Programa GAStronomía gradúa 40 estudiantes en cocina tradicional colombiana

El programa GAStronomía para Avanzar, desarrollado por Vanti, con el apoyo de la Fundación Universitaria del Área Andina, benefició a 40 estudiantes, de los cuales 20 hicieron diplomado y 20 curso, estos últimos de provenientes del municipio de Mosquera, Cundinamarca, que les permitió graduarse en Cocina Tradicional Colombiana.

Vanti desarrolló la octava versión del programa GAStronomía para Avanzar en Bogotá, cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento de las competencias en gastronomía tradicional colombiana de las mujeres cabeza de hogar, incrementar sus oportunidades para su desarrollo profesional y fortalecer el uso seguro del gas natural en el sector gastronómico.

Angélica Moreno, coordinadora de los programas sociales de Vanti, afirmó que “por medio de estas iniciativas no solo acompañamos a las personas a asumir nuevos retos y alcanzar sus sueños, sino que otorgamos oportunidades a sus familias además de ampliar sus posibilidades de inclusión laboral”.

Este Programa lleva más de ochos años de ejecución y se ha desarrollado con el apoyo de centros educativos especializados en Gastronomía en Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, y Tunja, beneficiando 400 personas que en su mayoría son mujeres cabeza de hogar y las cuales aparte de adquirir los conocimientos los puedan compartir con su comunidad.

Estas capacitaciones se convierten en una ayuda para el futuro de estas personas y les brindará mejores oportunidades en su vida diaria y laboral, pues se fortalecerán sus competencias.

Crónica de un desabastecimiento anunciado

Aunque desde inicio de este siglo se advirtió de la declinación de los campos de gas que desde los años 80 permitieron la masificación del abastecimiento de gas natural en Colombia, el país enfrenta un desabastecimiento que todavía no encuentra salida.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

La evidencia de la declinación de los campos mayores como Ballena, Chuchupa, Cusiana y Cupiagua se conoce desde la primera década de este siglo.

A raíz de un posible desabastecimiento, la política pública del sector minero-energético en 2011 tendió, entre otros, hacia:

  • La intervención del mercado de gas, creando reglas de comercialización de gas y capacidad de transporte.
  • La liberación del precio del gas para aumentar la competencia.
  • Creación de un agente (el Gestor del Mercado) para contar con información de las transacciones de suministro y compra de capacidad de transporte que permitiera tomar decisiones a los participantes del mercado.
  • Promoción de las importaciones de gas.
  • Creación de la figura del plan indicativo de abastecimiento (PAGN).

Sobre las importaciones, en la época se consideró que el desabastecimiento de gas ocurriría en el corto plazo para un solo sector de la demanda: el térmico.

En 2011 se pronosticaba que el desabastecimiento ocurriría en 2015 y por ello la CREG emitió un cúmulo de resoluciones que viabilizaron la puesta en operación en 2016 de la única infraestructura de importación, almacenamiento y regasificación de gas que tiene el país en el Caribe. Infraestructura que es de utilización exclusiva para tres generadores térmicos, quienes garantizan el suministro eléctrico en épocas de escasez hídrica.

Sobre el PAGN, este tiene el propósito de orientar las decisiones de los participantes del mercado sobre las inversiones y los proyectos que son necesarios para garantizar el abastecimiento de gas y la confiabilidad del servicio.

En 2016 la UPME emitió un plan transitorio y solo hasta enero de 2020 emitió el estudio técnico del PAGN definitivo. Recomendó al MME los proyectos para los siguientes 5 a 10 años que garantizarían la confiabilidad y el abastecimiento del servicio de gas a través de ocho proyectos para ampliar el Sistema Nacional de Transporte (SNT), los llamados IPAT, y para el abastecimiento del gas natural incluyó la regasificadora del Pacífico. Estos fueron adoptados por resolución por el MME.

