“Hacemos un llamado en los servicios públicos. Lo que funciona no se cambia”: Andesco

Durante la instalación del 26 Congreso de Andesco, Camilo Sánchez defendió los avances de los servicios públicos en el país y solicitó al gobierno no cambiar su estructura.

En el marco del vigésimo sexto Congreso Andesco, Camilo Sánchez, presidente de la asociación gremial, señaló: “No es lo que tu Gobierno puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Hoy, nos corresponde ser superiores a las circunstancias y enfrentar los retos con determinación y visión”.

El dirigente gremial enfatizó en su discurso inaugural la relevancia del sector de servicios públicos como motor de la reactivación económica de Colombia: “No hacemos oposición, pero tenemos la obligación histórica de señalar lo que está bien y lo que no. No vamos a pelear con el gobierno; a través de proyectos y propuestas, vamos a ayudar con nuestros recursos monetarios, humanos y tecnológicos a cerrar las brechas del país”, dijo.

Así mismo, fue enfático en la importancia de dar relevancia a las decisiones necesarias en el sector y en el respeto a la constitución. De igual manera, Sánchez hizo un llamado a la unidad: “No debemos dividir ni polarizar el país. Hablamos con argumentos y presentamos cifras contundentes que respaldan el funcionamiento de las leyes 142 y 143. Lo que funciona debe mantenerse.” 

Y respaldó con cifras la evolución de los servicios públicos en el país en los últimos 30 años: en energía había 4,4 millones  de usuarios en 1990 y 17.7 millones en el 2023, un crecimiento de 4 veces; en acueducto había 4,3 millones y ahora 16,7 millones, también 4 veces; en internet fijo se pasó de 0 a 8,95 millones de usuarios; en telefonía móvil de 0 a 87,37 millones y en aseo de 3,2 millones a 15,5 millones.

El presidente de Andesco destacó también la importancia del gas para la transición energética: “El gas es el futuro de la energía y la clave para la transición energética”.

Y es que este servicio también ha tenido un aumento exponencial, de 0,2 millones de usuarios en 1.990 se pasó a 12,5 millones. En ese sentido, invitó a Ecopetrol a entregar el gas disponible al país y al gobierno a generar las condiciones para aumentar la exploración y explotación del mismo, señalando que: “Si queremos una transición energética económica para los colombianos, el gas es la solución.”

Sobre la Ley 142, Sánchez insistió en que “después de 30 años sin apagones, con cifras que respaldan su eficacia, no necesitamos una reestructuración total, sino acuerdos consensuados. Los servicios públicos funcionan y necesitan tecnología, pero no un cambio desde cero”.

También le agradeció al gobierno asumir la opción tarifaria, “pero no destruyan lo que ha funcionado para los colombianos. Las empresas ayudan a hacer país”, agregó.

Sánchez también hizo un reconocimiento a la importancia de la seguridad jurídica: “Es esencial para fomentar la inversión, asegurar los recursos en el país y generar empleo. Felicitamos al Congreso de la República por su independencia, al negar el artículo que permitía la huelga en servicios públicos. Nuestra razón de ser es el usuario, y nuestro objetivo es poner al servicio las tecnologías disponibles para el bienestar de los colombianos.”

En su discurso, Camilo Sánchez agradeció también a las fuerzas militares por su labor y destacó la importancia del trabajo con consultas previas y licencias ambientales.

“No hemos avanzado porque hasta que no queden firmes, la energía eólica y otras energías renovables no entrarán, y en el 2026 podríamos enfrentar un apagón”, concluyó.

Gestor del Mercado: Déficit de gas firme sería del 20% en 2026

El Gestor del Mercado de gas natural es el encargado de recopilar, centralizar y hacer pública la información transaccional y operativa del sector, para optimizar el uso de infraestructura de suministro y transporte; además de gestionar los mercados primario y secundario de gas natural en Colombia.

Según el más reciente informe del Gestor del Mercado, el déficit de gas natural firme para cubrir la demanda esencial e industrial de Colombia alcanzaría los 206 GBTUD —un aumento significativo frente a los 161 GBTUD reportados anteriormente—, lo que representa cerca del 20% de la demanda nacional.

