La inflación galopante

La pandemia de la Covid 19 en 2020 y las medidas que tomaron los gobiernos para su prevención primero, contención después y por último para su mitigación, condujeron a la peor crisis económica a nivel mundial desde la gran depresión desatada en 1929.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A causa de la pandemia, la economía global se hundió un -4,3%. Aunque el efecto rebote se tradujo en un crecimiento de la economía mundial del 6,1%, la reactivación se vio ralentizada por la afectación de las cadenas de suministro y la logística, con el consiguiente aumento de los fletes y de los precios de las materias primas, provocados por la crisis de los contenedores.

Cuando apenas brotaban los primeros retoños verdes de la recuperación de la economía se produjo la invasión rusa a Ucrania y esta derivó en una confrontación de los países que integran la OTAN contra el Kremlin.

A raíz de las sanciones impuestas contra el expansionismo de Vladímir Putin, entre las cuales se destaca el embargo de sus ventas de petróleo y gas a la Unión Europea, repercutieron en un alza desmesurada de sus precios, así como los de su sucedáneo, el carbón.

Los altos precios de los energéticos, que alcanzaron niveles históricos, afectaron la cadena alimentaria en sus fases de producción y distribución, debido al encarecimiento de los insumos agrícolas de los cuales Rusia y Ucrania han sido tradicionalmente la gran despensa. Y no era para menos, habida cuenta que este sector absorbe el 30% de la demanda total de energía en el mundo. Ello explica en gran medida la escalada alcista de los precios.

El 2022 estuvo marcado por una inflación galopante a nivel mundial, alcanzando niveles no vistos en los últimos 40 años. En los EEUU alcanzó en diciembre pasado el 7% interanual, cifra récord desde 1982. Entre tanto en la Zona Euro se registró una inflación del 5,1% en enero de este año, la más alta desde que se llevan estadísticas armonizadas (1997).

Como es apenas obvio, Colombia no se podía sustraer de esta megatendencia, dados los vasos comunicantes con la economía global, de la que no se puede desacoplar. Manes de la globalización. De ello se sigue que la inflación en Colombia tiene un gran componente importado, vía precios de los insumos y materias primas y, de contera, la devaluación del peso frente al dólar la atiza.

El Banco de la República, al igual que los demás bancos centrales del mundo, ha venido elevando la tasa de interés de intervención, desde el 3,75% en marzo de 2020 hasta el 13% en marzo de 2023, sin lograr contener la espiral inflacionaria. Esta medida, contraccionista por excelencia, le pone el freno de mano al crecimiento de la economía, al punto que llegó a temerse por una recesión este año.

El año anterior el IPC registró un incremento del 13,12%, la cifra más alta en 21 años, superior en 7,5 puntos porcentuales que la que reportó el DANE para 2021, que fue del 5,62%. Ello, entre otras razones, llevó a la unanimidad entre las centrales obreras, gremios de la producción y el Gobierno Nacional, que integran la Mesa de Concertación Salarial, al reajuste del 16% del salario mínimo para el 2023.

El mayor impacto de la inflación ha sido en los alimentos y en los servicios públicos, especialmente en el de energía, lo cual se explica por las razones anteriormente expuestas.

Llama la atención que las tarifas de los servicios públicos han aumentado por encima de la inflación total. Uno de los factores que lo explican es el rezago tarifario que venían arrastrando las empresas de servicios públicos debido a las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia por el gobierno nacional, en virtud de las cuales se congelaron o difirieron las alzas, represándolas, haciéndolas ahora efectivas.

También han influido el incremento en los costos operativos de las empresas trasladándose estos mayores costos en los que incurren a sus usuarios vía tarifas.

Se auguraba que marzo de este año iba a ser el punto de inflexión a partir del cual la inflación iba a empezar a ceder, pero no fue así, se resiste a ceder. Los resultados han sido desalentadores: en marzo el IPC subió 1,05%, superior al 1% en marzo de 2022. La tasa interanual del IPC en marzo de este año se situó en 13,34%, el más alto desde 1999 cuando se registró el 13,51%, que contrasta con el 8,53% a marzo de 2022, 4,81 puntos porcentuales por encima de este.

Por fortuna, aunque los alimentos y los servicios públicos siguen siendo los que más han jalonado  la inflación en los últimos 12 meses, como lo advierte la directora del DANE Piedad Urdinola, en cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas que “desde enero de 2021 se venía con un crecimiento constante en la inflación, en marzo se registró un cambio de tendencia” y empezó a ceder terreno, amortiguándose su carestía. Ello es tanto más importante en la medida que el incremento del costo de la canasta familiar afecta especialmente a los más vulnerables, pues, debido a su menguado poder adquisitivo, son quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en dichos renglones.

Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, después de celebrar que la tendencia alcista de inflación de alimentos esté revirtiéndose, exhortó a los empresarios a través de su cuenta de Twitter para que “ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios”.

