a poner en el centro del debate internacional la seguridad energética y la necesidad de contar con fuentes de energía confiables y diversificadas.

“Hoy el debate energético dejó de ser una conversación exclusivamente técnica para convertirse en una discusión estratégica sobre el futuro del país. El Congreso Naturgas 2026 será el espacio donde Colombia podrá analizar, con expertos del sector, cómo garantizar un suministro confiable de energía, fortalecer la competitividad de la industria y asegurar que el gas natural siga contribuyendo al bienestar y el desarrollo de millones de ciudadanos”, afirmó Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas.

Entre los invitados especiales se destacan: Andrea Stegher, presidente de la Unión Internacional del Gas (IGU); Carlos Garibaldi, secretario Ejecutivo de ARPEL; Roberto Furian Ardenghy, presidente del Instituto Brasilero de Petróleo y Gas; Carmelo Smorto, originador Sénior de GNL de QatarEnergy Trading; Carlos Pascual, vicepresidente Senior de Geopolítica y Asuntos Internacionales de S&P Global; Ramiro López Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y  Santiago Rojas, gerente Regional Norte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros líderes del sector y representantes de entidades de Gobierno.

Entre los ejes centrales de los principales paneles se destacan: La gobernanza y la visión de Estado para este sector, desarrollo del gas natural en América Latina y el Caribe, así como la transición energética, entre otros espacios de alto nivel como la conferencia internacional del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Uno de los momentos más atractivos del Congreso será la realización del debate en vivo con los candidatos definitivos a la Presidencia de la República, programado para el 16 de abril y que será emitido a través del Canal Caracol.

Este encuentro pondrá en el centro de la conversación nacional temas clave como la seguridad energética, el abastecimiento de gas natural y la competitividad del país, permitiendo conocer las propuestas y visiones de quienes aspiran a liderar Colombia en los próximos cuatro años.

Con una agenda de alto nivel y voces internacionales de referencia, el Congreso Naturgas 2026 convertirá a Cartagena en el principal escenario de debate sobre el futuro energético de Colombia y en un punto de encuentro para analizar las decisiones estratégicas que definirán la seguridad energética del país en los próximos años.

Para más información visite: https://congresonaturgas.com.co/agenda-del-evento/

Qatar declaró fuerza mayor en contratos de largo plazo

Prevén pérdida de producción de 18,6 millones de barriles de condensados (alrededor del 24% de las exportaciones de Qatar) y de 1,281 millones de toneladas de gas natural licuado (aproximadamente el 13% de las exportaciones del país).

El Gobierno de Qatar declaró la cláusula de «fuerza mayor» en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy con varios países, entre ellos China, Corea del Sur, Italia y Bélgica, por el ataque iraní a la planta de Ras Lsffam que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

El ministro de Energía de Qatar y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes del pasado 18 y 19 de marzo causaron una pérdida estimada en 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y han provocado daños que tardarán entre tres y cinco años en repararse.

«Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo», dijo el ministro.

En concreto, el directivo aseguró que esta medida afectará a los contratos de exportación de gas natural licuado con China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

Irán lanzó varias ráfagas de misiles en la noche del miércoles 18 de marzo y la madrugada del jueves 19 de marzo contra este complejo industrial portuario que alberga el centro de gas natural licuado más importante del mundo y sirve como base terrestre para la exportación de las producciones de gas.

En concreto, el ataque dañó las líneas de producción 4 y 6, que gestiona conjuntamente con ExxonMobil (que tiene el 34% y el 30%, respectivamente).

Además, también afectaron a la planta Pearl GTL (Gas-to-Liquids), una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base utilizados para fabricar aceites de motor y lubricantes de alta calidad, así como parafinas y ceras.

Respecto a esta última, el ministro detalló que «se está evaluando el daño causado a una de las dos unidades de la planta Pearl GTL, que se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año».

Pero ya prevén pérdida de producción de 18,6 millones de barriles de condensados (alrededor del 24% de las exportaciones de Qatar) y de 1,281 millones de toneladas de gas natural licuado (aproximadamente el 13% de las exportaciones del país).

Cómo blindar el sistema eléctrico en temporada de lluvias

Ante el incremento de lluvias y tormentas eléctricas, la infraestructura crítica del país enfrenta riesgos por humedad, descargas y fallas en la distribución.

Colombia inicia el año bajo condiciones climáticas marcadas por el ingreso recurrente de frentes fríos, que generan lluvias intensas, tormentas eléctricas y variaciones bruscas de temperatura en distintas regiones del país.

Este escenario impone desafíos críticos para la estabilidad de la infraestructura eléctrica nacional, ya que el aumento de precipitaciones y descargas atmosféricas eleva la probabilidad de sobrecargas, caídas de tensión y fallas en la distribución, poniendo en riesgo la continuidad operativa de empresas y servicios esenciales.

Ante este panorama, Schneider Electric sugiere que el país debe enfocarse en la resiliencia de su infraestructura física y digital. Con un margen de energía muy ajustado para este año, el reto es proteger la estabilidad de la red eléctrica para que las tormentas no se traduzcan en plantas con cierre en operaciones o pérdidas millonarias.

“Las altas humedades y las tormentas incrementan los eventos como caídas de tensión y fallas en equipos industriales. La digitalización es hoy la principal herramienta de prevención. Tecnologías de monitoreo en tiempo real permiten a las empresas detectar anomalías antes de que una sobrecarga se convierta en el cese de actividades«, explica Daniel Garrido, presidente del Clúster Andino en Schneider Electric. 

Riesgos operativos ante condiciones climáticas adversas

La manufactura, la minería y el comercio, que aportan el 24 % del PIB y generan el 30 % del empleo en Colombia, son especialmente vulnerables a cierres derivados por afectaciones climáticas. Estudios del Banco de Bogotá estiman que una interrupción de una hora podría costar entre $175 y $204 mil millones de pesos a la economía nacional.

