El efecto Trump 2.0

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El arribo nuevamente a la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha significado un viraje en la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Trump arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 medidas y promulgó 25 de su propia cosecha.

Entre estas, dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”.

En su discurso de posesión, habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13,2 millones de barriles diarios, y uno de los mayores exportadores, con 4 millones de barriles diarios, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril, lo cual tendrá un gran impacto en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja en la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos por regalías.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el presidente Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo.

Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17,6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: Toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca.

De hecho, en los últimos tres años, lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado récords históricos consecutivos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La super poderosa ANH

La ANH se ha convertido en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias: la administración de los recursos hidrocarburíferos de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”.

Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

El ministro Andrés Camacho, quien relevó a Vélez en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, en 2024 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica”, y un tema que, aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2.

De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho, ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del Caribe.

Según el Ministro Camacho, “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore.

Contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el ministro Camacho sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas (ZNI). El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de enero.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos.

Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Vélez como el proyecto de Decreto transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra.

Y a todas esas, cabe preguntarse en dónde está el Piloto. Pues, el actual presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

EPM firma convenios para el desarrollo comunitario y ambiental

Son tres convenios que benefician a 12 municipios de las subregiones Norte y Nordeste, 10 municipios del Oriente y 2 municipios del Magdalena Medio antioqueño. EPM aporta $32 mil millones para promover proyectos productivos, el turismo, la educación, el deporte y la cultura, entre otros.

En su compromiso con las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las centrales y embalses de generación de energía, EPM suscribió tres nuevos convenios con municipios y organizaciones para fortalecer los proyectos productivos de las subregiones antioqueñas, iniciativas comunitarias, las organizaciones sociales, el turismo y los planes de desarrollo de las administraciones.

La estrategia Alianzas para el Desarrollo se implementa desde 2016 con el propósito de aportar al desarrollo y la sostenibilidad de los territorios, a través de la unión de voluntades, en un trabajo articulado con administraciones municipales y entidades.

Con los municipios de las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia, donde están ubicadas las hidroeléctricas Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV, Troneras y Riogrande II, EPM suscribió un convenio con los 12 municipios del área de influencia de la cuenca Porce: Amalfi, Angostura, Anorí, Belmira, Carolina del Príncipe, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Yolombó.

Este convenio en el Norte y Nordeste antioqueño se desarrolla en cuatro líneas de trabajo: fortalecimiento comunitario y los proyectos productivos, procesos educativos en habilidades para la vida por medio de la cultura y el deporte, y afianzamiento del turismo sostenible. Con ello, se espera contribuir a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo social y económico en las zonas rurales.

Nuevos convenios en el Oriente

Con los municipios de la subregión del Oriente de Antioquia, donde se encuentran las centrales Guatapé y Playas, se suscribió con nueve municipios un convenio para el fortalecimiento de sistemas productivos y buenas prácticas agrícolas para proyectos productivos en Alejandría, Concepción, Granada, El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, San Vicente Ferrer y Marinilla.

Con la Corporación Prodepaz se suscribió un convenio para el desarrollo de programas socio-ambientales que contribuyan a fortalecer las competencias y la participación de líderes y organizaciones comunitarias del área de influencia de las centrales de generación de energía de las centrales Guatapé y Playas, en los municipios de Granada, Alejandría, Concepción, San Vicente, Marinilla, Guatapé, El Peñol, San Carlos, San Rafael; e incluye también la cadena hidráulica de Sonsón, la central Caracolí y la termoeléctrica La Sierra en el municipio de Puerto Nare.

Adicionalmente, en los próximos días, EPM suscribirá un convenio para el fortalecimiento educativo en los municipios del Oriente antioqueño.

Desmintiendo los mitos del papel: ¿Es tan dañino para el medio ambiente?

Ecolab, empresa líder en sostenibilidad, asegura que la eficiencia en el reciclaje de papel ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Hace 60 años se utilizaba 120 m3 de agua por tonelada del papel, hoy la misma cantidad de papel requiere solo 15 m3.

