En el marco del foro ‘Colombia potencia
energética’, realizado en Bogotá el 19 de febrero pasado, el exministro de Minas
y Energía Amilkar Acosta tuvo la oportunidad de presentar sus planteamientos
acerca de las propuestas de la Misión de Transformación Energética.
Por:
AMILKAR ACOSTA
20 de febrero de 2020. Primero,
recordemos que en las bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018–2022 se dispuso integrar una “Misión para la modernización
de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó
integrada el 2 de mayo de 2019 con 20 expertos
nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la Ministra de Minas y
Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta
para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega a la Ministra de sus
conclusiones y recomendaciones en diciembre pasado.
A la
pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que
propone la Misión respondo: lo primero a tener en cuenta es que no se
trata de hacer borrón y cuenta nueva,
sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético
colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien
ponderado tanto por el Foro Económico Mundial (FEM) como por el Consejo Mundial
de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Está en el top ten a nivel mundial
por el desempeño de su arquitectura institucional como por el Trilema
(seguridad, equidad social y sostenibilidad), que les sirve de medición.
Transcurridos
26 años de expedidas esas leyes, tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba el
Sistema y, por fortuna, pasamos indemnes, aunque en 2015 tuvimos un amago de
racionamiento, que al final se sorteó mediante un “autoracionamiento”. Razón más
que suficiente para no caer en la autocomplacencia, amén del reto que supone
encarar la Transición energética desde las fuentes de energía de origen
fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, megatendencia global de la cual
Colombia no se puede sustraer.
La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación, para transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva de las FNCER a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: descarbonización, digitalización, descentralización y democratización del nuevo Sistema.
Se trata
de robustecer la arquitectura institucional para darles cabida a los nuevos
agentes que ahora surgirán, como los agregadores y abrirle espacio a la gestión
de demanda, en la cual están llamados a jugar un papel primordial los
prosumidores (productores y a la vez consumidores).
En este
orden de ideas, nos parece muy buena la recomendación de parte de la Misión de
fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME). También aconseja reformar la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo)
para los temas macro presidida por el Ministro de Energía, sustrayéndolo del
día a día de la gestión del órgano regulador.
Por mi
parte considero que la CREG, al igual que la Junta Directiva del Banco de la
República, debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser
una rueda suelta del Ministerio. Por lo demás, considero que no se debe caer en
excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El
Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin
último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al
cambio climático.
¿En
cuánto pueden ayudar las recomendaciones de la Misión a bajar las tarifas de energía y gas?
Respuesta:
Sus recomendaciones propenden por mejorar la competitividad del sector, darle
mayor transparencia al mercado y a la concurrencia de los distintos agentes de
la cadena en el mismo y una formación eficiente del precio de la energía.
Se
trata, entre otras cosas, de reducir los costos de transacción, dado que estos
terminan trasladándose a los usuarios. Todo ello deberá contribuir a reducir la
tarifa, pues si en últimas esta reestructuración y modernización del sector no
bajan los costos de la energía (que tiene dos componentes: la tarifa y el
consumo) estaremos sólo botando corriente.
A mi
juicio, la tarea a realizar debe ir más allá, al tomar medidas tendientes a
reducir las pérdidas técnicas, los costos de restricción, estimular el ahorro
de energía y, lo que es más importante, hacer un uso más eficiente de la misma.
En este
sentido, la eficiente gestión de la demanda es fundamental e imprescindible.
Sólo así los usuarios regulados (residenciales) tendrán un alivio en sus
facturas del consumo de electricidad y los no regulados, sobre todo las
empresas, bajarán sus costos de energía y de paso ganarán en competitividad.
Otra
pregunta del Foro fue ¿cómo ayudan las propuestas de la Misión a alcanzar el objetivo
urgente de aumentar las reservas de petróleo y gas?
Respuesta:
Como es bien sabido, las reservas tanto de petróleo como de gas natural han caído, al punto que
sólo garantizan el autoabastecimiento para menos de 6 y 10 años, respectivamente. Es muy importante
detener la declinación de dichas reservas y el único camino que nos queda por
delante, además del recobro mejorado, es apretar el paso en exploración y
explotación offshore y de los yacimientos no convencionales.
De ello
no se ocupa la Misión, tal vez asumiendo que las políticas y las decisiones en
marcha van en la dirección correcta, lo mismo que las recomendaciones de la
Comisión de expertos con respecto a la utilización del fracking en los yacimientos no convencionales. Ello llama
poderosamente la atención, pues la Misión ha debido enfocarse al sector energético
en su integridad, pero tiene un marcado sesgo hacia una de sus fuentes, la electricidad.
Aborda
sí el tema de la posible instalación de la regasificadora
del Pacífico y otra en La Guajira, con el propósito de impedir que se
estrangule la demanda por la estrechez de la oferta doméstica.
Coincidí
con otros panelistas en que esta iniciativa debe considerarse como la forma de
contar con un respaldo ante la eventualidad de que la oferta doméstica resulte
insuficiente y evitar contingencias que pongan en riesgo la generación de
energía, pero que la prioridad debe estar en aumentar nuestras reservas. Tanto
más en cuanto que el gas natural
importado es demasiado costoso y su uso dispararía los precios y las tarifas de
energía, además que no reporta los mismos beneficios económicos, sociales y
fiscales que la producción doméstica.
Por mi
parte, planteé la idea de que en el caso particular de La Guajira, la regasificadora que se instale debe ser
bidireccional, esto es que la misma esté habilitada tanto para la
regasificación como para la licuefacción del gas, dada la apuesta que viene
haciendo Ecopetrol y sus socios en los prospectos offshore en inmediaciones de la península, de modo que se pueda
importar cuando sea necesario y exportar cuando estemos en capacidad de contar
con excedentes.
Acotación
final: Nos parece importante la recomendación de la Misión para avanzar en el
propósito de darle cumplimiento a la Ley eléctrica de tener cobertura universal
del servicio de energía, pues ya vamos para 6 años de mora en el cumplimiento
de tal cometido.
Compartimos
que, para lograr ese propósito, se amplíe la frontera del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y eliminar las barreras que
hoy existen entre el SIN y las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país. Ahora
que contaremos con las FNCER, estas se convierten en el mejor vehículo para
lograrlo, especialmente con la energía solar fotovoltaica, dadas sus características
y flexibilidad.
