Ecopetrol y Petrobras confirman presencia de gas en Uchuva-2

Ecopetrol anunció que el pozo delimitador Uchuva-2 confirma la extensión del descubrimiento de gas realizado en 2022 con la perforación del pozo Uchuva-1. Lo que refuerza el potencial gasífero que se ha previsto en el offshore del Caribe colombiano.

El pozo Uchuva-2 está ubicado en el Bloque Tayrona, aproximadamente a 31 km de la costa, y su perforación, a 804 metros de profundidad de tabla de agua, comenzó el 19 de junio pasado.

El anuncio se hace en momentos en que el país se apresta a importar gas natural desde el próximo año, dada la caída en las reservas y en el desbalance entre la oferta y la demanda. No obstante, de ser comercial, este campo empezaría a producir en 2029.

El consorcio, conformado por Petrobras como operador con una participación del 44,4% y Ecopetrol con el 55,6%, seguirá trabajando en la perforación hasta alcanzar la profundidad prevista para poder caracterizar las condiciones de los yacimientos encontrados.

“Es muy satisfactorio para Ecopetrol poder confirmar que vamos por la senda correcta para que los colombianos puedan contar con nuevas fuentes de gas natural antes de que termine la década. Este anuncio nos confirma que el Caribe colombiano tiene una provincia gasífera importante que ofrecerá seguridad energética para el país”, explicó Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidente Costa Afuera de Ecopetrol.

El pozo está a cerca de 80 kilómetros del campo de gas Chuchupa, con lo cual se podría beneficiar de estas instalaciones.

La autosuficiencia de gas natural llega a su fin

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar sobre la inconveniencia de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es la seguridad y la soberanía energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La estrechez actual entre la demanda de gas natural (1.019 GBTUD) y la oferta (1.028 GBTUD), coincide con la caída, por segundo año consecutivo, de las reservas del 15,7% el último año, registrando un aforo de 2,37 terapies cúbicos (TPC) a diciembre 31 de 2023, para una relación de reservas/producción de sólo 6.1 años.

Estos polvos tenían que traer esos lodos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11,6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% .

Entre tanto la demanda de gas natural aumentó el 3,9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4,6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía.

La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la Transición Energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7,5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026.

Al estrés que acusa el sector eléctrico, debido a la estrechez entre la oferta (265 GWHD) y la demanda (248 GWHD), que presiona al alza los precios de la energía tiende a repetirse ahora con el gas natural, ante la imperiosa necesidad de suplir parte de la demanda el año entrante con gas importado, impactando al consumidor final (industrial, automotor, comercial y residencial).

El gas importado tiende a ser más caro, hasta el doble, del precio del gas doméstico. Y, como es apenas obvio, al ser más alto precio del gas natural, ello se traducirá en incrementos de las facturas de los 12 millones de usuarios domiciliarios, alzas que pueden llegar a superar el 24%, dispara los costos de operación de los 650.000 vehículos convertidos a gas y desde luego ello implica mayores costos para la industria, afectando su competitividad y desde luego también impacta los costos de generación térmica, mayor el precio y en últimas más altas las tarifas. 

Ante esta encrucijada y abocados a la necesidad de importar gas natural para garantizar el normal abastecimiento, la discusión que está al orden del día es cuál sería la fuente de suministro. El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política.

La alternativa que se tiene al alcance de la mano y la más realista es la ampliación de la capacidad de la regasificadora que opera la Sociedad Portuaria El Cayao, ubicada en Cartagena, que hoy está en 450 millones de pies cúbicos (MMPCD). Ello, sin descartar el montaje de una planta bidireccional en La Guajira, que permita importar en el corto plazo y exportar cuando lleguemos a tener excedentes.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país.

Ello es tanto más razonable si se tiene en cuenta que Colombia posee un enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede superar perfectamente los 70 TPC.

La provincia gasífera costa afuera del Bloque Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva y Gorgon en La Guajira son prometedores. Allí Ecopetrol, de la mano de Petrobras, avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que ofrecen las dos plataformas de Chuchupa. 