El reciclaje de papel es una práctica que se ha vuelto fundamental con el paso de los años y que trae beneficios ambientales y económicos. Con iniciativas innovadoras y sostenibles, el papel busca posicionarse como una opción ecológica y renovable en comparación con otros materiales como el plástico.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente informa que el papel y el cartón constituyen el 53.57% de los materiales más aprovechados dentro del servicio público de aseo. Esto refuerza la importancia de estos residuos en el proceso de reciclaje, ya que pueden transformarse en nuevos productos, dándoles así una segunda vida. 

El papel tiene un futuro prometedor debido a su potencial como sustituto del plástico en envases y otros productos, ya que es el único material que puede ser usado varias veces sin perder sus atributos y sin perjudicar el medio ambiente.

“Es importante entender que la eficiencia para el reciclaje de papel ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Hace 60 años se utilizaba 120 m3 de agua por tonelada del papel, hoy la misma cantidad de papel requiere solo 15 m3. Este impacto puede ser reducido aún más con la tecnología adecuada”, comenta Juan Pablo Chahuán, líder de División Paper de Ecolab para Suramérica.

Asimismo, el especialista sostiene que “la nueva tendencia comercial es el uso del papel en envases de alimentos, vasos y bolsas, gracias a su capacidad cíclica para reutilizarse en otros productos como el papel tissue, servilletas y papel higiénico. Creemos que el papel siempre seguirá siendo el preferido por su practicidad y sostenibilidad”.

LOS MITOS DEL PAPEL:

Mito 1: El papel puede ser reciclado pocas veces

Existe la idea de que el papel solo puede ser reciclado una o dos veces antes de volverse inservible, pero no es cierto. En ese punto, Chahuán desmiente este mito, aclarando que el papel puede reciclarse entre seis y siete vecesantes de que las fibras pierdan la calidad necesaria para ser utilizadas. Este ciclo de reciclaje contribuye a reducir la necesidad de nueva materia prima y extiende la vida útil de cada fibra, lo que refuerza el carácter circular de la industria del papel.

Mito 2: La producción de papel aumenta la deforestación

A nivel mundial existe una percepción de que la industria del papel contribuye de manera significativa a la deforestación. Sin embargo, el reciclaje de papel permite lograr un considerable ahorro de energía, además de reducir el impacto negativo que se realiza sobre la atmósfera en forma de gases de efecto invernadero. Hoy ya existen maneras de conocer si el papel que utilizamos está reciclado gracias a las etiquetas y certificaciones internacionales.

La deforestación es impulsada principalmente por la conversión de bosques a tierras para la agricultura y ganadería, urbanización, explotación maderera, minería, actividades petroleras, construcción de oleoductos, gasoductos y grandes represas hidroeléctricas, entre otras actividades, según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

Estas actividades no solo reducen drásticamente la cobertura forestal, sino que también deterioran el clima, la biodiversidad y los medios de vida de comunidades locales, afectando así la salud del planeta y aumentando la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Mito 3: El papel de fibra reciclada NO es de menor calidad que el papel producido con fibra virgen

Aunque es común pensar que el papel reciclado es menos resistente o tiene una calidad inferior, esto no es cierto. Gracias a los avances en tecnología de reciclaje y tratamiento, el papel reciclado puede tener una calidad comparable al papel de fibra virgen y ser utilizado para una amplia gama de productos, desde papelería hasta empaques y productos impresos.

Empresas del sector incluyen en sus tratamientos la tecnología MetrixTM, un aditivo que ha permitido a las empresas aumentar la resistencia de 2 a 3  veces, comparado con las ofertas de resistencia estándar del mercado y la tecnología PARETOTM, la cual permite una dosificación homogénea del químico, lo que ayuda a mejorar su rendimiento en el proceso de fabricación y, a su vez, reducir el consumo de agua y energía.

