¿Qué pasa con los subsidios?

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A partir de la Constitución de 1991, la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también las empresas privadas y comunidades organizadas pudieran prestarlos, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365.

No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma, Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas. La primera es la disponibilidad, porque nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios.

Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE, el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en cinco dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. 

Y según el más reciente estudio de la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia, se estableció que el 16,1% de la población, 8,4 millones de habitantes, están en esa condición.

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos. No es como afirmó irresponsablemente el saliente ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el curso de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1, 2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entregan a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.

La realidad es otra, quien se queda con los subsidios es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselos a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado.

Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de $2,8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por $1,3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no les da liquidez a las empresas.

Sólo a comienzos de febrero de 2025, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, para entonces, la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo.

Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a los usuarios, con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a estos servicios esenciales. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Alianza Promigas y Asohofrucol – FNFH beneficia a más de 1.300 productores rurales

Promigas, Surtigas, Promioriente, CEO y su Fundación Promigas, en alianza con Asohofrucol – Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, apuestan por la seguridad alimentaria sostenible en Atlántico, Sucre, Norte de Santander, Santander, Cauca y Córdoba, con tanques de almacenamiento de agua y sistemas de riego, proyectos avícolas y frutales.

Más de 1.300 pequeños productores rurales de Colombia forman parte de ‘Manos al Campo’, una alianza que busca impulsar la productividad agrícola, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las prácticas sostenibles en cinco departamentos del país.

Este esfuerzo, liderado por Promigas, Surtigas, Promioriente, CEO y su Fundación Promigas, en alianza con Asohofrucol – Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, busca fortalecer las capacidades de pequeños productores en municipios del Atlántico, Sucre, Norte de Santander, Santander, Cauca y Córdoba, promoviendo su competitividad, resiliencia y el uso de prácticas agrícolas sostenibles.

La directora Ejecutiva de la Fundación Promigas, Marcela Dávila, aseguró: “Desde 2020, con la pandemia, el programa Comunidades Más Productivas ha sido nuestra apuesta por el futuro del campo colombiano. En estos años hemos podido generar oportunidades reales para 1.390 pequeños productores, mejorar su seguridad alimentaria, fortalecer su productividad y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. Eso es dejar una Huella Social sostenible en nuestro territorio”.

La iniciativa responde al acceso limitado a tecnologías, insumos y mercados, así como a la necesidad de alinear sus actividades con los planes de desarrollo territorial. En esa dirección, se fomenta la seguridad alimentaria de los productores, a través de capacitaciones y de la implementación de huertas familiares.

En el caso de los departamentos Atlántico, Sucre, Santander, Norte de Santander y Cauca, se cuenta con el apoyo y recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, en donde se beneficiará a comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. Recibirán herramientas tecnológicas como tanques de almacenamiento y sistemas de riego, además de acompañamiento técnico y transferencia de tecnología.

En los municipios de Silvia, Totoró y Páez (Cauca), se fortalecerán las capacidades productivas de 117 cultivadores de fresa mediante la actualización técnica en estándares de inocuidad y calidad, facilitando el acceso a insumos y materiales clave, optimizando los procesos de producción, cosecha y postcosecha.

Por su parte, en el departamento de Córdoba, Asohofrucol, como representante gremial de los productores hortifrutícolas del país, aportará acompañamiento técnico y la implementación de 150 personas vinculadas (directa e indirectamente) a procesos productivos avícolas en comunidades como Corocita y Chivolos. Las acciones incluirán transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación en habilidades empresariales.

Sobre la Iniciativa

‘Manos al Campo’ es uno de los proyectos del programa Comunidades Más Productivas de la Fundación Promigas, una iniciativa que nació en el 2020 como respuesta a los desafíos derivados de la pandemia de la Covid-19. Fue diseñado para fortalecer la resiliencia de los pequeños productores rurales en Colombia, mejorando sus capacidades productivas, organizativas y comerciales.

Desde su creación, la iniciativa ha impactado positivamente a 4.272 participantes directos, asociados a 1.810 unidades productivas rurales, con más de 2.100 toneladas de alimentos producidas.

Indicadores de Ecopetrol vuelven a caer en 2024

Resultados financieros siguen en caída año a año. En producción, mientras la nacional viene cayendo en los últimos diez años, la del Permian en los Estados Unidos, crece.

Aunque Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, insiste en que 2024 fue el tercer mejor año de la compañía en toda su historia, lo cierto es que desde 2022, cuando llegó Gustavo Petro a la presidencia, los indicadores vienen cayendo.