Mientras tanto, es menester, como lo ha urgido el gremio del sector, NATURGAS, se deben implementar medidas regulatorias que flexibilicen y habiliten la comercialización de gas importado y el proveniente de costa afuera.

Se impone también ajustar la normatividad que rige la comercialización  de gas local e importado en lo atinente a la duración de los contratos, que posibilite las negociaciones y renegociaciones en cualquier época del año, evitando rigideces.

También se impone la necesidad de aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena – Barranquilla y de esta manera permitir que los excedentes de gas de la región Caribe puedan compensar los déficits en el interior del país y viceversa. Para ello se precisa, además, resolver las solicitudes de cargos y agregación de tramos de transporte con el fin de optimizar la capacidad de transporte y el empalme entre los gasoductos de PROMIGAS y TGI.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

Bolsa Mercantil reportó utilidades por $11.105 millones en el primer semestre

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), matriz del Grupo Empresarial BMC registró una utilidad neta de $11.105 millones en el primer semestre de 2024.

EL resultado estuvo dinamizado por un aumento del 2% en los ingresos al pasar de $44.516 millones en el primer semestre del 2023 a $45.567 millones en el mismo periodo de este año, con un repunte importante en el segundo trimestre frente a lo reportado en los primeros tres meses del año.

Los gastos operacionales del primer semestre ascendieron a $28.583​ millones, con un crecimiento del 21%, dato que recoge 14 puntos por efecto de gastos no recurrentes ejecutados en el primer semestre.​

La utilidad antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones (EBITDA) cerró el semestre en $18.460 millones.

Dos nuevos productos

María Inés Agudelo Valencia, presidente de la empresa anunció dos nuevos productos que entran a fortalecer la estrategia de diversificación de ingresos de la compañía y a impulsar el crecimiento de las empresas colombianas.

El primero de ellos, es Atra-e, el mercado bursátil de facturas de la Bolsa Mercantil de Colombia, para que proveedores, inversionistas y pagadores del ecosistema de factoring, abran caminos seguros e inigualables de valor.

Por otro lado, desde la filial Conexión Energética, se dio inicio la fase comercial del bróker de energía, un servicio de intermediación para atender el mercado no regulado y que facilita las interacciones entre compradores y vendedores de electricidad mediante la suscripción de contratos semiestandarizados y no estandarizados de suministro de energía.

Al presentar los resultados del segundo trimestre del 2024, la presidente de la BMC destacó que nuestra estrategia de diversificación está apalancando la generación de valor para nuestros accionistas, gracias a los ingresos potenciales que esperamos obtener en el mediano plazo. Esto soporta el nivel de capitalización bursátil que está logrando nuestra acción, sumado a la solidez financiera, el crecimiento, y un equipo consolidado y comprometido con los resultados de la compañía”.

Desempeño ingresos 

En el primer semestre de 2024 se registraron facturas por $31.95 billones, 6% menos que en el mismo periodo del 2023, generando ingresos para la BMC ingresos por $28.440 millones.

El mercado de compras públicas (MCP) presentó un importante crecimiento del 27% en ingresos al alcanzar $9.704 millones en el primer semestre de 2024. Las principales necesidades atendidas al Estado corresponden a contrataciones de servicios (61%), alimentos (36%) y productos y/o equipamiento (3%), generando ahorros para las entidades públicas por $64.110 millones.

La cesión de derechos económicos, producto lanzado al mercado en 2023, registró en estos primeros seis meses, ingresos por $254 millones, lo que representó financiaciones por un volumen de $43.962 millones.

Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la BMCexplicó que “este producto ha venido ganando terreno gradualmente convirtiéndose en una alternativa de financiación de capital de trabajo mediante la cesión de derechos económicos asociados a contratos con entidades del estado, permitiendo a las empresas obtener capital de trabajo para impulsar su desarrollo”.

El gestor del mercado de gas natural tuvo ingresos por $4.726​ millones, un crecimiento del 24% en comparación al primer semestre de 2023.