Los análisis que se realizaron en 2016 por la UPME indicaban que la infraestructura de importación del Pacífico resultaba necesaria porque:

  • Persistía la incertidumbre sobre la oferta y la demanda, por lo que era necesario anticipar decisiones sobre las inversiones en proyectos que garantizaran el abastecimiento.
  • Si bien para la época había gran expectativa en el off shore del Caribe o en el Valle Inferior del Magdalena, se creía que entre 2024 y 2028 se tendría disponibilidad de los recursos.
  • La variación negativa en la oferta de los 5 años anteriores era evidente debido al decaimiento de la actividad exploratoria en el país.
  • En consecuencia, desde 2024 el país podría enfrentar un desabastecimiento de la demanda no térmica, por lo que el costo de arrepentimiento sería mayor si no se construía la infraestructura de importación en el Pacífico.

Los análisis que se realizaron en 2020 por la UPME coincidieron con lo expuesto anteriormente, y concluyó:

  • La información sobre el potencial de producción de gas natural, incluyendo las capacidades de gas importado y las nuevas fuentes, aumentaría en el mediano plazo la oferta, lo que requeriría aumentar la capacidad en el SNT.
  • En consecuencia, el desabastecimiento ya no ocurriría en 2024, sino en 2026.

En 2023 la UPME emitió el último estudio técnico del PAGN en el que propone, además, tres terminales de regasificación: en La Guajira, Cartagena y el Pacífico.

¿Qué ocurrió?

  • La intervención del mercado en 2013 sigue sin generar los efectos esperados sobre aumento de la competencia del lado de la oferta y aportar suficiente información sobre reservas y transacciones del mercado, por lo que las reglas han tenido que adaptarse de tiempo en tiempo con innumerables modificaciones.
  • Desde 2023 la CREG ha emitido resoluciones con señales de corto plazo que tienden a adaptar un mercado regulado con base en la creencia del superávit de gas, para un mercado que ahora es deficitario y escaso.
  • Los IPAT no se hicieron en tiempo porque la CREG se demoró muchos años evaluando y autorizando las inversiones.
  • Pese a que la CREG emitió la regulación para viabilizar la infraestructura de importación del Pacífico y su integración al mercado de gas, el proceso de selección del inversionista en la UPME se declaró desierto debido a que no logró promover el interés de inversionistas.
  • El off shore no se espera para antes del 2030.
  • La política para aumentar el abastecimiento con oferta local a través de yacimientos convencionales ha sido inestable. Y los no convencionales, pese a que Colombia podría tener grandes reservas de gas en el Magdalena Medio, su exploración no se ha podido hacer por el freno a los proyectos por detractores y opositores a la técnica del fracking. Esto, a pesar de que el campo con mayor producción de petróleo de la estatal petrolera colombiana se desarrolla con dicha técnica en Estados Unidos.
  • Las autoridades competentes no están de acuerdo con el sector hidrocarburífero en que no hay gas.

Y así es como nos pasamos más de 15 años sabiendo que habría desabastecimiento, no hicimos nada en tiempo por aumentar la oferta local ni por viabilizar la infraestructura de importación, por lo que en vez de discutir los cambios estructurales que requiere el sector, hoy estamos emitiendo regulación para hacer frente a la urgencia del desabastecimiento.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Comunidades bloquean infraestructura energética

Ecopetrol advierte posibles restricciones de gas debido a toma de la planta de Gibraltar y Enel de indisponibilidad de dos plantas de generación.

Tomas y retomas se ha vuelto un tema consuetudinario en el sector minero energético de Colombia. Esta semana el turno fue, nuevamente, para la planta de gas de Gibraltar y tres centrales hidroeléctricas de Cundinamarca.  
Efectivamente, Ecopetrol informa que el 24 de noviembre miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC) se tomaron la planta de Gibraltar, ubicada en la zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

El hecho, obligó a parar las operaciones con lo que se restringe el despacho de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que abastecen a municipios de Santander, Norte de Santander y la refinería de Barrancabermeja.

“Ecopetrol rechaza la toma de la planta y hace un llamado a los manifestantes para que busquen el diálogo como principal mecanismo para la resolución pacífica de conflictos en los territorios. Asimismo, reitera su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, Enel Colombia informó que también el pasado 24 de noviembre, un grupo de personas del municipio de El Colegio llegó a las Centrales Hidroeléctricas Paraíso, Guaca y Darío Valencia para manifestar su inconformidad frente al presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos con la Compañía.

Sobre el cumplimiento de estos acuerdos, la empresa señaló que “como parte de su compromiso social y ambiental con el municipio, Enel Colombia ha cumplido con las iniciativas pactadas con la comunidad y las autoridades locales desde el 2021 y también con los acuerdos definidos en la reunión sostenida en septiembre 2024.