Mito 4: La producción de papel consume excesiva agua y energía

“Con 2 toneladas de papel reciclado se pueden salvar 34 árboles adultos, evitar la emisión de 7 kg de CO2, ahorrar 160 m3 de agua y ahorrar 13.600 kw/ h de energía”, manifiesta el ejecutivo de Ecolab, indicando que el papel reciclado es una importante manera de evitar el consumo excesiva de agua y energía. La fabricación de papel utilizando material reciclado, en lugar de celulosa virgen, puede reducir el consumo de energía hasta en un 60%.

Proceso de reciclado del papel:

  • Recolección del papel en contenedores específicos.
  • Transporte a la planta de tratamiento, donde el papel y cartón se clasifica según su tipo.
  • Extracción de las fibras y eliminación de materiales no deseados.
  • Centrifugado y eliminación de tintas residuales, seguido de un nuevo lavado para asegurar la limpieza de cualquier otro residuo.
  • Blanqueo del papel para su reutilización en nuevos productos.

El reciclaje de papel y cartón es considerado clave para avanzar hacia un planeta más sostenible, alineándose con el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que promueve la “Producción y consumo responsables”.

Este objetivo impulsa la gestión eficiente de los recursos naturales y establece, para 2030, la meta de reducir significativamente los desechos mediante la prevención, el reciclaje y la reutilización.

Además, busca fomentar la reducción de emisiones de CO₂, el ahorro energético, la economía circular y un uso eficiente de los recursos.

Air–e es solo la punta del iceberg

Es urgente la intervención del Gobierno Nacional para buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria, y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La empresa Air–e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual procedió a nombrar como agente interventor inicialmente al ingeniero Carlos Diago, quien fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma.

Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación, “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air–e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023, declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas.

La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la limitación de suministro a Air–e, al tiempo que abrió una línea de crédito en Findeter, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas.

A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air–e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el agente especial de Air–e, que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air–e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”.

Empero, para lograr dicho cometido, la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello, la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo Empresarial. La mera intervención, per se, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2,4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar.

A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo asciende a $4,5 billones, de los cuales el propio presidente de la República se comprometió públicamente en mayo de 2024 a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3: $2,5 billones.

A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar”, y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió desde el 4 de octubre de 2023 que ello podría dar lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible.”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air–e, buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La transición energética está en veremos

En materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 tuvo lugar la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 21, que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del cambio climático y sus estragos.

En virtud de ese acuerdo, los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el 2030.

Ese mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y las acciones y estrategias a seguir para lograr la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al cambio climático.

De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición Energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Colombia se había adelantado a la Transición Energética, en la medida en que desde la década de los 90 promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario.

También avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se consumen en todo el territorio nacional.

De contera, en 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos.

Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica.

Todo ello le valió un posicionamiento a Colombia en la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma. Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupó el puesto 29 a nivel global y el 3º a nivel de Latinoamérica.

Con el advenimiento de la administración de Gustavo Petro se esperaba que la Transición Energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las tres COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.

Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho, y en materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores han venido renunciado a su apuesta, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.

El caso más reciente es el EDP Renewables, responsable de los dos mayores proyectos, Alfa de 212 MW y Beta de 280 MW. La principal razón que adujo EDP para tomar su decisión, después de haber superado su primer escollo, el de las consultas previas, fue la paquidermia de la ANLA en la expedición de la licencia ambiental.

Además del licenciamiento ambiental de los proyectos, la principal barrera con la que han venido tropezando para lograr su puesta en marcha es la falta de confianza inversionista y la inseguridad jurídica imperante.

El freno del avance de la ejecución de los proyectos de generación de energía a partir de FNCER, que se ha visto agravado con la dilación de la expedición de la licencia ambiental para la Línea Colectora, llamada a transportar la energía generada por ellos hasta inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que sólo entrará en el segundo trimestre de 2026, explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 35 entre 120 países a nivel global y en Latinoamérica pasó al 6º  puesto.

