Ochocientas familias de Soacha se benefician del gas natural

Con una inversión de cerca de $900 millones, se anunció el inició de las obras para la instalación del servicio de gas natural que beneficiará a 800 familias de los barrios Limonar, El Manzano y El Mirador en Soacha, Cundinamarca.

El proyecto de Vanti permitirá que 800 familias, inicialmente, y 481 lotes que aún no están construidos puedan contar con el servicio de gas natural de forma continua.

Esta obra es una de las principales apuestas de Vanti para expandir la red de gas natural en los municipios de Cundinamarca, gracias a los trabajos realizados con la Gobernación y la alcaldía de Soacha.

El anunció de inició de las obras a la comunidad, que comenzarán en agosto próximo, se realizó con la presencia del alcalde de Soacha, Víctor Julian Sánchez; el director de Asuntos Públicos de Vanti, Ricardo Garzón, concejales, ediles y juntas de acción comunal de Soacha y directivos de Vanti.

Con esta obra, se contribuye a aumentar el número de usuarios de gas natural en esta zona del país, los cuales podrán contar con un servicio que ofrece los siguientes beneficios:

•      No requiere de ningún tipo de proceso para su uso

•      No necesita almacenamiento porque se suministra en forma continua a los hogares

•      Es la fuente de energía más limpia, menos contaminante y con menor contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, y por eso al cocinar no se tiznan las ollas o sartenes, ni se ensucia la cocina

•      Es muy económico

•      Se ahorra tiempo porque se alcanzan más rápidamente las temperaturas deseadas, reduciendo los tiempos de cocción y calentamiento

•      Es un producto más seguro que otros combustibles, pues su composición es menos pesada que el aire y en caso de una fuga, es más factible que vaya a la atmósfera y se diluya.

•      En el hogar el gas natural se utiliza para cocinar en el horno, la estufa o el asador, y para calentar el agua.

La regla fiscal

Colombia históricamente se ha caracterizado por arrastrar el lastre de los llamados déficits gemelos: déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ni siquiera durante el largo ciclo, sin precedentes, de precios altos de los commodities, de los que tanto dependen las finanzas del Estado, entre 2003 y 2011, para los productos mineros, que se prolongó hasta el año 2014 para el petróleo, se corrigieron estos déficits, como si lo lograron los demás países de Latinoamérica. Definitivamente, el déficit que acusan las finanzas del Gobierno Central es estructural.

La glotonería de la Nación ha sido tal que, no obstante, el recorte de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales, que le significaron a estas, según estudio del Banco de la República, $387.953.907 millones de pesos constantes de 2018, recursos que dejaron de recibir entre los años 2002 y 2023.

Ello, a consecuencias de dos lesivos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007. Y de contera, en los últimos 32 años, el Congreso de la República aprobó, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, una cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación.

Antes de meter en cintura el gasto público, del cual es responsable la Nación, se dio el primer paso con el de las entidades territoriales, expidiéndose con tal fin la Ley 617 de 2000, de “racionalización del gasto público nacional”, pero que sólo le es aplicable a ellas, no a la Nación.

Tuvimos que esperar más de once años, hasta que se expidió la Ley 1473 de 2011, mediante la cual se procura garantizar “la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas”, cuyas disposiciones son aplicables “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Posteriormente se aprobó la Ley 819 de 2003, a través de la cual “se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”, y se estableció el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República “antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal”. El mismo le habrá de servir de derrotero al Ministerio de Hacienda y crédito público y deberá dar cuenta del Plan financiero, así como el programa macroeconómico plurianual.

Luego se aprobaría la Ley 1473 de 2011, la cual “tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”, aplicable “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Con tal fin se establece la Regla fiscal, con la cual se “buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda” programado. Esta es una especie de camisa de fuerza para cuerdos, con la cual se busca imponer la disciplina fiscal y evitar el desbordamiento del gasto público.

Ese mismo año se aprobó el Acto Legislativo 03 dándole rango constitucional al criterio de la sostenibilidad fiscal, el cual quedó consagrado en el artículo 334 de la Carta. Este reza que el “marco de sostenibilidad fiscal… deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. Se reitera en los artículos 339 y 346.