MinEnergía y Findeter lanzan línea de crédito para financiar proyectos de energía renovable

Findeter dispone de $1,6 billones para financiar los proyectos viabilizados por el Ministerio de Minas y Energía a través de Territorios Energéticos.

El Ministerio de Minas y Energía y la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) anunciaron una línea de financiación para la estrategia de “Municipios y Territorios Energéticos”, con el fin de financiar proyectos de energías renovables en los territorios.

La estrategia “Municipios y Territorios Energéticos” tiene como objetivo promover el desarrollo y la implementación de sistemas de energía renovable en los territorios de todo el país. Adicionalmente, al participar en la transición energética podrán adquirir conocimientos y competencias que les permitan fortalecer el desarrollo de las comunidades en su territorio.

Con esta iniciativa del Ministerio, que cuenta con Findeter como aliado estratégico, los territorios podrán construir granjas agrovoltaicas de 1 MW y canchas energéticas de 130 kW cada una. Además de financiación, la Banca de Desarrollo Territorial también podrá brindar asistencia técnica para la ejecución del proyecto, es decir, se encargará de la parte precontractual, contractual y poscontractual.

Cabe destacar que estos proyectos son bancables y proyectan un retorno de la inversión en menos del 25% de su vida útil. Una vez construida la infraestructura, su apropiación y correcto funcionamiento estará a cargo de los entes territoriales, es decir, su mantenimiento, monitoreo, cuidado y protección.

Los municipios, distritos y departamentos podrán financiar sus proyectos a través de la línea de crédito que cuenta con una tasa desde el IBR + 0,7 % mes vencido con un plazo de hasta 10 año con hasta 2 años de periodo de gracia a capital, los cuales podrán ser usados para inversión y capital de trabajo.

La Banca de Desarrollo Territorial también podrá atender con otras líneas de crédito directo y de redescuento en caso de que se llegue a requerir.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, expresó su entusiasmo por el proyecto al señalar que los Municipios Energéticos representan un paso significativo hacia la independencia energética y la sostenibilidad ambiental de las comunidades.

Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional: “Desde Findeter estamos comprometidos con apoyar y acompañar el propósito del Ministerio de Minas y Energía, avanzando en una transición energética justa en los territorios, por eso, hemos dispuesto recursos para financiar granjas agrovoltaicas y canchas energéticas, entre otras soluciones de autogeneración. Findeter también está en la capacidad de brindar la asistencia técnica para la construcción de estas iniciativas”.

Hasta el momento hay 427 municipios postulados y se espera que 15 estén en funcionamiento en un añ0. La mayoría de los municipios inscritos se encuentran en la Región Andina (191), seguidos de la Caribe (120), la Pacífica (62), la Orinoquía (39) y la Amazonía (16).

Colombia: el futuro del petróleo se ve negro

Foto de Zbynek Burival en Unsplash

Contrario a la tendencia internacional, las inversiones en Colombia vienen decayendo en el sector de oil & gas. Un informe de la ACP expone que, sin incentivos a la exploración, en 2030 finalizaría la actividad exploratoria en el país.

Un oscuro panorama se vislumbra para el futuro de la industria de oil & gas en el país. Así se desprende del informe económico ‘Tendencias y Perspectivas del Sector Petróleo y Gas en Colombia’, elaborado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), que en su décima edición recopiló cifras históricas, tendencias de acuerdo con los presupuestos establecidos para este año y proyecciones para la década; así como un contexto global, y recomendaciones para el sostenimiento de la seguridad energética y fiscal de Colombia.

Pero las alarmas no son de ahora. Las reservas de gas y petróleo han venido cayendo consistentemente en los últimos años, hasta llegar a 6,1 años en gas y 7,1 años en petróleo en la relación reservas/producción.