Este déficit no incluye aún las cantidades de gas importado que podrían ser declaradas como disponibles para venta en firme. En este punto cabe señalar que la regasificadora de SPEC en Cartagena tiene capacidad para poner hasta 40 GBTUD en el mercado no térmico y Ecopetrol anunció que a finales de 2026 puede importar 60 GBTUD por Buenaventura.

Según el análisis del Gestor, la cantidad total de gas disponible para la venta en firme disminuyó en 91 GBTUD, frente a la declaración realizada en 2024, con respecto a las cifras estimadas hasta marzo de este año.

Este escenario podría modificarse con la entrada en vigor de la resolución CREG 102 015 de 2025, que establece que las cantidades de gas contratadas bajo la modalidad con interrupciones se consideran firmes cuando efectivamente se despachan. Esta nueva condición podría reducir el déficit estimado a 151 GBTUD.

“La participación de los agentes que importan gas será clave para reducir la brecha en el corto plazo. Si las cantidades de importación para la venta se declaran para venta firme, el déficit podría reducirse a cerca de 98 GBTUD, que representa aproximadamente el 10 % de la demanda”, explicó María Claudia Alzate, directora del Gestor del Mercado.

El Gestor pone a disposición estas cifras que son clave para anticipar riesgos de abastecimiento y oportunidades de acción para asegurar el suministro de gas en el país.

El informe completo, titulado “Análisis de la disponibilidad de gas natural para el año gas 2026”, ofrece una visión integral sobre los retos y alternativas que enfrenta el país en el suministro de gas natural en el corto plazo.

Está disponible en el enlace: https://www.bmcbec.com.co/informes/informes-de-mercado.

Cinco pactos por el gas

Ahora que la largamente anunciada escasez de gas natural es una realidad y las importaciones del hidrocarburo siguen aumentando, nos asomamos a la certeza de que las tarifas de gas van a incrementarse de manera dramática en los próximos meses.

Por: JAIME CHECA JIMÉNEZ*

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Disfrutamos de gas barato y abundante por muchos años y pocos hemos experimentado lo que es tener que pensarlo dos veces antes de encender la estufa o el calentador.

De acuerdo con el Gestor del Mercado de Gas, en 2026 el déficit del combustible será de 171 millones de pies cúbicos (20% de nuestra producción), en un escenario con fenómeno de La Niña y podría ser mayor si se presenta el fenómeno de El Niño con su sequía característica y prolongada.

La ironía de todo esto es que tenemos gas probado en el Caribe Offshore (Proyecto Sirius) y un enorme potencial de Recursos No Convencionales en el Valle Medio del Magdalena que hubieran evitado esta crisis y que, inclusive, nos hubieran podido situar en superávit exportable con todo lo que ello significa para los ingresos fiscales del país y su aplicación a la reducción de la pobreza y el anhelado desarrollo territorial sostenible.

Como era de esperarse, la proximidad de las elecciones presidenciales ha vuelto a traer a la mesa el tema de nuestra soberanía energética, con el gas en el centro de la discusión.

Ahora vuelven las voces de apoyo al desarrollo de los Recursos No Convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal (Fracking) y se abren paso los que prometen un decidido impulso a la industria de los hidrocarburos, reconociendo que se trata del elemento apalancador de la transición energética.

Una visita reciente a la provincia de Neuquén en Argentina me permitió conocer de cerca el impresionante desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en la Formación Vaca Muerta, un proyecto que comenzó apenas en 2013 y hoy ha transformado la economía de ese país, proyectándose como exportador neto de gas después de 20 años de importaciones.

Quiero desde estas líneas dirigirme a los candidatos presidenciales que hoy apoyan el desarrollo de nuestros recursos de gas natural, para explicarles que la materialización de este objetivo va mucho más allá de los anuncios y las buenas intenciones.

Para que el gas natural sea el agente transformador, necesitamos transformar el país entero desde lo regional hacia lo nacional. La buena noticia es que, si lo logramos, estaremos más cerca que nunca del país que soñamos. Lo que voy a proponer es posible. Yo lo vi.

Cinco pactos esenciales

Se trata de avanzar decididamente en la materialización de nuestros dos proyectos más importantes de gas, a través de la consideración de cinco pactos esenciales. Deben ocurrir los cinco. Si uno falla, el resultado se compromete.