No es para menos, dado que, hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de Ruta de dicha transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En riesgo el plan piloto de subsidios al GLP

MinHacienda no ha girado los recursos que garantizan continuidad de los subsidios al Gas LP en cilindros para los usuarios más pobres del país.

La desidia del gobierno del cambio también golpea a los usuarios del gas licuado del petróleo (GLP). El Ministerio de Hacienda no ha girado a las empresas lo correspondiente al pago de subsidios del segundo semestre de 2024, una suma de 45 mil millones de pesos.

“De no hacerse este pago, se afectarían miles de familias (más de 675.000) que reciben dichos subsidios”, alertó Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA).

En ese sentido, GASNOVA solicita al Ministerio de Hacienda la urgente aprobación del pago de los subsidios al consumo de GLP en cilindros, que el gobierno nacional todavía no ha girado para cubrir los consumos correspondientes al período de julio a diciembre de este año.

Recordemos que el “Plan Piloto”, es un programa que se ha desarrollado con éxito durante los últimos 11 años, gracias al subsidio al consumo de GLP en cilindros, cuya implementación se realiza de acuerdo con la herramienta de focalización del Sisbén IV, y beneficia mensualmente a cerca de 675 mil personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, San Andrés Islas y los municipios del Macizo Colombiano en el Cauca.

En ese sentido, cerca de diez empresas que atienden estos departamentos se encuentran en una situación crítica de flujo de caja, pues durante estos últimos seis meses han financiado al gobierno con el pago de los subsidios.

Desde julio, los cilindros de GLP con subsidio se vienen entregando sin contar con la disponibilidad presupuestal requerida, contraviniendo lo estipulado en el Decreto 2195 de 2013 y la Resolución MME 40720 de 2016, que determinan que es necesaria dicha disponibilidad presupuestal para que se puedan entregar los cilindros con subsidio.

Hay que señalar que el estrato uno tiene un subsidio mensual del 50% por cilindro y el estrato dos  del 40%; es decir, que si el Gobierno suspende el pago se subsidios, el costo del cilindro se duplicaría para el estrato uno, pasando de $37.500 el cilindro de 30 libras a $75.000; y el cilindro de 40 libras pasaría de $44.000 a $88.000, con el consecuente riesgo que la mayoría de usuarios retrocedan al consumo de leña, con el consecuente aumento de la deforestación y el impacto en la salud.   

GASNOVA aclaró que, si bien durante noviembre el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución para el pago de julio, el traslado de estos recursos no se ha realizado. Lo mismo ocurre con los recursos de agosto-diciembre, que el Ministerio de Energía ya gestionó traslados presupuestales para financiar dichos subsidios, pero Minhacienda aún no realiza los pagos.

Hasta el momento, el programa de subsidios al consumo de GLP en cilindros ha sido un éxito gracias a la focalización de los beneficiarios, respaldados en las bases de datos del Sisbén IV que evidencian que, en las zonas rurales, el 40% de las personas que viven en ellas están en extrema pobreza; y en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2023 del DANE, que señalan que el 51% de los hogares que utilizan GLP se encuentran en zonas rurales.

Pese a que los subsidios al GLP representan el 5% de los subsidios al gas natural, el 2% de los subsidios a la electricidad y menos del 1% de los subsidios al diésel, el Plan Piloto se encuentra en riesgo por la falta de diligencia del gobierno, a lo que hay que sumarle que el próximo año el presupuesto para los subsidios al GLP asciende a $108.000 millones.

Para GASNOVA es preocupante que por la falta de pago de los subsidios al GLP, los beneficiarios afectados se vean privados de los subsidios y, como consecuencia, obligados a utilizar la leña como combustible para cocinar, acarreando graves problemas en su salud respiratoria y daños medioambientales asociados a la tala de árboles, por lo cual el presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez, hace un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, para que apruebe el pago respectivo a la mayor brevedad posible.

