Autor: Martín Rosas

La pandemia de la Covid 19 en 2020 y las medidas que tomaron los gobiernos para su prevención primero, contención después y por último para su mitigación, condujeron a la peor crisis económica a nivel mundial desde la gran depresión desatada en 1929.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A causa de la pandemia, la economía global se hundió un -4,3%. Aunque el efecto rebote se tradujo en un crecimiento de la economía mundial del 6,1%, la reactivación se vio ralentizada por la afectación de las cadenas de suministro y la logística, con el consiguiente aumento de los fletes y de los precios de las materias primas, provocados por la crisis de los contenedores.

Cuando apenas brotaban los primeros retoños verdes de la recuperación de la economía se produjo la invasión rusa a Ucrania y esta derivó en una confrontación de los países que integran la OTAN contra el Kremlin.

A raíz de las sanciones impuestas contra el expansionismo de Vladímir Putin, entre las cuales se destaca el embargo de sus ventas de petróleo y gas a la Unión Europea, repercutieron en un alza desmesurada de sus precios, así como los de su sucedáneo, el carbón.

Los altos precios de los energéticos, que alcanzaron niveles históricos, afectaron la cadena alimentaria en sus fases de producción y distribución, debido al encarecimiento de los insumos agrícolas de los cuales Rusia y Ucrania han sido tradicionalmente la gran despensa. Y no era para menos, habida cuenta que este sector absorbe el 30% de la demanda total de energía en el mundo. Ello explica en gran medida la escalada alcista de los precios.

El 2022 estuvo marcado por una inflación galopante a nivel mundial, alcanzando niveles no vistos en los últimos 40 años. En los EEUU alcanzó en diciembre pasado el 7% interanual, cifra récord desde 1982. Entre tanto en la Zona Euro se registró una inflación del 5,1% en enero de este año, la más alta desde que se llevan estadísticas armonizadas (1997).

Como es apenas obvio, Colombia no se podía sustraer de esta megatendencia, dados los vasos comunicantes con la economía global, de la que no se puede desacoplar. Manes de la globalización. De ello se sigue que la inflación en Colombia tiene un gran componente importado, vía precios de los insumos y materias primas y, de contera, la devaluación del peso frente al dólar la atiza.

El Banco de la República, al igual que los demás bancos centrales del mundo, ha venido elevando la tasa de interés de intervención, desde el 3,75% en marzo de 2020 hasta el 13% en marzo de 2023, sin lograr contener la espiral inflacionaria. Esta medida, contraccionista por excelencia, le pone el freno de mano al crecimiento de la economía, al punto que llegó a temerse por una recesión este año.

El año anterior el IPC registró un incremento del 13,12%, la cifra más alta en 21 años, superior en 7,5 puntos porcentuales que la que reportó el DANE para 2021, que fue del 5,62%. Ello, entre otras razones, llevó a la unanimidad entre las centrales obreras, gremios de la producción y el Gobierno Nacional, que integran la Mesa de Concertación Salarial, al reajuste del 16% del salario mínimo para el 2023.

El mayor impacto de la inflación ha sido en los alimentos y en los servicios públicos, especialmente en el de energía, lo cual se explica por las razones anteriormente expuestas.

Llama la atención que las tarifas de los servicios públicos han aumentado por encima de la inflación total. Uno de los factores que lo explican es el rezago tarifario que venían arrastrando las empresas de servicios públicos debido a las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia por el gobierno nacional, en virtud de las cuales se congelaron o difirieron las alzas, represándolas, haciéndolas ahora efectivas.

También han influido el incremento en los costos operativos de las empresas trasladándose estos mayores costos en los que incurren a sus usuarios vía tarifas.

Se auguraba que marzo de este año iba a ser el punto de inflexión a partir del cual la inflación iba a empezar a ceder, pero no fue así, se resiste a ceder. Los resultados han sido desalentadores: en marzo el IPC subió 1,05%, superior al 1% en marzo de 2022. La tasa interanual del IPC en marzo de este año se situó en 13,34%, el más alto desde 1999 cuando se registró el 13,51%, que contrasta con el 8,53% a marzo de 2022, 4,81 puntos porcentuales por encima de este.

Por fortuna, aunque los alimentos y los servicios públicos siguen siendo los que más han jalonado  la inflación en los últimos 12 meses, como lo advierte la directora del DANE Piedad Urdinola, en cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas que “desde enero de 2021 se venía con un crecimiento constante en la inflación, en marzo se registró un cambio de tendencia” y empezó a ceder terreno, amortiguándose su carestía. Ello es tanto más importante en la medida que el incremento del costo de la canasta familiar afecta especialmente a los más vulnerables, pues, debido a su menguado poder adquisitivo, son quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en dichos renglones.

Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, después de celebrar que la tendencia alcista de inflación de alimentos esté revirtiéndose, exhortó a los empresarios a través de su cuenta de Twitter para que “ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios”.

