Sin transmisión no hay transición

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentra en máximo grado de estrés debido a la estrechez de la Oferta de Energía Firme (OEF), a causa del atraso en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Entre los proyectos de generación se destacan las 4 unidades de Hidroituango y 16 parques eólicos en La Guajira; en transmisión, la Línea Colectora, de la cual depende la inyección de la energía generada en los parques eólicos al SIN, cuya ejecución ya tiene 3 años de atraso.

La capacidad instalada de generación, según XM, que es la empresa que opera el SIN, es de 21.420 GW y, según un estudio reciente de Fedesarrollo, para 2028 se requiere contar con una capacidad de 29 GW. Pero al paso que vamos ello es imposible, no obstante la subasta de expansión que tuvo lugar en febrero del año pasado y las de reconfiguración recientes, así como la de expansión en curso. El atraso en la ejecución de proyectos de generación se estima en 3.500 MW, el 30% de la demanda nacional

Lo dijo con todo el énfasis que la situación amerita la presidente de XM, Nohemí Arboleda: “El 55% de los proyectos de expansión relacionados con las redes del STN y STR representan retrasos frente a su fecha de entrada en operación, y digamos la materialización de esos planes de expansión es clave para ese futuro que esperamos”.

Ello se traduce en lo que denomina la presidente de Asoenergía, Sandra Fonseca, en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”, a tal punto que según la presidente de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, “con base en las proyecciones de demanda anual de la UPME y las cifras de OEF publicadas por XM, se mantiene un déficit de energía firme negativo”.

Esta situación, ya de por sí preocupante, tiende a agravarse, toda vez que la controvertida Resolución de la CREG 101 066 de 2024, que cambia el mecanismo y establece dos techos para el precio de escasez, que por lo pronto es optativa, se tornará obligatoria a partir de los años 2028/2029, tienen un efecto perverso y disuasivo hacia las empresas que operan a carbón, las hidráulicas y las renovables y, en última instancia, en lugar de contribuir a bajar las tarifas de energía eléctrica las presionaría al alza ya que si entran deberán cobrar entre US$30 o US$35 frente a los US$18 que está actualmente el cargo por confiabilidad. Eso, al final del día, es más costoso para los usuarios, que son quienes terminarán pagando los platos rotos.

En cuanto a la transmisión, un comunicado de la empresa XM, responsable de la operación del SIN, fechado el 17 de julio de 2023, advirtió sobre “la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes del país: Guajira – Cesar – Magdalena, Córdoba – Sucre y Bolívar por sobrecargas de la infraestructura, dando lugar a desconexiones continuas de demanda”.

Y lo acaba de ratificar la Gerente General de la empresa Transelca, encargada de transportar la energía desde el interior a la región Caribe, Brenda Rodríguez: “Toda la costa Caribe está declarada en emergencia por agotamiento de las redes eléctricas. Esto lo estamos atendiendo con especial cuidado”.

La alerta no debería pasar desapercibida, porque de ella se sigue que está en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación del servicio en toda la región Caribe.

Este racionamiento ha pasado inadvertido y con muy bajo perfil en los medios, debido a que este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, ahora amenaza con extenderse a Bogotá, Cundinamarca y a toda la Sabana, debido también a la restricción en la oferta de energía a consecuencia del atraso de dos proyectos fundamentales que se requieren para transportar la energía desde Hidrosogamoso y Chivor. Y ello por no contar con la licencia ambiental para la instalación de las torres y el tendido de las redes de conducción. 

Dicho por el propio presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Es el caso de Falabella, que ante la negativa de la empresa ENEL Colombia de suministrarle la energía requerida para su Centro de Distribución (CEDI) inaugurado en Cota, Cundinamarca, uno de los más grandes en Latinoamérica, le tocó instalar plantas que operan con diésel. 

Según Mónica Cataldo, gerente de la red de distribución de ENEL, “tenemos unos retrasos básicamente por tema de licenciamiento o por oposiciones. Se tienen estudios por el crecimiento de la demanda para ver cuándo podría tenerse este momento crítico. Se estima pueda ocurrir desde 2026”.