El sector gasífero es el más preocupante, pues para el próximo año se espera un déficit de unos 110 millones de pies cúbicos (Mpcd), déficit que tendrá que cubrirse con gas importado, pero si no entra la producción del offshore, a partir de 2027 el déficit sería de 330 Mpcd, es decir, la tercera parte del consumo. En ese mismo año también comenzaría una pronunciada declinación de la producción de petróleo, que no sería suficiente para cubrir la demanda.

La conclusión es que hacia 2027 Colombia no solo tendría una crisis energética sino una crisis fiscal, pues la reducción de ingresos provenientes del sector hidrocarburífero no alcanzarían para soportar la Regla Fiscal de Mediano Plazo.

Mientras las políticas del gobierno en Colombia le apuntan a marchitar la industria y abocar al país a una crisis energética de dimensione insospechadas, los demás países latinoamericanos le apuntan a aprovechar estas fuentes de riqueza.

Argentina con Vaca Muerte se consolidará como el mayor productor de gas de la región; Brasil aumentará su producción de petróleo de 3,5 a 5 millones de barriles diarios, convirtiéndose en el cuarto o quinto productor mundial de crudo, y Guyana, la nueva joya de la corona, tiene proyectado llegar a 1,8 millones de barriles diarios en 2027. De ahí que las inversiones están migrando a esos países, mientras en Colombia se reducen.

Inversiones en exploración y producción

Según el informe, en un contexto en el que el mundo retomó el impulso a las inversiones en la industria de hidrocarburos a niveles que no se veían desde 2011, y en el cual Latinoamérica se consolida como un jugador protagónico, la proyección de las inversiones en el país, tanto en petróleo como en gas, tiende a la baja.

En 2023, en Colombia se invirtieron USD 1.050 millones en exploración de petróleo y gas, 19% menos que en 2022 (USD 1.290 millones), principalmente debido a retrasos en trámites ambientales y dificultades para operar relacionadas con bloqueos a las operaciones y deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones. En producción se invirtieron USD 3.780 millones, 5% superior frente a 2022.

Para 2024 se estima una inversión total en exploración y producción de hidrocarburos de USD 4.600 millones, lo cual representa una caída del 5% frente a 2023. En exploración, de USD 1.100 millones, y en producción, de USD 3.500 millones; sin embargo, a la fecha se han perforado 11 de los 40 pozos exploratorios proyectados, lo cual indica que la meta de inversión en exploración no se cumpliría.

En cuanto a producción, en petróleo se estima un promedio de 780-790 mil barriles por día (kbpd), y en gas, un potencial de producción de 1.020 Mpcd.

“En materia de reservas, las de gas han caído un 58% en los últimos 12 años, y la vida útil de las de petróleo está cambiando su tendencia, ahora a la baja. De manera que, los niveles de reservas no son suficientes para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad energética y fiscal del país”, dice el informe.

Frente a este panorama, Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP, explicó que, “la única forma de incrementar la producción de hidrocarburos de manera sostenible es a través de exploración, la cual se refleja en incorporación de nuevas reservas: sin exploración no hay reservas y sin reservas no hay producción. Para lograrlo, Colombia cuenta con empresas que continúan apostando por el país y sus regiones; y desde la industria nos mantenemos abiertos a trabajar de la mano con el Gobierno para garantizar la seguridad energética de los colombianos”.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que, de los 297 convenios y contratos firmados con la ANH, a junio de 2024, 90 se encuentran con fase exploratoria en ejecución, a los cuales se estima que corresponden 110 pozos exploratorios pendientes de ser ejecutados entre 2024 y 2030; con ello, sin nuevos incentivos a la exploración, en 2030 finalizaría la actividad exploratoria en el país.