“Muestra de ello es que el pasado mes de octubre Enel Colombia realizó la apertura del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) denominado «Aporte convenio mejoramiento vías aledañas a centrales Paraíso y Guaca, Municipio El Colegio».

Dentro de ese, Enel depositó 3.000 millones de pesos, que están destinados exclusivamente al financiamiento de los trabajos de mejoramiento de las vías terciarias de la zona de influencia de las centrales de generación, en los tramos viales acordados en mesas de trabajo, adelantadas con la población local, y lideradas por el Ministerio de Minas y Energía.

Respecto a la emergencia que se presentó el pasado 20 de noviembre en El Colegio, debido al desbordamiento de la quebrada Belén, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron este día, y que, de forma extraordinaria, superaron los niveles promedio normales en la zona, Enel Colombia manifestó que tanto la infraestructura como las tuberías de carga de la Compañía, que solo transportan aguas del río Bogotá para la generación de energía, están estables y se encuentran en condiciones normales de operación.

Agregó que los equipos técnicos de la compañía realizan de manera permanente revisión exhaustiva de la infraestructura de cada una de las plantas de generación de la cadena del río Bogotá, para garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, Enel Colombia dijo que si el personal técnico no puede ingresar el 25 de noviembre a las plantas Paraíso y Guaca para realizar los mantenimientos preventivos programados, tendrá que declarar indisponibles dos unidades de generación, que aportan 200 Megavatios (MW) de los 600 MW de su capacidad instalada entregada al Sistema Interconectado Nacional.

“Enel Colombia respeta el derecho a la protesta social, pero rechaza enfáticamente el ejercicio de las vías de hecho y aquellos actos que pongan en peligro no sólo la prestación del servicio público esencial de energía, importante para todos los habitantes del país, sino también el derecho al trabajo y la libre locomoción de las personas”, afirmó la empresa.

Gas natural, el energético estratégico

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y del pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El gas natural irrumpe en la escena energética mundial con la segunda transición energética que tuvo su detonante en la Guerra del Yom Kipur (octubre de 1973), cuando el embargo petrolero de los países árabes en contra de los aliados de Israel, llevó a estos a diversificar la matriz energética incorporando a la misma tanto al gas como el carbón, que desde entonces empezó a vivir su segunda juventud.

Y ello al tiempo que las 7 hermanas, que era como se conocían las mayores empresas petroleras en el mundo convinieron también en diversificar su portafolio de inversiones, apostándole a la industria del gas y del carbón.

Ello explica la asociación de la multinacional petrolera Texas con Ecopetrol (1974), para explorar y explotar el gas natural en Colombia, que derivó en el hallazgo del más importante yacimiento de gas en La Guajira, al tiempo que otra petrolera, la EXXON, a través de su filial INTERCOR, se asoció con Carbocol (1976) para explorar y explotar el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el país, El Cerrejón.

El descubrimiento de gas natural offshore en La Guajira se dio en el momento que el país más lo necesitaba, dado que en 1975 Colombia había perdido la autosuficiencia petrolera y había pasado de ser exportador a importador neto de crudo, a precios exorbitantes cuando se les compara con los precios a los que exportó.

Juan Francisco Villarreal, por aquellas calendas presidente de Ecopetrol, acuñó la frase de que Colombia no tenía naranjas (petróleo) pero tenía limones (gas) e inspiró la estrategia de reemplazar por gas natural como combustible de las centrales térmicas de generación en la región Caribe al fueloil y las cantidades de este que se liberaron se exportó, con tanto éxito que se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café.

Con gran visión de futuro, el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio (1986–1988), planteó su política de ‘Gas para el cambio’, tendiente a masificar el consumo del gas en Colombia para distintos usos (domiciliario, vehicular, generación de energía e industrial), sustituyendo energéticos más escasos, costosos y contaminantes. De esta manera, Colombia se adelantó a la Transición Energética, hoy en boga, que contempla al gas natural como el energético de la Transición. Lo demás es historia.