Según ha trascendido, hay varios proyectos de vivienda en la Sabana aplazados por falta de disponibilidad del servicio de energía eléctrica. Si Bogotá, Cundinamarca y la Sabana, hasta ahora no han sido sometidas a racionamiento, como sí lo está desde 2023 la región Caribe, es porque el Sistema ha contado con Termozipa, térmica que opera con carbón.

Es una ironía que no se cuente con energía hídrica limpia proveniente de Chivor e Hidrosogamoso, a falta de licencia ambiental, y se tenga que suplir con energía térmica, altamente contaminante.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE. 

Ordenan a Alcanos devolver sumas cobradas en exceso en las facturas de gas

Los usuarios que recibirán la devolución se encuentran en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima. Se resalta que esta medida no es una sanción. Alcanos responde a la Resolución.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) impuso a Alcanos un Programa de Gestión para que ajuste la tarifa del servicio público de gas natural correspondiente a los consumos facturados con sobreprecio desde enero hasta que se aplique la corrección, y que devuelva a los usuarios los montos de los cobros indebidos.

La Superservicios encontró que Alcanos incrementó las tarifas en 51% a partir del consumo de enero con efectos hasta la fecha, pero que esta alza no estaba justificada puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial.

“Revisando la facturación y la información comercial reportada por la empresa, la Superintendencia encontró que Alcanos disponía de suficiente gas contratado con ECOPETROL, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial”, señala la entidad en un comunicado.

Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas.

“Esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de un millón de usuarios en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima”, agrega la entidad de vigilancia.

El programa impuesto tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios ordenando a Alcanos recalcular las tarifas, devolver el 100% de las sumas cobradas en exceso e incorporar disposiciones de gobierno corporativo encaminadas a garantizar que Alcanos no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

Además, la Superservicios ordenó iniciar un proceso sancionatorio y remite copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación.

Respuesta de Alcanos

En un comunicado a la opinión pública, Alcanos de Colombia señaló “que, mediante los mecanismos que estipula la ley, lograremos aclarar que Alcanos no ha incurrido, ni promueve la especulación, ni prácticas contrarias a la ética empresarial.”

La empresa indicó que, frente a la Resolución de la Superservicios, recibida el 22 de mayo, “la empresa ha dado respuesta clara, precisa y oportuna a la SSPD en requerimientos anteriores y visita realizada por esta entidad, indicando las razones por las cuales la empresa debió recurrir a la compra de gas natural importado.”

Alcanos recordó que las tarifas cobradas resultan de la aplicación de la Regulación de la CREG, que contempla la atención del servicio a todos los usuarios de la empresa. “Conforme a lo anterior, no está incumpliendo la regulación ni normatividad vigente, teniendo en cuenta que la contratación de gas importado tuvo como principal objetivo cubrir el déficit de gas a partir del mes de diciembre 2024 para garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio sin excepción alguna”.

Y resaltó que ha adelantado, con la debida diligencia, los procesos necesarios para adquirir el gas natural al precio más bajo del mercado en medio de las ofertas existentes, dando prioridad al interés de los usuarios.

Finalmente, indicaron que “reconocemos y respetamos plenamente el rol de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en las labores de inspección, vigilancia y control, por lo que mantenemos abiertos todos los canales institucionales para la revisión y defensa de nuestras actuaciones, dentro del marco legal establecido. Sin embargo, nos reservamos el derecho de ejercer nuestra defensa para preservar la reputación construida durante estos 47 años, motivo por el cual interpondremos los recursos y acciones legales correspondientes.”

Cómo participa Ecopetrol en la formación del precio del gas

Como productor-comercializador, Ecopetrol participa en la formación del precio en el mercado primario de gas natural, pero no en los demás componentes de la tarifa final que se trasladan al usuario.

Sobre la polémica en cuanto al alza en las tarifas de gas domiciliario en Colombia, hay que señalar que esta se forma con la sumatoria de la producción (G), el transporte (T), la distribución (D) y la comercialización (C), donde el G es el que mayor peso tiene, más o menos el 45%, por lo que las importaciones desde diciembre pasado inciden en las facturas.