Efectivamente, tanto los ingresos, como el EBITDA y las utilidades caen año a año desde el comienzo de este gobierno.

En 2022 se lograron cifras récord de $159,5 billones en ingresos, un EBITDA de $75,2 billones y una utilidad neta de $33,4 billones; pero al año siguiente cayeron a $143,1, $60,7 y $19,1, respectivamente, y el 2024 cerró con $113,3 billones en ingresos, $54,1 billones de EBITDA y $14,9 billones de utilidad neta.

Esta última cifra no solo es la más baja desde la pandemia de la Covid-19, sino que representa una caída de más del 50% frente a 2022. Roa justifica esta disminución por el menor precio del crudo y por la revaluación del peso frente al dólar.

Por el lado de la producción, Roa señaló que 2024 cerró con 746 mil barriles de petróleo diarios equivalentes (KBPDE), y resaltó que es la mejor producción de los últimos 9 años.

No obstante, hay que señalar que esa cifra no hubiese sido posible sin el aporte de la cuenca del Permian en los Estados Unidos, donde Ecopetrol participa con la OXY como socio y operador.

Efectivamente, mientras la producción nacional de crudo y gas cayó 14% en los últimos diez años (en 2015 fue de 750 KBPDE y en 2024 de 645), la producción del Permian le aportó a Ecopetrol 101 KBPDE en 2024, un 13,5% del total.

En cuanto a la actividad de exploración y producción, Ecopetrol indicó que el año paso perforó 16 pozos, de los cuales 7 resultaron exitosos, una tasa de efectividad del 44%.

Por el lado del gas, el año pasado se confirmó el potencial de Sirius de 6 terapiés cúbicos (TPC), pese a que se abortó la perforación de un pozo de delimitación a finales de 2024, lo que retrasa el cronograma.

En hidrocarburos, Ecopetrol destaca una reposición de reservas de 104%, incorporando 260 MBPE, cifra a la que contribuyó la compra del 45% que tenía Repsol en el campo CPO 09, con 32 MBPE de reservas.

Así, la vida media de las reservas de Ecopetrol al cierre de 2024 se ubica en 7,6 años, de los cuáles 7,8 años corresponden a líquidos y 6,7 años a gas.

Colombia: Más de un millón de familias se pueden quedar sin acceso al GLP

El Presupuesto Nacional 2025 no contempla recursos para el subsidio de GLP en cilindros y se proyecta un déficit de 320 mil millones de pesos para el subsidio de GLP por redes, lo que pone en riesgo la prestación del servicio para los hogares más vulnerables.

La Asociación Gremial Colombiana de Comercialización de Gas (Agremgas) expresó su preocupación por la omisión de recursos para el subsidio de GLP en cilindros en el Presupuesto General de la Nación para 2025.

Además, alerta sobre un déficit proyectado de 320 mil millones de pesos para el subsidio al suministro de GLP por redes, lo que amenaza con dejar a millones de familias sin acceso a este recurso esencial.

La ausencia de estos subsidios tendría un impacto directo sobre los hogares más vulnerables, especialmente en los estratos 1 y 2, donde el aumento del costo del GLP podría duplicar la tarifa actual.

Sin los subsidios, el costo de este combustible podría llegar a duplicarse, afectando gravemente el acceso de estas familias a una fuente de energía limpia y segura.

Este incremento en los precios no solo tendría repercusiones económicas, sino que también podría forzar a muchas familias a regresar al uso de leña para cocinar. Este retroceso pondría en riesgo la salud de los hogares, debido a la exposición al humo, y tendría efectos devastadores para el medio ambiente, ya que promovería la deforestación.

En la actualidad, más de un millón de familias dejaron atrás el uso de leña y se sumaron al plan de sustitución para acceder al GLP, una transición que ha mejorado sustancialmente su calidad de vida, pero ahora están en riesgo de perder este beneficio.

Cada mes, alrededor de 1.000 hogares logran hacer este cambio, y la pérdida de estos subsidios podría revertir años de avances en la lucha por una energía más limpia y sostenible, especialmente en las regiones más apartadas del país.

«La omisión de fondos para el consumo de cilindros y proyectos de infraestructura de GLP en el Presupuesto Nacional 2025 nos preocupa profundamente. Este cambio podría significar una reducción en el acceso al GLP para muchas comunidades que dependen de este combustible. Estamos en constante comunicación con el Ministerio de Minas y Energía para entender las implicaciones de esta decisión y abogar por soluciones que continúen apoyando a los usuarios de GLP. Es fundamental que el Gobierno Nacional considere las consecuencias de estos cambios y busque alternativas para garantizar que no se comprometa la seguridad energética de las comunidades más vulnerables», advirtió Sara Vélez, directora Ejecutiva de Agremgas.

