Autor: Martín Rosas

Dentro de las iniciativas insulsas, improcedentes y descabelladas que mes a mes presenta el gobierno nacional por cuenta propia o a través de los congresistas del Pacto Histórico, actualmente cursa un proyecto de Ley bajo el radicado de 344/2023 de la Cámara de Representantes, el cual no es otra que la retardataria idea de crear una empresa estatal minera, llamada Ecominerales.

Por: SANTIAGO SOTO*

En resumidas cuentas, esta empresa tiene como objeto realizar actividades de exploración, explotación, comercialización de minerales, actividades de investigación, así como celebrar contratos de diferentes naturaleza con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sí, tendrá como objeto todas esas actividades que el mismo gobierno lleva dos años entorpeciendo y atacando, pero esta vez, convenientemente ejecutadas por ellos.

Además de lo arcaico que es pensar en la estatización para la ejecución de una actividad económica, cuando es bien sabido que lo público es desde cierta perspectiva ineficiente, está también más que demostrado que la fórmula que funciona es la inversión privada para desarrollar proyectos de alto impacto, generar empleo, inversión social, contratación y pago oportuno de bienes y servicios entre otras bondades. Es por esto que no se entiende el propósito de meter al país en esta empresa que, además de lo expuesto, tiene aún muchos vacíos acerca de su funcionamiento.

Basta con mirar el sector hidrocarburos en la historia del país, donde pasó de promediar entre 500.000 y 600.000 barriles diarios cuando el país operaba bajo el modelo de contrato de concesión, a alcanzar los 900.000 y 1’000.000 de barriles diarios de crudo, después de la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante la Ley 1760 de 2003, donde se incentivó la inversión privada y extranjera, dinamizando la actividad petrolera en diversas zonas del país, trayendo desarrollo, inversión, mayor recaudo por concepto de regalías e impuestos, así como entrada de divisas.

Las dudas acerca de esta turbia iniciativa comienzan con los apartes del articulado que hablan sobre su financiación. Como primera fuente estará la reversión de títulos mineros, lo cual explicaría la persecución contra el sector minero los últimos dos años, desincentivando nuevas inversiones y ocasionando devoluciones de títulos y requerimientos por parte de la Agencia de la competencia, y de este modo, contar con alternativas prospectivas para financiar este proyecto estatal.

De igual forma, otra de las principales fuentes de financiación serán las dos agencias administradoras de los contratos mineros y petroleros, Agencia Nacional de Minería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales deberán hacer aportes a la naciente empresa.

También llama la atención que el texto precisa que, para el capital inicial de la empresa del estado, no será necesario el traslado de recursos financieros provenientes del presupuesto general de la Nación ni demandará esfuerzo fiscal, sin embargo, en el párrafo subsiguiente deja a discrecionalidad del gobierno nacional disponer de aportes vía presupuesto o traslado presupuestal para la capitalización de la empresa.

Tampoco menciona en ningún aparte las condiciones en que la empresa pagará al Estado la contraprestación por explotar recursos naturales no renovables.

Ahora bien, de acuerdo con el texto aprobado en comisión de la Cámara, las relaciones laborales se regirán por el contrato de trabajo, convención colectiva y pactos colectivos, lo cual es lo normal en entidades del sector público, no obstante, puede percibirse la innecesaria creación de esta empresa como un caramelo a los sindicatos del sector minero y petrolero, quienes vieron sus mejores días, en el caso del sector hidrocarburos, cuando Ecopetrol era empresa con capital 100% público, y que podrían robustecer nuevamente su poder con una estatal del sector minero.

Respecto al controvertido proyecto de ley, la Contraloría General de la Nación manifestó preocupación, pues una iniciativa de este corte no es nueva en nuestro país. Contrario sensu, se asemeja a otros intentos fallidos como lo fueron en la década de los 90 Ecominas, Mineralcol, Ecocarbón, las cuales terminaron en liquidación y transfiriendo sus funciones a Ingeominas. Continua el contralor indicando que es imposible pensar la creación y funcionamiento de Ecominerales sin esforzar el presupuesto público, lo cual es más preocupante aún por el hecho de no tener total claridad de las inversiones que la empresa realizará.

En conclusión, habrá que ver el término de esta iniciativa retardataria del país que nos devuelve al siglo pasado, concentrando los sectores económicos en el Estado, lesionando la iniciativa privada, de lo cual no percibiremos las consecuencias sino hasta recibir la embestida económica, cuando empiecen a salir del país multinacionales mineras, petroleras y en general de energía, llevándose consigo divisas, regalías, impuestos, inversión social, contratación de mano de obra, bienes y servicios. Una vez perdida la confianza inversionista, no será fácil recuperarla.

*Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.