Con el fin de velar por el cumplimiento de la Regla fiscal y el criterio de la sostenibilidad fiscal se creó el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF), por medio de Ley 2155 de 2021, en la cual se modificó el artículo 1473 de 2011 que la creó.

Este es órgano de carácter técnico, integrado por expertos, permanente e independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus principales funciones se destacan pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desde luego monitorear el cumplimiento de la Regla fiscal. También se ocupa de las proyecciones del DNP en lo concerniente a la política macroeconómica y fiscal, sobre todo en lo tocante a la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es de advertir que sus conceptos no son vinculantes para el Gobierno, este lo toma o lo deja.

Todo este andamiaje tiene por objeto propender por la responsabilidad, el control y la austeridad fiscal por parte del Gobierno Central, aunque la verdad sea dicha, en no pocas ocasiones se ha eludido y soslayado el cumplimiento de la Regla fiscal, que es su espina dorsal.

Como lo planteó el ex ministro de Hacienda e integrante del CARF Guillermo Perry “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales… El recurso a la contabilidad creativa genera incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”.

Un ejemplo de ello lo tuvimos recientemente en la administración Duque Márquez, cuando las prácticas alejadas de la ortodoxia de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla llevó a una de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, a titular en uno de sus despachos de prensa que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”.

Y no era para menos, puesto que en concepto del ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Luis Eduardo Arango, “se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”, sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.

El caso más patético fue el manejo que se le dio al déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que alcanzó para el 2022, según el CARF, los $38 billones, que heredó la administración Petro. Déficit que no se tuvo en cuenta, porque no se contabilizó, a la hora de establecer el déficit fiscal, el cual, a pesar de esta omisión, cerró en 2021 en el 7,1% del PIB, insuflado por el coletazo de la crisis pandémica.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Cómo potenciar el mercado del GLP en América Latina

En América Latina hay retrasos en el tema regulatorio del GLP y varios países intervienen los precios. Estas situaciones se deben a que los gobiernos no entienden cómo funciona el mercado.

El mercado del gas licuado del petróleo (GLP) en América Latina se debate entre el crecimiento, la intervención de precios de algunos gobiernos, la falta de regulación adecuada y buena parte de informalidad.

Según el analista Adrián Calcáneo, vicepresidente de Energía y Materias Primas de OPIS, los problemas que aquejan al subcontinente en materia de GLP se pueden resumir en una sola razón: los gobiernos no entienden el mercado.

Para Calcáneo, todo se podría simplificar si se entiende que ningún país consumidor (y menos en un mercado tan pequeño como el de América Latina) está en capacidad de interferir en los precios internacionales del propano y el butano.

Dado que América Latina importa el cincuenta por ciento del GLP que consume, sus precios están atados a la paridad importación. Luego, los intentos de los países por poner controles de precios internos al producto lo único que lleva es a distorsionar el mercado y a desincentivar las inversiones.

“Yo creo que ha habido mucha improvisación por parte de los gobiernos al tratar de controlar el mercado, pero en realidad está fuera de su control, porque el precio se define fuera de nuestras fronteras”, dice Calcáneo.

Y agrega que, en cierta manera, “eso ha llevado a una sobre regulación que ha mermado la inversión y le ha metido mucho ruido al mercado.”

Para el experto −que será conferencista en el próximo Congreso Internacional de Gasnova, en Bogotá−, ese es el tema más importante en la región: la sobre intervención de los gobiernos en el mercado, y la preocupación que se haga en países donde no ha sido intervenido.

Actualmente, entre los países del área que intervienen los precios del GLP están Perú, Guatemala, México y Uruguay.

Entorno internacional

Por eso, para definir políticas adecuadas para el GLP hay que entender lo que pasa en el mercado mundial.

Calcáneo señala que el mercado mundial del GLP está en medio de un ambiente bipolar. Por un lado, hay crecimiento en la producción de Estados Unidos (el mayor productor y exportador), lo cual es una buena noticia; y, por otro lado, China (el mayor consumidor e importador) ha reducido se demanda en los últimos años en unos 8 millones de toneladas anuales.

