Autor: Martín Rosas

Se estima que la tarifa para usuarios finales aumentará $80 por kilovatio/hora, afectando la competitividad del sector eléctrico y de la industria nacional.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) advierte sobre el impacto que tendría la iniciativa legislativa de la ‘Ley de Financiamiento’, una nueva reforma tributaria que modificaría lo dispuesto para el tratamiento del carbón dentro de los combustibles gravados con el Impuesto al Carbono.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional, que busca modificar la Ley 1819 de 2016, ya modificada por la Ley 2277 de 2022, plantea incrementar el gravamen de los combustibles fósiles -ahora expresado en UVT- lo que aumenta la cifra correspondiente para el carbón.

Esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país.

“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora, lo que representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4,5 billones de pesos/año. También se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

Además, indicó que modificar el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, dado que se incrementaría la apropiación anual del Gobierno Nacional en el presupuesto en cerca de 1 billón de pesos para financiar los subsidios.

Por otro lado, el gremio proyecta un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 4,8 billones de pesos al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo 700 mil millones de pesos, mientras que el costo de la medida para el país sería de 5,5 billones de pesos. Por lo tanto, insiste ANDEG, esta medida representa más riesgos que beneficios para el país, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado.

Adicionalmente, esta propuesta legislativa modifica la gradualidad para la aplicación del impuesto definida hace dos años, planteando que en 2025 se aplique 75% de la tarifa del impuesto en vez del 25%. “Esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, enfatizó Castañeda.

Al gremio también le preocupa que desde la Ley 2277 de 2022 se limita al 50% la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono, ya que en la propuesta del Gobierno solo el 27% del recaudo del impuesto estaría dirigido a la acción climática, lo que contradice el objetivo de aplicar un instrumento económico de precio al carbono para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar la acción ambiental, convirtiéndolo así en un recurso para el flujo de caja estatal.

Finalmente, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático, es adecuado considerar que las prioridades de Colombia están centradas en el crecimiento del país y en brindar bienestar a su población, lo que implica impulsar el uso responsable de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales asegurando la competitividad nacional.

Por eso, el llamado de ANDEG es a replantear la propuesta y analizar el alto impacto socioeconómico que esta representa, estudiando las distintas iniciativas de instrumentos de precio al carbono que se están presentando para no causar una doble tributación y sí generar mayor seguridad para la inversión.

Ante la actual coyuntura energética, la búsqueda de soluciones que permitan ser más eficientes en sus procesos y actividades se ha convertido en un objetivo principal. Por esta razón, Vanti y el Club los Arrayanes de Bogotá llegaron a un acuerdo para desarrollar un proyecto que busca combinar la energía eléctrica y el gas natural.

El proyecto tiene una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos que contempla un proceso de cogeneración, es decir se realiza un procedimiento de alta eficiencia energética mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria), en este caso se usará para el calentamiento de la piscina del Club.

Una vez implementado el proceso de cogeneración se alcanzará una cobertura del 42% de la demanda de energía eléctrica y del 23% de la demanda del calor utilizado en la operación. Además del uso anterior, se seguirá utilizando el gas natural para otros usos tales como cocina, calentamiento de agua sanitaria, baños turcos, entre otros. El consumo total del club se incrementará solamente en un 3,2% cuando el proyecto esté operativo.

Con la implementación del proyecto de cogeneración se logrará una reducción del 6 al 8% en sus costos anuales de energía eléctrica y gas natural, con base en los costos energéticos total para el año 2023. 

Igualmente, la innovación de este tipo de proyectos es que contribuyen de forma importante al medio ambiente, teniendo en cuenta que tendrá una reducción de 16% en emisiones de Gas Efecto Invernadero estimada en 166 toneladas de CO2 equivalentes por año.

Se espera que comience a operar en 2026 y con ello Vanti entregará su primer proyecto de cogeneración a nivel de clubes sociales, el cual se suma a otros en los sectores agropecuario, industria alimenticia y textil.

Retrasos en obras de transmisión, que ya completan una década, tienen al borde de una crisis energética al centro del país.

Cuarenta mil unidades de vivienda suspendidas, un data center cancelado y un centro de logística generando con diésel, son las primeras consecuencias de la falta de capacidad en Bogotá y Cundinamarca para entregar nuevas conexiones del servicio de energía eléctrica.