Este llamado es pertinente, si se tiene en cuenta que mientras los precios de los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el 0,91% en marzo, por debajo de la variación mensual del IPC, el servicio de electricidad, en cambio, subió 1,62%, por encima del mismo. No obstante, el primero sigue punteando el IPC con una tasa interanual del 21,81% seguido de cerca por el segundo con el 19,77%.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La validez que tiene el concepto de asignación de capacidad expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) inicia desde el momento en que la entidad emite el concepto con asignación de capacidad, hasta el momento en el que se ha verificado y aceptado que el desarrollador del proyecto ha cumplido con documentos y acciones tendientes a mantener su vigencia.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Los documentos y acciones del proceso son las siguientes:

• Aprobación de la garantía: Que el interesado haya constituido la(s) garantía(s) o haya hecho entrega de la(s) debida(s) copia(s) de la aprobación de la(s) garantía(s) ajustada(s) respecto a su prorroga o actualización del valor de la cobertura, según lo establecido por la CREG.
• Curva S: Que el interesado haya presentado la Curva S y sus debidos ajustes (si fuere necesario).
• Contrato de conexión: En caso que se haya suscrito contrato, el interesado deberá cargar en la Ventanilla Única la copia firmada del contrato de conexión perfeccionado, donde se incluya la información respectiva que coincida con lo dispuesto en el concepto de conexión.
• Informes de Seguimiento: El interesado deberá entregar los Informes de Seguimiento (por cumplimiento de la fecha de los hitos de la Curva S e Intermedio de seguimiento de la Curva S) de la ejecución del proyecto en los plazos previstos, donde se evidencia el estado de avance del proyecto, su comparación con la Curva S de referencia, así como las explicaciones respectivas.

Cuando el desarrollador del proyecto de generación no entregue y/o cargue los anteriores documentos en la Ventanilla Única, ni ejecute las actuaciones descritas anteriormente, se expone a la pérdida de la vigencia del concepto de conexión.

De igual manera, perderá la capacidad asignada, si el ASIC informa a la UPME que una planta de generación que se haya retirado temporalmente o renovado sus instalaciones no reingresa oportunamente al mercado mayorista en la fecha prevista en la autorización respectiva.

Finalmente, según la Resolución CREG 075 de 2021, la asignación de capacidad de transporte, tendrá plenos efectos a partir del momento de puesta en operación del proyecto, y hará parte inherente de él, mientras se encuentre en operación.

*Socio fundador de OGE Legal Services

En concepto de la FAO, la seguridad alimentaria es lo más fundamental de las necesidades y de los derechos humanos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

Como lo veremos, la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Al contrario, la inseguridad alimentaria en los hogares es una condición en la que sus integrantes no tienen acceso satisfactorio a la comida, que está fuera de su alcance, lo cual deriva en la malnutrición, la desnutrición y el hambre.

En casos extremos, se considera severa cuando para paliar la falta de ingesta alimentaria se recurre al rebusque, vendiendo enseres para procurársela.

Entre las principales causas de este drama humano se distinguen aquellas de carácter estructural, entre las que se destacan la pobreza monetaria, el desempleo, la informalidad y la violencia, las cuales en no pocos casos se padece la sumatoria de ellas.

En cuanto a las causas coyunturales merecen mencionarse el cambio climático, la inflación, pandemias como la Covid 19 y eventos geopolíticos como el conflicto en Ucrania, que provocó la escasez de alimentos e insumos agrícolas (úrea, fertilizantes, abonos nitrogenados, etc), con la consiguiente especulación y la espiral alcista de sus precios.

Como lo anotó el ex director de investigaciones del FMI Pierre Gourichas, “los precios de la energía y de los alimentos están muy relacionados”, tanto más cuanto la mecanización de la agricultura torna esta cada vez más intensiva en consumo de energía y advirtió que “la situación crítica de estos aspectos no constituye un problema transitorio”.

Y la pavorosa crisis alimentaria actual ha terminado por darle la razón. De ello se sigue la gran sensibilidad de los precios de los alimentos a cualquier cambio, generalmente al alza, de los energéticos, exacerbada por la afectación de las cadenas de suministros y el transporte a consecuencia de la crisis pandémica.

Así ha ocurrido históricamente, y no es para menos, pues se estima que cerca del 30% de la demanda total mundial de energía se relaciona con los sistemas alimentarios en las fases de producción, distribución y acceso.

De modo que las fallas en el sector energético, como la que se ha presentado recientemente en la Unión Europea, repercute en la cadena alimentaria, afectando no sólo la seguridad sino también la soberanía alimentaria.

Los avances en las técnicas de control de la natalidad y la tecnología aplicada a la agricultura y a la producción de alimentos obligaron a replantear la hipótesis catastrofista del demógrafo británico Thomas Malthus, según la cual mientras la población crecía de manera exponencial la producción de alimentos crecía en una progresión aritmética, lo cual abocaría a la humanidad a una hambruna sin remedio.

Si bien es cierto que el crecimiento de la población venía acelerándose, en las últimas décadas se ralentizó.

Tomando como referencia el primer año de nuestra Era, cuando la población mundial era de sólo 250 millones de habitantes, sólo hacia el 1650 se duplicó para alcanzar los 500 millones, 150 años después se duplicó para alcanzar la cifra que alarmó a Malthus. Y así sucesivamente hasta alcanzar su punto de inflexión en el año 2000 cuando se triplicó la población, registrando la cifra de los 6.144 millones de habitantes.

No obstante, después del crecimiento de la población a un ritmo del 2% anual hasta las postrimerías de los años sesenta, dicha tasa de crecimiento ha disminuido sensiblemente hasta situarse en 1,35%. Y las proyecciones para el período 2025 a 2030 vaticinan un crecimiento de la población del 0,8% anual.

Por ello, la presión poblacional y su demanda por alimentos se viene relajando con el paso de los años, mientras la capacidad, así como la productividad y el potencial de producción de alimentos avanza vertiginosamente gracias a la creciente mecanización y tecnificación de la agricultura, cubriendo la demanda de mercados globales.

Lamentablemente, 349 millones de personas en 79 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda, frente a los 287 millones en 2021 y 200 millones más con respecto a los niveles previos a la pandemia de la Covid – 19.  Pero, al establecer la causa de ello, se concluye fácilmente que el problema más que en la disponibilidad de los alimentos está en el acceso a los mismos, que tiene que ver, como ya lo vimos, en el desempleo, la falta de ingresos y el bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad, que son lacras sociales que laceran a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.