Eso ha llevado a que los precios actuales de referencia Mont Belvieu (EEUU) estén en niveles bajos. Pero, para Calcáneo eso puede ser un espejismo, pues si algunos gobiernos de la región consideran que el precio está alto, se pueden presentar amenazas cuando el mercado internacional reaccione y los precios suban.

Por eso, para el especialista, la mejor política es dejar que los precios fluctúen de acuerdo con las cotizaciones internacionales y que los consumidores entiendan que el precio se moverá con esas oscilaciones.

Y es que después de muchos años de relativa estabilidad, en el presente siglo las cotizaciones del GLP han sufrido grandes fluctuaciones.

En 2003 el precio del galón de propano alcanzó la barrera del dólar, luego rozó su máximo histórico de dos dólares en 2008, para luego caer a 0,24 dólares durante la pandemia. En marzo de 2022 rebotó a 1,61 dólares, y ahora, a mediados de 2025, el precio ronda los 0,72 dólares por galón.

“El problema es que seguimos hablando de precios altos. Seguimos con los gobiernos tratando de combatir el precio alto en un momento donde los precios están bajos. Y las intervenciones de los gobiernos, lamentablemente, en largo plazo hacen que se desincentive la inversión, que es lo que realmente hace que bajen los precios”, dice Calcáneo.

Y pone como ejemplo a México, que es uno de los grandes consumidores de la región y que tiene una larga tradición en GLP, donde el gobierno ha intervenido el mercado poniendo un precio máximo que se actualiza cada semana. Un precio que no tiene una metodología adecuada para seguir los precios de referencia internacional. Entonces, los distribuidores están perdiendo mucho dinero, porque para operar y distribuir tienen que vender más barato de lo que les cuesta el combustible.

“El gobierno no ha entendido eso, a pesar de las protestas y las pláticas de los distribuidores, y desafortunadamente está dañando a uno de los mercados más comprometidos con el GLP en América Latina”, dice Calcáneo.

En ese sentido, la recomendación del experto para Colombia es que el gobierno no intervenga los precios, que se dejen al libre mercado. “Dejar que la gente entienda cuál es el precio real del cilindro y, si quieren dar un subsidio, que esté separado del momento de compra, que se le otorgue directamente al usuario de otra forma, para que la gente nunca pierda de vista cuánto realmente cuesta el cilindro a precios de mercado internacional”, señala.

Eso permitiría desligar el subsidio de la comercialización en los seis departamentos donde hoy opera el aporte estatal al GLP en el país, pues el gobierno ha retrasado los pagos y tiene a las distribuidoras al borde de una crisis financiera.

En Colombia, el precio del GLP se fija en Cartagena, por la paridad importación. Es un hecho que no se puede controlar. Pero lo que sí se puede controlar son los costos de transporte hacia el interior del país: invirtiendo en ductos, en infraestructura y almacenamiento.

“Entonces, lo que está ocurriendo en América Latina es que no hay un reconocimiento del nivel de precio bajo actual, donde deberían empezar a retirar controles de precios. El peligro es ese, que no se ha reconocido el momento actual y que los factores son globales. Si China se recupera y empieza a consumir 8 millones de toneladas más, pues la presión sería mayor de los gobiernos a intervenir. Y esos son los peores escenarios”, concluye Calcáneo.

Colombia: proyectos de hidrógeno con más de 3 GW de capacidad

Colombia ocupa el cuarto lugar global en competitividad de costos para producir hidrógeno verde, según IRENA. Se espera que la demanda de hidrógeno para fertilizantes, aviación y transporte marítimo supere el millón de toneladas hacia 2050.

Colombia se consolida como uno de los países con mayor potencial para liderar el mercado latinoamericano del hidrógeno limpio, con proyecciones que apuntan a la instalación de más de 3 GW de capacidad para abastecer su mercado interno y una capacidad exportadora a mercados estratégicos como Europa y Asia.