Este llamado es pertinente, si se tiene en cuenta que mientras los precios de los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el 0,91% en marzo, por debajo de la variación mensual del IPC, el servicio de electricidad, en cambio, subió 1,62%, por encima del mismo. No obstante, el primero sigue punteando el IPC con una tasa interanual del 21,81% seguido de cerca por el segundo con el 19,77%.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Comunicar la sostenibilidad para liderar y enseñar

Desde Pacto Global hay una convicción profunda que el trabajo en alianzas permite potenciar los resultados que las diferentes empresas y organizaciones realizan para consolidar sus accionar integral en lo ambiental, en lo social y en lo económico, a partir de su interacción constante con los grupos de interés: clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

Comunicar lo que se hace, en especial desde la óptica de la sostenibilidad, con las dimensiones económica, social y ambiental, permite generar el clima de confianza entre las partes, y servir de ejemplo especial para su réplica y estimular a que cada día más empresas y organizaciones se apropien de estos temas y crear un ecosistema sostenible en pleno crecimiento, tanto en número como en convicción.

La comunicación de la sostenibilidad puede tomar muchas formas, desde informes anuales y comunicados de prensa hasta redes sociales y programas de responsabilidad social corporativa. Para ello debe proporcionar información precisa y completa sobre su desempeño ambiental, social y económico, y que se enfoque en los temas más importantes para los grupos de interés.

Implica, además, conocer a sus grupos de interés y adaptar la comunicación a sus necesidades y expectativas. Así mismo, debe ser efectiva, utilizando una variedad de canales de comunicación, incluyendo redes sociales, informes anuales y comunicados de prensa, para llegar a una audiencia más amplia.

Igualmente, debe tener un enfoque colaborativo, trabajando con otras organizaciones, incluidas ONG, gobiernos y grupos comunitarios, para abordar los desafíos de sostenibilidad de manera más efectiva. Finalmente, debe medir y evaluar el impacto de sus iniciativas de sostenibilidad y comunicar los resultados.

Particularmente, en Pacto Global existe La Comunicación de Progreso (CoP por su nombre en inglés “Communication on Progress”). Nada más acertado que este nombre, porque indica que la sostenibilidad no es una meta sino un camino, y que al comunicar lo que se está haciendo sirve de ejemplo y guía para otros.

En Pacto Global también se resaltan los DIEZ PRINCIPIOS relacionados con Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Desde la última revisión del CoP en 2010, por parte del UN Global Compact, el panorama de reportes ha evolucionado con un número creciente de marcos de información e iniciativas, incluyendo la Plataforma de Acción ‘Reportando sobre los ODS’, co-liderada por el UN Global Compact.

La demanda por información ambiental, social y de gobierno corporativo, confiable y consistente, se ha incrementado significativamente durante la última década por parte de diferentes públicos de interés entre los que se incluyen el Gobierno, inversores y la Sociedad Civil.

En paralelo, una revisión de la ONU encargada por su Secretario General reveló la necesidad de responsabilizar más a las empresas y recomendó realizar cambios en el requisito del CoP para reconocer mejor el liderazgo empresarial, en sostenibilidad y en el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia 2021 – 2023 del UN Global Compact también hace un llamado para tener empresas más responsables.

En ese contexto, se ha formulado un cambio en la Comunicación de Progreso, Nueva-COP- proporcionando un marco para que las empresas pongan en práctica los Diez Principios y demuestren anualmente el desempeño a las partes interesadas de manera coherente y armonizada (integra los estándares de informes existentes).

También, las empresas pueden identificar brechas y establecer metas que las ayudarán a mejorar el desempeño año tras año para mantenerse al tanto de sus compromisos de sostenibilidad. Al ser digital on-line, la plataforma integra esta guía y permite la visualización de datos y comparar el progreso con el de sus pares con acceso a una de las mayores fuentes de datos comparables de sostenibilidad corporativa.

El cuestionario on line contempla un paquete de preguntas centradas en 5 áreas relacionadas con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Gobernanza, Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha contra la corrupción.Además se puede complementar con archivos adjuntos, como por ejemplo el informe de sustentabilidad de la empresa.

Ahora bien, lo que se busca con esta Nueva COP es simplificar y hacer más sencilla la presentación, independientemente de que después una empresa u organización decida hacer un informe con diagramación especial. Se busca simplicidad y facilidad con un costo menor.

En resumen, la comunicación de la sostenibilidad es clave para construir relaciones sólidas y duraderas con los grupos de interés y demostrar un compromiso serio y una apuesta consistente y constante por un mundo mejor.

*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

Colombia: Potencial del hidrógeno en la transición energética

Colombia se ha consolidado como uno de los países con mayor progreso en materia de transición energética, posicionándose en los primeros lugares del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe.

Con la llegada de un nuevo gobierno, el Ministerio de Minas y Energía planea definir una estrategia para una transición energética justa, que busca tener en cuenta a las comunidades y regiones, además de reducir la dependencia por los hidrocarburos y el carbón de una manera acelerada.

Desde diferentes sectores del país, especialmente desde el sector de la producción y comercialización de energía, se han venido presentando tensiones debido a las declaraciones expuestas por el ministerio, precedidas por el plan de transición energética justa, con respecto a la suspensión de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo y por la falta de claridad en cuanto a las cifras de las reservas de hidrocarburos.

