Aunque en la región Caribe, los cultivos y exportaciones de la madera de Teca hacia la India representan más de USD8 millones anuales en divisas, falta derogar una resolución del MinSalud para normalizar su comercio.
Ante la violencia e inestabilidad del país, la Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) insiste en la necesidad de viabilizar la economía forestal y agroindustria de la madera, como vehículo de futuro económico, social y ambiental del país.
“A problemas estructurales, soluciones estructurales y de largo plazo, sostenibles y perdurables en el tiempo”, sostiene Juan Miguel Vásquez, director Ejecutivo Nacional del gremio.
Asomaderas ha venido compartiendo en variados escenarios académicos esta visión. De hecho, en la I Semana de Bioeconomía, organizada por el gremio, y celebrada en la ciudad de Medellín a finales de mayo, se hizo énfasis en la seguridad física, jurídica y los ambientes de certidumbre para hacer negocios y crear condiciones de desarrollo, paz y bienestar para los colombianos.
Crisis no resueltas
Para FEDEMADERAS, si bien el desarrollo de una mayor economía forestal y su correspondiente industria en mobiliario y construcción sostenible, aporta a ese bienestar rural e industrial, sigue sufriendo escenarios donde el Gobierno Nacional les da poca prioridad, y con los cuales, con soluciones reales, permitirían al sector avanzar hacia escenarios de aporte al desarrollo del país. Algunos ejemplos de ello son:
Seguridad física: Especialmente en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Cauca y Guaviare se presenta una escalada de amenazas a las empresas vinculadas con la reforestación comercial, los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB), y la transformación secundaria de madera, a tal punto que ya empresas de capital e inversión extranjera europea han suspendido sus actividades y, aunque se han interpuesto denuncias ante las autoridades competentes, no hay pronunciamientos o estrategias efectivas.
Prácticas responsables: FEDEMADERAS ha hecho las correspondientes advertencias y llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a vigilar que la aplicación y cobro del IVA en contratos de suministro e instalación de madera arquitectónica, los estén cumpliendo tanto oferentes como empresas constructoras demandantes, para garantizar la competencia leal en la industria.
De hecho, el gremio, junto a Camacol Bogotá, han empezado a estructurar y reforzar buenas prácticas y guías, pero hasta el momento el ente competente institucional no se ha pronunciado. Y es claro que el Decreto 570 de 1984 y los artículos 422 y 447 del Estatuto Tributario deberían ser motivo de observación de las autoridades aduaneras y fiscales nacionales.
Promoción a las exportaciones: En la región Caribe, los cultivos y exportaciones de la madera de Teca hacia India representan hoy más de 8 millones de dólares anuales en divisas para el país. No obstante, este mercado desde noviembre de 2023 se ha visto reducido por la incapacidad del Gobierno para derogar una resolución del MinSalud que todavía posibilita en territorio el uso de un químico conocido como bromuro de methilo, cuestionado por instituciones internacionales por su afectación en la capa de ozono.
Hoy es permitido en Colombia y, aunque es una medida ineficaz, pues para fines cuarentenarios no existen instalaciones para su aplicación, lo cierto es que dicha resolución al no ser derogada, hace que la autoridad sanitaria de India exija su aplicación en Colombia.
El resultado: Las exportaciones se han detenido por la inoperancia de un acto administrativo que está en el despacho de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud desde abril de 2024, por lo que están en vilo por esta falta de visión de futuro más de 2 mil empleos.
También está la resolución 1489 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente, a través de la cual solo se permite exportar madera desde ciertos puertos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, entre los cuales no se acoge el puerto de Tolú, Sucre.
Esta normativa requiere de una aclaración urgente, pues si bien en sus fundamentos aparentemente aplicaría solo sobre operaciones de especímenes silvestres, con el objetivo de preservar la fauna y flora de los ecosistemas naturales, la lectura de la parte resolutiva es interpretada por los operadores comerciales de manera diferente.
El Ministerio de Ambiente podría ser proactivo y taxativamente mencionar que los productos de madera corresponden a especies exóticas de plantaciones forestales comerciales y no a especies nativas, que es el espíritu de la medida, y así no se afectarían las exportaciones hacia Europa desde puertos como el de Tolú.
Y es que en junio de 2024 Colombia vivió un hito al exportar 14 mil toneladas de madera rolliza cosechada en el departamento de Córdoba, con destino a España, para la industria de celulosa. Una operación que contempla complejidades en materia logística y que exige una articulación con entidades como el ICA, las gobernaciones departamentales y ahora el Ministerio de Ambiente.
“Una operación de esta magnitud implica un acopio de madera en un patio cercano al puerto y el ICA brinda una certificación de movilización por tres días, que a veces puede ser insuficiente por la restricción de movilización nocturna de madera reforestada que existe en las carreteras de los departamentos de Córdoba y Sucre.
“A esa complejidad se suma que el ICA no otorga más certificados de movilización que cobijen el movimiento desde el patio al puerto, salvo que el mismo sea un nuevo aprovechamiento forestal, a todas luces ridículo y falto a la verdad, pues tal actividad no existe al tratarse del mismo producto. La solución ha estado en un permiso de removilización que otorga la autoridad ambiental, generándose un conflicto de competencias entre la Corporación Ambiental y el ICA.
“Y, por último, ahora el Ministerio de Ambiente ordena que la exportación no se realice desde Tolú, sino desde otro puerto como Cartagena, encareciendo no solo el transporte, sino complejizando aún más la operación logística ya de por sí restrictiva”, explica Juan Miguel Vásquez, de FEDEMADERAS.
Así, considera FEDEMADERAS, la institucionalidad y la normativa está diseñadas para que las operaciones legales tengan cada día más dificultades, y la ilegalidad -que debe seguirse combatiendo-, prospere dada una menor oferta y comercialización de productos legales. Esa falta de visión de futuro y de progreso, comenta Vásquez, es parte del problema estructural que, de solucionarse, podría combatir efectivamente la violencia, que no se desea que las nuevas generaciones continúen viviendo.