Colombia recobró su autosuficiencia petrolera diez años después, con el hallazgo de petrolero y con él gas asociado en Caño Limón primero y posteriormente con Cusiana, Cupiagua, Pautó y Volcaneras en el pie de monte llanero, que sirvieron de nuevas fuentes de gas.

Pero, como dice el adagio popular, todo lo que comienza como chorro termina goteando, máxime cuando se trata de un recurso natural no renovable, expuesto a su agotamiento.

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y el pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez y en esas estamos. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años, y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD a 900 MMPCD.

Según la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural de la Bolsa Mercantil de Colombia, se prevé que el potencial de producción caerá el 19,8% entre 2024 y 2026. Y como la demanda crecerá hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, para 2025 se estima un déficit del 12% (120 MMPCD) y para 2026 de 35% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia afirmó sin pestañear que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Es decir, que para ellos se trataba de un caso de acaparamiento y no de escasez.

Pero a poco andar se convencieron de que, como lo afirmó la presidente de Naturgas Luz Stella Murgas, “el déficit del gas natural es una realidad, no es una narrativa”, y terminaron retractándose y dando su brazo a torcer, expidiendo, a instancia del ministro, el decreto que habilita y hace posible las importaciones.

Ahora el Gobierno se ha ido al otro extremo. El presidente Gustavo Petro ha considerado como estratégico contar con otra u otras regasificadoras que convertirán “el gas natural licuado en gas listo para su distribución reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno”.

Por Dios, pero de donde va a salir el gas licuado si no es de importación, para transformarlo en “gas listo para su distribución”. Y, además, será que importando gas licuado vamos a reducir la dependencia del mismo, considerado como estratégico para el sector energético y para la economía nacional.

Definitivamente, este Gobierno es tan errático como despistado, a toda hora dando señales equívocas y equivocadas al mercado.

A propósito de los mensajes oficiales, viene como anillo al dedo una frase atribuida al ex presidente de Estados Unidos Harry Truman: ¡Si no puedes convencerlos, confúndelos!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La regulación como motor de la seguridad energética

Durante la tercera edición del Foro Regulatorio Internacional realizado en Bogotá, la industria del gas natural reiteró el llamado por garantizar el abastecimiento de gas natural mediante un marco regulatorio sólido e inclusivo.

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, explicó que se necesita establecer reglas específicas y definitivas para la comercialización del gas importado y así garantizar la atención de la demanda esencial e industrial, así como la necesidad de acelerar proyectos de exploración y producción, medidas que ayudarían a mitigar el déficit proyectado para 2025 y asegurar la seguridad energética de millones de colombianos.

“Esto implica homologar condiciones contractuales internacionales con las locales, actualizando precios con base en indexadores globales y reconociendo eventos de fuerza mayor en los contratos. Estas medidas son fundamentales para asegurar precios competitivos, proteger a los usuarios finales y fortalecer la confiabilidad del sistema energético colombiano”, expresó Murgas.

Por su parte, el director de la CREG, Antonio Jiménez, anunció en su intervención que, en la primera semana de diciembre, se emitirá una resolución definitiva para ajustar el esquema de comercialización de gas en Colombia.

El nuevo marco buscará flexibilizar los tiempos de los contratos, incluyendo opciones para el gas importado, con el objetivo de responder a las necesidades del sector y superar las limitaciones de las regulaciones vigentes.

De acuerdo con Jiménez, estas medidas reflejan las inquietudes del sector privado y los gremios, con el fin de optimizar la contratación de moléculas disponibles y garantizar un suministro confiable de gas natural local e importado.

El foro también propició discusiones sobre la incidencia de la regulación en el sector energético y su impacto en sectores clave de la economía, que en la coyuntura actual del gas natural también requerirá políticas sociales que reconozcan la importancia de este energético y su rol en la transición energética.

Por otra parte, también se analizaron los desafíos en materia de regulación para habilitar nuevas fuentes de energía, en el que Carlos Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), destacó la necesidad de implementar certificados para el gas proviene de fuentes renovables como el biogás y el biometano.

Asimismo, se subrayó la importancia de fortalecer la articulación entre los actores del sector para desarrollar una reglamentación que facilite y acelere la ejecución de proyectos asociados a estas fuentes de energía.

