Autor: Martín Rosas

De acuerdo con Acolgen, Andesco, ANDEG, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, la intervención de los precios en bolsa pone en riesgo la seguridad energética del país y aumenta el riesgo de racionamientos en los próximos años.

Con respecto a la Resolución CREG 101 066 de 2024, relacionada con la intervención en la formación del precio en el mercado de la bolsa de energía, los gremios de la energía y los servicios públicos manifestaron preocupación y solicitaron que se realice un análisis detallado antes de su aplicación.

En un comunicado conjunto, los gremios expusieron las siguientes razones:

1. La medida podría agravar los retrasos en los proyectos de generación eléctrica al alterar las señales del mercado. Esto empeoraría las condiciones de abastecimiento, especialmente considerando que datos de la UPME y XM advierten sobre un déficit de energía firme para el periodo 2026-2027.
2. Desincentiva la contratación de largo plazo, que es fundamental para la viabilidad de los proyectos de energía renovable y la estabilidad de precios de los usuarios finales. Como consecuencia, se desincentiva la inversión en futuros proyectos, un retroceso en el sector eléctrico colombiano, caracterizado históricamente por señales de expansión claras. Es crucial mantener señales de largo plazo que proporcionen esta confianza inversionista para garantizar el desarrollo de proyectos que aseguren el abastecimiento del servicio de energía eléctrica. Proyectamos inversiones de entre 10 y 14 billones de pesos anuales hasta el 2027.
3. Contradice los objetivos de la transición energética en Colombia, ya que disminuye la competitividad de las tecnologías de costos variables bajos, como la solar, la eólica, la hídrica y el carbón, que constituyen la base de dicha transición. Esto ocurre por dos razones principales: remuneraciones más bajas en el Cargo por Confiabilidad y un incremento en los riesgos asociados a nuevos proyectos de expansión. Estas condiciones impactan negativamente la capacidad de estas tecnologías para ofrecer contratos competitivos, disminuyendo la posibilidad de que resulten con asignaciones en la próxima subasta del Cargo por Confiabilidad.
4. Se pierde la señal de escasez, que permite preservar los recursos energéticos disponibles en épocas de sequía haciendo un uso óptimo de estos, lo cual, sumado al retraso de proyectos y de subastas, nos mantendrá con un sistema eléctrico estresado, con el riesgo de que se presenten periodos de desabastecimiento de energía eléctrica.

Los gremios reiteraron que la coyuntura de precios está relacionada con la falta de oferta de energía y de mecanismos e incentivos de contratación de largo plazo. Es decir que, para lograr mayor eficiencia en precios se necesita más oferta de energía en lugar de alteraciones del

mercado y, para esto, es clave que se desarrollen más proyectos de generación de energía eléctrica, lo que se vería seriamente afectado por los términos de la Resolución en mención.

Finalmente, los gremios señalaron: “Hacemos un llamado urgente para que se realice una revisión integral de la Resolución publicada por la CREG antes de su aplicación. Una señal regulatoria de este tipo, emitida sin análisis exhaustivo puede poner en riesgo un sistema que ha funcionado durante los últimos 30 años y que nos ha permitido estar encendidos 24 horas al día, 7 días a la semana.”

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifestó preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, una medida que podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país.

El gremio petrolero recordó que en 2022 el Gobierno nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales del crudo (para ese año promediaron los USD 100 por barril, precios que actualmente han bajado a cerca de los USD 70), entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas.

Fruto de esa decisión, el sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras otros sectores no llegan al 30%, un claro ejemplo de inequidad tributaria, según el gremio.

Ahora, la ‘Ley de Financiamiento’, propuesta por el Gobierno, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola hasta el 20%.

Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando inversiones en el país.

Para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura, en consonancia con la política del gobierno de ir marchitando el sector de hidrocarburos en Colombia.

“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP.

El dirigente añadió que esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.

Pearl agregó que este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos (MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 contempla una producción promedio de 750 mil barriles día de petróleo hasta el 2035), en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54% y el 10% del total nacional, los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes.

Asimismo, se vería comprometida la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos. “Llevando al país a una caída precipitada de la producción”, enfatizó.

Así, teniendo en cuenta que el 45% del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21% restante del gas natural, la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia, en la medida en que para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes en exploración y producción. “Por lo tanto, en el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la Nación”, dijo Pearl.