Tarde piache

Tarde piache es una expresión con la cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. Veamos la secuencia de los hechos:

El 18 de mayo de 2022 el entonces presidente de Ecopetrol Felipe Bayón anunció la firma de un acuerdo con la petrolera Anadarko, empresa subsidiaria de Occidental Petroleum (OXY), como operadora, con la cual se había avanzado en la exploración conjunta costa afuera en cuatro bloques en el Caribe colombiano, ampliando de esta manera la frontera hidrocarburífera de Colombia.

Se destaca en esta nueva cuenca sedimentaria, en el Bloque COL–1, el yacimiento denominado Komodo–1, el cual, según los análisis geológicos podría llegar a representar una reserva de hidrocarburos (petróleo y gas) más significativa que Sirius, lo que convierte este descubrimiento en el más gigantesco de todos, estimado en 20 terapiés cúbicos de gas, equivalente a casi 10 veces el volumen de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país. En su localización confluyen las capitanías de los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. Y ello le viene bien al país, en momentos en los que el gas escasea y empieza a importarlo.

Refiriéndose a Sirius, el presidente Gustavo Petro manifestó que él sabe que “genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético, y más porque hace más de 20 años no nos llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil”. Y fue más lejos al espetar que “puede parecer como una gran noticia descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”.

Asustados están ahora los usuarios y consumidores en el país de saber que, como lo afirmó la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, “en Colombia el gas barato se acabó”, refiriéndose a que el gas importado es mucho más costoso, oscilando su precio alrededor de los US $18 el MMBTU, que el que se extrae en el territorio nacional, que fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU.

Se cumple, una vez más, el aserto de que el energético más caro es aquel del cual no se dispone justo cuando se requiere. Tienen, entonces, ellos para alegrarse por este nuevo hallazgo y para parecerles una gran noticia.

En momentos en los que Ecopetrol y Anadarko estaban en la fase de alistamiento para la perforación del pozo, para lo cual se había contratado una plataforma flotante equipada con sofisticados equipos, fueron sorprendidas por la notificación de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por orden expresa de la Ministra de la suspensión de la licencia ambiental para operarlo.

Ecopetrol apeló esta decisión, alegando que “la incertidumbre que generó la falta de un pronunciamiento del MADS frente a la suspensión del proceso de licenciamiento afectó las obligaciones que se habían adquirido con terceros”.

De hecho, la estatal petrolera ya había incurrido en inversiones que superan los US $35 millones en actividades preparatorias, dando lugar la decisión de la ANLA a un detrimento patrimonial, amén de la inversión realizada por Anadarko, operador que compromete a las partes en proporción a su participación en el proyecto

Por su parte, el delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, pidió a la ANLA “revocar la suspensión del licenciamiento ambiental para la exploración de gas en el Caribe colombiano Komodo–X1, que completa 70 días”.

Según Guerrero, “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión, ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes, por lo que se considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso”.

Advirtió, además. “los riesgos económicos y sociales por la posible falta de abastecimiento de este recurso para suplir las demandas energéticas y de transporte, así como domiciliario en el país”.

Pero para la ministra, “este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad para el suministro de gas” y, por tanto, se colige, no había ninguna prisa en la toma de decisiones.

Ahora, tardíamente, al cabo de las quinientas, es cuando la ministra Muhamad, la misma que prestó oídos sordos a los requerimientos de Ecopetrol y de la Procuraduría, se dignó hacer el anuncio de que “tras una rigurosa evaluación, se consideró ambientalmente viable el desarrollo del proyecto Komodo”.

Ya para qué, cuando Ecopetrol manifestó el pasado 24 de septiembre, en respuesta al senador José David Name, que “se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025”.

Ya es tarde, el daño ya está hecho. Ecopetrol y Anadarko tenían todo dispuesto para comenzar la perforación del pozo en noviembre de 2024, pero el entorpecimiento por parte de la ministra dio al traste con sus planes.