Recomendaciones al Gobierno

Para atender la demanda nacional de petróleo y gas con producción local, aprovechando el potencial hidrocarburífero del país, y contribuir a la sostenibilidad fiscal de la nación, la ACP recomienda:

  • Nuevos mecanismos para incentivar exploración e incrementar producción: incentivos adicionales al Acuerdo 6 del 2023, avanzar en la reposición de áreas, y definir medidas que dinamicen la producción, entre otros.
  • Revisar la tarifa del transporte de petróleo por oleoductos, pues es una de las más altas del mundo.
  • Garantizar la seguridad en las operaciones, mejorar la viabilidad del entorno y optimizar los trámites (ambientales, consulta previa y arqueológicos).
  • Para gas y proyectos costa afuera: flexibilizar el marco comercial, asegurar el desarrollo de infraestructura de transporte, actualizar su metodología tarifaria y expedir la regulación de tarifas para construir las bidireccionalidades. Además, priorizar los proyectos costa afuera.
  • Mantener señales de estabilidad fiscal y regulatoria para una industria clave en la transición energética.
  • Apoyar e impulsar el desarrollo de proyectos productivos y de diversificación económica en las regiones.

Tendencias del petróleo y gas en América Latina 

En un contexto regional diverso, las tendencias de la industria de petróleo y gas reflejan tanto los avances como los desafíos que enfrentan los países en América Latina, y desde luego Colombia.

Por: DANIEL ROSSI*

En América Latina, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú han buscado abrir sus mercados de petróleo y gas, mientras que países como Venezuela, Colombia y México siguen caminos opuestos, con políticas estatales intervencionistas.

Un aspecto crucial a considerar es la transición energética, que se manifiesta de manera diferente en cada país. En 2022, Colombia alcanzó el puesto número 29 entre 115 países en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial. Además, empresas de hidrocarburos como Ecopetrol han impulsado la innovación a través de su red Econova. Según el Ministerio de Minas y Energía, el país tiene como objetivo alcanzar el 50% de energía renovable en su mix energético para 2030.

Los datos del Informe de Transición Energética en América Latina, un estudio realizado por Aggreko con profesionales del sector eléctrico y de infraestructura en 13 países latinoamericanos, ayudaron a mapear algunos de estos escenarios energéticos en la región. Por tanto, lo que puede ser un gran avance en la transición energética para unos puede no serlo para otros.

En un país con presencia masiva de combustibles fósiles más pesados ​​en la matriz energética, por ejemplo, puede tener sentido hacer la transición a un combustible con menos emisiones como el gas natural, este es el caso de Perú. En otros, con una matriz energética con una alta proporción de renovables, la visión puede ser otra. En otras palabras, hay situaciones muy diferentes sobre las que trabajar.

La apertura del mercado de petróleo y gas en América Latina presenta una diversidad de enfoques y políticas entre los países de la región. A su vez, el gobierno colombiano adopta una postura agresiva en la transición energética, priorizando inversiones en energía eólica y solar, negándo nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. Esta postura es criticada por reducir la seguridad energética y económica, con una caída del 35% en las actividades de perforación en los últimos dos años, resultando en menos empleos e ingresos. 

Por otro lado, Colombia enfrenta desafíos significativos, como la disminución de recursos naturales y una oferta insuficiente de gas. Según la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), la oferta de gas no cubrirá la demanda el próximo año, con déficits proyectados de 43 Gbtud en 2025 y 160 Gbtud en 2026.

Para evitar el desabastecimiento, Naturgas propone complementar la oferta local con gas importado. Desde Aggreko, evaluamos que también es crucial explorar otras alternativas para mitigar el impacto de esta situación en el sector energético.

En este marco, la transición energética, aunque necesaria, debe hacerse de manera estructurada. El cambio abrupto hacia energías renovables puede comprometer la seguridad energética del país, especialmente considerando que fuentes renovables como eólica y solar aún enfrentan desafíos de confiabilidad y almacenamiento. El sector de petróleo y gas, crucial para la seguridad energética, demanda una transición gradual, integrando fuentes renovables de forma complementaria, sin eliminar abruptamente las fuentes tradicionales. 

Por lo tanto, mientras Colombia busca liderar la transición energética, necesita equilibrar sus políticas para garantizar la seguridad energética y económica a largo plazo. El enfoque debe ser gradual, permitiendo que nuevas tecnologías de almacenamiento y generación de energía renovable maduren y se integren en la matriz energética. 