  1. Pacto por la eficiencia

    Un primer elemento, es reconocer que la industria de hidrocarburos es una actividad de altísima complejidad e intensiva en capital. Su éxito depende en buena medida de la eficiencia de todos sus procesos. Los tiempos no productivos destruyen la viabilidad de los proyectos. La planificación operativa se elabora con el máximo detalle y cuenta con que cada parte del engranaje ejecuta su parte en el momento preciso. Si todos los actores:  industria, comunidad y autoridades están en la misma página, se puede avanzar hacia el logro simultáneo de los objetivos, donde todos ganan.

    La eficiencia incluye también el uso de tecnología limpia que permita avanzar en la descarbonización a la vez que se impulsan las fuentes alternativas de energía.

    2. Pacto por la confianza

    Les garantizo que la industria no está intentando operar por debajo de estándares internacionales. A nadie le sirve hacer las cosas mal porque ello mina la confianza y conspira contra la necesidad de implementar modelos sostenibles de trabajo.

    Si logramos crear ambientes colaborativos entre industria y autoridades ambientales colocando los proyectos en el centro, podremos lograr operaciones eficientes de las más altas especificaciones y construiremos instituciones fuertes de alto nivel técnico.

    Hablo de licenciamientos exigentes pero ágiles, requisitos previsibles, flexibilidad para discutir opciones operacionales con espacios de discusión y acuerdo. Estoy hablando de trabajo en equipo con criterios técnicos, trazables, despojados de especulación y con confianza en las organizaciones técnicas poseedoras de la experticia necesaria.

    3. Pacto por la legalidad y la transparencia

    La ilegalidad se ha afincado en buena parte de nuestros procesos y ha permeado todos nuestros estamentos democráticos. Nuestro edificio democrático aún es fuerte, pero está seriamente averiado. Sin resolver este elemento será difícil que cualquier iniciativa progrese.

    Se requiere generar una atmósfera de transparencia basada en justicia confiable y eficiente. Este es un elemento crítico porque hemos perdido demasiado terreno. Podemos crecer desde lo local hacia lo nacional generando procesos sanos de contratación de mano de obra y de bienes y servicios.

    Necesitamos hombres y mujeres que hablen con la verdad, sin temor de las consecuencias. Necesitamos empresas con valores genuinos materializados en el terreno por funcionarios que viven y trabajan éticamente. Necesitamos diálogos sinceros, públicos y constructivos. La institucionalidad de orden local juega el papel estelar en este pacto.

    4. Pacto por el desarrollo local

    Si nos aseguramos de que los frutos de la actividad se vean claramente reflejados en el beneficio inmediato de las comunidades locales, estaremos obrando con un gran propósito superior. Aquí es donde requerimos romper patrones de corrupción históricamente arraigados.

    Se necesita visión de desarrollo de mediano y largo plazo, rigor en la planeación y por supuesto, también se necesita la voz de las comunidades locales en la toma de decisiones de inversión y en las instancias de participación. Si somos capaces de pensar como COMUNIDAD y no como individuos, habremos dado un paso gigante y la sanción social volverá a ser un juez efectivo.

    El fortalecimiento de la industria local es deseable y necesaria. La formación de mano de obra calificada, técnica y profesional debe ser una prioridad compartida por todos los actores. Construiremos en las localidades las fortalezas que necesitaremos cuando el gas vaya perdiendo protagonismo y no lo extrañaremos cuando no esté.

    Los acuerdos entre industria y gobierno son un instrumento poderoso si los acompañamos de eficiencia, transparencia y confianza.

    5. Pacto por la estabilidad jurídica

    Los proyectos de gas como el Offshore y los No Convencionales requieren muchos años para desarrollarse y alcanzar sus puntos de equilibrio. Necesitan un marco jurídico estable que ayude a que se cumplan los supuestos iniciales que motivaron la inversión. La inversión extranjera, esencial para acometer estos proyectos, necesita un terreno jurídico firme con reconocimiento internacional. Es nuestra carta de presentación.