Esta capacidad, destacada en la Guía Legal y de Inversión del Hidrógeno 2025 de la Cámara de Hidrógeno ANDI-Naturgas, ubica a Colombia como el cuarto país con el costo nivelado más competitivo del mundo para producir hidrógeno verde, solo por detrás de Brasil, Chile y Marruecos, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

La región Caribe y zonas como La Guajira, Antioquia y el Valle del Cauca se perfilan como hubs energéticos clave por su infraestructura portuaria, recursos renovables y vocación industrial.

En este contexto, del 16 al 17 de julio en Cartagena, se realizará el 3° Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, un espacio que reunirá a más de 400 líderes del sector público y privado, expertos internacionales, inversionistas y autoridades regionales para debatir el futuro energético del país.

“Estamos viendo un punto de inflexión. El país tiene 36 proyectos de hidrógeno en desarrollo, 8 de ellos ya en operación, y los sectores de fertilizantes, aviación, transporte marítimo y refinación están listos para escalar en esta nueva ola tecnológica”, explicó Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI y Naturgas.

Colombia enfrenta un momento decisivo: más de la mitad de los proyectos actuales de generación presentan retrasos, lo que plantea un desafío técnico para el sistema energético. Sin embargo, también abre una ventana de oportunidad: avanzar en eficiencia energética y acelerar la adopción de tecnologías como el hidrógeno, clave para descarbonizar sectores intensivos en emisiones y responder al crecimiento de la demanda industrial, los data centers y las metas climáticas al 2030.

Durante el 3° Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, se presentarán apuestas como la producción nacional de amoníaco verde para sustituir importaciones, el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y de soluciones para el transporte marítimo. Además, por primera vez, se abordarán casos de uso de derivados del hidrógeno como metanol y se abrirá un bloque técnico sobre estándares de calidad y certificación, fundamentales para la industria.

“Colombia avanza hacia una economía del hidrógeno. Este Congreso es el espacio donde los actores clave convergen para acelerar inversiones, conectar con la demanda industrial y cooperación internacional. Hoy más que nunca, el hidrógeno representa una oportunidad concreta para el desarrollo sostenible del país y las regiones. La articulación y el apoyo temprano a los proyectos serán la clave para acelerar la consolidación de esta industria”, concluyó Karen Peralta.

Nueva mirada al hidrógeno y los gases renovables

Brasil se ha consolidado como un país líder en Latinoamérica gracias a su estrategia integral para la producción de hidrógeno, basada en el aprovechamiento eficiente de todos sus recursos renovables, incluyendo la biomasa. Esta visión ha fortalecido su competitividad energética y será una de las experiencias clave que se compartirán en el Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética.

En este escenario, se anunciará además una nueva línea estratégica de la Cámara de Hidrógeno que abordará integralmente el desarrollo del mercado de biogás y biometano. Esta ampliación fortalece un ecosistema energético más inclusivo, circular y basado en el uso eficiente de todos los recursos disponibles.

La agenda, alineada con la Hoja de Ruta del Hidrógeno y la Transición Energética Justa, también promoverá la consolidación de hubs regionales en Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia y La Guajira, articulando industria, infraestructura y energía limpia para posicionar a Colombia como un proveedor estratégico en los mercados internacionales.

Para más información sobre el evento, visite https://www.andi.com.co/Home/Evento/108-3-congreso-de-hidrogeno-y-eficiencia-ener

María Beatriz Antequera, nueva gerente General de Calamarí LNG

Desde su creación en 2017 hasta la fecha, Calamarí ha importado más de 8 millones de metros cúbicos de GNL, contribuyendo con la atención de la demanda de gas natural en el país.

Calamarí LNG, empresa pionera en la importación y comercialización de gas natural licuado (GNL) en Colombia, anunció el nombramiento de María Beatriz Antequera como su nueva gerente General.

Antequera, economista y especialista en negocios internacionales, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector minero-energético y ha hecho parte del equipo directivo de la compañía desde sus inicios, como gerente comercial y financiera.

Desde su nuevo cargo, liderará el fortalecimiento estratégico y operativo de la compañía en su rol como agente importador, comercializador y coordinador de la logística de abastecimiento del GNL de sus clientes, con el fin de contribuir al suministro oportuno de GNL, para la atención de demanda de gas natural térmica y no térmica.