El mensaje para los empresarios colombianos es claro: no se puede controlar el clima, pero sí se puede blindar el negocio para que la energía nunca falte. Innovación y estabilidad pueden coexistir si se adoptan tecnologías que optimicen el consumo y aumenten la resiliencia.

Tecnología para el bolsillo y el futuro

El auge de herramientas modernas, como la Inteligencia Artificial (IA) están duplicando la demanda energética de los centros de datos. Ante el riesgo de tormentas, Schneider propone el uso de softwares de monitoreo que permiten a las empresas:

Ahorrar dinero: al saber exactamente dónde se desperdicia energía, las empresas pueden bajar su consumo entre un 5% y un 15%, un alivio enorme cuando las tarifas suben por el clima extremo.

No depender únicamente de las redes eléctricas tradicionales: implementar sistemas que permitan que un hospital o un edificio sigan funcionando con su propia energía (paneles o baterías) si un rayo afecta la red principal de la calle.

Protección total: evitar que las subidas y bajadas de voltaje quemen los equipos industriales, cuya reparación puede tardar semanas.

Un ejemplo de este «blindaje» está en la planta de Schneider Electric en Funza, Cundinamarca. Allí, la fábrica funciona con tecnología que garantiza que la producción nunca se detenga, sin importar qué tan fuerte sea la temporada de lluvias.

Schneider Electric ofrece soluciones para eficiencia extrema en centros de datos, UPS de alta eficiencia, sistemas de refrigeración avanzada y microrredes con almacenamiento, todo integrado en plataformas digitales para reducir picos y garantizar continuidad.

El riesgo de la balcanización

Colombia está al borde de un proceso de balcanización de su territorio sin que nos demos cuenta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Han pasado por desapercibidas varias decisiones, de hondo calado y serias implicaciones, que ha venido tomando el presidente Gustavo Petro a la chita callando, las cuales se pueden llegar a convertir en bombas de tiempo que le pueden estallar a los próximos gobiernos.

Es el caso del Decreto 488 de 2025, de dudosa ortografía, a través del cual se “dictan normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás con las demás entidades territoriales”. Y con fundamento al mismo ya se han creado dos entidades territoriales indígenas (ETI): la de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Decreto 482 de 2025) y la de los territorios de los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), mediante el Decreto 0971 de 2025.

Y ello, apelando a una norma transitoria de la Constitución de 1991 (artículo 56), que decayó en su vigencia a partir del 2011, ya veremos por qué. Pero qué dice ese artículo transitorio: “Mientras se expide la Ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”.

Y el artículo 329 de la Constitución a la que se alude reza textualmente: “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley orgánica de ordenamiento territorial”, y remata diciendo que “en caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo”.

Pues bien, el Decreto 488 de 2025 expedido por el presidente Petro reconoce que él sólo estaba facultado para la creación de las entidades territoriales indígenas (ETI) “mientras que el Congreso expide la ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta”. Se refiere a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y esta fue expedida en 2011. Se trata de la Ley 1454 y en ella tiene por objeto “establecer los principios rectores del ordenamiento” y “definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial”.

La LOOT estableció el “marco normativo general de principio rectores, que deben ser desarrollados y aplicados por el legislador en cada materia específica, para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen, modifiquen la organización política administrativa del Estado en el territorio” y no por el ejecutivo.

Es el mismo Decreto de marras el que admite que “el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 329 de la Carta es la condición establecida explícitamente por el constituyente para el agotamiento de la facultad otorgada al Gobierno en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política”. Esta es una confesión de parte, en la que se reconoce que el Presidente está usurpando una competencia propia del Congreso de la República por ministerio de la Ley.

En el Decreto 488 de 2025 se dice que “el artículo 56 transitorio de la Constitución Política otorga al Gobierno nacional la facultad para dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, mientras que el Congreso expide la ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta”.

Pero el mismo se salta a la torera una condición sine qua non, la prevista en el parágrafo 2º del artículo 37 de la Ley 1454 de 2011, el cual prevé que “en virtud de lo establecido en el artículo 329 de la Constitución Política el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República, dentro de los diez meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas, con la participación de los representantes de las comunidades indígenas y de las comunidades afectadas o beneficiadas en dicho proceso”.

Es el Congreso, entonces, el llamado a reglamentar “lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígena”,el Ejecutivo no puede arrogarse esa competencia como lo hizo al expedir este Decreto, transgrediendo lo dispuesto por la Ley y arrogándose la facultad privativa del legislativo.

Y lo hizo al reconocer legalmente la figura de las ETI, “permitiendo a los pueblos indígenas solicitar al Ministerio del Interior que sus territorios sean reconocidos como unidades administrativas propias”. Ello abre la puerta para que las propias ETI puedan administrar su gobierno, decidir sobre sus planes de desarrollo y gestionar recursos como regalías o participaciones del sistema general de participaciones (SGP) para salud, educación, agua potable y otros servicios que tradicionalmente administra el Estado. 

Indudablemente, aunque el Decreto que crea estas ETI y otros decretos similares como el 1275 de 2024, reconociendo a los pueblos indígenas como autoridades ambientales, en desmedro y en contravención de la Ley 99 de 1993 que enviste de dicha facultad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANLA, así como a las corporaciones autónomas regionales, bien intencionados y son vistos como un avance histórico hacia la autodeterminación y la justicia histórica para los pueblos indígenas, existen debates en el país sobre cómo armonizar sus funciones y competencias con las demás entidades territoriales, como son los departamentos, distritos y municipios y la seguridad jurídica en zonas grises donde hay superposición de funciones. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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