La guiadelgas.com dialogó con Luis Carlos Parra, consultor de Hinicio, firma de consultoría especializada en energías renovables e hidrógeno, para entender mejor esta coyuntura ante los nuevos planes de transición energética.

¿Cuál es su percepción con respecto al desarrollo de la transición energética en Colombia?

Colombia ha sido uno de los países de América Latina que mayores avances ha logrado en materia de transición energética. Esto se ve reflejado en la implementación de políticas públicas que cimientan su proyección a largo plazo. Entre ellas, la expedición de la Ley 2099, que busca promover la transición energética y fortalecer el marco regulatorio sobre las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, e introducir al hidrógeno verde y azul en el marco de estas FNCER.

También, por la implementación de subastas de energía renovable; la reglamentación de la producción de hidrógeno de cero y bajas emisiones y el uso de la geotermia; el desarrollo de hojas de ruta en energía eólica costa afuera y la hoja de ruta del hidrógeno. Lo anterior respaldado con proyectos relevantes para el desarrollo de esta industria como la presentación del primer bus a hidrógeno para el transporte público en Bogotá, el proyecto piloto de mezcla de hidrógeno con gas natural y la utilización de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena.

Estos avances han permitido que Colombia cuente con bases sólidas para promover esta transición, reconocimiento global como actor relevante en la discusión e interés por parte de organismos internacionales para invertir en proyectos de energías renovables, hidrógeno y otros vectores energéticos.

En la actualidad, veo que esa disposición sigue presente, quizás de una manera más acelerada.

¿Qué piensa sobre el Plan de Transición Energética Justa que se está planteando para los próximos años?

Me parece interesante que este plan no solo comprende la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles y una mayor eficiencia energética, sino también tiene en cuenta los impactos y oportunidades sociales asociados.

Es relevante tener en cuenta a las comunidades durante este proceso, comprendiendo sus necesidades y entendiendo que es importante que las mismas aprendan sobre estas nuevas tecnologías, tanto para la generación de empleo como para el crecimiento económico local.

Una transición energética justa no solo debe considerar la descarbonización como único objetivo, sino también contemplar aspectos de seguridad y equidad energética que permitan alcanzar un acceso universal, confiable y asequible a la energía por parte de toda la población. En otras palabras, la sostenibilidad debe ser vista como como un conjunto socioeconómico y ambiental.

¿Qué rol cumple el hidrógeno frente a estos planes de transición energética?

El hidrógeno es protagónico en la transición energética de Colombia por dos puntos principales. El primero es que este vector energético nos permitirá descarbonizar los nichos industriales donde el uso de electricidad es difícil de implementar, es muy costoso o simplemente es imposible de hacer. Por ejemplo, el transporte aéreo, algunos segmentos del sector marítimo, el transporte de carga de largas distancias o incluso el transporte masivo de personas, entre otros.

Por otro lado, Colombia goza de una posición privilegiada, no solo dotándola de recursos energéticos ideales para la producción del hidrógeno verde, sino también para conectar con los mercados que proyectan ser los más demandantes de este vector y sus derivados a nivel mundial.

De esta manera, el país no solo recibiría un beneficio interno en cuanto al cumplimiento de sus metas de descarbonización, sino también podría ayudar a otros países a conseguir sus propias metas. Colombia podría ser proveedor de hidrógeno verde de otros países que no cuentan con los recursos suficientes para su producción.

Es arriesgado decir que las exportaciones del hidrógeno verde sustituirían las exportaciones del petróleo o el carbón, sin embargo, en la medida que el país logre cerrar acuerdos de cooperación internacional y con ello poner su hidrógeno verde en los mercados más demandantes, la dependencia de la economía nacional podría desligarse paulatinamente de los combustibles fósiles y lograr una transición hacia una economía descarbonizada sin poner en riesgo las finanzas nacionales.

¿Por qué se está hablando de incertidumbre?

Siempre se ha hablado de que las reservas de gas natural varían de entre 6 a 8 años. Aunque esta cifra se actualiza en función de las exploraciones que se desarrollan en el país, el desconocimiento o dudas que hay sobre estas reservas en la actualidad y las declaraciones con respecto a no otorgar nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos, son uno de los factores que ha generado incertidumbre en el mercado, sobre todo en un país donde el gas natural es parte importante de la matriz energética.

¿Cuáles oportunidades surgen de la transición energética en Colombia?

Colombia tiene la capacidad de estar entre los primeros cinco países del mundo que producirían hidrógeno renovable más barato a largo plazo, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en su reporte “Global Hydrogen Trade to Meet the 1.5°C Climate Goal: Green Hydrogen Cost and Potential” de 2022.

En parte, esto se deriva por los recursos energéticos renovables con los que cuenta el país, razón por la cual es importante señalar que la electrificación de la economía colombiana, a través del uso de las energías renovables, también es una oportunidad potencial para Colombia y su transición energética.