El subsidio al GLP es esencial para garantizar la seguridad energética de más de 1.080.000 personas en situación de vulnerabilidad, incluidas comunidades de estratos 1 y 2, pueblos indígenas y poblaciones de Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, el Macizo colombiano del Cauca, así como el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Los subsidios al GLP permiten descuentos de hasta el 50% para el estrato 1 y comunidades indígenas, y hasta el 40% para el estrato 2, asegurando que las familias puedan acceder a este recurso.

«Desde Agremgas, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades más vulnerables y con la continuidad del acceso al GLP. Sin embargo, la falta de asignaciones presupuestales para este combustible pone en riesgo nuestros esfuerzos y amenaza con revertir los importantes avances en la lucha contra la pobreza energética en el país», enfatizó Vélez.

Agremgas hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que priorice la liberación de los recursos destinados a estos subsidios, asegurando la continuidad del servicio.

La asociación señaló que está dispuesta a trabajar de la mano con las autoridades para encontrar soluciones que eviten la interrupción del suministro de GLP.

«Es fundamental que el Gobierno Nacional actúe rápidamente para evitar una crisis energética, especialmente en las zonas más apartadas. Desde Agremgas reiteramos nuestra disposición para colaborar en asegurar que las familias más necesitadas continúen recibiendo este servicio esencial sin interrupciones», concluyó Vélez.

Ecopetrol importará gas natural licuado por Buenaventura

La Empresa contará con una infraestructura en Buga, que tendrá capacidad de regasificación de 60 millones de pies cúbicos por día. Se prevé que entre en operación en el segundo trimestre de 2026.

En un escueto comunicado, Ecopetrol informó que había firmado un contrato de servicios de regasificación con la empresa Puertos, Inversiones y Obras (PIO SAS).

Esta alternativa de regasificación en el Pacífico colombiano permitirá contar con otra fuente de abastecimiento para atender la demanda de gas natural en el interior del país.

La infraestructura tendrá una capacidad de regasificación de 60 millones de pies cúbicos por día (MPCD), y se prevé que entre en operación en el segundo trimestre de 2026, ofreciendo actividades de recibo y almacenamiento en Buenaventura y de regasificación en Buga, Valle del Cauca.

Aunque la empresa no dio información adicional, de acuerdo con este sistema, lo más probable es que el gas licuado llegue en buque hasta Buenaventura, de allí se transporte en isocontenedores hasta Buga y allí se regasifique el gas para ser inyectado a la red. Hay que anotar que Ecopetrol hizo en 2022 un piloto de importación con esta tecnología.

Posteriormente, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, añadió que le empresa está contratando una unidad flotante en Buenaventura, con una capacidad de almacenamiento de 2,5 millones de pies cúbicos.

Adicionalmente, agregó que en Chuchupa B se estudia la posibilidad de montar una planta de regasificación con una capacidad de 200 MPCD.

Recordemos también que Colombia ya cuenta con una planta de regasificación en Cartagena, con una capacidad de 450 MPCD que atiende principalmente al parque térmico de la costa Caribe.

El necesario timonazo

Según el DANE, el sector energético fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ahora que el presidente Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y la designación en su reemplazo de Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.

El sector energético, según el DANE, fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.

Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air-e) intervenida y con serios problemas, y la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla, y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio. 

Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2,7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta $3 billones. 

Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente. 

Incumplió, además, con la orden que le impartió el presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1, 2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2,8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial, ipso facto se reduciría el valor de la factura de energía un 24%.

El ministro Palma viene de desempeñarse como agente interventor de la empresa Air-e, así que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadoras y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

Camacho se comprometió a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, sin embargo, las medidas tomadas desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo.

Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde para embaucar incautos, de estar como ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.

Su negacionismo lo llevó a negar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” y al descartar la escasez no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercio e industria), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de la Superintendencias de Industria y de Servicios Públicos, desatando una cacería de brujas contra las empresas y, lo más grave, contra NATURGAS, que es el gremio que las representa. 

Camacho fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos”, cuando todos saben que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras. Ello es muy grave porque su entrada en operación habría contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y, desde luego, a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia.

Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobran a los usuarios son “ilegales”, mientras el ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las Superintendencias de Servicios Públicos y la de Industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG, atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. 

Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel ministro Palma están, entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se tendrá el próximo año.

Además, la pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para responder al creciente volumen de gas importado, dado que la planta de SPEC se tornará insuficiente a muy corto plazo.