El Grupo Ecopetrol cuenta con las mayores reservas de gas en el país. Del 50% en 2012 pasó al 90% en 2023, según el último informe de reservas y recursos de la ANH, publicado en 2024.

También en 2024, el Gestor de Mercado de Gas reportó un precio promedio en el mercado primario de US $10.6 por millón de BTU para las cantidades negociadas; mientras entre octubre de 2024 y abril de 2025 se reportaron precios promedio de venta en las fuentes Cusiana y Cupiagua, en Casanare, propiedad de Ecopetrol, entre US $4.2 y US $5.2 por millón BTU. En el caso de los campos de la Guajira se reportaron precios promedio entre US$5.5 y US$6.9 por millón BTU, en ese mismo periodo.

Por otro lado, Ecopetrol informó que partir de diciembre de 2024, se vienen reportando ventas directas de gas importado en el mercado primario, con precios entre US$15.5 y US$18.3 por millón de BTU, tres veces más caro que el gas nacional, lo cual impacta proporcionalmente al precio final.

Adicionalmente, el componente de transporte en el costo unitario de prestación del servicio, también ha presentado incrementos importantes en los últimos meses, a pesar de que no se han implementado cambios en la regulación.

Según lo anterior, Ecopetrol deja ver que el incremento del precio al usuario final no ha sido causado por el gas nacional sino por el importado. “La empresa no tiene injerencia en los procesos de decisión, en los análisis de los compradores, en los precios de cierre, ni en las cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento”, señaló la compañía.

Ecopetrol, en su calidad de productor – comercializador, ofrece y vende el gas natural proveniente de sus campos, en cumplimiento de las reglas establecidas en el mercado primario y en igualdad de condiciones, al igual que las demás compañías independientes.

Por su parte, el Gestor del Mercado de Gas Natural, responsable de recopilar, centralizar y hacer pública la información del sector, presenta los reportes mensuales que contienen el comportamiento consolidado de los contratos vigentes de gas suscritos entre los diferentes agentes del mercado.

Finalmente, Ecopetrol invita a todos los agentes del sector a trabajar en pro de soluciones equilibradas, para asegurar el abastecimiento seguro, eficiente y oportuno a todos los colombianos.

MinEnergía se comprometió a destrabar proyectos menores a 100 MW

El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante el ‘8vo Encuentro y Feria Renovables LATAM’ que se adelantó en Barranquilla.

Durante la apertura del 8° Encuentro y Feria Renovables LATAM, que se realizó en Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que los proyectos de energías renovables menores a 100 MW no deben seguir represados por trámites innecesarios.

“La instrucción presidencial es clara: estos proyectos no deben enfrentar los mismos procesos que otros. No se trata de eliminar el componente ambiental, sino de agilizarlo, de superar una burocracia que ha frenado el avance de las energías renovables. Esa fue una instrucción directa que me ha dado el presidente”, afirmó Palma.

En ese sentido, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de exonerar de licencias ambientales a proyectos de energía renovables de hasta 100 megavatios (MW). Con esta medida se busca destrabar cerca de 100 proyectos de generación de energías limpias.

Además, Palma denunció proyectos fantasma, con puntos de conexión que han copado el sistema eléctrico en el país. De acuerdo con el ministro, se ha “conformado un equipo interinstitucional denominado equipo de estrategia 6G plus, con el propósito de identificar estos trámites que están detenidos e identificar cuáles son los cuellos de botella en materia ambiental, de licenciamiento social y en temas en regulación, incluso”.

Aseguró además que el 52% de los proyectos de energías renovables están detenidos en las corporaciones autónomas. “Hay dos rutas, una porque puede haber corrupción en estas corporaciones, pues vamos a pedir a la Procuraduría General de la Nación que haga lo que le corresponde, y otras porque han señalado que no tienen recursos para hacer el trabajo y proceder al licenciamiento”.

Finalmente, el ministro Edwin Palma hizo un llamado al sector energético para crear una mesa de expertos que generen espacios propositivos basados en una misión fundamental a beneficio de los usuarios: reducción en las tarifas de energía y garantía en la sostenibilidad y calidad del servicio eléctrico.

