Autor: Martín Rosas

El Terminal Marítimo pasó de recibir buques con capacidad de 330 mil barriles, a embarcaciones de 550 mil barriles.

Con el descargue de 530 mil barriles de gasolina corriente importados desde la Costa del Golfo de los Estados Unidos, el Terminal Marítimo de Pozos Colorados, ubicado en Santa Marta, puso en marcha la ampliación de sus operaciones, que hace posible recibir buques de mayor capacidad para atender la demanda de combustibles.

Con una inversión de US$26 millones, los trabajos consistieron en el cambio de monoboya, que le permite al terminal pasar de atender barcos con capacidad máxima de 330 mil barriles y un peso de 50 mil toneladas, a embarcaciones de 80 mil toneladas y 550 mil barriles.

Con este aumento de la capacidad el Grupo Ecopetrol podrá obtener ahorros en transporte marítimo, hacer más eficientes las importaciones al país, incrementar las posibilidades de compra de productos desde Europa y Asia, y lograr sinergias con otros puertos en Colombia.

El Terminal Marítimo de Pozos Colorados es una infraestructura propiedad de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, por el que se importa aproximadamente el 82% de los productos refinados que ingresan al país.

A partir de mayo comenzó a recibir buques tipo Long Range 1 (LR1), como el Cielo di Rotterdam, que fue el primer barco de esta clase en ingresar al puerto para descargar combustible importado por Ecopetrol.

El marchitamiento de la industria por parte del gobierno, sumado a las dificultades de operar y los bajos precios internacionales, están llevando al país a una situación crítica en materia energética y fiscal. Las ACP propone corregir el rumbo.

Contrario a lo que algunos platean, el petróleo y el gas natural no solo no se van a acabar, sino que su demanda aumentará en los próximos años.

Y es que, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, a nivel mundial la demanda de energía crecerá a una tasa anual de 2,2%, frente al 1,3% de la última década, donde el petróleo y el gas participará con un 39% en la matriz energética y las renovables lo harán con un 38%.

El aumento de la demanda se debe principalmente al mayor uso de la Inteligencia Artificial, a la actividad económica de China, al aumento poblacional de África y al reciente desempeño de las economías de Europa occidental y los Estados Unidos.

“Por eso, necesitamos más energía, no menos energía”, dijo Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), durante la presentación del informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025.

El estudio revela señales preocupantes sobre el agotamiento de la actividad exploratoria en Colombia, el deterioro del entorno operativo y un riesgo creciente para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los colombianos.

En 2024, Colombia fue el único país de la región que no firmó un nuevo contrato de exploración y producción. Brasil, con la meta de llegar a los cinco millones de barriles diarios, firmó 185 contratos, le siguen Perú con 13, Trinidad y Tobago con 12, Argentina y Venezuela, cada uno con 7, Surinam con 5, Ecuador con 3, y hasta Uruguay, que no tiene una gran industria petrolera, firmó un contrato.

“El mundo está recuperando los niveles de inversión que tenía en 2014, cuando estábamos en el boom del sector. Mientras en el mundo se está invirtiendo más, en Colombia vamos en contravía por una visión distinta y distorsionada de lo que es un desarrollo económico sostenible”, dijo Pearl.

Y es que sector de los hidrocarburos en Colombia provee el 63% del consumo de energía del país, el 99% del consumo de energía del sector transporte y el 25% del consumo de energía del sector eléctrico. Además, representa el 16% de la Inversión Extranjera Directa, el 30% de las exportaciones, aporta cerca de 50 billones de pesos al fisco nacional, más de 17 billones de pesos en regalías, y genera 360 empleos entre directos e indirectos.

Exploración: actividad en cuenta regresiva

Basado en datos oficiales y de empresas que representan el 95% de la producción nacional de petróleo y el 96% de la de gas natural, el informe advierte que solo restan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos contractualmente para ser perforados entre 2026 y 2030.

En 2025, la inversión en exploración caería un 18%, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta reducción ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.

Producción: más inversión para mantener volúmenes

Si bien la inversión en producción crecería un 15% en 2025, este impulso será transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos. Para 2025, en petróleo se estima una producción de entre 760 y 770 mil barriles promedio día (kbpd), similar a los 772 kbpd de 2024. Y en gas, para 2025 una producción comercializada de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.

“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, señaló el dirigente gremial.

Otros problemas que señala el informe son el entorno territorial y la presión fiscal. En 2024, los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron 151%, en un entorno de creciente conflictividad social y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, afectando tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.

A esta situación se suma el déficit fiscal de la Nación proyectado de $40 billones, como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, lo que encarecería la producción de diésel y gasolinas.

Propuestas de la industria

La ACP propone una serie de medidas para reactivar el sector de los hidrocarburos, que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.

Viabilidad operacional:

• Optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones.
• Estabilidad en requisitos ambientales.
• Coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.

Seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista:

• Definir una carga tributaria competitiva para el sector.
• Reducir la tarifa de autorretención de gas en un escenario de déficit.
• Mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH.

Impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera:

• Acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales.
• Priorización de las 116 consultas previas del proyecto Sirius.
• Expedición de licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre.
• Optimización de la capacidad del sistema de transporte de gas, con la ejecución de las obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

Eficiencia operativa:

• Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados.
• Aplazamiento de la entrada en vigor (3 de junio) del SICETAC para transporte de carga líquida por carretera.

Estímulos a la producción:

• Expedición de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía con incentivos a recobro mejorado y producción incremental.
• Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025).
• Ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
• Reactivación del desarrollo de los proyectos de yacimientos no convencionales, aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.

“Lo que proponemos es una Transición Energética gradual, donde haya complementariedad y adición de fuentes de energía, una transición a la colombiana, donde utilicemos muy bien los recursos del petróleo y gas para hacer una transición tecnológica, una diversificación productiva en las regiones y utilicemos bien los recursos para reducir, y ojalá eliminar, las brechas sociales que tenemos en las regiones de Colombia.

“Es el momento de replantear la visión que ha tenido la presidencia de la República, para resolver un reto enorme que tenemos, necesitamos autosuficiencia energética, necesitamos soberanía energética, necesitamos sanidad fiscal y modernizar la economía colombiana de manera gradual y responsable”, finalizó el presidente de ACP.

Cerrejón y 39 comunidades wayuu firmaron acuerdos de consulta previa para la línea de transmisión eléctrica Cuestecitas – Puerto Bolívar. Bolívar.   

Treinta y nueve comunidades wayuu protocolizaron acuerdos, producto de la consulta relacionada con la línea privada de transmisión eléctrica que abastece de energía la operación de Cerrejón en La Guajira.

La línea, instalada en los años ochenta, se extiende desde la subestación de Cuestecitas, en Albania, hasta Puerto Bolívar, en Uribia.

El proceso incluye a 142 comunidades de los municipios de Albania, Maicao, Manaure y Uribia, con las cuales se ha generado un espacio para discutir sobre los impactos y medidas de compensación asociadas a la operación y mantenimiento de la línea eléctrica. De las 142, 39 comunidades representadas por la Fundación Ainjawa ya firmaron acuerdos.

Alfonso Puerto Mejía, autoridad tradicional de la comunidad Ullarancen, dijo que: «El proceso se consultó con nosotros de una manera muy especial. Para nosotros fue de gran alegría porque con lo acordado vamos a hacer cosas en beneficio de las comunidades. Se cumplió la palabra y para nosotros es sagrada. Si damos nuestra palabra, diez por seguro que es así».

Por su parte, Marlon Mejía, representante legal de la fundación Ainjawa, dijo: «Podemos decir que tuvimos un buen desarrollo en el proceso y, como asesores de las comunidades, estamos muy contentos. Fue un espacio de aprendizaje, tuvimos que reunirnos muchas veces, llegar a acuerdos, demostrarles a las comunidades que era un proceso serio. Hoy podemos decir que fue creíble y les cumplimos la palabra al 100%», 

Sobre este proceso, Raúl Roys, gerente de Diálogo Social de Cerrejón, menciona: » Hoy estamos marcando un antes y un después porque es nuestra convicción de hacer lo correcto, incluso más allá de lo exigido. En Cerrejón asumimos este proceso porque creemos en la construcción conjunta y en el respeto por las comunidades. Hoy celebramos este hito que representa un ejemplo tangible de que el diálogo sincero, respetuoso y constante sí da resultados”.

Sobre el proceso

Aunque la línea fue construida antes de que existiera la legislación actual sobre consulta previa con comunidades étnicas, en su momento se concertó con las comunidades la ejecución de este proyecto. Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevos escenarios que requirieron espacios de diálogo.

Es importante resaltar que la definición de la inclusión de comunidades en este proceso está a cargo de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, que mediante un proceso administrativo estableció que la consulta procedía con 142 comunidades wayuu.

Este ejercicio de diálogo ha contado con la participación de garantías locales y nacionales. Así mismo, las comunidades cuentan con la asesoría de organizaciones indígenas y no indígenas, así como la de abogados seleccionados de manera independiente y autónoma, lo que garantiza el principio de información adecuada y suficiente.

Además, junto al proceso de consultas ordenado en la sentencia T-704 de la Corte Constitucional, Cerrejón ha protocolizado acuerdos con 417 comunidades étnicas, constituyendo así uno de los procesos consultivos más grandes del país.

A raíz del escándalo por la supuesta firma de un contrato por 5.875.000 dólares con una firma estadounidense que habría investigado a unos 70 funcionarios de Ecopetrol, la Junta Directiva de la compañía se manifestó este 29 de mayo.  

El ente directivo señaló, a través de un comunicado, que ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto del otrosí al contrato original firmado con la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024.

El objeto de ese contrato era realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. Ecopetrol señala que no hubo cambio en su alcance ni en el valor del mismo, y que la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades del contratista desde febrero de 2025. Además, agrega que “en este proceso no participó el Presidente de la compañía”.

Como parte de la crisis desatada, y aunque no lo menciona directamente, Mónica de Greiff, miembro de la Junta Directiva, presentó su carta de renuncia a primeras horas del 29 de mayo.