“Me llena de orgullo asumir este cargo y liderar una compañía que ha puesto a Colombia en el mapa mundial del GNL. Mi prioridad será fortalecer nuestra capacidad operativa y comercial para responder con eficiencia, oportunidad y confiabilidad a los requerimientos de nuestros clientes, y a los retos que enfrenta el país en materia energética”, señaló la nueva gerente General de Calamarí LNG.

Durante los últimos 8 años, la empresa ha sido un actor clave para garantizar la confiabilidad del suministro energético nacional, ya que ha logrado conectar a Colombia con una red de más de 20 proveedores internacionales de GNL, lo que ha permitido contar con el combustible de manera oportuna, confiable y eficiente.

Antequera afirma que “el país requiere ajustes regulatorios urgentes en materia de comercialización de gas, que permitan negociar contratos de largo plazo en condiciones más favorables y competitivas, especialmente en un contexto marcado por alertas de déficit de gas proyectadas para los próximos años, donde el gas natural importado se posiciona como la solución más viable para garantizar el abastecimiento”.

Desde el inicio de su operación en 2017, Calamarí LNG ha importado más de 8 millones de metros cúbicos de GNL, y durante el fenómeno de El Niño 2023–2024, gestionó y coordinó el abastecimiento de cerca de 3 millones de pies cúbicos de GNL, equivalentes a aproximadamente 70 millones de MBTU, lo que representó del orden del 20% de la demanda de gas del país en ese periodo.

Se aproxima el 7º Congreso Internacional del GLP de GASNOVA

La séptima edición del evento más importante del GLP en Colombia se realizará los días 26 y 27 de agosto de 2025 en el Club El Nogal, de Bogotá.

El 7º Congreso Internacional del GLP “Gas para el progreso” reunirá a los actores más importantes del sector del GLP tanto de Colombia como de Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina y Perú.

El evento es organizado por la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA), gremio que reúne a las compañías que distribuyen el 76% del GLP en el país, y cuenta con los aliados internacionales World Liquid Gas Association (WLGA), Asociación Iberoamericana del GLP (AIGLP) y OPIS a Dow Jones Company.

La séptima versión tiene como eje temático “Gas para el progreso”, para analizar el papel del GLP como combustible para el progreso económico de las naciones, que se viene consolidando como alternativa energética esencial para los sectores residencial, comercial e industrial.

Las diferentes sesiones abordarán temas de gran relevancia para el sector, como el aporte del GLP a los sectores industrial y comercial, la evolución del sector energético en el largo plazo y los retos de la transición, la competitividad de los combustibles: precios y abastecimiento, las tendencias regulatorias en América Latina y el AutoGLP a nivel internacional, entre otros.

El Congreso GASNOVA cuenta con una agenda académica en la que participarán 42 conferencistas, panelistas y moderadores nacionales e internacionales de amplia trayectoria en los sectores energético y del GLP.

También cuenta con una muestra comercial que abre la oportunidad para hacer negocios y un espacio de relación con los tomadores de decisión del sector privado y estatal.

Opinión de conferencistas y participantes

Cinch Munson, director de Desarrollo de Negocios, World Liquid Gas Association, Francia: «Para la Asociación Mundial del GLP es un honor participar en este evento que analiza temas de gran importancia para el sector del GLP a nivel internacional. Desde la World Liquid Gas Association, presentaré novedades en materia del AutoGLP que son de gran interés para la industria automotriz».

Adrian Calcaneo, VP Energy & Feedstocks at Chemical Market Analytics, OPIS, A Dow Jones Company, EE.UU.: «Vamos a analizar asuntos de mercados internacionales, precios y demanda del GLP y otros combustibles. Cómo la geopolítica afecta a esta industria, el rol del GLP en la transición energética de Colombia y del mundo, entre otros temas».

Fabricio Duarte, director Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana del GLP (AIGLP), Brasil: “El Congreso GASNOVA es una excelente oportunidad para conocer las últimas tendencias del mercado del GLP, así como experiencias internacionales de importante relevancia”.