Las fuentes renovables son clave para la diversificación de la matriz energética, pero su escalabilidad tiene un camino largo que recorrer. En Colombia, su viabilidad enfrenta importantes retos, por lo que el gas natural juega un rol relevante en la transición y en la soberanía energética, razón por la cual el desabastecimiento que hoy enfrenta el país requiere de medidas urgentes.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Siempre se ha afirmado que Colombia cuenta con gran potencial en las reservas de gas natural; sin embargo, su materialización todavía tiene muchos desafíos.

El país se ha enfocado en masificar el consumo de gas natural en los sectores residencial, industrial y comercial. Esto ha permitido que el gas natural sea fundamental en la vida y la economía nacional, en tanto que:

1. Ha aportado a los objetivos para la sustitución de leña,
2. Ha sido esencial para limpiar el parque automotor,
3. Permite garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica,
4. Más de 218 mil usuarios comerciales e industriales utilizan este energético, y
5. El 65% de la población usa gas en sus hogares.

En la primera década de este siglo se evidenció que las reservas no serían suficientes para atender la creciente demanda en el mediano plazo. Así, en el 2010 Colombia promovió la producción nacional de gas natural, y la importación del energético en estado líquido (GNL). Esto llevó a adjudicar nuevas áreas para buscar y extraer hidrocarburos, y a la puesta en operación de la única terminal de importación de gas en Cartagena.

Adicionalmente, el plan de abastecimiento de gas natural concluyó que, para garantizar el abastecimiento y la confiabilidad en el suministro, también se requería ampliar la capacidad del Sistema Nacional de Transporte a través de varios proyectos de expansión (los IPAT) y la infraestructura de importación y regasificación en el Pacífico.

Pese a lo anterior, las medidas tomadas no han sido suficientes, y el riesgo de desabastecimiento es inminente. A la fecha: (i) el proceso de selección del inversionista a cargo del proyecto del Pacífico se declaró desierto, (ii) los proyectos IPAT no avanzan, (iii) las señales de política energética niegan la posibilidad de explorar el potencial gasista del país en tierra y costa afuera, y (iv) la terminal de Cartagena seguirá atendiento exclusivamente a tres generadores térmicos hasta el 2031.

En mayo pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos con corte a 31 de diciembre de 2023, indicando que las reservas probadas de gas natural son de 2.373 Gpc, equivalentes a 6,1 años de abastecimiento.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía presentó la declaración de producción de gas natural 2024-2033 evidenciando que hay una reducción en el potencial de producción total en comparación con lo declarado el año pasado. Esto prendió las alarmas porque la disponibilidad de gas natural para atender la demanda está en duda, pues desde 2025 habrá faltantes de gas natural.

Recordemos que la importancia del gas natural para Colombia no solo se debe a los más de 11,5 millones de hogares colombianos a quienes deben garantizárseles el suministro, sino que aporta respaldo al servicio de energía eléctrica cuando las hidroeléctricas se enfrentan a la sequía, y a la confiabilidad de las renovables en los periodos en las que estas no están disponibles, como en la noche o durante periodos climáticos determinados.

En consecuencia, el diagnóstico es claro: el país no requiere de más discursos, estudios, paneles y grupos de discusión. Se necesitan señales de mercado y regulatorias de largo plazo serias, que permita a los inversionistas apostarle al sector.

Para ello será necesario recuperar la institucionalidad de la CREG realizando los nombramientos en propiedad de personas con experiencia técnica para que tomen decisiones tendientes, entre otros, a:

1. Flexibilizar los mecanismos de comercialización de gas, permitiendo la contratación directa, en cualquier momento del año, y de corto plazo,
2. Aprobar los cargos de los proyectos de expansión de transporte,
3. Fortalecer y promover la actividad de transporte virtual que permita acercar las fuentes no conectadas al sistema de transporte a los centros de consumo, y
4. Habilitar a más agentes para que realicen la actividad de regasificación e inviertan en infraestructura de importación.

Además, se requiere retomar la discusión sobre los proyectos piloto en yacimientos no convencionales, para identificar los verdaderos riesgos de la actividad y decidir objetivamente si se habilita esta actividad.

Finalmente, se debe adjudicar áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

El gas natural es un energético clave en la transición energética y en la vida de los colombianos, por eso requiere de atención nacional.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica. Actualmente se desempeña como Counsel de Energía & Cambio Climático.

Antes de adentrarnos en el análisis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso, exponemos lo que podríamos llamar el prolegómeno a propósito del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En primer lugar, es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes.

Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda.

Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70,9% en 1990 a 98,72% en 2023, y el número de usuarios pasó de 4,4 millones en 1990 a 17,7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura del sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo; como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad), ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición Energética. Colombia ha retrocedido en los últimos dos años. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto.

 Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de Ruta de la Transición Energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición Energética, el cual se basó en un informe y las recomendaciones de 20 expertos, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 – 2012) integró el presidente Duque y rindió su informe el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, se destaca el marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del sistema energético.

Con base en este Informe, la administración Duque publicó la Hoja de Ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto, después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.

Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.