Además, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por cuenta del polémico otrosí, en el marco del contrato para revisar riesgos reputacionales, entre ellos la posible afectación a la imagen de la compañía por las investigaciones que afronta el presidente de la compañía Ricardo Roa.

Por otro lado, según W Radio, la Contraloría General de la República le pidió explicaciones a Ricardo Roa sobre el millonario contrato que firmó la petrolera para una “investigación independiente sobre riesgos reputacionales”.

A medida que la tecnología avanza, también deben hacerlo las redes eléctricas. Esto garantiza un suministro de energía constante y de alta calidad, protegiendo la economía, la salud pública y el medio ambiente.

Las inconformidades relacionadas con la calidad de la energía aumentan cada año, a medida que crece la dependencia a la electricidad. Mejorar la eficiencia de la forma en que se genera, transmite y usa la energía es más crucial que nunca.

En Colombia, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) se estima que el rango esperado para la demanda de energía eléctrica para 2027 se encuentre entre 196 a 234 GWh-día. Esto representa que la demanda de energía eléctrica entre 2023 a 2037 podría tener un crecimiento promedio al año en el escenario medio, de entre 1,65% a 2,99%.

Calidad de la energía: el reto invisible

Si bien se espera que la electricidad sea una fuente constante e ininterrumpida, la realidad es que las redes eléctricas modernas están cada vez más presionadas por una variedad de nuevas cargas.

Dispositivos como lámparas LED, computadoras, equipos médicos y cargadores de vehículos eléctricos contribuyen a lo que se conoce como contaminación energética. Bajo este concepto, algunos dispositivos pueden introducir efectos nocivos en la red, provocando una mala calidad de la energía caracterizada por inconsistencias en la electricidad, lo que a su vez afecta a la fiabilidad de los equipos, el rendimiento e incluso a la salud humana.

Las tres categorías principales de los problemas en la calidad de la energía son:

Potencia reactiva: Energía no deseada que sobrecarga la red, restándole la capacidad necesaria para realizar un trabajo útil. Es como conducir un automóvil por una carretera llena de baches. Aunque llega a su destino, el viaje es menos eficiente que por una carretera uniforme.

Armónicos: Son distorsiones en el suministro eléctrico que pueden causar interferencias. En una red eléctrica, los armónicos pueden perturbar el funcionamiento normal de los equipos, provocando un mayor desgaste e ineficiencias.

Fluctuaciones de tensión: Es un cambio regular de tensión que ocurre cuando se utilizan dispositivos o equipos que requieren una carga mayor. Las luces parpadeantes son quizá el problema de calidad de la energía más visible.

“Desde una perspectiva financiera, la mala calidad de la energía puede significar una pérdida en los objetivos, debido a los equipos dañados, la reducción de la eficiencia y el deterioro de los productos. Además, su desperdicio representa aumento del consumo, impactando directamente en los costos e incrementando las emisiones de carbono. Dado que una parte de la electricidad en Colombia y diferentes países del mundo todavía proviene de combustibles fósiles, cada ineficiencia en el sistema se suma a nuestra huella ambiental”, afirmó Frank Coelho, gerente de Integración de Redes Hitachi Energy.

Consecuencias de la mala calidad de la energía

La corrección eficaz de las distorsiones de factor de potencia en tiempo real garantiza la alimentación energética fiable y un menor tiempo de inactividad de los equipos.

En diferentes ámbitos, la calidad de la energía puede impactar la vida, perturbar el aprendizaje, alterar la conservación de los alimentos y repercutir en los diferentes aspectos cotidianos del ser humano, como, por ejemplo.

Salud: En las entidades de salud, la calidad eléctrica puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Los equipos médicos críticos, como ventiladores, bombas de infusión y monitores cardíacos, necesitan un suministro eléctrico constante e ininterrumpido para funcionar correctamente. 

Educación: Con el incremento de la modernización de las escuelas, la incorporación de pizarras inteligentes interactivas, proyectores y hasta recursos en línea. los centros educativos dependen de una electricidad estable para garantizar que las clases se desarrollen sin problemas.

Manipulación de alimentos: En la industria alimentaria la precisión es más que un objetivo, es una necesidad importante. Incluso una pequeña caída de tensión puede hacer que los congeladores funcionen mal, poniendo en peligro la calidad de los ingredientes y arriesgando el costoso deterioro de los alimentos.

Para solucionar esos problemas, se están desarrollando e implementando tecnologías para aumentar la eficiencia y la confiabilidad del suministro eléctrico.

Entre esas soluciones se encuentran los bancos de capacitores, filtros armónicos (activos o pasivos) y los sistemas de acondicionamiento de energía, que ayudan a reducir las perturbaciones eléctricas y minimizan el impacto ambiental.

Estas no solo optimizan el rendimiento de los equipos electrónicos, sino que también disminuyen los costos operativos al minimizar los tiempos de inactividad y las pérdidas energéticas.

Así, pues, a medida que la tecnología avanza, también deben hacerlo las redes eléctricas, sorteando los nuevos desafíos y aprovechando las oportunidades.