Jovan Pastor Portocarrero, presidente, Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Perú: «Este espacio es ideal para analizar y reflexionar sobre el impacto que tiene el GLP en la matriz energética global y latinoamericana, y la versatilidad de este combustible en el tema logístico y productivo. Igualmente, el impacto eco-ambiental, clave para la dinámica de la economía mundial».

Edge Computing: mayor autonomía digital para aplicaciones críticas

La adopción de modelos híbridos que combinan la nube y el Edge Computing se está consolidando como un nuevo estándar para las organizaciones que buscan escalar digitalmente sin comprometer la estabilidad ni la eficiencia de sus operaciones.

Esta arquitectura responde a una necesidad urgente: procesar datos en tiempo real y garantizar la continuidad operativa en entornos críticos. Al reducir la latencia y permitir mayor autonomía, lo que habilita decisiones inmediatas en el mismo lugar donde ocurren los procesos, sin depender de una conexión constante a la nube.

Según proyecciones de Gartner para 2025, el 75% de los datos empresariales se procesarán fuera del centro de datos tradicional o la nube, lo que refleja una transición hacia modelos híbridos más distribuidos y eficientes. Esta tendencia es particularmente relevante en industrias como la minería, energía, salud y retail, donde la inmediatez y la disponibilidad continua son elementos críticos.

Su importancia radica en que facilita la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo, impactando positivamente en la productividad y eficiencia energética. Para ello, se basa en microcentros de datos distribuidos en la periferia de la red, cerca del lugar donde se generan los datos, reduciendo así la latencia y aumentando la autonomía operativa.

De hecho, un estudio de IDC (2024) estima que a nivel global el gasto en soluciones de Edge Computing alcanzará los 378 mil millones de dólares para 2028, impulsado por la necesidad de análisis en tiempo real, automatización avanzada y experiencias de usuario cada vez más exigentes. Este crecimiento anticipa una transformación profunda en la infraestructura digital, donde más cargas de trabajo serán gestionadas desde el borde, requiriendo nuevas capacidades de procesamiento local, inteligencia artificial y compatibilidad con GPU.

Al respecto, José Luis Leyva, especialista de Edge Computing y Alianzas en Suramérica para Schneider Electric, indicó que “esta tecnología permite reducir la latencia y garantizar una mayor autonomía operativa, lo que es clave para aplicaciones críticas que no pueden depender de una conexión constante a la nube. La cercanía entre los datos y su procesamiento mejora la eficiencia y habilita las decisiones en tiempo real”.

En respuesta a esta necesidad, Schneider Electric ha desarrollado soluciones modulares de Edge Computing que integran infraestructura física, monitoreo remoto, ciberseguridad y gestión energética inteligente, para acompañar la transformación digital empresarial en entornos que exigen alta disponibilidad y rendimiento constante.

“Contar con una arquitectura robusta y segura permite a las organizaciones operar de forma más ágil y resiliente, especialmente en aplicaciones críticas que requieren máxima disponibilidad y velocidad en la toma de decisiones”, concluye el ejecutivo.

Ecopetrol adquiere el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira

Ecopetrol adquirió el 100% de las acciones de la Compañía Wind Autogeneración S.A.S., sociedad controlada por Enel Colombia S.A.S. y propietaria del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira.

La adquisición por parte de Ecopetrol se concreta a través de un contrato de compraventa de acciones, previa aprobación de su Junta Directiva en sesión de diciembre de 2024 y del cumplimiento de las condiciones precedentes.

El proyecto Windpeshi, que se ubica entre los municipios de Uribia y Maicao, tendrá una capacidad de 205 MW (41 aerogeneradores de 5 MW) para producción de energía eólica, que serán incorporados al portafolio de autoconsumo del Grupo Ecopetrol. Se espera que el proyecto aporte un promedio de 1,006 GWh/año, lo que corresponde a cerca del 9% de la demanda de energía total del Grupo.

Una vez entre en operación, aportará un beneficio de descarbonización de aproximadamente 4,8 millones de toneladas de CO2, e inversiones estimadas en $350 millones de dólares entre 2025 y 2027, entre los cuales están $50 millones de dólares pagados a Enel por el proyecto.