    Entonces, señor candidato o candidata, si usted quiere realmente promover el desarrollo del gas en Sirius y en los No Convencionales del Valle Medio del Magdalena, tiene la maravillosa oportunidad de hacerlos una realidad y de paso transformar la realidad de este país. Estará generando los recursos que nos devuelvan la estabilidad fiscal, habrá garantizado seguridad y soberanía energéticas, nos llevará a consolidar una transición justa y lo más importante de todo: habrá reinstalado el reinado de los valores fundamentales que perdimos hace tantos años y que el mundo entero tiene refundidos.

    Es decir que no basta con decir que le gusta el gas. Hace falta que entienda la enorme dimensión del gas y el propósito nacional que este representa. Si usted logra comprender las implicaciones y está dispuesto a gerenciar este proyecto, cuente conmigo pa´ las que sea.

    Deje que el gas sea el vehículo de la transformación que necesitamos.

    *Geofísico de Exploración y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

    Entra en operación la línea de alta tensión Techo–Veraguas, en Bogotá

    La línea asegura el soporte energético para atender la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, clave para el saneamiento de Bogotá y Soacha.

    Enel Colombia puso en operación la Línea de Alta Tensión Techo – Veraguas, para robustecer la red de distribución de energía en la capital del país.

    Con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, esta obra se convierte en el noveno proyecto finalizado del Plan de Expansión Bogotá-Región 2030, que contempla la ejecución de más de 30 iniciativas en los próximos años.

    La nueva línea de 115 kV, ubicada sobre el costado norte de la Avenida de Las Américas, entre la Avenida 68 y la Avenida Boyacá, tiene una longitud de 1,5 kilómetros y cuenta con 12 postes metálicos de aproximadamente 25 metros de altura.

    Su puesta en funcionamiento tiene como propósito asegurar un suministro de energía más estable y eficiente en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, zonas con alta densidad poblacional y creciente actividad industrial, comercial y residencial.

    Este proyecto responde a la necesidad de atender el incremento de la demanda energética generado por el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicas para la ciudad, especialmente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, el proyecto de saneamiento ambiental más importante de Colombia y uno de los más relevantes en América Latina. Esta planta será responsable del tratamiento del 70% de las aguas residuales de Bogotá y del 100% de las generadas en Soacha.

    “La puesta en operación de la Línea Techo – Veraguas es una muestra concreta de nuestro compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de Bogotá. Desde Enel Colombia seguimos trabajando para que las redes sean cada vez más robustas, modernas y resilientes, capaces de responder a la creciente demanda energética y a los desafíos del cambio climático, garantizando así un servicio de calidad para nuestros usuarios”, afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

    Una infraestructura moderna

    La Línea Techo – Veraguas es un paso más en la transformación de las redes eléctricas de Bogotá. Enel Colombia continúa ejecutando inversiones estratégicas para digitalizar y fortalecer la infraestructura existente, haciéndola más eficiente y preparada para responder a los retos del cambio climático y al crecimiento de la demanda energética.

    Estas acciones hacen parte de un plan integral de modernización, mantenimiento preventivo y expansión, orientado a evolucionar las redes hacia plataformas inteligentes capaces de habilitar la transición energética, fomentar la movilidad eléctrica, electrificar sectores productivos e integrar nuevas fuentes de energía renovable.

    Creación de valor compartido con la comunidad

    De forma paralela a la construcción de la línea, Enel Colombia implementó iniciativas de valor compartido con las comunidades de la zona de influencia. Entre ellas se destacan jornadas de plantación de más de 100 árboles, en alianza con entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico de Bogotá y la Alcaldía Local de Puente Aranda, así como actividades de fortalecimiento del proyecto agroecológico y comunitario del barrio Marsella, liderado por mujeres adultas mayores.

    Finalmente, Cataldo dijo que “la compañía continuará trabajando de la mano con las comunidades y autoridades para impulsar una red más robusta, resiliente y alineada con los desafíos del cambio climático y la transición energética del país.”

    Colombia: Generadores apuestan por la transición energética sostenible

    El sector eléctrico colombiano, con el liderazgo de Acolgen, consolida su compromiso con la sostenibilidad mediante inversión en energías limpias, desarrollo social y protección ambiental, según revela su más reciente informe de sostenibilidad.