En otros aspectos menos técnicos, el despliegue de toda la infraestructura requerida para producir la energía y los vectores energéticos requerirá de personas que la diseñen, construyan y operen, incurriendo así en la necesidad de personal capacitado para su despliegue. Esto significa que habrá generación de conocimiento, empleo y conciencia colectiva ante una oportunidad de explorar recursos que anteriormente no eran explorados.

Por último, la transición energética también implicaría una apuesta hacia la soberanía energética y alimentaria del país, pues el desarrollo de estas tecnologías disminuiría la dependencia hacia los combustibles fósiles y la volatilidad en el precio de estos, y podría, a través de la producción local de amoniaco y fertilizantes de bajas emisiones, reducir el impacto de variaciones de precios internacionales en estos commodities.

Colombia ahora depende de las exportaciones de petróleo, pero este combustible va a ser cada vez menos usado en el mundo y esto también es una oportunidad para que las empresas del sector minero y de hidrocarburos diversifiquen sus actividades en las décadas por venir.

¿Y en cuanto a desafíos?

Tenemos importantes desafíos de infraestructura. Por ejemplo, ante nuestras metas de descarbonización y producción de hidrógeno para exportación y consumo local planteadas hacia 2030-2040, ¿cómo hacemos para desarrollar infraestructura de captura y transporte (terrestre y marítimo) de hidrógeno y sus derivados, en un tiempo récord que permita exportar estos vectores energéticos y/o usarlos como parte de nuestro consumo interno?

Retos como estos, especialmente en regiones que tienen mayor accesibilidad a recursos naturales, pero menos desarrollo de infraestructura, son urgentes. Por ejemplo, en La Guajira hay excelentes recursos solares y eólicos, pero todavía no hay redes eléctricas robustas que permitan el transporte de esta energía hasta los centros de demanda, permitiendo el mejor aprovechamiento del potencial energético de la región. En este sentido resulta clave que el desarrollo de las tecnologías y la construcción de capacidades se fortalezca rápidamente.

Para ampliar esta información, Hinicio llevará a cabo el webinar: Hidrógeno verde y la coyuntura de la transición energética justa en Colombia, en el cual se discutirán los cambios, retos y nuevas perspectivas de las energías renovables y el hidrógeno ante los planes actuales de transición energética.

Mónica Gasca, directora de Hidrógeno Colombia; Martha Cobo, decana de la Universidad de La Sabana, y Emanuel Ramírez, coordinador Líder Técnio de Hidrógeno en FENOGE, serán parte de esta discusión.

Inscripciones en: https://register.gotowebinar.com/register/5048157380393622618?source=Website

Canacol Energy reporta aumento de utilidades y reservas al cierre de 2022

El balance para la petrolera canadiense al cierre del año es de una utilidad neta de 147 millones de dólares y reservas 2P de 652 billones de pies cúbicos de gas equivalentes (Bcfe).

La primera empresa productora de gas natural independiente en Colombia, y la segunda después del Grupo Ecopetrol, siguió fortaleciendo su presencia en el sector de hidrocarburos en el país, y finalizado el 2022 registró aumentos tanto en utilidades como en reservas.

Efectivamente, la Corporación obtuvo una utilidad neta de 147,3 millones de dólares, en comparación con una utilidad neta de USD$15,2 millones en 2021: El resultado, según la misma compañía, es atribuible principalmente al reconocimiento de recuperación de impuestos por USD$135,5 millones durante el último trimestre como resultado de la reestructuración corporativa, con la transferencia de sus activos de Esperanza y VIM-21 desde una subsidiaria de su propiedad a otra.

Por su parte, las reservas Probadas + Probables (2P) de gas natural convencional y crudo ligero/mediano aumentaron 7,5% en comparación con 2021, totalizando 652 billones de pies cúbicos estándares equivalentes (Bcfe) al 31 de diciembre de 2022, con un valor antes de impuestos de USD$1,9 billones.

En consecuencia, las reservas tuvieron un reemplazo de 169%, basado en las adiciones del año calendario 2022 de reservas de gas natural convencional y crudo ligero/mediano de 79,5 Bcf y 5,7 millones de barriles (MMBbls), respectivamente, para un total de 112 Bcfe.

Ravi Sharma, COO de Canacol Energy comentó: «Nos complace reportar nuestras reservas de fin de año 2022. Logramos un Índice de Reemplazo de Reserva 2P de 169%, demostrando un crecimiento orgánico tanto en nuestra área núcleo tradicional en la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena, como en una nueva área de foco en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena.

“Durante la última década hemos adicionado más de 880 Bcf de reservas de gas natural convencional 2P provenientes del éxito en 35 de los 41 pozos de exploración perforados, lo que resulta en una tasa de crecimiento anual compuesta del 22% en las reservas de gas natural 2P.”

Durante el 2022 la Corporación registró aumentos en ciertas categorías de reservas como resultado de los descubrimientos en los pozos Alboka, Claxon, Saxofón y Manchego en el bloque VIM5, Canaflecha-2 en el bloque Esperanza, Carambolo y Cornamusa en el bloque VIM21, Chímela (crudo) en el bloque

VMM45, Dividivi en el bloque VIM33, y Chinú en el bloque SSJN7. Todas las adiciones mencionadas se encuentran en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, excepto Chímela que se encuentra en la cuenca del Valle Medio del Magdalena.