Cabe recordar que la industria de petróleo y gas en Colombia representa el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6% del PIB.

Además, los recursos de regalías que financian proyectos en las regiones en materia de educación, salud y servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 recientemente aprobado por el Congreso fue de $30,9 billones, declinarían significativamente en el futuro. Luego, un incremento adicional en los impuestos amenaza las contribuciones de esta industria al país y las regiones.

Finalmente, la ACP hizo un llamado a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que no se apruebe el aumento de la sobretasa y ninguna otra medida confiscatoria que conlleve a marchitar una industria fundamental para la seguridad energética, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de las regiones.

La última edición de la encuesta “Los 10 riesgos y oportunidades de la minería” de EY, registró dos nuevos integrantes en su lista – agotamiento de recursos/reservas y nuevos proyectos- mientras que otros, como ciberseguridad y fuerza laboral, salen del ranking.

Los ejecutivos mineros mostraron un cambio significativo en cuanto a los riesgos que se vislumbran en el sector. Así lo demostró la nueva edición de la encuesta Los 10 riesgos y oportunidades de la minería 2025”, elaborada por EY.

Entre las más llamativas está el capital que irrumpió como el principal riesgo, mientras que la gestión del medioambiente y la geopolítica se posicionaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

También destacan dos nuevos riesgos en el top 10: el agotamiento de recursos y el desarrollo de nuevos proyectos.

En cuanto al capital, las compañías mineras están bajo una presión creciente para gestionarlo de manera efectiva mientras realizan inversiones estratégicas en crecimiento.

Es por esto por lo que las empresas están acelerando el crecimiento y amplificando el valor a través de fusiones y adquisiciones, desprendiéndose de activos no esenciales y expandiendo sus opciones de financiamiento.

El 76% de los encuestados mencionó que tenía contemplado realizar desinversiones, escisiones u ofertas públicas iniciales en los próximos 12 meses.

Por otro lado, a medida que la gestión del medioambiente toma el centro del escenario, las compañías mineras están priorizando iniciativas y políticas positivas para el medioambiente que satisfagan las crecientes expectativas de los inversionistas.

Este cambio refleja un enfoque más amplio de la industria en las preocupaciones ambientales, con casi la mitad de los encuestados (46%) expresando confianza en cumplir con sus obligaciones con el medioambiente.

«Este año ha habido un cambio notable en los riesgos hacia cuestiones estratégicas para satisfacer la demanda futura. Afortunadamente, las compañías mineras no están perdiendo de vista las obligaciones de ESG, que son críticas para obtener y retener la licencia para operar y están estrechamente vinculadas con riesgos como el capital”, señaló, Libardo Bueno, socio Líder de Mercados de EY Colombia.

Los nuevos riesgos

El agotamiento de recursos (4°), y los nuevos proyectos (8°), son nuevos riesgos identificados en el estudio de 2024, impulsados por la creciente demanda de minerales y el aumento de los costos de exploración y construcción.

Lograr los objetivos globales de descarbonización para 2050 requerirá un aumento significativo en el número de minas y los volúmenes producidos. En los próximos 30 años se necesitará extraer más de lo que se ha hecho en los últimos 70 mil años.

La falta de nuevos descubrimientos y los largos tiempos de permisos añaden más complejidad a la situación y ponen en riesgo real la transición energética.

Los que salen del top 10

Un hallazgo importante es que este año el 55% de los encuestados no consideró la fuerza laboral como un riesgo clave. Dados los desafíos significativos del sector para atraer y retener el talento necesario para crecer, esta omisión puede generar algunas alarmas. A esto se suman gobernanza, ciberseguridad, digitalización, que también quedaron fuera de los 10 primeros riesgos.

“Para muchas empresas, los riesgos y oportunidades asociados con la ciberseguridad y la digitalización se han convertido en elementos integrados en el negocio. En cuanto a la gobernanza, aunque su posición en el ranking ha cambiado, las compañías mineras continúan explorando nuevos proyectos en diversas regiones, ajustándose a los distintos entornos regulatorios. Además, el tema de la fuerza laboral sigue siendo relevante, ya que atraer y retener el talento adecuado será clave para el futuro sostenible del sector”, añadió, Libardo Bueno, socio Líder de Mercados de EY Colombia.