Finalmente, con el ministro Camacho se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control.

Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector. En ello, él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue lo hizo el exministro Camacho.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Enel Colombia invirtió $2,1 billones en 2024

Enel Colombia se consolidó como un actor clave en la transición energética del país durante 2024, alcanzando inversiones superiores a los 2,1 billones de pesos.

Los recursos invertidos en 2024 se destinaron para fortalecer la infraestructura eléctrica y ampliar la capacidad de generación con fuentes renovables.

Asimismo, Enel Colombia reportó sólidos resultados financieros en 2024, destacando un EBITDA consolidado de $6,1 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, que reflejan su solidez financiera a pesar de enfrentar los retos del Fenómeno de El Niño, que impactaron negativamente la generación de energía a nivel nacional.

Al finalizar 2024, Enel Colombia se consolidó nuevamente como la segunda mayor generadora de energía en el país por capacidad instalada neta, con el 18,7% de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y por generación alcanzando una cuota del 19,5%. Esto se traduce en 4.011 MW, de los cuales 3.097 MW corresponden a energía hídrica, 226 MW a energía térmica y 688 MW a energía solar. Además, se destacó como el principal vendedor de energía en el mercado libre, con una cuota del 19,5% entregando 4,98 TWh a 427 clientes en todo el país.

Proyectos relevantes

Enel Colombia inició en noviembre de 2024 la construcción del proyecto Solar Atlántico, ubicado en los municipios de Sabanalarga y Usiacurí, en el departamento del Atlántico. Este parque tendrá una capacidad instalada de 199,5 MWac y entregará aproximadamente 525 GWh/año al SIN, energía suficiente para abastecer a cerca de 737.000 personas.

La puesta en marcha de la construcción de los parques solares Atlántico y Guayepo III (200 MWac), cuya construcción comenzó en agosto de 2024, generará más de 1.000 empleos directos e indirectos.

Además, la Compañía inició la operación comercial del proyecto Guayepo I&II, que se posiciona como el parque solar de despacho centralizado más grande de Colombia y uno de los mayores de Suramérica, con una capacidad efectiva neta de 370 MWac. Este parque solar genera cerca de 1.030 GWh/año, suficiente para abastecer las necesidades de 1,5 millones de personas.

Con este proyecto, Enel Colombia completa cuatro parques solares, incluyendo a El Paso, La Loma y Fundación, con una capacidad instalada que alcanza cerca de los 700 MWac, más del 30% de la energía solar generada en Colombia.

Compromiso con las comunidades

En Bogotá y Cundinamarca, donde Enel Colombia distribuye y comercializa la energía eléctrica, la compañía reafirmó su compromiso con la mejora continua de la calidad y confiabilidad del servicio.

Durante 2024 modernizó dos subestaciones Alta y Media Tensión, repotenció más de 60 km de líneas de transmisión y conectó 29,7 MW en plantas solares. Entre los proyectos más relevantes se destacan iniciativas como la Línea Techo-Veraguas y la Subestación Tren de Occidente, que atenderá la demanda eléctrica del Regiotram de Occidente, un hito en la infraestructura de transporte público.

Adicionalmente, implementó planes de mantenimiento de más de 410 subestaciones subterráneas, así como la optimización de los tiempos de respuesta ante emergencias para seguir mejorando la calidad y confiabilidad del servicio para los más de 3,9 millones de clientes en Bogotá y Cundinamarca.

Por otro lado, Enel Colombia consolidó un nuevo hito en la transición energética al finalizar el 2024 con la implementación de la primera comunidad energética en Cundinamarca, ubicada en Paratebueno, beneficiando a 21 familias y a una institución educativa; la instalación de 72 paneles solares, con una capacidad de 75 kWh diarios para cerca de 80 habitantes, permite a la comunidad reducir los costos energéticos hasta en un 50%, mientras que la colaboración con el SENA y un plan de tres años de mantenimiento y capacitación técnica aseguran la gestión autónoma del sistema.

Asimismo, la Compañía alcanzó un hito histórico al superar los 1.000 clientes de autogeneración, lo que reafirma su liderazgo en soluciones energéticas sostenibles que permiten a hogares e industrias generar su propia electricidad mediante sistemas solares. Esta tecnología permite a los usuarios reducir hasta en un 40% el valor de su factura de energía, contribuyendo a la disminución de emisiones de CO2.