El Tercer Foro Regulatorio Internacional concluyó con un consenso general sobre la importancia de la regulación como motor para garantizar la seguridad energética y facilitar la transición hacia una matriz energética más diversificada, resaltando la necesidad de actuar con celeridad en la creación de marcos normativos que impulsen tanto la inversión como la competitividad.

Canacol Energy responde sobre el caso Petropolar

En relación con la información publicada el 21 de noviembre de 2024, por Caracol Radio, según el cual «Juez ordena a Canacol Energy pagar USD $10 millones por caso relacionado con Petropolar», nos vemos en la obligación de desmentir dicho titular, señala Canacol en un comunicado a la opinión pública.

En efecto, Canacol Energy aclara que la orden judicial hace referencia a la entrega de un taladro de perforación perteneciente a Cleum Inc., no al pago de la suma mencionada en el titular que induce en error a la opinión pública.

“La medida cautelar a la que hace referencia la nota periodística es preventiva, no está en firme toda vez que está siendo objeto de los recursos pertinentes y severamente cuestionada por las graves omisiones de Cleum Inc. en su demanda, omisiones que inducen en error al juez y que serán materia de las denuncias penales correspondientes. Dicha medida no es una condena en contra de Canacol Energy, ni mucho menos un reconocimiento de deuda o de responsabilidad de nuestra parte”, dice el comunicado.

El taladro al que hace referencia el artículo es el mismo que ya fue embargado en otro proceso judicial por acreedores de Petropolar, razón por la cual ha permanecido en instalaciones de la Compañía, precisamente por una orden judicial que impide que Cleum Inc. pueda retirarlo.

“Cleum Inc. es la empresa de Islas Vírgenes Británicas que hizo los negocios con Petropolar, y su representante es el señor Juan Carlos Jiménez Cardona, mismo que en audiencia pública del 14 de octubre de 2024 aceptó ser el artífice de la llegada de Petropolar a Colombia”, aclara Canacol.

Finalmente, concluye que: “Canacol Energy es respetuoso de la medida de embargo que pesa sobre el taladro que reclama Cleum Inc. como suyo, decisión proferida por el señor Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá dentro de un proceso ejecutivo de acreedores de Petropolar. La presión judicial y mediática pretendida por el señor Juan Carlos Jiménez Cardona, representante de Cleum Inc. no puede estar por encima de la orden judicial previa y vigente, a pesar que sería beneficioso para Canacol Energy que saliera el taladro de nuestros campos, pues su no retiro ha causado afectaciones en nuestras operaciones de producción y suministro de gas.

“Rechazamos toda la información inexacta que se viene reproduciendo en medios de comunicación en relación con ese entramado Juan Carlos Jiménez Cardona – Cleum Inc. – Petropolar, que en últimas son los únicos responsables de los perjuicios causados a decenas de empresas prestadoras de servicios petroleros.

“Canacol Energy reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia en todas sus operaciones y el cumplimiento estricto del marco regulatorio del sector de hidrocarburos en Colombia. Nuestra prioridad continúa siendo el suministro confiable y sostenible de gas natural para el país, manteniendo los más altos estándares de veracidad en todas nuestras comunicaciones públicas.”

Agremgas alerta sobre la crítica escasez de GLP producido en Colombia

La reducción de la participación de Ecopetrol en el suministro de GLP, del 86% en 2022 al 64% en 2024 y el aumento de las importaciones al 25%, han encarecido este recurso, afectando a más de 3,2 millones de hogares que ahora pagan $74.000 por un cilindro de 40 libras, frente a $68.000 que les costaba en 2022.

La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas  (AGREMGAS) lanzó una alerta sobre la disminución en la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país, un recurso que consumen más de 3,2 millones de hogares, principalmente de estratos 1, 2 y comunidades indígenas.

Este déficit es consecuencia directa del freno en la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, lo que ha reducido significativamente la oferta nacional, obligando a incrementar las importaciones y encareciendo los precios para los consumidores.

En 2022, el GLP registraba una demanda promedio mensual de 60 millones de kilogramos, de los cuales Ecopetrol cubría el 86% de la oferta. Sin embargo, en 2024, con una demanda creciente que alcanza los 62 millones de kilogramos mensuales, la participación de Ecopetrol ha caído significativamente al 64%, lo que ha obligado al país a incrementar las importaciones, que ahora representan el 25% de la oferta, un aumento considerable frente al 3% reportado dos años atrás.