La razón son las demoras que ya completan una década para construir las líneas de transmisión Chivor-Norte, Sogamoso y Virginia-Nueva Esperanza, que fueron adjudicadas al Grupo Energía Bogotá (GEB) y otros operadores entre 2013 y 2016, pero que no han entrado en operación por falta de licencias ambientales y otros procesos administrativos.

Específicamente, el trámite que tiene suspendidas las obras es el de sustracción de reserva relacionada con la cuenca alta del río Bogotá, que está en cabeza de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De no terminarse estas obras, a partir del 2025 podrían comenzar los racionamientos, que eufemísticamente los técnicos llaman restricciones o cortes programados.

De acuerdo con Jaime Orjuela, director de Regulación del GEB, los municipios más expuestos a sufrir cortes de energía son los ubicados en el norte de la Sabana: Sesquilé, Ubaté, Simijaca, Cogua, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Nemocón y Tocancipá. Además, se vería afectada la entrada en operación del Regiotram de Occidente y la primera línea del Metro de Bogotá, que funcionarán con trenes eléctricos.

Y es que la región central del país, que cubre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Guaviare, tiene un consumo de 3.150 Mega vatios (MW), el 25% de la demanda nacional, pero cuenta con una generación local de 3.500 MW, que la tiene en condición de vulnerabilidad ante cualquier fallo en el sistema.

De hecho, para cubrir la demanda de Bogotá y la Sabana se ha tenido que recurrir a la generación de Termozipa, la única térmica cercana, que funciona con carbón y tiene una capacidad de 166 MW, pero que su operación genera cerca de 90.000 toneladas de CO2 al mes. 

El retraso en líneas de transmisión es tal que Bogotá solo cuenta con una línea de 500 KV, mientras que la Costa tiene tres y el Valle, dos. En 2001 la UPME dijo que el centro del país necesitaba de por lo menos dos de líneas adicionales de 500 KV, líneas que debieron haber entrado entre 2015 y 2017 y que su falta tiene hoy al borde de un apagón a la capital de país.

El Servicio Geológico Colombiano tuvo un recorte del 43% del presupuesto para 2024, lo que debilita su labor misional, poniendo en riesgo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), antes Ingeominas, es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que normalmente pasa inadvertida, pero que tiene la función crucial de estudiar los recursos naturales y el origen de los riesgos geológicos del país.

Dado que le Plan Nacional de Desarrollo se sustenta en ejes como el ordenamiento territorial, la adaptación al cambio climático y la transición energética, la labor del SGC es fundamental como generador de conocimiento del subsuelo.

Por eso, Flóver Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGE), expresó su preocupación con lo que está pasando, pues para 2024 la entidad tuvo un recorte del 43% en el presupuesto de inversión.

“Eso hace que una institución tan importante quede incapacitada para cumplir sus funciones, y por eso es que hacemos un llamado de atención al Ministerio y al Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo gira en torno al ordenamiento territorial, a la adaptación al cambio climático y la transición energética. Todo eso tiene que ver con la misionalidad del Servicio, así que no podemos debilitarlo de ninguna manera.

“La entidad tiene que contar con los recursos para trabajar en gestión del riesgo, en energéticos, es fundamental que levante ese conocimiento geológico, que es el insumo del ordenamiento del país y por ende de todo lo que podamos desarrollar en términos de nuevos energéticos, de adaptación y demás. No hay mejor forma que podamos gestionar nuestro territorio que conociéndolo, y si el Servicio no puede cumplir con su misionalidad con este presupuesto tan bajo, pues vamos a estar en aprietos”, dijo Rodríguez.

Así mismo, expresó sus dudas sobre la intención del Gobierno de crear Ecominerales, una empresa estatal que se dedique a la explotación minera, la cual tiene antecedentes nefastos con las experiencias fallidas de empresas como Ecominas, Mineralcol y Ecocarbón.

“Yo siento que Ecominerales puede tener unas buenas intenciones que estén dirigidas hacia esos esfuerzos de formalizar la minería que todavía no hemos podido formalizar, donde hay mucho trabajo por hacer.