Desde SER Colombia, su presidente ejecutiva, Alexandra Hernández, aseguró que “la transición energética no es un tema político, sino una necesidad estructural. Recalcó que se requiere confiabilidad, competitividad y sostenibilidad, y que para lograrlo es urgente pasar del discurso a la acción, con reglas claras, seguridad jurídica y decisiones técnicas que permitan destrabar los proyectos que el país necesita”.

Por su parte, Daniel Díaz, director Ejecutivo del Consejo Mundial de Energía Colombia (WEC Colombia), afirmó que “en 2024 se instalaron 585 gigavatios de capacidad renovable a nivel mundial, lo que representa el 92% de toda la expansión energética del planeta. Además, el costo de la energía solar ha disminuido un 90% desde 2010 y el de las baterías un 89%. Desde el 2000, las renovables han evitado más de 409 mil millones de dólares en costos de combustibles fósiles a nivel global”.

Díaz resaltó que Colombia tiene una ventana estratégica para liderar la transición energética en América Latina. Sin embargo, advirtió que para lograrlo es urgente resolver los cuellos de botella en licenciamiento, transmisión, almacenamiento e inversión.

“La transformación que estamos viviendo no es únicamente tecnológica; también es política, económica, ambiental y social. Colombia tiene ante sí una oportunidad histórica para acelerar su transición energética”, dijo Díaz.

Ordenan a Vanti ajustar tarifas de gas y devolver cobros indebidos 

La devolución o compensación a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca deberá ser del 100% del valor total cobrado indebidamente. Esta medida no constituye una sanción. Vanti responde.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) impuso a Vanti un Programa de Gestión con el objetivo de que ajuste la tarifa del servicio de gas natural a partir del consumo de diciembre de 2024 facturado en enero de 2025, y devuelva a los usuarios los montos a los que haya lugar.

La Superservicios expidió la Resolución 20251000201245 del 6 de mayo de 2025, tras encontrar que el incremento del 4,95% en enero y del 35,5% en febrero no estaban justificados, pues la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial.

“Mediante la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la empresa, la Superintendencia encontró que -mediante contrato con ECOPETROL- Vanti disponía de suficiente gas pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial”, señala la entidad en un comunicado de prensa.

Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho sirvió de argumento para incrementar las tarifas. Según la entidad de vigilancia y control, esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.

El programa impuesto tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios ordenando a Vanti recalcular las tarifas, devolver el 100% de las sumas cobradas en exceso e incorporar disposiciones de gobierno corporativo encaminadas a garantizar que Vanti no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

“Es la primera vez que esta Superintendencia impone un Programa de Gestión, una figura vigente desde 2015, que está en armonía con la ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94, art. 79) y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar. Por esta razón, en la resolución la Superservicios ordena iniciar el proceso sancionatorio y de remitir copias a los entes de control, a la Superindustria y a la Fiscalía General de la Nación”, concluye el comunicado.

Respuesta de Vanti

En la tarde del 21 de mayo, Vanti respondió a las Superservicios sobre lo que considera «injustificadas medidas», y declaró lo siguiente en un comunicado:

  • Hoy, la Empresa recibió con sorpresa, al mismo tiempo que el Comunicado de prensa, la notificación de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó medidas injustificadas – y en la práctica sancionatorias – en su contra.
  • Estas decisiones se tomaron con desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones, donde además hay prejuzgamiento y otras violaciones al debido proceso, e ignorando que Vanti dio respuesta transparente a todos los requerimientos de manera detallada, suficiente y oportuna. Ante la decisión anunciada, que aún no está en firme, se interpondrán todas las acciones legales contra dicha entidad, y se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia del proceso.
  • La Superservicios tiene acceso a los sistemas de información oficiales de disponibilidad de gas natural, donde está la evidencia que desde el año 2023 se venían anunciando faltantes de producción de gas nacional, como lo han ratificado los informes del Gestor del Mercado del 2024 y 2025. Este hecho también se notificó oportunamente a la Superservicios, y se le solicitó proponer medidas – como la faculta la ley – para minimizar el impacto de esta coyuntura en los usuarios.
  • Esta decisión desalineada, y que genera inestabilidad en la prestación del servicio, se toma cuando ya se está trabajando junto con otras entidades del Gobierno Nacional en mitigar el impacto del déficit de gas natural nacional en las tarifas, en temas como: nuevas plantas de regasificación, contratos de largo plazo de importación de gas y eficiencia en las tarifas de transporte.
  • Las tarifas de gas natural ya se han reducido, del pico de 36% anunciado en febrero, a un 20% en marzo, y la tendencia se mantendría así durante lo que resta del año. Esto ha ocurrido, entre otras razones, por el trabajo armónico y conjunto entre el sector y el Gobierno Nacional, en pro del objetivo común de reducir los impactos para las personas. Las tarifas altas de gas no le convienen a nadie: ni a los usuarios, ni al Estado, ni a las empresas.