Esta dependencia de las importaciones ha tenido repercusiones directas en los precios al consumidor, pues el costo promedio de un cilindro de 40 libras ha pasado de $68.000 en 2022 a $74.000 en 2024, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos que dependen del GLP como su principal fuente de energía.

La disminución de la oferta nacional de GLP es alarmante, en 2022 Ecopetrol ofrecía un promedio de 50 millones de kilogramos mensuales y para 2024, esa cifra cayó a 40 millones de kilogramos, mientras que la demanda sigue creciendo a un ritmo del 1,56% anual.

“Si no se toman medidas inmediatas, la situación podría volverse insostenible para millones de colombianos y sectores clave de la economía”, subraya Sara Vélez, directora Ejecutiva de Agremgas.

El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los actores del sector energético para priorizar medidas que fortalezcan la producción de GLP en el país.

“La reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos es clave para aumentar la oferta nacional, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la sostenibilidad de este recurso estratégico para millones de colombianos”, agregó Vélez.

Una solución para la transición energética y la movilidad sostenible

El GLP se consolida como un recurso estratégico en la transición energética de Colombia, no solo por su importancia como combustible esencial para los hogares vulnerables, sino también por su creciente relevancia frente al aumento en los precios de la gasolina y el diésel, así como a las dificultades de abastecimiento de gas natural.

En este contexto, el AutoGLP emerge como una alternativa económica y eficiente, con más de 3.800 vehículos impulsados por este combustible y una red de 20 estaciones de servicio en el país que respaldan su adopción.

“El GLP no solo es vital para las familias más vulnerables, sino que también representa una opción sostenible para la industria y la movilidad en Colombia, por ello es fundamental fortalecer la producción nacional y replantear la política energética para asegurar su disponibilidad y accesibilidad”, concluyó Vélez.

Colombia redujo 2 millones de toneladas de CO₂ con el uso de biodiésel

La Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles) presentó un balance del sector de los biocombustibles con corte a octubre de 2024, en donde resalta el papel fundamental del biodiésel en el avance de Colombia hacia la descarbonización y una movilidad sostenible.

En 2024, el biodiésel se ha consolidado como un pilar clave en la estrategia nacional de reducción de emisiones, con impactos tanto ambientales como sociales y económicos.

“La producción de biodiésel en Colombia ha demostrado ser una herramienta poderosa para reducir nuestra huella de carbono y mejorar la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Este es un logro colectivo que fortalece nuestra independencia energética y apoya a miles de familias en el país,” afirmó Carolina Rojas, presidente de Fedebiocombustibles.

Durante el periodo enero a octubre de 2024, la producción de biodiésel en Colombia alcanzó las 581 mil toneladas, un crecimiento del 0,6% comparado con el mismo periodo de 2023, evitando la emisión de aproximadamente 1,8 millones de toneladas de CO₂ y 426 toneladas de material particulado.

Esto ha contribuido a reducir las emisiones del sector del transporte y a una mejora significativa de la calidad del aire en áreas urbanas y a reducir las muertes y enfermedades asociadas a la mala calidad del aire.

Producido a partir de la palma de aceite cultivada en Colombia, el biodiésel ha sido un motor de desarrollo rural, generando empleo formal en el sector agrícola y beneficiando a más de 90 mil familias colombianas.

El biodiésel ha reforzado la seguridad energética del país al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Además, al ser un biocombustible 100% renovable y biodegradable, protege los motores de los vehículos, promoviendo una movilidad más limpia y sostenible en el transporte de carga y pasajeros.

Principales beneficios del biodiésel para la sostenibilidad:

1. Reducción de Emisiones Contaminantes: El biodiésel disminuye la emisión de partículas finas y compuestos tóxicos en comparación con los combustibles fósiles, mejorando la calidad del aire y la salud pública en áreas urbanas. Anualmente se deja de lanzar a la atmosfera cerca de 500 toneladas de material particulado.

2. Menor Huella de Carbono: Gracias a su ciclo de vida renovable, el biodiésel reduce en 84% las emisiones de CO₂ frente al diésel fósil, ya que las plantas utilizadas absorben CO₂ en su crecimiento, compensando en gran medida las emisiones generadas durante su uso.