    Durante 2024, las empresas asociadas a Acolgen sumaron 963 megavatios solares fotovoltaicos al sistema eléctrico nacional, reafirmando su apuesta por la energía renovable. Actualmente, el 70 % de la electricidad en Colombia proviene de fuentes limpias como el agua, el sol y el viento.

    A esta cifra se suma una capacidad en expansión superior a 4,6 gigavatios, distribuidos entre proyectos en construcción, pruebas finales, licencias ambientales otorgadas y etapas tempranas de desarrollo.

    En materia ambiental, en 2024 el gremio invirtió más de $232 mil millones en iniciativas como la restauración ecológica y siembra de 2,8 millones de árboles, la recuperación de 4.000 hectáreas y la protección de cuencas y mejoras en el saneamiento básico en distintas comunidades.

    Adicionalmente, las empresas también destinaron más de $187 mil millones en programas sociales, beneficiando a 839 mil personas. Las acciones incluyeron el mejoramiento de vías rurales, la instalación de paneles solares en escuelas, programas de salud, deporte y seguridad alimentaria, y apoyo a comunidades étnicas con kits escolares y proyectos productivos.

    Además, se ejecutaron 67 consultas previas, alcanzando 229 acuerdos, y se canalizaron $114 mil millones en Obras por Impuestos, con impacto en bibliotecas, laboratorios, puentes y vías.

    El informe destaca que el sector genera más de 27 mil empleos directos e indirectos. Del total de la fuerza laboral, 31 % son mujeres, con una representación importante en cargos directivos (31 %) e intermedios (38 %).

    También se reporta la vinculación de 932 jóvenes menores de 30 años, fortaleciendo la renovación del talento humano en el sector.

    Finalmente, por concepto de transferencias de ley, las empresas generadoras aportaron más de medio billón de pesos. De estos recursos, el 51,8 % fue destinado a autoridades ambientales, el 48,16 % a municipios y el 0,03 % a comunidades locales.

    Ecopetrol declara comercialidad del séptimo hallazgo más grande de petróleo

    Ecopetrol declaró la comercialidad sobre el descubrimiento Lorito del contrato de Exploración y Producción CPO-9. El potencial estimado es de 250 millones de barriles de crudo recuperables, de los cuales 109 MBPE corresponden a recursos contingentes certificados.

    Se trata del pozo Lorito, en el campo Guamal del Bloque CPO-9, ubicado en el departamento del Meta, donde Ecopetrol estima unas reservas de 2.154 millones de barriles de petróleo (MBP), el séptimo descubrimiento más grande que se ha hecho en el país.

    De acuerdo con Ricardo Roa, presidente de la Compañía, en diciembre de 2024 habían certificado 109 MBP como recursos contingentes, pero se espera que el volumen recuperable sea de 250 millones de barriles de crudo, que equivalen al ciento por ciento de la reposición de reservas de un año de la empresa.

    Cabe señalar que en ese mismo bloque hay tres campos en producción: Castilla, Chichimene y Akacías. En Lorito, actualmente hay dos pozos con una producción de 1.450 barriles diarios, pero se estima que hacia 2028 la producción llegue a 60.000 barriles diarios.

    El crudo descubierto en Lorito es igualmente extrapesado, con un grado API entre 8 y 9, por lo que representa un desafío técnico para su extracción, aunque cuenta con las facilidades del bloque, por lo que se puedo conectar rápidamente al sistema de transporte.

    También cabe recordar que Ecopetrol adquirió en 2024 el 45% que poseía Repsol en este campo, por lo que la estatal petrolera ahora es propietaria en un ciento por ciento.

    Finalmente, Roa dijo que en tres meses presentarán a la ANH el plan de desarrollo del campo, con una inversión estimada de 2.100 millones de dólares.

    Conciliación y reconciliación

    El presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta.

    Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

    La manida frase atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo.

    La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código Laboral, a iniciativa del ejecutivo.

    Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de Representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. 

    No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”.

    Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición, y la oposición es el precio a pagar por la democracia”.

    Se trata, nada más y nada menos que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de la leye (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

    La respuesta del presidente Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral.

    Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

    Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado.

    Empero, en el transcurso de su debate, el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del Trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

    Entre tanto el presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del Ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

    Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”.