A su vez, a través del programa Cundinamarca al 100%, la Compañía iluminó 1.005 hogares rurales en 2024 con una inversión de $18.236 millones, beneficiando a más de 6.900 familias en 123 municipios. Además, la compañía instaló y/o repotenció 206,2 km de redes eléctricas y 104 transformadores, avanzando hacia su meta de energizar 8.500 viviendas para 2027.

Adicionalmente, Enel Colombia desarrolló e inauguró un parque fotovoltaico en la planta de Corona en Sopó, Cundinamarca. Compuesto por 12.540 paneles solares, este sistema generará anualmente 7,32 GWh, cubriendo el 20% de la demanda energética del Parque Industrial y evitando la emisión de 1.266 toneladas de CO2, en su primer año.

Finalmente, la solidez financiera de la Compañía fue reafirmada por Fitch Ratings que confirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Enel Colombia en “AAA (col)” con perspectiva estable y “F1+ (col)”, respectivamente, que corresponden a la más alta calidad crediticia en la escala de calificación nacional; de otro lado, afirmó la calificación internacional de crédito en “BBB”, con perspectiva estable. Esta calificación destaca la posición de Enel Colombia como filial estratégica para su matriz, el bajo apalancamiento de la compañía, su posición contractual sólida combinada con una fuerte posición de liquidez y la diversificación geográfica de sus activos.

Enel Colombia se consolidó como un actor clave en la transición energética del país durante 2024, alcanzando inversiones superiores a los 2,1 billones de pesos.

Los recursos invertidos en 2024 se destinaron para fortalecer la infraestructura eléctrica y ampliar la capacidad de generación con fuentes renovables.

Asimismo, Enel Colombia reportó sólidos resultados financieros en 2024, destacando un EBITDA consolidado de $6,1 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, que reflejan su solidez financiera a pesar de enfrentar los retos del Fenómeno de El Niño, que impactaron negativamente la generación de energía a nivel nacional.

Al finalizar 2024, Enel Colombia se consolidó nuevamente como la segunda mayor generadora de energía en el país por capacidad instalada neta, con el 18,7% de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y por generación alcanzando una cuota del 19,5%. Esto se traduce en 4.011 MW, de los cuales 3.097 MW corresponden a energía hídrica, 226 MW a energía térmica y 688 MW a energía solar. Además, se destacó como el principal vendedor de energía en el mercado libre, con una cuota del 19,5% entregando 4,98 TWh a 427 clientes en todo el país.

Proyectos relevantes

Enel Colombia inició en noviembre de 2024 la construcción del proyecto Solar Atlántico, ubicado en los municipios de Sabanalarga y Usiacurí, en el departamento del Atlántico. Este parque tendrá una capacidad instalada de 199,5 MWac y entregará aproximadamente 525 GWh/año al SIN, energía suficiente para abastecer a cerca de 737.000 personas.

La puesta en marcha de la construcción de los parques solares Atlántico y Guayepo III (200 MWac), cuya construcción comenzó en agosto de 2024, generará más de 1.000 empleos directos e indirectos.

Además, la Compañía inició la operación comercial del proyecto Guayepo I&II, que se posiciona como el parque solar de despacho centralizado más grande de Colombia y uno de los mayores de Suramérica, con una capacidad efectiva neta de 370 MWac. Este parque solar genera cerca de 1.030 GWh/año, suficiente para abastecer las necesidades de 1,5 millones de personas.

Con este proyecto, Enel Colombia completa cuatro parques solares, incluyendo a El Paso, La Loma y Fundación, con una capacidad instalada que alcanza cerca de los 700 MWac, más del 30% de la energía solar generada en Colombia.

Compromiso con las comunidades

En Bogotá y Cundinamarca, donde Enel Colombia distribuye y comercializa la energía eléctrica, la compañía reafirmó su compromiso con la mejora continua de la calidad y confiabilidad del servicio.

Durante 2024 modernizó dos subestaciones Alta y Media Tensión, repotenció más de 60 km de líneas de transmisión y conectó 29,7 MW en plantas solares. Entre los proyectos más relevantes se destacan iniciativas como la Línea Techo-Veraguas y la Subestación Tren de Occidente, que atenderá la demanda eléctrica del Regiotram de Occidente, un hito en la infraestructura de transporte público.

Adicionalmente, implementó planes de mantenimiento de más de 410 subestaciones subterráneas, así como la optimización de los tiempos de respuesta ante emergencias para seguir mejorando la calidad y confiabilidad del servicio para los más de 3,9 millones de clientes en Bogotá y Cundinamarca.