3. Compatibilidad y Seguridad del Combustible: El biodiésel es compatible con motores diésel convencionales y contribuye a un menor desgaste por sus propiedades lubricantes. Además, su punto de ignición es más alto, lo que lo hace más seguro en el almacenamiento y manipulación.

4. Seguridad Energética y Beneficios Económicos: La industria del biodiésel fortalece la economía rural y la seguridad energética del país al disminuir la dependencia de combustibles importados y potenciar una economía circular basada en recursos renovables.

Con la vista puesta en 2030, el sector de biocombustibles en Colombia se ha propuesto reducir un total de cinco millones de toneladas de CO₂, en alineación con las metas climáticas nacionales y los compromisos del Acuerdo de París.

Además de los avances en biodiésel para el transporte de carga y el bioetanol para los vehículos livianos, el sector está innovando hacia la producción de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF).

Colombia: La industria del gas natural redujo en 8,7% sus emisiones de CO2

La Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS) presentó los resultados de la Huella de Carbono de la Cadena de Valor del Gas Natural para 2023, la cual revela que las emisiones totales de alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero (GEI) del sector pasaron de 2,88 millones de toneladas de CO2e en 2022 a 2,63 millones de toneladas de CO2e en 2023, una reducción del 8,7%.

El informe también destaca que la intensidad de carbono, que mide las emisiones de alcance 1 y 2 en toneladas de CO2 por unidad de gas procesado en millones de pies cúbicos (MMscf), se redujo 11,8%, pasando de 11,19 t CO2e/MMscf a 9,87 t CO2e/MMscf. Así mismo, se registró una reducción del 18,1% en las emisiones de metano, como resultado de los esfuerzos realizados en la detección y reparación de fugas, así como en la eliminación de venteos operativos.

De acuerdo con el inventario de emisiones, Colombia es responsable de cerca del 0,6% del total de las emisiones de gases efecto invernadero del mundo. A nivel nacional sectores como la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (ej. deforestación) son responsables de casi el 60% del total de estas emisiones, la industria de la energía (sin incluir el sector transporte) aporta alrededor del 14% de estas emisiones y, como se mencionó previamente, la industria del gas natural aporta menos del 1% de este total, cifra que ratifica al gas natural como un vector clave para la transición energética y la descarbonización.

Sobre el informe, Luz Stella Murgas, presidenta de NATURGAS, destacó: “Estos resultados son el fruto del trabajo conjunto de toda la cadena de valor del gas natural para consolidar un completo inventario de emisiones e implementar acciones enfocadas a la descarbonización que más allá de la compensación permitan materializar reducciones de emisiones reales para alcanzar las metas planteadas. Esto demuestra el potencial y la capacidad del sector para innovar y alcanzar los objetivos nacionales enfocados a la reducción de emisiones y la carbono neutralidad”.

En línea con los compromisos globales en materia de sostenibilidad y con base en la información de la huella de carbono de la industria, Naturgas elaboró el Plan de Descarbonización de la Industria del Gas Natural en Colombia, que define metas progresivas para reducir las emisiones de GEI, entre las que se destacan:

  • En el corto plazo, entre 2023 y 2024, el objetivo es lograr reducciones anuales en las emisiones de GEI mediante acciones que generen impacto en la eficiencia operativa de la cadena de valor.
  • Entre 2025 y 2030 se busca una disminución acumulada de al menos un 25% en las emisiones de alcance 1 y 2, tomando como referencia la línea base de 2022. Este periodo será clave para consolidar las medidas de descarbonización e implementar nuevas tecnologías.
  • Finalmente, hacia 2031 y 2050 el propósito es reducir las emisiones alcance 1 y 2 en un mínimo del 50%, afianzando la posición del gas natural como un aliado esencial en la transición energética hacia la carbono neutralidad.

Para cumplir estas metas, el plan contempla un enfoque integral que incluye medidas de eficiencia energética, reducción de quemas y venteos, detección y reparación de fugas, y el desarrollo de tecnologías innovadoras como hidrógeno, biogás y biometano.

Adicionalmente, se promueve la incorporación de energías renovables en los procesos operativos, reafirmando el compromiso de la industria con la sostenibilidad y la transición hacia un modelo energético más limpio y resiliente.