    A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

    El presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos, sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

    Este novelón tuvo un final feliz: la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular.

    Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral.

    Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”.

    Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”.

    Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular.

    *Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

    Los embelecos que rodean la economía forestal y la agroindustria de la madera

    Aunque en la región Caribe, los cultivos y exportaciones de la madera de Teca hacia la India representan más de USD8 millones anuales en divisas, falta derogar una resolución del MinSalud para normalizar su comercio. 

    Ante la violencia e inestabilidad del país, la Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) insiste en la necesidad de viabilizar la economía forestal y agroindustria de la madera, como vehículo de futuro económico, social y ambiental del país.

    “A problemas estructurales, soluciones estructurales y de largo plazo, sostenibles y perdurables en el tiempo”, sostiene Juan Miguel Vásquez, director Ejecutivo Nacional del gremio.  

    Asomaderas ha venido compartiendo en variados escenarios académicos esta visión. De hecho, en la I Semana de Bioeconomía, organizada por el gremio, y celebrada en la ciudad de Medellín a finales de mayo, se hizo énfasis en la seguridad física, jurídica y los ambientes de certidumbre para hacer negocios y crear condiciones de desarrollo, paz y bienestar para los colombianos. 

    Crisis no resueltas  

    Para FEDEMADERAS, si bien el desarrollo de una mayor economía forestal y su correspondiente industria en mobiliario y construcción sostenible, aporta a ese bienestar rural e industrial, sigue sufriendo escenarios donde el Gobierno Nacional les da poca prioridad, y con los cuales, con soluciones reales, permitirían al sector avanzar hacia escenarios de aporte al desarrollo del país. Algunos ejemplos de ello son:   

    Seguridad física: Especialmente en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Cauca y Guaviare se presenta una escalada de amenazas a las empresas vinculadas con la reforestación comercial, los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB), y la transformación secundaria de madera, a tal punto que ya empresas de capital e inversión extranjera europea han suspendido sus actividades y, aunque se han interpuesto denuncias ante las autoridades competentes, no hay pronunciamientos o estrategias efectivas.

    Prácticas responsables: FEDEMADERAS ha hecho las correspondientes advertencias y llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a vigilar que la aplicación y cobro del IVA en contratos de suministro e instalación de madera arquitectónica, los estén cumpliendo tanto oferentes como empresas constructoras demandantes, para garantizar la competencia leal en la industria.

    De hecho, el gremio, junto a Camacol Bogotá, han empezado a estructurar y reforzar buenas prácticas y guías, pero hasta el momento el ente competente institucional no se ha pronunciado. Y es claro que el Decreto 570 de 1984 y los artículos 422 y 447 del Estatuto Tributario deberían ser motivo de observación de las autoridades aduaneras y fiscales nacionales.   

    Promoción a las exportaciones: En la región Caribe, los cultivos y exportaciones de la madera de Teca hacia India representan hoy más de 8 millones de dólares anuales en divisas para el país. No obstante, este mercado desde noviembre de 2023 se ha visto reducido por la incapacidad del Gobierno para derogar una resolución del MinSalud que todavía posibilita en territorio el uso de un químico conocido como bromuro de methilo, cuestionado por instituciones internacionales por su afectación en la capa de ozono.

    Hoy es permitido en Colombia y, aunque es una medida ineficaz, pues para fines cuarentenarios no existen instalaciones para su aplicación, lo cierto es que dicha resolución al no ser derogada, hace que la autoridad sanitaria de India exija su aplicación en Colombia.

    El resultado: Las exportaciones se han detenido por la inoperancia de un acto administrativo que está en el despacho de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud desde abril de 2024, por lo que están en vilo por esta falta de visión de futuro más de 2 mil empleos.

    También está la resolución 1489 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente, a través de la cual solo se permite exportar madera desde ciertos puertos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, entre los cuales no se acoge el puerto de Tolú, Sucre. 

    Esta normativa requiere de una aclaración urgente, pues si bien en sus fundamentos aparentemente aplicaría solo sobre operaciones de especímenes silvestres, con el objetivo de preservar la fauna y flora de los ecosistemas naturales, la lectura de la parte resolutiva es interpretada por los operadores comerciales de manera diferente.

