Luego de casi 50 años de autosuficiencia en gas natural, Colombia comenzó a importar gas para atender la demanda no térmica.
Por: MARTÍN ROSAS
El primero de diciembre de 2024 será recordado como la fecha en que Colombia perdió la soberanía en gas natural. A partir de ese día el país comenzó a importar 40 giga BTU (GBTU) para cubrir el faltante de la demanda diferente a la térmica.
Luego de casi 50 años terminaba lo que en su momento se denominó la ‘revolución del gas natural’, un proceso que inició a mediados de los años 70 con los descubrimientos de los yacimientos de Chuchupa y Ballena en aguas marinas y en territorio del departamento de La Guajira, y que dio inicio a la masificación del gas natural en el país, hasta llegar a beneficiar hoy a más de 36 millones de colombianos.
De ahora en adelante los usuarios se verán abocados al alza en las tarifas, en la medida en que aumente el déficit y, por consiguiente, las importaciones, del que hasta ahora es el servicio público más económico, pues representa solo el uno por ciento del gasto de la canasta familiar.
La situación se torna grave no solo para los usuarios residenciales sino para los comerciales, industriales y vehiculares, que habían encontrado en el gas natural un combustible eficiente y económico, siendo este la segunda fuente de energía primaria del país, con un 25% de participación, luego del petróleo, que cubre un 39%.
Recordemos que en 2023 el sector industrial y comercial era el mayor consumidor de gas natural, con una participación del 34%, seguido por el parque térmico con 24%, el sector residencial con 18%, el sector petrolero con 16%, el vehicular con 5% y el petroquímico con 2%.
Si bien los sectores residencial y transporte no tienen una gran participación en el total del consumo, el impacto es enorme por la cantidad de familias que utilizan el gas natural para cocinar, unos doce millones de hogares, y en el sector vehicular se verán afectados cerca de 200 mil carros que operan con este combustible, incluidos el 30% de la flota de Transmilenio y el ciento por ciento de las flotas de los sistemas de transporte masivo de Valledupar y Cartagena.
Un desabastecimiento anunciado
La situación de escasez que afronta el sector es una crónica anunciada. En los últimos doce años las reservas de gas del país cayeron un 58%, al pasar de 5,7 terapiés cúbicos (TPC) en 2012 a 2,3 TPC en 2023.
La situación se dio por los bajos precios del crudo en 2014, lo que desestimuló la inversión en el sector y llevó a que en el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos no se firmara ningún contrato de exploración, después comenzó a recuperarse, pero vino la pandemia de la Covid-19.
De acuerdo con Andrés Bitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), “este panorama además coincide con el hecho de que los 4 grandes campos: Pauto Sur, Cupiagua, Cusiana y Chuchupa se están agotando. En 2018 representaban el 70% del total del gas producido, mientras que para 2028 se espera que su participación disminuya al 47%”.
El puntillazo final se lo dio el actual gobierno de Gustavo Petro, que desde la campaña mostró su animadversión por el sector minero energético, y al llegar al poder les impuso nuevos gravámenes a las empresas de hidrocarburos y cerró las puertas a los pilotos de fracking y a la asignación de nuevos bloques de exploración.
La política anti fósiles del gobierno colombiano desestimuló la inversión y llevó a que el capital busque mejores condiciones en otros países de la región, como Argentina y Guyana, que muestran elevadas tasas de crecimiento, con el objetivo de alcanzar en el corto tiempo una producción de un millón de barriles en cada país.
Sin hablar de Brasil, que se ha propuesto como meta aumentar su producción de los 3,5 millones de barriles actuales a cinco millones a finales de la década.
De tal suerte que la única esperanza de Colombia está puesta en los campos offshore del Caribe, donde Petrobras y Ecopetrol confirmaron con los pozos Sirius reservas por más de 6 TPC, pero este gas solo saldrá a superficie hasta 2030, si se cumple el cronograma sin contratiempos, mientras tanto el país dependerá de las importaciones para suplir el déficit de producción.
Y aunque Ecopetrol liberó algún gas por la optimización en sus operaciones, al término de los contratos de largo plazo en noviembre pasado, el déficit estimado para 2025 por el Gestor del Mercado es del 7,6% de la demanda, unos 76 GBTU diarios.
En adelante, el gas importado se irá incorporando a la oferta y en la medida que vaya creciendo su impacto se verá reflejado en las tarifas al usuario final, toda vez que la molécula importada es mucho más costosa que la nacional.
De acuerdo con Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), si el faltante nacional se suple con un 50% de gas importado, las tarifas podrían subir entre el 20 y el 25%; pero si se suple con 100% de gas importado el alza sería entre 30 y 35%.
“Los precios van a subir en proporción a las cantidades de gas importado, y asimismo los precios nacionales se irán ajustando gradualmente a las condiciones de mercado, van a ir ajustándose a la paridad importación”, dice Murgas.
Y concluye que: “La reciente regulación para la importación de gas es un paso importante para garantizar el abastecimiento energético del país en el corto plazo. Sin embargo, es fundamental que esta medida se complemente con incentivos a la exploración y producción local, pues solo así podremos reducir la dependencia externa y asegurar precios más competitivos para los usuarios”.