Finalmente, Vanti solicitó «una audiencia con la SuperServicios o, en su defecto, con el más alto nivel del Ejecutivo, para explicar detalladamente que se actuó dentro del marco legal y regulatorio vigente –como lo continuará haciendo– para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de gas natural a todos sus usuarios residenciales, pequeños comercios y vehículos de transporte público, valorado por todos ellos como un servicio económico y que genera bienestar».

Ecopetrol suscribe acuerdo para adquirir nueve proyectos solares y eólicos

Los proyectos se encuentran ubicados en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena.

Ecopetrol informó este 20 de mayo de 2025 que concluyó exitosamente la negociación con la empresa estatal noruega Statkraft European Wind and Solar Holding (“Statkraft”), para la adquisición por parte de Ecopetrol de su portafolio en Colombia.

Los activos están conformados por: una compañía dedicada al desarrollo y operación de activos solares y eólicos; seis compañías dueñas de proyectos solares (614 MW); y tres compañías de propósito especial dueñas de proyectos eólicos (750 MW).

Las compañías son de propiedad de las subsidiarias de Statkraft: Enerfín Sociedad de Energía y Enerfin Enervento Exterior (en conjunto “Enerfín”), y con esta venta sellan su salida del país.

El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes y otros requisitos legales, que una vez ejecutados, permitirán la adquisición por parte de Ecopetrol de un portafolio de hasta 1.3 GW.

Los proyectos se encuentran ubicados en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena.

De cerrarse la adquisición, Ecopetrol avanzaría en su meta de descarbonización y transición energética, superando la meta de incorporación de 900 MW de capacidad de autogeneración con fuentes de energía renovable.

Esta transacción apalanca la generación de energía de bajas emisiones en condiciones competitivas para el autoconsumo del Grupo Ecopetrol, reduciendo las compras de energía en contratos bilaterales y la exposición a las compras de energía en bolsa.

Agremgas hace un llamado para erradicar la informalidad en el sector del GLP

En Colombia, el 33% de las empresas distribuidoras de GLP no cuentan con cilindros propios y el 32% no disponen de planta de envasado, incumpliendo requisitos esenciales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

La Asociación Gremial Colombiana de Comercialización de Gas (AGREMGAS) reafirma su compromiso con la formalidad y el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar un servicio de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) seguro, eficiente y justo para todos los colombianos.

Desde la perspectiva del gremio, la legalidad no solo es una exigencia normativa, sino también una responsabilidad con la ciudadanía y un compromiso con el desarrollo sostenible del sector del GLP.

La distribución de GLP abarca un proceso complejo que inicia en el mercado mayorista y culmina con la entrega final al usuario. Esta cadena de servicio requiere no solo capacidad técnica, sino también el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por las autoridades competentes, como la Resolución CREG 023 de 2008, que obliga a los distribuidores a operar con plantas de envasado autorizadas y a utilizar cilindros certificados, marcados y en condiciones óptimas.

Sin embargo, AGREMGAS expresa su preocupación por la presencia en el mercado de agentes que operan al margen de la legalidad. En la actualidad existen algunos actores que no cumplen con las condiciones mínimas exigidas, lo cual distorsiona las dinámicas del mercado, afectando negativamente la asignación de la Oferta Pública de Cantidades (OPC) y generando una competencia desleal frente a las empresas que sí hacen las inversiones necesarias para cumplir con la regulación.