Las revisiones técnicas positivas se asociaron principalmente con Clarinete, Pandereta y Sikú en el bloque VIM5, San Marcos en el bloque Esperanza y Aguas Vivas en VIM21. Las revisiones técnicas negativas se asociaron principalmente con Chirimía en el bloque VIM5 y Toronja en el bloque VIM21.

Para el resto de 2023, Canacol Energy se enfocará en los siguientes objetivos:

1) La perforación de hasta 10 pozos de exploración y avanzada en un programa dirigido a un índice de reemplazo de reservas 2P de más del 200%,

2) La adquisición de 282 kilómetros cuadrados de sísmica 3D en el bloque VIM-5, para ampliar el inventario de prospectos de exploración,

3) Avanzar en el proyecto del gasoducto de Jobo a Medellín, que agregará 100 MMcfpd de nuevas ventas de gas al interior del país a fines de 2024, lo que permitirá a Canacol aumentar las ventas de gas a más de 300 MMcfpd,

4) Continuar retornando capital a los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones, y

5) Fortalecer la estrategia ambiental, social y de gobierno con el objetivo de mejorar la clasificación de la Corporación en varios índices de sostenibilidad.

“Con nuestra campaña de perforación de 2023 enfocada en la exploración y un portafolio de 178 prospectos y leads potenciales identificados, que contienen recursos prospectivos medios de gas natural sin riesgo de 20,5 trillones de pies cúbicos, según nuestro informe de recursos independiente de 2021, anticipamos muchos años más de exploración exitosa”, concluyó Sharma.

Cuál es la vigencia del concepto de conexión expedido por la UPME

La validez que tiene el concepto de asignación de capacidad expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) inicia desde el momento en que la entidad emite el concepto con asignación de capacidad, hasta el momento en el que se ha verificado y aceptado que el desarrollador del proyecto ha cumplido con documentos y acciones tendientes a mantener su vigencia.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Los documentos y acciones del proceso son las siguientes:

  • Aprobación de la garantía: Que el interesado haya constituido la(s) garantía(s) o haya hecho entrega de la(s) debida(s) copia(s) de la aprobación de la(s) garantía(s) ajustada(s) respecto a su prorroga o actualización del valor de la cobertura, según lo establecido por la CREG.
  • Curva S: Que el interesado haya presentado la Curva S y sus debidos ajustes (si fuere necesario).
  • Contrato de conexión: En caso que se haya suscrito contrato, el interesado deberá cargar en la Ventanilla Única la copia firmada del contrato de conexión perfeccionado, donde se incluya la información respectiva que coincida con lo dispuesto en el concepto de conexión.
  • Informes de Seguimiento: El interesado deberá entregar los Informes de Seguimiento (por cumplimiento de la fecha de los hitos de la Curva S e Intermedio de seguimiento de la Curva S) de la ejecución del proyecto en los plazos previstos, donde se evidencia el estado de avance del proyecto, su comparación con la Curva S de referencia, así como las explicaciones respectivas.

Cuando el desarrollador del proyecto de generación no entregue y/o cargue los anteriores documentos en la Ventanilla Única, ni ejecute las actuaciones descritas anteriormente, se expone a la pérdida de la vigencia del concepto de conexión.

De igual manera, perderá la capacidad asignada, si el ASIC informa a la UPME que una planta de generación que se haya retirado temporalmente o renovado sus instalaciones no reingresa oportunamente al mercado mayorista en la fecha prevista en la autorización respectiva.

Finalmente, según la Resolución CREG 075 de 2021, la asignación de capacidad de transporte, tendrá plenos efectos a partir del momento de puesta en operación del proyecto, y hará parte inherente de él, mientras se encuentre en operación.

*Socio fundador de OGE Legal Services

La inseguridad alimentaria

En concepto de la FAO, la seguridad alimentaria es lo más fundamental de las necesidades y de los derechos humanos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

Como lo veremos, la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Al contrario, la inseguridad alimentaria en los hogares es una condición en la que sus integrantes no tienen acceso satisfactorio a la comida, que está fuera de su alcance, lo cual deriva en la malnutrición, la desnutrición y el hambre.

En casos extremos, se considera severa cuando para paliar la falta de ingesta alimentaria se recurre al rebusque, vendiendo enseres para procurársela.

Entre las principales causas de este drama humano se distinguen aquellas de carácter estructural, entre las que se destacan la pobreza monetaria, el desempleo, la informalidad y la violencia, las cuales en no pocos casos se padece la sumatoria de ellas.

En cuanto a las causas coyunturales merecen mencionarse el cambio climático, la inflación, pandemias como la Covid 19 y eventos geopolíticos como el conflicto en Ucrania, que provocó la escasez de alimentos e insumos agrícolas (úrea, fertilizantes, abonos nitrogenados, etc), con la consiguiente especulación y la espiral alcista de sus precios.