“Este plan refleja el liderazgo del sector en la reducción de emisiones, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la seguridad energética del país, con el propósito de realizar actualizaciones periódicas de metas hacia 2030, asegurando su alineación con avances científicos y regulatorios, así como un enfoque integral con proyectos de compensación como deforestación evitada, reforestación y bonos de carbono”, concluyó la presidente de Naturgas.

Contraloría advierte sobre amenazas a la seguridad energética del país

Con base en las conclusiones del estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez Becerra formuló un control de advertencia al ministro de Minas y Energía por riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, por los riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de carácter público que se están presentando actualmente en este sector y que, de acuerdo con un estudio sobre Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia que elaboró el organismo de control, dan lugar a prever un inminente desabastecimiento energético.

La advertencia se da para poner en conocimiento del ministro los riesgos identificados, con la finalidad de que, en el marco de sus competencias y las de los funcionarios correspondientes, se adopten las decisiones que se consideren pertinentes para precaver la ocurrencia de los mismos y la afectación de los intereses públicos.

Los riesgos identificados en el estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), elaborado por la Contraloría delegada de Minas y Energía, son:

  1. Riesgo a una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente en las Regalías, derivada de la reducción de la producción de hidrocarburos y por ende de su exportación, evidenciada a través de los indicadores de exploración e incorporación de reservas, lo cual pone de presente el anquilosamiento en el sector de hidrocarburos en Colombia. Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, ante un eventual desabastecimiento en los combustibles (Gas, ACPM y gasolina), que terminarían acabando con las empresas del sector.
  2. Riesgo a tener que destinar recursos públicos para atender subsidios en lo que corresponde a servicios públicos, ya que el valor que pagarían los usuarios por acceder a gas y otros combustibles, si se afecta la producción dentro del país y no se cuenta con el abastecimiento suficiente para atender la demanda, obligaría a importar dichos combustibles, generando así un aumento en el costo de energía para muchos usuarios que hoy son subsidiados, lo que significaría que el Estado asuma un costo mayor para atender los subsidios requeridos. Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2,5 billones de pesos.
  3. Riesgo a que, como consecuencia de la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación en materia de hidrocarburos y carbón, se disminuya la inversión extranjera directa en el país, lo cual tiene efectos en el PIB, ya que se disminuyen los ingresos para la Nación, por tanto, los ingresos del Estado no serían suficientes para atender las necesidades de este. También se afectaría la tasa de cambio ejerciendo presiones alcistas del dólar, lo que afecta la economía y el valor de la deuda externa.
  4. Riesgo a que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados, aumentando con ello el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ha llevado a niveles importantes de desfinanciamiento, equivalentes a cerca de cien billones de pesos en los últimos 15 años y que deberán ser cubiertos con el Presupuesto Nacional.

Estos riesgos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no toman medidas para modificar las tendencias observadas en el sector de hidrocarburos del país, señala en su comunicación de advertencia sobre el tema el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Sustento de la advertencia

Los riesgos expuestos en la advertencia cumplen con criterios de excepcionalidad como trascendencia social y alta connotación económica. En cuanto a la trascendencia social se indica que, la disminución de alternativas energéticas asequibles se traduce en presiones al alza del gasto destinado a energía y el consecuente empobrecimiento de la población que no puede dejar de usar los energéticos y se vería obligada a retornar al uso de opciones como la leña.

Adicionalmente, la caída de las reservas de hidrocarburos repercutirá en menores niveles de regalías, las cuales son usadas primordialmente para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Así mismo, está la posible existencia de futuros racionamientos. De hecho, desde diversos frentes hay alertas sobre escasez de gas en el país.

En la medida en que los ingresos de la Nación disminuyan, no se podrían cumplir las metas de inversión social, afectando de manera directa el costo de vida de la población colombiana, como consecuencia del desabastecimiento de combustibles, lo que implicaría aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos.

Finalmente, la seguridad energética es de vital importancia para la estabilidad económica del país, ya que la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, entre ellos el gas, generan ingresos por regalías de $9 billones anuales e impuestos para soportar las inversiones sociales; por tanto, el hecho de no firmar contratos en nuevas áreas reduce potenciales oportunidades de nuevos hallazgos de hidrocarburos y, por ende, de ingresos al Erario.

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