Se estima que actualmente 33% de las empresas distribuidoras de GLP no cuentan con cilindros de su propiedad y el 32% no disponen de una planta de envasado, a pesar de que ambos son requisitos establecidos  por la normatividad expedida por la CREG, lo que refleja la magnitud del desafío.

La informalidad no solo representa una amenaza económica para los operadores que sí cumplen, sino también un riesgo directo para la seguridad pública. De hecho, existen accidentes registrados en el sector GLP que han sido provocados por el incumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad, tanto en entornos industriales como domésticos.

En este contexto, Sara Vélez, directora Ejecutiva de AGREMGAS, expresó: “Desde AGREMGAS valoramos profundamente el esfuerzo de las empresas que cumplen con la normatividad vigente y reiteramos nuestro compromiso con un sector seguro, regulado y transparente. Invitamos respetuosamente a todos los actores del mercado a sumarse a la formalidad, conscientes de que el cumplimiento no solo fortalece el servicio, sino que también protege a los usuarios y aporta a la sostenibilidad de la industria”.

Las consecuencias económicas también son significativas. Las empresas formales deben realizar fuertes inversiones en infraestructura, certificaciones, equipos y mantenimiento para operar conforme a la normativa, mientras que los agentes informales compiten con menores costos al no asumir dichas obligaciones. Esta disparidad genera una distorsión en los precios y debilita el equilibrio del mercado.

Según estimaciones, un pequeño distribuidor incurre en inversiones que representan aproximadamente el 41% del costo de la actividad de distribución por cilindro, lo cual representa aproximadamente el 13% del precio al usuario final, es por esto que las empresas que no cumplen con la normatividad pueden ofrecer al usuario un precio menor, pero a costa de la seguridad.

Además, AGREMGAS les recuerda a los consumidores que pueden y deben identificar los cilindros legales para su propia seguridad. Estos deben tener un símbolo de GLP en alto relieve, indicando la propiedad de la empresa; el nombre de la empresa también en alto relieve en la tapa superior, coincidiendo con la etiqueta del cuerpo del cilindro, el cual debe estar en perfecto estado, pintado y con una etiqueta visible que incluya información comercial, líneas de atención y normas básicas para su uso seguro.

Por ello, la agremiación hace un llamado urgente a todos los actores del sector a comprometerse con la formalización y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente.

“La legalidad no solo fortalece el sector y protege a los usuarios, sino que también garantiza condiciones equitativas para todos los participantes del mercado. La formalidad no es solo una obligación legal, es una manifestación del compromiso con la comunidad y con el futuro sostenible del GLP en Colombia”, indicó Vélez.

En línea con esta visión de fortalecimiento del sector, AGREMGAS realizará el 4to Summit Internacional del GLP, que se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2025 en el Hotel Hilton Garden Inn de Barranquilla.

El evento reunirá a líderes, expertos, empresas y actores clave del sector energético de toda Latinoamérica para abordar los desafíos y oportunidades del GLP en la región. Será un espacio para el intercambio, aprendizaje,      construcción colectiva en torno a las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y buenas prácticas de la industria.

El summit destacará la importancia del GLP como fuente de energía limpia, accesible y segura para millones de hogares, consolidando así su papel fundamental en el desarrollo energético y económico de la región.

Ecopetrol y Gobernación del Atlántico conectan el gas a 8 mil hogares

Un total de 30.400 habitantes de los municipios de Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Repelón, Sabanalarga, Santo Tomás, Suan y Usiacurí, entre otros, accedieron al servicio de gas domiciliario, gracias a una alianza liderada por Ecopetrol y la Gobernación del Atlántico.

El proyecto, que inició en 2023, se desarrolló en dos etapas y benefició a familias de los estratos 1 y 2, pertenecientes a cabeceras urbanas y zonas rurales de 19 municipios. La inversión fue de $8.495 millones, de los cuales Ecopetrol aportó $7.114 millones y la Gobernación del Atlántico $1.382 millones.