Como lo anotó el ex director de investigaciones del FMI Pierre Gourichas, “los precios de la energía y de los alimentos están muy relacionados”, tanto más cuanto la mecanización de la agricultura torna esta cada vez más intensiva en consumo de energía y advirtió que “la situación crítica de estos aspectos no constituye un problema transitorio”.

Y la pavorosa crisis alimentaria actual ha terminado por darle la razón. De ello se sigue la gran sensibilidad de los precios de los alimentos a cualquier cambio, generalmente al alza, de los energéticos, exacerbada por la afectación de las cadenas de suministros y el transporte a consecuencia de la crisis pandémica.

Así ha ocurrido históricamente, y no es para menos, pues se estima que cerca del 30% de la demanda total mundial de energía se relaciona con los sistemas alimentarios en las fases de producción, distribución y acceso.

De modo que las fallas en el sector energético, como la que se ha presentado recientemente en la Unión Europea, repercute en la cadena alimentaria, afectando no sólo la seguridad sino también la soberanía alimentaria.

Los avances en las técnicas de control de la natalidad y la tecnología aplicada a la agricultura y a la producción de alimentos obligaron a replantear la hipótesis catastrofista del demógrafo británico Thomas Malthus, según la cual mientras la población crecía de manera exponencial la producción de alimentos crecía en una progresión aritmética, lo cual abocaría a la humanidad a una hambruna sin remedio.

Si bien es cierto que el crecimiento de la población venía acelerándose, en las últimas décadas se ralentizó.

Tomando como referencia el primer año de nuestra Era, cuando la población mundial era de sólo 250 millones de habitantes, sólo hacia el 1650 se duplicó para alcanzar los 500 millones, 150 años después se duplicó para alcanzar la cifra que alarmó a Malthus. Y así sucesivamente hasta alcanzar su punto de inflexión en el año 2000 cuando se triplicó la población, registrando la cifra de los 6.144 millones de habitantes.

No obstante, después del crecimiento de la población a un ritmo del 2% anual hasta las postrimerías de los años sesenta, dicha tasa de crecimiento ha disminuido sensiblemente hasta situarse en 1,35%. Y las proyecciones para el período 2025 a 2030 vaticinan un crecimiento de la población del 0,8% anual.

Por ello, la presión poblacional y su demanda por alimentos se viene relajando con el paso de los años, mientras la capacidad, así como la productividad y el potencial de producción de alimentos avanza vertiginosamente gracias a la creciente mecanización y tecnificación de la agricultura, cubriendo la demanda de mercados globales.

Lamentablemente, 349 millones de personas en 79 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda, frente a los 287 millones en 2021 y 200 millones más con respecto a los niveles previos a la pandemia de la Covid – 19.  Pero, al establecer la causa de ello, se concluye fácilmente que el problema más que en la disponibilidad de los alimentos está en el acceso a los mismos, que tiene que ver, como ya lo vimos, en el desempleo, la falta de ingresos y el bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad, que son lacras sociales que laceran a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En julio se adjudicaría la planta de regasificación del Pacífico

En diálogo con la guiadelgas.com, el director de la UPME habla sobre los proyectos de expansión prioritarios en gas natural y electricidad, para darles seguridad a estos sistemas energéticos.

Carlos Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), cree que la segunda convocatoria para la planta de regasificación del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo, no saldrá desierta y que, en consecuencia, se estaría adjudicando a mediados de julio próximo.

La afirmación la hace soportado en que la ampliación de tres meses para presentar propuestas fue solicitada por los mismos interesados, y además la UPME redujo la capacidad de almacenamiento de 200.000 a 170.000 metros cúbicos, lo que ha despertado interés en los inversionistas.

Por otro lado, además de la interconexión de los dos sistemas de transporte de gas natural, el de la Costa y el Interior, Correa considera que otros proyectos prioritarios para el sistema es la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena y el cierre del anillo Jobo-Medellín, identificados en el Plan de Abastecimiento de Gas.

En el tema de líquidos, la UPME identificó otro proyecto importante: el poliducto Yumbo-Pasto, que solucionaría en un futuro próximo temas de confiabilidad y abastecimiento para el sur del país.

“Estamos a la espera de que la CREG defina las reglas para ese proyecto, pero creo que va a solucionar el suministro de combustibles líquidos: jet fuel, GLP, gasolina y diésel para esa zona del país, que como ya vimos con el tema del cierre de vías, tiene dificultades de transporte y sufre bastante”, dijo Correa.

Cambiar el chip en la planeación en electricidad

De acuerdo con el funcionario, hay aprobados 23.900 Mw para conexión, pero el cuello de botella del sector eléctrico está en la falta de redes de transmisión.

“Efectivamente, el refuerzo en las redes de transmisión se ha hecho históricamente tratando de seguir la demanda y tratando de ir, si se quiere, en un segundo plano hacia la expansión del parque de generación.

“Lo que nosotros estamos viendo es que, primero, hay que cambiar el chip en la manera en que se planea la transmisión, nos toca ser más anticipativos, porque ya vimos que por falta de transmisión muchos proyectos no pueden tener acceso a puntos de conexión.