    El Ministerio de Ambiente podría ser proactivo y taxativamente mencionar que los productos de madera corresponden a especies exóticas de plantaciones forestales comerciales y no a especies nativas, que es el espíritu de la medida, y así no se afectarían las exportaciones hacia Europa desde puertos como el de Tolú. 

    Y es que en junio de 2024 Colombia vivió un hito al exportar 14 mil toneladas de madera rolliza cosechada en el departamento de Córdoba, con destino a España, para la industria de celulosa. Una operación que contempla complejidades en materia logística y que exige una articulación con entidades como el ICA, las gobernaciones departamentales y ahora el Ministerio de Ambiente.   

    “Una operación de esta magnitud implica un acopio de madera en un patio cercano al puerto y el ICA brinda una certificación de movilización por tres días, que a veces puede ser insuficiente por la restricción de movilización nocturna de madera reforestada que existe en las carreteras de los departamentos de Córdoba y Sucre.

    “A esa complejidad se suma que el ICA no otorga más certificados de movilización que cobijen el movimiento desde el patio al puerto, salvo que el mismo sea un nuevo aprovechamiento forestal, a todas luces ridículo y falto a la verdad, pues tal actividad no existe al tratarse del mismo producto. La solución ha estado en un permiso de removilización que otorga la autoridad ambiental, generándose un conflicto de competencias entre la Corporación Ambiental y el ICA.

    “Y, por último, ahora el Ministerio de Ambiente ordena que la exportación no se realice desde Tolú, sino desde otro puerto como Cartagena, encareciendo no solo el transporte, sino complejizando aún más la operación logística ya de por sí restrictiva”, explica Juan Miguel Vásquez, de FEDEMADERAS.   

    Así, considera FEDEMADERAS, la institucionalidad y la normativa está diseñadas para que las operaciones legales tengan cada día más dificultades, y la ilegalidad -que debe seguirse combatiendo-, prospere dada una menor oferta y comercialización de productos legales. Esa falta de visión de futuro y de progreso, comenta Vásquez, es parte del problema estructural que, de solucionarse, podría combatir efectivamente la violencia, que no se desea que las nuevas generaciones continúen viviendo.

    Producción de petróleo y gas, en su nivel más bajo de los últimos 4 años

    La producción de petróleo en abril de 2025 cayó a 714 mil barriles diarios, una disminución del 9,6% anual y 4,5% mensual. La producción comercializada de gas fue 809 MPCD, una reducción de 19,2% anual y de 1,5% mensual.

    La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) informó que, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en abril de 2025 la producción fiscalizada de petróleo fue 714,2 mil barriles por día (KBPD).

    La cifra representa una disminución de 9,6% frente a abril de 2024 (-75,7 KBPD) y de 4,5% respecto a marzo de 2025 (-33,6 KBPD), asociada a situaciones de entorno en los departamentos de Arauca y Meta que afectaron las operaciones y consolidaron a abril de 2025 como el mes con la menor producción desde junio de 2021, cuando se ubicaba en 6G4,2 KBPD.

    En Arauca, la producción disminuyó 46% (-22,6 KBPD) al pasar de 48,7 a 26,1 KBPD, principalmente en los campos Caño Limón (-7,9 KBPD) y Rex NE (–7,4 KBPD), como consecuencia de atentados contra el Oleoducto Bicentenario.

    En Meta, la producción cayó 2% (-10,2 KBPD) de 428,5 a 418,3 KBPD, en su mayoría en los campos Rubiales (–8,8 KBPD) y Caño Sur Este (–5,6 KBPD) debido a bloqueos por parte de las comunidades.

    En el acumulado de enero–abril de 2025, la producción promedio de crudo fue de 746,9 KBPD, un 4,0% menos (-31,0 KBPD) frente al mismo periodo de 2024, representando 3,7 millones de barriles menos en el periodo analizado, impactando la economía del país en más de un billón de pesos.

    Producción de gas, la más baja en la última década

    Por su parte, la producción comercializada de gas en abril de 2025 fue 809 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), la más baja de los últimos diez años, con una reducción anual del 19,2% (-192 MPCD), y mensual del 1,5% (-12,0 MPCD).