Recientemente, varias empresas estatales en América Latina están vendiendo campos maduros y activos no prioritarios para estimular la actividad económica, como el caso de la venta de 55 campos en Argentina.

Al hablar de transición energética es importante considerar la creciente conciencia ambiental y la búsqueda de reducir las emisiones de carbono. Las empresas del sector del petróleo y el gas están invirtiendo en energías renovables y tecnologías de captura de carbono para mitigar su impacto ambiental y adaptarse a las demandas del mercado global.

Situación por países

El sector de petróleo y gas en América Latina está experimentando una transformación significativa, impulsada por factores económicos, ambientales y tecnológicos.

Colombia: La administración central del país no está permitiendo nuevas licencias de exploración, lo que trae al país un problema de reposición de reservas de crudo y gas. Las empresas con licencias vigentes y aprobadas siguen con capacidad de exploración e incremento de producción. Para las empresas que no las tienen, les resta seguir con la producción de pozos existentes. Con respecto a las renovables, Ecopetrol también está invirtiendo en ese tipo de energía, así como también en tecnologías de captura de carbono. 

Brasil: Se destaca por la apertura de su mercado de petróleo y gas. La estatal Petrobras ha estado vendiendo campos maduros y activos menos estratégicos a empresas privadas más pequeñas, lo que estimula la inversión y la generación de empleo.

Venezuela: Al igual que México, ha adoptado políticas de estatización y monopolio, lo que dificulta la atracción de inversión privada. La producción de petróleo del país ha caído significativamente, y la falta de inversiones impide una recuperación rápida. La situación política y económica agrava aún más las perspectivas para el sector. 

México: Ha enfrentado un declive en la producción de petróleo, cayendo de más de 3 millones de barriles por día en el pasado a alrededor de 1,8 millones en la actualidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno para aumentar la producción a través de inversiones estatales, Pemex, la empresa estatal mexicana, es la petrolera más endeudada del mundo.

Argentina: Adoptó un enfoque más abierto hacia el mercado y la privatización de activos. YPF, la empresa estatal, está vendiendo campos maduros y menos estratégicos a empresas privadas, estimulando la inversión y la cadena de servicios.

Chile: Uno de los países en la región que tiene mayor preocupación con la transición energética, está buscando la neutralidad hasta 2050. Los proyectos de hidrogeno verde, junto con los proyectos de energía eólica, son ejemplos de la voluntad del país de moverse en esa dirección. 
Ecuador: Enfrenta desafíos y oportunidades en el sector de petróleo y gas, con foco en la refinación y la búsqueda de diversificación y sostenibilidad. El país tiene una capacidad de refinación de alrededor de 190 mil barriles diarios de petróleo, así el país es principalmente un exportador de crudo e importa la mayor parte de sus refinados. 

Guyana: Se está destacando tras un gran descubrimiento de petróleo en 2019 por ExxonMobil y Hess Corporation. Este país, con reservas estimadas en 11 mil millones de barriles, está atrayendo a las grandes empresas de servicios de petróleo y gas del mundo, como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes. Se prevé que Guayana alcance una producción de 1,5 millones de barriles por día para 2027. 

Surinam: Con el apoyo de TotalEnergies, está siguiendo un camino similar al de Guyana, con inversiones significativas previstas para el Bloque 58.

*Gerente del sector de O&G en América Latina de Aggreko.

Le apuntan a la productividad para aumentar volumen de biocombustibles

Si bien Colombia cuenta con áreas para expandir las plantacaciones de palma de aceite y caña de azúcar, la estrategia de los productores es aumentar la productividad de los cultivos para atender el creciente mercado de biodiésel y bioetanol.

La mezcla de biodiésel en los combustibles es de diez por ciento y es atendida por la oferta nacional. En el caso del bioetanol, la mezcla pasó del 5 al 10 por ciento desde febrero pasado, pero la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda, por lo que debe acudir a las importaciones.

En ambos sectores la demanda anual crece entre el 1 y el 1,5%, señaló Carolina Rojas, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles), que celebra este año su veinte aniversario.

