Autor: Martín Rosas

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El arribo nuevamente a la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha significado un viraje en la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Trump arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 medidas y promulgó 25 de su propia cosecha.

Entre estas, dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”.

En su discurso de posesión, habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13,2 millones de barriles diarios, y uno de los mayores exportadores, con 4 millones de barriles diarios, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril, lo cual tendrá un gran impacto en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja en la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos por regalías.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el presidente Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo.

Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17,6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: Toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca.

De hecho, en los últimos tres años, lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado récords históricos consecutivos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La ANH se ha convertido en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias: la administración de los recursos hidrocarburíferos de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”.

Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

El ministro Andrés Camacho, quien relevó a Vélez en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, en 2024 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica”, y un tema que, aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2.

De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho, ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del Caribe.

Según el Ministro Camacho, “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore.

Contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el ministro Camacho sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas (ZNI). El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de enero.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos.

Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Vélez como el proyecto de Decreto transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra.

Y a todas esas, cabe preguntarse en dónde está el Piloto. Pues, el actual presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Es urgente la intervención del Gobierno Nacional para buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria, y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La empresa Air–e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual procedió a nombrar como agente interventor inicialmente al ingeniero Carlos Diago, quien fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma.

Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación, “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air–e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023, declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas.

La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la limitación de suministro a Air–e, al tiempo que abrió una línea de crédito en Findeter, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas.

A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air–e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el agente especial de Air–e, que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air–e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”.

Empero, para lograr dicho cometido, la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello, la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo Empresarial. La mera intervención, per se, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2,4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar.

A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo asciende a $4,5 billones, de los cuales el propio presidente de la República se comprometió públicamente en mayo de 2024 a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3: $2,5 billones.

A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar”, y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió desde el 4 de octubre de 2023 que ello podría dar lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible.”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air–e, buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 tuvo lugar la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 21, que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del cambio climático y sus estragos.

En virtud de ese acuerdo, los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el 2030.

Ese mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y las acciones y estrategias a seguir para lograr la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al cambio climático.

De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición Energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Colombia se había adelantado a la Transición Energética, en la medida en que desde la década de los 90 promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario.

También avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se consumen en todo el territorio nacional.

De contera, en 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos.

Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica.

Todo ello le valió un posicionamiento a Colombia en la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma. Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupó el puesto 29 a nivel global y el 3º a nivel de Latinoamérica.

Con el advenimiento de la administración de Gustavo Petro se esperaba que la Transición Energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las tres COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.

Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho, y en materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores han venido renunciado a su apuesta, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.

El caso más reciente es el EDP Renewables, responsable de los dos mayores proyectos, Alfa de 212 MW y Beta de 280 MW. La principal razón que adujo EDP para tomar su decisión, después de haber superado su primer escollo, el de las consultas previas, fue la paquidermia de la ANLA en la expedición de la licencia ambiental.

Además del licenciamiento ambiental de los proyectos, la principal barrera con la que han venido tropezando para lograr su puesta en marcha es la falta de confianza inversionista y la inseguridad jurídica imperante.

El freno del avance de la ejecución de los proyectos de generación de energía a partir de FNCER, que se ha visto agravado con la dilación de la expedición de la licencia ambiental para la Línea Colectora, llamada a transportar la energía generada por ellos hasta inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que sólo entrará en el segundo trimestre de 2026, explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 35 entre 120 países a nivel global y en Latinoamérica pasó al 6º  puesto.

No es para menos, dado que, hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de Ruta de dicha transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.