Por otro lado, Enel Colombia consolidó un nuevo hito en la transición energética al finalizar el 2024 con la implementación de la primera comunidad energética en Cundinamarca, ubicada en Paratebueno, beneficiando a 21 familias y a una institución educativa; la instalación de 72 paneles solares, con una capacidad de 75 kWh diarios para cerca de 80 habitantes, permite a la comunidad reducir los costos energéticos hasta en un 50%, mientras que la colaboración con el SENA y un plan de tres años de mantenimiento y capacitación técnica aseguran la gestión autónoma del sistema.

Asimismo, la Compañía alcanzó un hito histórico al superar los 1.000 clientes de autogeneración, lo que reafirma su liderazgo en soluciones energéticas sostenibles que permiten a hogares e industrias generar su propia electricidad mediante sistemas solares. Esta tecnología permite a los usuarios reducir hasta en un 40% el valor de su factura de energía, contribuyendo a la disminución de emisiones de CO2.

A su vez, a través del programa Cundinamarca al 100%, la Compañía iluminó 1.005 hogares rurales en 2024 con una inversión de $18.236 millones, beneficiando a más de 6.900 familias en 123 municipios. Además, la compañía instaló y/o repotenció 206,2 km de redes eléctricas y 104 transformadores, avanzando hacia su meta de energizar 8.500 viviendas para 2027.

Adicionalmente, Enel Colombia desarrolló e inauguró un parque fotovoltaico en la planta de Corona en Sopó, Cundinamarca. Compuesto por 12.540 paneles solares, este sistema generará anualmente 7,32 GWh, cubriendo el 20% de la demanda energética del Parque Industrial y evitando la emisión de 1.266 toneladas de CO2, en su primer año.

Finalmente, la solidez financiera de la Compañía fue reafirmada por Fitch Ratings que confirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Enel Colombia en “AAA (col)” con perspectiva estable y “F1+ (col)”, respectivamente, que corresponden a la más alta calidad crediticia en la escala de calificación nacional; de otro lado, afirmó la calificación internacional de crédito en “BBB”, con perspectiva estable. Esta calificación destaca la posición de Enel Colombia como filial estratégica para su matriz, el bajo apalancamiento de la compañía, su posición contractual sólida combinada con una fuerte posición de liquidez y la diversificación geográfica de sus activos.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad abrió convocatoria mundial

A través de 6 categorías: Salud, Alimentos, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales, los ganadores serán reconocidos por su impacto innovador.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), una entidad dentro de la cartera de Erth Zayed Philanthropies que ha impactado a 400 millones de personas en todo el mundo, abrió oficialmente su convocatoria de postulaciones para 2026.

En el marco de los 17 años, el premio invita a pequeñas y medianas empresas (PYMEs), organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias a presentar sus proyectos en seis categorías: Salud, Alimentos, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales.

Colombia ha ganado dos veces el premio en la categoría de escuelas secundarias: La Fundación Bios Terrae – ICAM Ubaté se quedó con el galardón en 2023, y la institución educativa Livio Reginaldo Fischione, lo hizo en 2020. Además, ha sido finalista en la misma categoría en otros ciclos, como el de 2025.

En 2024 el Premio recibió 5.980 inscripciones de 156 países, lo que refleja un creciente compromiso internacional con el desarrollo sostenible.

Con el inicio del ciclo de inscripciones 2026, el Premio tiene como objetivo continuar con este impulso y aprovechar la oportunidad en el Nexus of Next, una convergencia dinámica de innovación tecnológica, ingenio humano y visión estratégica para acelerar el progreso mundial.

Comentando sobre el lanzamiento, el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ,inistro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, mencionó: «El Premio Zayed a la Sostenibilidad honra la visión del Jeque Zayed de promover un desarrollo sostenible e inclusivo y humanitario. Al apoyar proyectos que aprovechan nuevas tecnologías para mejorar vidas y fomentar la prosperidad en las comunidades locales, el Premio coloca a las personas en el corazón del progreso y demuestra el papel del Nexus of Next en la aceleración del crecimiento socioeconómico a nivel mundial».

El Premio otorgará 1 millón de dólares a los ganadores de cada categoría organizacional, mientras que los de la categoría Escuelas Secundarias Globales – dividida en seis regiones del mundo – podrán recibir hasta 150.000 dólares para implementar o expandir aún más su proyecto.

Este financiamiento ya ha permitido avances tangibles y ha mejorado las condiciones de vida en áreas vulnerables alrededor del mundo, desde la expansión del acceso a la atención médica en el sudeste asiático hasta la reducción de la pobreza alimentaria en África subsahariana.