“Esa minería, llámese la extracción ilícita o llámese todo lo ancestral y lo artesanal, es una minería que le hace daño al medio ambiente, no cumple con las buenas prácticas ambientales, además no paga impuestos, el país no recibe regalías de esa explotación; sin embargo, me quedan dudas sobre si es necesario crear una entidad adicional o si más bien debemos fortalecer las entidades que ya tenemos para que cumplan con sus tareas y garanticen todo esto que estamos diciendo: la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el mismo Servicio Geológico Colombiano, son entidades que si fortalecemos para que cumplan su misionalidad seguramente nos ayudarían a cumplir con esto que he  mencionado”, señaló el dirigente gremial.

Se necesita más exploración

En cuanto a los recursos hidrocarburíferos, Rodríguez señaló que “tenemos que desarrollar las oportunidades que hay en el país y es prudente que lo hagamos en el menor tiempo posible. El país tiene oportunidades de gas en el offshore, Ecopetrol con su socios sigue mostrando buenos resultados, pero hay un llamado de atención hacia los proyectos en el continente, donde tenemos la infraestructura, tenemos cuencas históricamente productoras, no solo de petróleo sino de gas, entonces es fundamental hacer esfuerzos por invertir en esas zonas donde ya hay baja incertidumbre, donde ya sabemos que hay producción y que con una exploración detallada cercana a esos campos podríamos desarrollar nuevos recursos, que existen en las cuencas del Valle Inferior y Medio del Magdalena, en los Llanos y en el Piedemonte llanero.”

Sobre la cada vez menor actividad exploratoria en el país, señaló que el país requiere de múltiples actores conversando entre ellos. “Tenemos diferentes retos en términos ambientales y sociales, pero necesitamos del Gobierno nacional apoyo en los territorios para la viabilidad de estas actividades.”

Y agregó que “el Gobierno nacional ha venido insistiendo en dar garantías de abastecimiento de gas, pero vemos mucha incertidumbre, primero porque los descubrimientos toman tiempo en desarrollarse y segundo porque la curva de oferta y demanda se va a cruzar en 2025, así que, si no incorporamos nuevas reservas, pues vamos a estar en aprietos.

“Necesitamos, de la mano de la ANH, de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, de los ministerios de Minas y del Interior, entre otros, con las operadoras, con las autoridades ambientales en los territorios, ser capaces de conversar sobre las nuevas técnicas para desarrollar un proyecto exploratorio. Si quitamos esa tela de incertidumbre de conocimiento, los proyectos pueden avanzar cumpliendo con todos los requerimientos sociales y ambientales”, concluyó el director Ejecutivo de la ACGGE.

La situación de alteración en el transporte de carga provocada por el alza en el precio del combustible diésel comenzó a causar problemas de distribución de energéticos en varias regiones del país.

Según la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), el 41 % de las fuentes de GLP se encuentra retenido debido a las manifestaciones. Mientras que, el 24 % de la oferta proveniente de las refinerías, que está asignado por contratos a un pequeño número de empresas, enfrenta serias dificultades de movilidad en las carreteras colombianas y su disponibilidad depende de la producción de las refinerías.

A esto se suma el 35 % de la oferta que proviene de los puertos de importación, lo que implica un costo más alto para el usuario final. Este panorama ha obstaculizado gravemente el transporte de GLP, impidiendo que este combustible esencial llegue a los usuarios, pese a los esfuerzos de las empresas por garantizar el suministro.

El gremio indicó que se ha reportado que cerca del 5 % de la demanda de GLP en Cusiana está siendo quemada por razones operacionales, para no afectar la producción de Gas Natural. 

“Este 5 % es producto que se debería estar retirando para atender a los usuarios en lugar de incinerarlo, lo que no solo representa una pérdida significativa, sino que también agrava el potencial de desabastecimiento”, dijo Sara Vélez, presidente de Agremgas.

Ante estos desafíos, Agremgas hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asista con alternativas que permitan restablecer la movilidad y garantizar el suministro continuo y seguro de GLP a todas las regiones del país.

“La colaboración de las autoridades es vital en este momento crítico para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos colombianos”, dijo Vélez.

Por su parte, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Gas y Energía (Campetrol) señaló que, ante los impactos generados por los atentados a los oleoductos, la toma de la planta de gas Gibraltar y los bloqueos de vías, invita a privilegiar el diálogo directo y creativo, en busca de acuerdos estructurales que permitan la normalización de la situación, en beneficio de todos los colombianos.