Ecopetrol planea reactivar las obras del proyecto antes de finalizar el 2025, con la expectativa de iniciar operación en 2028.

En coordinación con la institucionalidad a nivel nacional, regional y local, Ecopetrol promoverá espacios de diálogo intercultural con las autoridades ancestrales y líderes de 30 comunidades Wayúu, del área de influencia del proyecto.

La Constitución y la Constituyente

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 4 de julio se cumplieron 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional.

Estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia, hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por el ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente”, luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado. 

Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta”, promovida desde la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo.

Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para las llamadas elecciones de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.

La “séptima papeleta” decía textualmente: “Voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”.

Ni corto ni perezoso, el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y declarar el Estado de Sitio, y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea Constitucional”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea Constitucional, la cual derivó en Constituyente.

A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.

Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”.

El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional.

El ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que “los de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.

Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez: “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso.” No existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.

Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas, batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.

El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU, cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta 2017.

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia: Descubren hidrógeno natural en su subsuelo

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó la presencia de hidrógeno natural libre en el subsuelo, gracias a los resultados obtenidos en los pozos estratigráficos Macanal-1X, Fómeque-1X y San Rafael-1X/2X, perforados en las cuencas Cordillera Oriental y Sinú-San Jacinto.

Los descubrimientos, liderados por la Vicepresidencia Técnica de la Agencia, representan uno de los primeros registros documentados de hidrógeno blanco en América Latina, y sitúan a Colombia entre los pocos países del mundo que han identificado este recurso en condiciones naturales de subsuelo.

“Este hallazgo inaugura una nueva etapa en la exploración energética del país. El hidrógeno natural, por su origen geológico y baja huella ambiental, representa una oportunidad única para diversificar la matriz energética y avanzar hacia una economía descarbonizada”, afirma Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la ANH.

Los Hallazgos

  • En el pozo Macanal-1X se registraron concentraciones de hidrógeno libre, con un pico máximo de 36.110 partes por millón (ppm) a 600 pies, todos asociados a niveles con alta materia orgánica. Estas cifras indican un entorno geológico activo y favorable para la generación natural de hidrógeno.
  • En el pozo Fómeque-1X se detectó hidrógeno libre en contacto con lutitas carbonosas altamente maduras térmicamente, lo que sugiere un potencial generador natural bajo condiciones específicas de presión, temperatura y mineralogía.
  • En los pozos San Rafael-1X y 2X se identificaron manifestaciones de hidrógeno en niveles de cherts y lutitas carbonosas, un hecho inédito en la Cuenca Sinú- San Jacinto. La asociación de hidrógeno con impregnaciones de aceite y gases húmedos refuerza la hipótesis de un sistema petrolífero mixto.
  • En los pozos Une-1X, Fomeque-1X y Macanal-1X se obtuvieron resultados desde el punto de vista geológico y de prospectividad para gas natural y/o hidrógeno natural.

¿Qué es el hidrógeno blanco?

El hidrógeno blanco o hidrógeno geológico natural es un tipo de hidrógeno molecular (H₂) que se genera de forma espontánea en el interior de la Tierra mediante procesos geológicos naturales, como la oxidación de minerales ultramáficos, la radiolisis del agua o la descomposición térmica de materia orgánica profunda.

A diferencia del hidrógeno gris, azul o verde —que requieren procesos industriales intensivos— el hidrógeno blanco no necesita intervención humana para su generación ni deja huella de carbono en su origen, lo que lo convierte en una fuente de energía limpia, continua y de bajo impacto ambiental.

Este avance posiciona a Colombia como pionera en América Latina en la exploración de este nuevo vector energético, alineado con los principios de soberanía energética, descarbonización y aprovechamiento responsable del subsuelo.

A nivel mundial, el emblemático campo de Bourakébougou, ubicado en Mali, es el único sistema natural de hidrógeno en producción activa a nivel comercial. A la fecha, hay más de 20 pozos y el yacimiento mantiene su presión sin declinar, indicando una posible recarga natural continua.

Este caso demuestra el potencial económico y social del hidrógeno natural: una fuente energética renovable, de baja huella de carbono.

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