A esta iniciativa se sumó Gases del Caribe, quien ejecutó las actividades de obra, derivadas del convenio entre Ecopetrol y la Gobernación del Atlántico, construyó previamente las redes de distribución y es la prestadora del servicio del gas domiciliario.

“El programa Gas Social tiene como propósito contribuir a la transición energética y al cierre de brechas en servicios públicos domiciliarios en la región del Caribe. Además, aporta al desarrollo económico de los municipios y mejora la calidad de vida de sus habitantes, al permitir el acceso a un recurso energético más eficiente, amigable con el medioambiente y con menores riesgos para la salud”, puntualizó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Una de las beneficiarias de esta nueva fase es Cristina Mendoza, habitante del barrio La Bombonera del municipio de Palmar de Varela (Atlántico), que por más de 25 años cocinó con leña en un fogón artesanal. Por recomendaciones médicas, empezó a utilizar cilindros de gas, pero para ella y su familia acceder a este combustible era costoso.

“Estoy muy contenta de contar con gas domiciliario en mi casa, porque este servicio público me facilita hacer muchas cosas, como cocinar, y estoy pensando en abrir nuevamente la venta de fritos que tuvimos que cerrar en pandemia”, aseguró Cristina.

“En nuestro Plan de Desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’ estamos demostrando que las promesas se convierten en realidades tangibles. Gracias al apoyo de Ecopetrol y la visión que nos orienta, logramos en la segunda fase conectar a 4.000 hogares que más lo necesitan con gas natural domiciliario y así superamos la meta del cuatrienio en solo año y medio. Esto significa más dignidad y calidad de vida para miles de familias en 13 municipios de nuestro departamento, quienes de verdad van a tener una ‘Casa Bacana con gas social’”, resaltó Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.

El evento de cierre de la segunda fase del programa Gas Social Atlántico se realizó este martes con una visita a los hogares beneficiados del barrio La Bombonera, ubicado en el municipio de Palmar de Varela, con presencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el subgerente de Gases del Caribe, Mario Cuello.

Gobierno anuncia pago de subsidios de energía y gas por $2,5 billones

Aunque el Gobierno nacional señaló que pagó el 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas, algunas señalan que aún no reciben los desembolsos.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Minas y Energía anunció que giró los pagos del 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas, reconociendo el pago de subsidios a las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Fondo Especial de Energía Social (FOES), Subsidios en las Zonas No Interconectadas (ZNI), Gas Combustible Domiciliario, Programa Sustitución Leña, GLP Cilindros, Subsidios Gas en Redes y Compensación Transporte Nariño.

“Con esta decisión, el gobierno responde a su compromiso con los hogares más vulnerables del país. Realizamos el pago total de los subsidios de energía y gas para las familias de los estratos 1, 2 y 3, asegurando la continuidad de ambos servicios y el acceso a este derecho fundamental para millones de colombianos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Cabe aclarar que el pago de subsidios atrasados a las distribuidoras de electricidad corresponde a lo adeudado hasta diciembre de 2024. La suma estimada de subsidios entre enero y abril de 2025 es de $1,2 billones.

No obstante el anuncio, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), no todas las empresas han recibido el reembolso de lo adeudado por subsidios.

En el mismo sentido se manifestaron los distribuidores de gas natural, quienes dijeron que las resoluciones ya salieron, pero los pagos no se han hecho efectivos. Igualmente, las empresas distribuidoras de GLP dijeron que a la fecha (20 de mayo) no habían recibido el pago de los subsidios atrasados.

También cabe resaltar que la deuda por la opción tarifaria de tres billones de pesos, no se contempla en los pagos anunciados por el ministro, quien sigue culpando de ello a la no aprobación de otra reforma tributaria. Tampoco se contempla la deuda por $1,2 billones de entidades del Estado con las distribuidoras de energía.

Según el MinEnergía, pagó a 87 empresas del sector de electricidad la suma aproximada de $1,93 billones y, adicionalmente, se giraron los recursos a las empresas de gas, subsidios por un valor cercano a $564 mil millones, equivalente a 76 empresas de este sector.