En el mundo sólo se cuenta con tres plataformas flotantes con los taladros requeridos para llegar hasta las profundidades de Komodo, razón por la cual, después que zarpó la plataforma reservada, la que ya se tenía disponible in situ, es prácticamente imposible contar con otra que esté disponible en el corto plazo.

Con esta desafortunada decisión tomada por la ministra Muhamad cerró esta ventana de oportunidad para recobrar en los próximo años la seguridad y la soberanía energéticas perdidas, poniendo en riesgo además la Transición Energética que tanto pregona el Gobierno, dado que el gas natural es considerado como el energético de la Transición.

La torpeza y la obsesión de marchitar los hidrocarburos prematuramente le están haciendo mucho daño al país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Fundación Coquecol, comprometida con la sostenibilidad en los territorios

La Fundación Coquecol ha impactado a 59.197 personas en 8 años, con planes de acción enfocados en familias, medio ambiente, educación, gestión social y apoyo al emprendimiento en las comunidades de las zonas donde opera el Grupo Coquecol.

La Fundación Coquecol, comprometida con el desarrollo sostenible de las comunidades en Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, presentó los resultados de su gestión multianual.

Desde su creación, la Fundación ha beneficiado a 59.197 personas a través de iniciativas alineadas con sus cuatro ejes de acción: gestión ambiental, desarrollo social, apoyo al emprendimiento y relacionamiento institucional.

El eje de apoyo al emprendimiento se centró en fortalecer a emprendedores mediante la ejecución de proyectos productivos, programas de capacitación y la organización de espacios comerciales. Se apoyaron 118 proyectos productivos y se realizaron 311 programas de formación, además de 26 ferias comerciales que impulsaron la economía local.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la participación en la feria “Emprende tú mujer”, donde 179 mujeres emprendedoras recibieron capacitación en empoderamiento, salud mental y bienestar emocional.

En cuanto al eje de desarrollo social, las acciones se enfocaron en fomentar la educación, la formación comunitaria y el deporte. Durante estos últimos años, 179 personas accedieron a becas universitarias, mientras que 1.131 participaron en colectivos de comunicación y 578 fueron parte de escuelas deportivas.

Adicionalmente 1.050 personas se beneficiaron de procesos educativos que incluyeron cursos de alfabetización, multimedia y medios digitales.

Parte de los esfuerzos de la fundación fue la implementación de proyectos como las cosechas de agua, que permitieron a las comunidades aprender sobre la recolección y el mantenimiento de este recurso vital.

El eje de relacionamiento institucional involucró el trabajo conjunto con entes territoriales, estatales y municipales para consolidar alianzas estratégicas que favorecieran a las comunidades.

Entre las acciones realizadas se incluyeron la entrega de kits escolares, la organización de brigadas de salud y actividades de voluntariado. Un ejemplo destacado fue el embellecimiento de la Institución Educativa Salamanca, donde 500 miembros de la comunidad se beneficiaron.

Por último, en el ámbito de gestión ambiental, la fundación promovió la sostenibilidad mediante actividades diseñadas para sensibilizar a las comunidades sobre el cuidado del entorno y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.

La jornada de siembra de árboles es de las más destacadas en la fundación. A la fecha se han sembrado 1.505 árboles en Cundinamarca, 900 en Boyacá y 400 en Norte de Santander.

En Cundinamarca se han sembrado más de 2540 árboles de especies nativas en el Bosque Coquecol en los últimos dos años, una iniciativa en alianza con la CAR en el municipio de Tausa, que tiene el propósito de aportar a la restauración y conservación de los ecosistemas de las zonas de influencia.

En 2024, el Grupo Coquecol recibió tres reconocimientos en el ámbito de sostenibilidad; el Galardón ‘Hechos al Carbón’ en la categoría Gestión de Ecosistemas y de la Biodiversidad con el proyecto “Generación de iniciativas para valorar y conservar la biodiversidad en las áreas de influencia”, organizado por FENALCARBON.