Desde 2011, las ventas de alcohol carburante aumentaron de 351 millones de litros a 548 millones de litros en 2023, y las de biodiésel crecieron de 448 mil toneladas a 700 mil toneladas en el mismo periodo, reflejando un incremento del 56%.

De acuerdo con la dirigente gremial, el objetivo del sector es aumentar el número de toneladas de CO2 reducidas con biocombustibles, de las actuales 3,2 millones de toneladas a 5 millones en 2030.

Rojas considera que con el aumento de la productividad en los cultivos se puede complir con esa meta. En el caso del aceite de palma, los productores están en un porceso de cambio de especie por una más productiva y resitente a enfermedades.

En el caso de la caña de azúcar, a través de innovacion y tecnología, como por ejemplo el riego directo, se logra disminuir el consumo de agua y auentar la productividad en la misma área cultivada.

Para crecer el mercado de los biocombustibles, el sector plantea tres estrategias: La primera es mantener en 10% la mezcla de biocombustibles; la segunda es fomentar mezclas voluntarias superiores en el transporte de carga y pasajeros, y la tercera es avanzar en el desarrollo de biocombustibles para el transporte aéreo y marítimo.

El futuro de una movilidad sostenible 

De acuerdo con Rojas, los biocombustibles colombianos también marcarán el futuro de la movilidad aérea y marítima.

A través del Combustible Sostenible para Aviación (SAF), expertos afirman que podría contribuir hasta un 65% de las reducciones de carbono, necesarias para alcanzar la sostenibilidad en este sector para 2050.

La International Air Transport Association (IATA) tiene como objetivo producir al menos 69 mil millones de litros de combustible renovable para 2028, subrayando la importancia del SAF en este proceso.

En este sector, Colombia le apunta a tener en 2030 la primera planta de SAF, con una producción inicial de 50 millones de litros anuales.

Adicionalmente, los biocombustibles maritimos son una opción prometedora para reducir la huella de carbono, teniendo en cuenta que el transporte marítimo representa el 90% del tráfico mundial y el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

No obstante, para avanzar Colombia requiere del marco normativo y jurídico para estas nuevas industrias. “Se necesitan políticas públicas e incentivos que logren acercar los precios de los nuevos biocombustibles a los combustibles que hoy utilizan los sectores marítimo y aéreo, trabajo que viene liderando por su parte la Aeronáutica Civil”, concluyó Carolina Rojas.

GeoPark, primera compañía en Colombia en verificar su huella de agua

GeoPark se convirtió en la primera empresa en Colombia en verificar su huella de agua para todos sus bloques operados en el país, en su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos naturales.

GeoPark ha centrado la gestión de sostenibilidad ambiental en dos ejes fundamentales: Acción por el Clima y Gestión Responsable del Agua y la Biodiversidad.

El agua y la biodiversidad son esenciales para mantener los servicios y funciones ecosistémicas que sustentan la vida de las personas, la flora y la fauna, y permiten a GeoPark la continuidad de sus operaciones. Como reflejo de esa visión, durante 2023 GeoPark realizó por primera vez la medición de su huella integral de agua bajo la metodología NTC-ISO 14046:2017 y fue verificada por ICONTEC. Esta evaluación se llevó a cabo en todos los bloques operados por GeoPark en Colombia, Ecuador y Chile.

La evaluación, además de tener en cuenta la cantidad de agua que utiliza directamente GeoPark en sus operaciones e indirectamente a través de su cadena de suministro, también contempló la evaluación de los impactos asociados a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

Con esta medición, GeoPark estableció una línea base de su huella de agua corporativa a partir de la que definirá metas y acciones para seguir promoviendo la gestión sostenible del recurso hídrico en los territorios donde opera.

El embrollo de la opción tarifaria

Desde el 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8,5%, en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminan pagando justos por pecadores.

Ello se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del Precio al Productor (IPP) a varios de los cargos de la tarifa, que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena. Por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción Tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20% en la factura.