    Entre enero y abril de 2025, el promedio se situó en 818,4 MPCD, lo que equivale a una disminución del 17,9% (-178,4 MPCD) frente al mismo periodo de 2024.

    Exportaciones y taladros

    Según el DANE, en abril de 2025 se exportaron $942 millones de dólares (MUSD) FOB en petróleo y derivados, una reducción del 31,2% (-$428 MUSD FOB) anual y del 35,4% (-$517 MUSD FOB) mensual.

    En el acumulado de enero a abril de 2025, las exportaciones sumaron $4.352 MUSD FOB, lo que representa una caída del 11,4% frente al mismo periodo de 2024 (-$558 MUSD FOB).

    Por su lado, de acuerdo con el Banco de la República, la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector petrolero alcanzó $735 MUSD en el primer trimestre de 2025, un incremento del 8,1% (+$55 MUSD) frente al mismo periodo de 2024 y del 64,1% (+$287 MUSD) respecto al cuarto trimestre de 2024.

    En este contexto, entre enero y marzo de 2025, la IED petrolera representó el 23,4% del total de la IED nacional, 4,9 puntos porcentuales por encima del valor observado un año atrás.

    En mayo de 2025 se registraron un total de 113 taladros activos en el país, de los cuales 31 estaban destinados a operaciones de perforación y 82 a operaciones de reacondicionamiento. Esta cifra representa un aumento del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior (+4 equipos) y del 1,8% frente a abril de 2025 (+2 equipos).

    “Las afectaciones operativas en regiones productoras como Arauca y Meta incidieron en la caída de la producción petrolera nacional en abril de 2025, llevándola a su nivel más bajo en casi cuatro años. Esta disminución se reflejó también en las exportaciones de crudo y derivados, que registraron una caída superior al 30%. La producción de gas comercial igualmente registró los valores más bajos en los últimos 10 años”, afirmó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

    Red de transmisión Colectora estaría lista en agosto de 2026

    La obra, clave para la transición energética en Colombia, conectará más de 1.000 MW de energía renovable de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional, con entrega prevista para agosto de 2026.

    El Ministerio de Minas y Energía y el Grupo Energía Bogotá (GEB) anunciaron que el Proyecto Colectora, una de las obras más importantes de transmisión de energía, estará listo en agosto de 2026.

    El anuncio se realizó La Guajira durante un espacio de concertación entre el Gobierno nacional, autoridades territoriales, comunidades étnicas, empresas del sector energético y actores sociales de la región. En ese escenario, se han desarrollado cuatro líneas de trabajo fundamentales: gobernanza, gestión ambiental, superación de la pobreza energética y oportunidades para el desarrollo integral del departamento.

    Durante la sesión, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, destacó los avances de la obra y el esfuerzo conjunto que ha permitido superar obstáculos técnicos y sociales.

    “Estamos trabajando arduamente con el apoyo del gobierno y este comité tripartito. Confiamos en que lograremos llegar a agosto del próximo año. Ya llevamos 100 torres cimentadas, podríamos llegar a 200. A veces es complejo porque la confianza es un proceso que se construye lentamente, pero con un poco de apoyo llegamos el próximo año. El proyecto se está haciendo como nunca nadie creyó que pudiera ser factible lograrlo”, afirmó Ortega.

    Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reafirmó el compromiso del Gobierno con el avance del proyecto: “Quiero sumarme con el mismo optimismo al mensaje de Juan Ricardo alrededor de Colectora y espero poder acompañar esa inauguración de tan importante obra. Porque hemos sostenido que no hay transición sin transmisión”.

    El Proyecto Colectora es una infraestructura que permitirá la conexión de más de 1.000 megavatios de energía renovable, generados en los parques eólicos y solares de La Guajira, con el Sistema Interconectado Nacional.

    El encuentro fue también un espacio de análisis y reflexión sobre la Transición Energética Justa en La Guajira, reiterando el compromiso del Gobierno Nacional con una transformación estructural que reconozca las particularidades culturales, sociales y ambientales del territorio.

    Con este anuncio, Minenergía y el GEB reafirman su voluntad de hacer realidad una transición energética justa, incluyente y centrada en el desarrollo de los territorios.

    1 … 52 53 54 55 56 … 300