Para el ciclo 2026, los solicitantes en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima deberán demostrar que su solución está mejorando el acceso a servicios esenciales en sus comunidades y que pueden implementar una visión a largo plazo para mejorar las condiciones de vida y laborales.

Para la categoría de Escuelas Secundarias Globales, los proyectos deben ser liderados por estudiantes y deben demostrar enfoques innovadores para abordar los desafíos de sostenibilidad.

Para fomentar la participación de un mayor número de organizaciones y escuelas secundarias, el Premio acepta inscripciones en varios idiomas, incluyendo árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués.

La evaluación de cada inscripción al Premio consiste en un proceso en tres etapas. Primero, se realiza una debida diligencia en todas las inscripciones para asegurarse de que cumplan con los criterios de evaluación: Impacto, Innovación e Inspiración. Esto permite identificar las inscripciones calificadas y seleccionar los candidatos elegibles.

A continuación, se realizan evaluaciones por un Comité de Selección compuesto por paneles de expertos internacionales independientes, específicos de cada categoría. De esta lista corta de candidatos, se eligen los finalistas, quienes luego son enviados al Jurado del Premio, que elige por unanimidad a los ganadores en las seis categorías.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad serán anunciados en una ceremonia de premiación en 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de junio de 2025.

Los interesados pueden presentar su solicitud a través del sitio web oficial del Premio.
Para más detalles y para enviar tu solicitud, por favor haz clic aquí.

ANIF alerta por la crisis de gas natural en el país

En su Comentario Económico del pasado 25 de febrero, el Centro de Estudios Económicos de ANIF hace una radiografía de la situación de escasez de gas que atraviesa el país y llama la atención sobre sus posibles consecuencias. A continuación el informe.

El incremento en las tarifas del servicio de gas anunciado por Vanti el pasado 5 de febrero y seguido por EPM y otras prestadoras del servicio en distintas regiones del país, es la primera consecuencia directa sobre los consumidores derivada de la crisis que atraviesa el sector, debido a riesgos en el abastecimiento. No obstante, esta no es la primera alerta que se genera al respecto.

Desde hace varios años se ha advertido sobre la disminución de las reservas probadas de petróleo y gas, mientras que la demanda se ha mantenido estable.

En mayo de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó un informe sobre el estado de las reservas de hidrocarburos, en el que se evidenció una reducción del 17,75% en las reservas probadas de gas entre 2022 y 2023, que pasaron de 7,2 años a 6,1 años, con lo que mantienen una tendencia decreciente desde 2017.

A esta situación se suma un factor clave: la falta de exploración de nuevas fuentes de gas en el país. La reducción de las reservas no es un fenómeno repentino, sino el resultado de decisiones y omisiones en materia de política energética.

En los últimos años se ha reducido la inversión en exploración y se han limitado los incentivos para la perforación de nuevos pozos, lo que ha llevado a que la oferta local de gas no logre responder a la creciente demanda. Este déficit estructural ha derivadoen la necesidad de buscar fuentes externas de suministro, con las implicaciones económicas que ello conlleva.

El Gestor del Mercado de Gas Natural, de la Bolsa Mercantil de Colombia, también advirtió sobre esta situación. En su análisis de disponibilidad para 2025, publicado en octubre de 2024, señaló la imposibilidad de cubrir la demanda interna con producción propia. El informe reportó faltantes de contratación con firmeza de 36.105 MBTUD (Millones de Unidades Térmicas Británicas), lo que significa que el 4% de la demanda nacional de gas para 2025 no contaba con cobertura.

Frente a este panorama, la importación del hidrocarburo era inevitable. Si bien Colombia ha importado gas desde 2016, esta es la primera vez en 45 años que se realizan importaciones de gas natural licuado específicamente para suplir el consumo interno. Esto se refleja en la Gráfica 1, donde se observa cómo el déficit de producción (PTDVF) es y será compensado parcialmente por importaciones (CIDVF) en el horizonte cercano.

Así, producto de las importaciones, empresas como Vanti y EPM han ajustado sus tarifas debido a los mayores costos asociados a la compra de gas en mercados internacionales y al aumento en los costos de transporte dentro del país.

Vale la pena mencionar que durante las últimas décadas la expansión del acceso al gas natural ha permitido mejorar la calidad de vida de millones de familias, en especial las de menores ingresos, al brindar una fuente de energía alternativa al GLP o la leña. La crisis actual pone en riesgo estos avances, ya que el aumento en las tarifas puede dificultar el acceso a este recurso esencial para los sectores más vulnerables.