A poco andar, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2,8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que empieza.

Entre tanto, el ministro Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada.

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción Tarifaria por parte del Gobierno Nacional, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G).

Por su parte, las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impase de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis.

No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el ministro y el Superintendente de Servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis, tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

EPM: Tarifas de gas pueden subir el doble el próximo año

Ante el escenario de desabastecimiento de gas natural que se avecina en el país, el vicepresidente de Gas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Diego Humberto Montoya, dijo que el próximo año se pueden ver alzas en las tarifas residenciales de hasta el ciento por ciento.

“En un análisis de elasticidad de demanda, con las ofertas que nos están llegando, podemos tener un crecimiento de casi el ciento por ciento en la tarifa del gas para los próximos años comenzando desde el 2025”, dijo Montoya durante el Sexto Congreso Colombia Petróleo y Gas 2024, que se realizó en Bogotá el 24 y 25 de julio. 

El funcionario agregó que en segmentos no residenciales las alzas pueden ser del 15% y en el sector no regulado, las grandes industrias, el incremento puede llegar al 40%, un sector sensible que puede buscar sustitutos con energéticos más contaminantes.

Ese mismo riesgo se corre en el sector residencial, donde las familias con menos recursos pueden regresar a la leña u otros combustibles contaminantes.

Un alza en los precios del gas natural también daría al traste con la conversión de vehículos que utilizan gasolina y ACPM, combustibles que pueden ser exportables mientras se hace la transición a vehículos eléctricos con el paso intermedio por el gas natural vehicular (GNV). 

“La transición energética es para los más vulnerables, para sustituir la cocción con leña o con carbón, para esas personas que hoy están tanqueando con diésel. Este combustible es exportable, entonces en la media que vamos en la transición, que descarbonizamos el parque automotor, especialmente el de carga, por gas natural, también vamos bajando la carga impositiva de subsidios para que el gobierno pueda tener más recursos”, señaló Montoya.

Agregó que se requiere seguridad en el abastecimiento, “porque necesitamos avanzar en la transición energética, en la descarbonización del sector transporte y mantener el tema de competitividad, pues un usuario residencial ahorra el 50% en cocción de alimentos y en gas natural vehicular el ahorro es del 48%, sin hablar del beneficio al cambio climático, mientras estos sectores se electrifican.”

Para garantizar el abastecimiento de gas antural, Montoya dijo que se requiere, como mínimo:

  • Un nuevo proyecto de importación de GNL, para no depender únicamente de la terminal de SPEC.
  • Agregación de la demanda de distribuidores y comercializadores, para salir al mercado internacional y traer la molécula a precios competitivos.
  • Gestión regulatoria, un punto crítico en este momento, pues se necesita que la CREG tenga quorum. “Las reglas de comercialización de gas en este momento, en un escenario de escasez, son inviables para poder asegurar una tarifa competitiva para nuestros usuarios.”
  • Desarrollo de infraestructura de transporte, que incluya la bidireccionalidad adecuada en los dos sistemas de gasoductos que existen en el país: TGI y Promigas.
  • Adicionalmente, que el Sistema Nacional de Transporte migre a un sistema eficiente, para que pueda desarrollar competitividad y reducir la tarifa, entre otras, acciones como la agregación de tramos.
  • Habilitar el desarrollo de pozos menores y que los productores puedan ofrecer gas sin estar limitados estrictamente a un solo campo.

Finalmente, el vicepresidente de Gas de EPM dijo que en este momento “no tenemos un abastecimiento seguro (de gas) para los próximos años”, aunque resaltó un programa de EPM en el Área Metropolitana, por valor de 35 mil millones de pesos por los próximos cuatro años para financiar en ciento por ciento la conexión del servicio en los estratos 1, 2 y 3.

“Mejoramos la calidad de vida, reducimos la pobreza energética con la llegada del gas natural, y está comprobado con estudios del DANE y Promigas, podemos ver cómo el gas inmediatamente impacta el tema de pobreza energética”, concluyó Montoya.

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