Además, el reconocimiento en ‘Buenas prácticas en derechos humanos’ en la categoría Equidad de Género, organizado por Pacto Global, y mejor empresa con responsabilidad social municipal por el Consejo de Guachetá.

“Cada año, para el Grupo Coquecol es fundamental fortalecer la relación con las comunidades de nuestras zonas de influencia, impactando su desarrollo desde etapas tempranas. Nuestro compromiso con el valor social, el emprendimiento y el medio ambiente nos impulsa a seguir creando oportunidades significativas”, expresó Gabriel González, CEO del Grupo Coquecol.

La Fundación Coquecol tiene planes ambiciosos para 2025, incluyendo la creación de un centro TIC, la puesta en marcha de paneles solares en la casa la Perla en el municipio de Guachetá y la implementación de protocolos TSM en la mina Altiplano, así como impulsar proyectos que promueven acciones ambientales en los territorios.

GeoPark y la Fundación Escuela Nueva fortalecen la educación en Tauramena

En alianza con la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente (FEN), GeoPark trabaja para mejorar la calidad de la educación en siete sedes rurales del Centro Regional de Investigación Educación y Extensión (CRIEET) en Tauramena, Casanare.

El proyecto beneficia a más de 520 niños de educación básica primaria, fortaleciendo sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

La Fundación Escuela Nueva (FEN) es una organización sin ánimo de lucro reconocida a nivel nacional e internacional por sus innovaciones educativas y su compromiso con la mejora de la calidad, relevancia y eficiencia de la educación.

Su apuesta pedagógica Escuela Nueva Activa (ENA) transforma el aula y la manera de aprender, promoviendo un aprendizaje activo, cooperativo y centrado en el estudiante.

Mediante este proyecto, ENA se está implementado en siete sedes rurales del CRIEET, las cuales reciben material educativo, formación y acompañamiento docente para fortalecer cuatro componentes clave:

  1. Curricular: Dotación de Guías y materiales pedagógicos que ayudarán a los estudiantes a fomentar un aprendizaje activo y cooperativo.
  2. Gestión: Promoción de instituciones educativas autónomas y organizadas para ofrecer educación integral de alta calidad.
  3. Formación docente: Fomento del desarrollo profesional continuo de los docentes, transformando su rol y empoderándolos como agentes clave del cambio.
  4. Comunitario: Fortalecimiento de la relación entre docentes, estudiantes y familias para integrar a toda la comunidad en el proceso educativo.

Este proyecto contempla estrategias como talleres vivenciales de capacitación docente, dotación de materiales pedagógicos, seguimiento a cada maestro, acompañamiento remoto, monitoreo y evaluación para mejorar las prácticas educativas y el aprendizaje de los estudiantes.

Con una inversión total de $470 millones, el programa reafirma el compromiso de GeoPark con el desarrollo social de los territorios donde opera.

Aníbal Fernández de Soto, gerente de Naturaleza y Vecinos de GeoPark, destacó: “Nos complace trabajar de la mano de una organización tan prestigiosa como la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente en un proyecto que además de contribuir a mejorar la calidad educativa, reducirá las brechas en la educación rural, impulsando la creación de un legado de prosperidad para la región”.

Por su parte, Clarita Arboleda, gerente de Desarrollo de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, mencionó: “Es muy grato trabajar conjuntamente con una entidad como GeoPark, que le apuesta a soluciones educativas probadas y con evidencia para contribuir a mejorar la calidad y equidad educativa, las cuales son fundamentales para el progreso del país”.

Para cerrar el año, el equipo pedagógico de la Fundación Escuela Nueva realizó visitas a las aulas del CRIEET para observar y retroalimentar las prácticas docentes.

En el primer semestre de 2025, se prevé la realización del Día de Logros, un evento en el que estudiantes y docentes presentarán a la comunidad los resultados y experiencias significativas derivadas de la implementación del modelo.

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