“Entonces, por un lado, un cambio de chip en la planeación y, en segundo lugar, desde la UPME tenemos mapeado los proyectos más urgentes, el Ministerio también, hay inclusive una gerencia interministerial que se llama Gerencia Guajira, y nosotros dese la Unidad por supuesto nuestra labor esa sí diaria es hacer seguimiento a los proyectos de transmisión y tratar de determinar qué se puede hacer para impulsarlos y que lleguen a feliz término”, señala el funcionario.

Dentro de esos proyectos prioritarios en transmisión, Correa señala a Colectora-Cuestecitas y las líneas que se desprenden hasta La Loma y El Copey, pues esos proyectos permitirían evacuar una capacidad importante de generación en La Guajira, más o menos unos 1.050 Mw.

Otros proyectos están asociados a la zona Centro Oriente: Chivor Norte-Bacatá y Sogamoso Norte-Nueva Esperanza, que para la UPME son prioritarios porque permitirían aumentar la confiabilidad en la zona donde Bogotá representa una carga importante.

Naturgas entrega estudio para generar política pública en torno al potencial del gas natural

Naturgas presentó un estudio al DNP donde muestra el impacto que podría tener el Gas Natural sobre temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, propósitos centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) entregó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) el estudio “El Gas Natural como vehículo para elevar el bienestar y reducir la privación energética de los hogares en Colombia”, en el cual se destacan las cifras, los retos y las recomendaciones para ampliar el uso de este energético en los hogares, como forma de impulsar la calidad de vida, la transición energética y reducción de la pobreza, y aportar a la generación de política pública, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo que se discute en la actualidad en el Congreso de la República.

De acuerdo con el documento, el 66,8% de los colombianos usaba gas natural en 2021 como fuente de energía para cocinar, el 20,6% Gas Licuado de Petróleo (GLP), y el 10,6% leña carbón o desechos, es decir, que cerca de 5,4 millones de personas, equivalente a 1,6 millones de hogares, cocinan con combustibles altamente contaminantes, y que están en el rango de lo que se denomina pobreza energética.

Por su parte, el director del DNP, Jorge Iván González, destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando Planeación junto con el Gobierno, la academia y los gremios del país, al ser uno de los trabajos de la entidad coordinar y ordenar las discusiones. “Estamos escuchando siempre las preocupaciones e intereses de la gente y los empresarios”, afirmó.

Sobre el tema del gas natural, afirmó que es otro de esos temas transversales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pues en cada una de las cinco transformaciones hay temas que impactan el sector, el cual es clave para la lucha contra el hambre y la pobreza, propósito central de este gobierno.

De hecho, otro hallazgo del estudio es que las personas más vulnerables del país son las que más usan leña, carbón y desechos para cocinar; además de que no solo son de zonas rurales sino que también se encuentran en zonas urbanas, y usan cerca de dos horas al día para cocinar con este tipo de elementos, lo que constituye un riesgo para su salud, mayor contaminación ambiental e, incluso, mayores costos pues deben comprar la leña.

Por otra parte, se encontró que el consumo per cápita de energía primaria en Colombia es bajo, pues para 2021 el consumo fue de 10.422 kWh, muy por debajo de los 50.000 kWh de los países desarrollados.

El estudio observó una relación positiva entre la intensidad energética y el PIB per cápita, es decir, a mayor progreso económico, mayor consumo de energía.

Asimismo, existe una relación inversa entre pobreza monetaria y la intensidad de energía por unidad de PIB per cápita; es decir, a mayor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza (US$3,65), menor consumo de energía por unidad del PIB.

Cabe mencionar que el artículo 182 del Plan Nacional de Desarrollo busca establecer una tarifa de cálculo para el valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecerán la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles”, dice el documento.

Sobre la investigación, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, expresó que “este documento representa una oportunidad valiosa para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, con un propósito que puede unir al gobierno, al Congreso, la industria y las comunidades, como lo es reducir los índices de pobreza y la privación energética que enfrentan los colombianos. Desde la industria del gas natural entendemos esta realidad y tenemos la capacidad de colaborar para cambiar el paradigma”.

El estudio está en línea con lo propuesto en el PND, donde se contempla el subsidio o la confinanciación para ampliar las redes de distribución del combustible, además de subsidiar o ayudar a cofinanciar los cargos de conexión en los estratos 1 y 2, tanto en áreas rurales como urbanas.

En ese sentido, Murgas dijo que “el programa de sustitución de leña busca beneficiar a unas 192.000 familias y, si se habilitan la financiación y cofinanciación con un fondo, que además se nutre con una contribución del sector del gas natural, para financiar cargos de conexión y extensión de redes internas en viviendas de estratos 1 y 2, pudiésemos llegar a un techo de 650.000 familias.”

El estudio, pues, entrega insumos a los distintos sectores del país mientras se adelantan los debates del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno nacional.

Resalta, por ejemplo, que el gas natural es un energético asequible con ventajas sociales frente a sus sustitutos más cercanos y cuenta con atributos de equidad que le dan gran potencial para contribuir al cambio social y aportar a la construcción de la economía popular.