Gremios celebran el anuncio y llaman a garantizar recursos para 2025

Por su parte, los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA y ACP celebraron el anuncio realizado por el Gobierno Nacional sobre el giro de aproximadamente $2,5 billones de pesos correspondientes al pago de las deudas acumuladas por concepto de subsidios a las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural durante la vigencia 2024.

“Este logro es fruto del trabajo conjunto entre empresas, gremios y entidades de control, con el Gobierno Nacional. Valoramos este resultado como producto de la labor persistente de las empresas prestadoras de estos servicios, los gremios que representamos, y especialmente al seguimiento realizado por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación”, señalaron los gremios.

No obstante, indicaron que se requiere dar continuidad a esta medida para 2025, mediante la pronta ejecución de los pagos correspondientes a los subsidios aplicados en el primer trimestre de 2025, que superan $1,1 billones y ya fueron reportados por las empresas.

Así mismo, requieren la apropiación suficiente de recursos en el Presupuesto General de la Nación para 2025, teniendo en cuenta que los fondos actuales solo alcanzarían para cubrir cerca de un trimestre, es decir que faltan por apropiar alrededor de $3,8 billones ($2,7 billones para energía eléctrica y $1,1 billones para gas natural por redes).

Frente al caso de Air-e, los gremios destacaron el anuncio sobre los giros realizados a la empresa intervenida, los cuales permitirán proponer acuerdos de pago con generadores y demás agentes del mercado. No obstante, el pasivo acumulado después de la intervención supera los $1,5 billones. “Por ello, hacemos un llamado a fortalecer los mecanismos de financiación del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, de forma que se garantice la operación continua y el pago de todas las obligaciones pendientes”, señalaron.

Finalmente, dijeron que “estos giros cubrirían cerca de la totalidad de los valores adeudados correspondientes a la vigencia 2024, lo cual constituiría un paso clave para restablecer la estabilidad financiera del sector. Estamos a la espera de que estos giros se vean reflejados en las cuentas de las compañías en los próximos días.”

Cuánta energía consume la Inteligencia Artificial

Según datos del Foro Económico Mundial, los sistemas de IA consumen 33 veces más energía para completar una tarea que un software diseñado para el mismo deber.

Las empresas dedicadas a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial (IA) han notado un aumento en las emisiones de CO2, debido a la energía que requieren los centros de datos que la alimentan.

Y las cifras así lo confirman. Se calcula que una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más energía que una tradicional en Google. Además, se estima que debido a la cantidad de usuarios que usan herramientas de IA, el consumo de los centros de datos es aproximadamente el 1% de la electricidad mundial.

Asimismo, el Foro Económico Mundial ha evidenciado que la IA consume 33 veces más energía para realizar una tarea que un software tradicional que se diseñe con el mismo propósito.

No obstante, los beneficios de la IA son múltiples para las personas y las empresas, ya que permite reducir tiempos y costos en las tareas diarias y generar mayor productividad. Incluso, hay informes que predicen que estas herramientas pueden reducir entre el 5% y 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de acá al 2030.

Por ende, la cuestión es encontrar la manera en la que se puedan aprovechar al máximo las soluciones tecnológicas teniendo siempre presente la eficiencia energética que se debe buscar en los procesos.

Las organizaciones se pueden apoyar en empresas que cuenten con soluciones avanzadas de refrigeración, softwares de monitoreo y gestión energética, y filtros activos armónicos, para usar la IA de la mano de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

“Tecnologías como la IA llegaron para facilitarnos procesos, ser más eficientes y para ser aliadas en nuestra cotidianidad. Tenemos la responsabilidad de usarla de manera adecuada, con ética y teniendo presente que debemos encontrar un equilibrio entre la cantidad de uso que le damos y el consumo energético que esto genera. En Schneider Electric vemos la eficiencia energética como un pilar fundamental en la transformación digital de las empresas y un aliado para seguir recorriendo el camino de la sostenibilidad”, afirmó Javier Ortiz, CEO de Schneider Electric para el Clúster Andino.

Finalmente, señaló que, así como es importante la implementación de la IA en los procesos de las industrias, debe ser una prioridad la implementación de tecnologías que permitan el consumo responsable de la energía.

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