Además, el impacto no se limita al consumo residencial, sino que también afecta al tejido productivo del país. Sectores que tienen el gas como insumo clave, tales como el manufacturero, el agroindustrial y el energético, enfrentan ahora mayores costos de producción, lo que puede comprometer su operación e incluso aumentar el precio de sus consumidores finales. Esto genera un efecto en cadena que compromete la estabilidad de precios en un momento en el cual el país sigue luchando para reducir su tasa de inflación.

En este contexto, es imperativo que el país no solo reaccione con medidas paliativas como la importación, sino que adopte decisiones estructurales para garantizar la seguridad energética a largo plazo.

Si no se toman medidas oportunas en términos de exploración, desarrollo de nuevas fuentes y optimización del mercado del gas, el problema podría intensificarse en los próximos años con consecuencias aún más profundas para la economía y la sociedad en su conjunto.

ANDEG solicita expandir la infraestructura de importación de gas natural

Colombia enfrenta una creciente incertidumbre sobre el suministro de gas natural a partir del 2027.

La escasez de gas local junto a la creciente demanda para abastecer las necesidades del sector térmico y no térmico, agudizan el riesgo de desabastecimiento que afectaría la generación de electricidad, la industria, el comercio y a millones de hogares.

Por eso, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) hizo un llamado a reconocer al gas natural importado (GNI) como un aliado fundamental para la seguridad energética nacional, así como la urgencia de diversificar las fuentes de suministro para asegurar un acceso constante y confiable a este recurso, esencial para el bienestar de la población y apalancar la transición energética.

Colombia cuenta con una infraestructura que permite la importación de gas, a través de la cual las plantas del grupo térmico (TEBSA, Termocandelaria y Termoflores) respaldan sus compromisos de energía firme frente a situaciones de criticidad hidrológica.

Desde la puesta en marcha de la planta en 2016, cuya capacidad máxima de regasificación es de 450 GBTUD y 170.000 m³ de almacenamiento, Colombia ha logrado avances en el abastecimiento de gas natural a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos (60%) y Trinidad y Tobago (32%).

Además, ha generado beneficios económicos para el país, ya que en casi 10 años de uso del GNL en la generación térmica ha permitido ahorros superiores a 6,5 billones de pesos para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y una reducción de emisiones de dióxido de carbono cercana al 20%, en comparación con el uso de combustibles líquidos, lo representando un impacto positivo a nivel ambiental.

“Sin embargo, el sector enfrenta importantes retos de disponibilidad, confiabilidad e infraestructura, por lo que es crucial diversificar las fuentes de suministro y expandir los puntos de importación para garantizar la continuidad del servicio energético en Colombia; las pocas alternativas que se han planteado para garantizar suficiencia no ofrecen soluciones inmediatas ni viables para atender la creciente demanda. Además, es indispensable establecer un marco regulatorio claro y atractivo que fomente tanto la inversión, como el desarrollo del mercado de gas, facilitando que el país se inserte en el mapa internacional de GNL dentro del proceso de transición energética, lo cual es clave para fortalecer la resiliencia del sistema energético colombiano”, señaló Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

El GNL ha sido un respaldo al sistema eléctrico

Desde hace casi una década Colombia importa gas natural para la generación de energía firme gracias a los incentivos establecidos en el esquema regulatorio definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

En los últimos años, el GNL ha demostrado ser una solución confiable para cubrir la demanda de gas cuando la producción local no es suficiente. Su importancia quedó evidenciada durante el reciente fenómeno de El Niño (2023-2024), cuando la baja hidrología redujo la capacidad de generación de las hidroeléctricas, aumentando la demanda de energía térmica. En ese momento, el GNL fue clave para garantizar la continuidad del suministro, cubriendo hasta el 20% de la electricidad requerida por los colombianos en 2024.

“Este antecedente refuerza la necesidad de contar con mecanismos de respaldo energético en el país. Sin embargo, en lugar de reconocer el papel estratégico del GNL, se ha cuestionado su relevancia para la seguridad energética, argumentando que genera un impacto en las tarifas de gas y electricidad. Si bien es cierto que los precios internacionales del gas pueden fluctuar, lo que realmente encarece la energía es la falta de previsión y la ausencia de decisiones oportunas y eficientes para garantizar el abastecimiento de este energético para los colombianos”, destaca Castañeda.

Finamente, el gremio afirma que asegurar un suministro confiable y competitivo de gas natural es un tema de seguridad energética nacional. La autosuficiencia es una meta deseable, pero ante la realidad actual del país, depender exclusivamente de los recursos locales sin alternativas de respaldo representa un riesgo.

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