TGI lanza escuela de liderazgo femenino en las regiones

A través de educación y capacitación, TGI busca fomentar el empoderamiento y desarrollo integral de mujeres en los departamentos de La Guajira, Casanare y Meta, haciendo una apuesta por la transformación social.

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, lanzó su Escuela de Liderazgo Femenino para acercar al conocimiento y liderazgo a más de 200 mujeres en La Guajira: Albania, Manaure y Riohacha; en el Meta: Barranca de Upia, Acacias, Villavicencio; y en Casanare: Sabanalarga.

Con este programa, la empresa hace una apuesta por la reconstrucción del tejido social, la inclusión, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y la automía económica.

“Como parte de nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de una estrategia de sostenibilidad, entendemos la importancia de brindar herramientas para empoderar a las mujeres que desde sus comunidades impulsan procesos de cambio y transformación social, señaló Mónica Contreras Esper, presidente de TGI.

Con el objetivo de lograr un alto impacto en los territorios, desde TGI queremos promover las economías locales, nuevas visiones de desarrollo, generar bienestar social y mejorar la calidad de vida de muchas mujeres.

Para el segundo semestre de 2023, 200 nuevas mujeres iniciarán la segunda cohorte de la escuela, en los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Tolima. Para este caso se enfocarán en emprendimientos verdes y bioeconomía.

“En TGI tenemos la convicción profunda de que la diversidad, la inclusión y la equidad son condiciones indispensables para lograr el desarrollo sostenible, el progreso de los países, el bienestar de la sociedad, el crecimiento y desarrollo de las empresas. Como una empresa de puertas abiertas, hoy nos alegra brindar oportunidades que aportan al cierre de brechas y a la construcción de un país más equitativo, que reconoce a sus mujeres como agentes de desarrollo, cambio y prosperidad colectiva”, concluyó Mónica Contreras.

Colombia: Industria de hidrocarburos avanza en equidad de género

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en alianza con Mujeres Oil&Gas, lideró el ‘Foro ACP Equidad de Género: Aportes de la industria al cierre de brechas’, un espacio de discusión y análisis de los temas de equidad en el sector hidrocarburos y de combustibles líquidos.

La industria, en los segmentos de exploración y producción de hidrocarburos, y de distribución de combustibles, en 2021 contó con más de 19.700 mujeres vinculadas en sus operaciones. De esas, 3.419 trabajaban en Santander, 3.104 en Meta, 2.578 en Arauca, 2.460 en Casanare, 1.850 en Bogotá, y el resto en Cundinamarca, Bolívar, Huila, Putumayo y Cesar.

“Históricamente la industria del petróleo y gas se ha caracterizado por ser mayoritariamente masculina; sin embargo, estamos convencidos de la importancia de garantizar la igualdad de género para el sector y la sociedad, por ello, hemos avanzado con la implementación de políticas de equidad en las compañías y la generación de espacios de discusión, análisis y seguimiento a los temas de igualdad como este que hoy convocó a gremios, empresas, comunidad y Gobierno”, aseguró Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

Por su parte, la presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Clara Liliana Guatame, quien se refirió en su presentación al enfoque de género en la transición energética en Colombia, señaló que “la apuesta es incluir más mujeres en la industria de hidrocarburos y esto, en un contexto de transición energética justa, significa mayor equilibrio entre las visiones, experiencias y perspectivas”.

Sobre el panorama de la equidad de género en el sector hidrocarburos, Adriana Álvarez, directora técnica de Insuco, consultora internacional especializada en ciencias y sostenibilidad social, destacó que si bien hay retos que superar en el camino a la equidad, hay avances por destacar como la consolidación de los esquemas de flexibilidad laboral, las estrategias socializadas de equidad de género y formaciones para eliminar los sesgos inconscientes.

En el conversatorio ‘Apuestas del sector de petróleo, gas y combustibles líquidos para avanzar en la equidad de género’, el country manager de Drummond Energy, Alberto García, hizo énfasis en la importancia de promover la formación de mujeres en áreas técnicas que permitan vincularlas en cargos que hoy ocupan en su mayoría hombres. “Tenemos una participación diferencial en lo profesional, técnico y operacional, y ahí está el gran reto de superar ese rezago, aunque en los últimos 20 años esta brecha se ha reducido”.

La industria también ha avanzado en la promoción de la equidad de género en las comunidades. En 2021, la inversión social de las empresas del sector (upstream y downstream) sumó más de $455.500 millones,que beneficiaron a más a 60 mil mujeres, a través del fortalecimiento comunitario y de proyectos productivos; cultura, arte y patrimonio; educación, recreación y deporte; e infraestructura social.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Ximena Beltrán, estudiante del programa de formación ‘Crece con Frontera’, quien desde su experiencia narró cómo esta iniciativa transformó su vida y la de otras mujeres de Puerto Gaitán (Meta): “Actualmente somos 24 mujeres que tenemos contacto directo con la parte operativa, en prácticas que antes solo estaban atendidas por hombres. Esta es una oportunidad de empoderamiento que nos ha permitido crecer en todos los ámbitos de nuestra vida”, dijo.

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