Autor: Martín Rosas

Los gremios de la región piden a congresistas no exponer al territorio a una crisis social, ni desestimular la producción de sectores estratégicos, ni la inversión privada vital para su desarrollo.

18 de octubre de 2022.   La Reforma Tributaria ocasionará una mayor pobreza y más desempleo en el Caribe al debilitar sectores estratégicos de su economía, limitar sus posibilidades de desarrollo y lesionar su competitividad.

Por ello, los gremios de esta Región solicitan a los congresistas, especialmente del Caribe, votar responsablemente la reforma sin exponer al territorio a una crisis social como consecuencia de un régimen de impuestos que exceda la capacidad de pago de las empresas, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Además, proponen aplazar el trámite de la Reforma Tributaria hasta cuando se logre el equilibrio entre las propuestas del Gobierno nacional y las de los gremios que representan al sector privado, sin afectar la productividad y competitividad de las empresas ni desestimular la internacionalización del país.

Insisten en alcanzar ese equilibrio ante las coyunturas que podrían derivar en una recesión global y nacional, el endurecimiento de las políticas monetarias en las principales economías del mundo para contener la inflación, el incremento de las tasas de interés, y la valorización del dólar, costos que afectan al sistema productivo.

Finalmente advierten que, a mediano plazo, es más eficiente y viable mantener la carga fiscal en niveles razonables que permitan realizar inversiones, generar empleo y conservar o mejorar grados de producción competitivos, que incrementar abruptamente el aporte tributario del sector productivo para obtener recaudos muy altos, pero insostenibles en el tiempo.

Los gremios de la región que se han expresado son: El Consejo Gremial de Bolívar y los Comités Intergremiales del Atlántico, Cesar, Magdalena y Sucre.

Algunos ejemplos del impacto de la Reforma Tributaria que mencionan en sectores estratégicos del Caribe son:

1. Una mayor carga fiscal desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos, en contravía de la tendencia mundial, y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César, afectando la transición energética dado que este mineral es indispensable para desarrollar las energías renovables.
2. La minería genera el 49% de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y

205.000 indirectos. Además, por cada peso generado activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores; realiza compras de bienes y servicios por $9,6 billones de pesos al año, de las cuales el 30% en los mercados locales; y anualmente paga compensaciones ambientales por $527 mil millones, y realiza inversiones sociales directas por $126 mil millones de pesos, beneficiando a 193.000 personas.

3. El Caribe es el principal receptor de inversión exploratoria de petróleo y gas en 2022, con USD 487 millones, el 59% de esa suma, en tierra firme. El total de la inversión en proyectos costa afuera se ejecutará en esta región, con compromisos en los próximos años por USD 1,5 billones. Aún con ese monto, poner a producir los recursos del Caribe requiere más pozos exploratorios e inversiones cuantiosas que convertirán a la Región en la fuente de la soberanía energética de la nación y de la producción de hidrógeno verde y azul.

4. El Caribe tiene un potencial de producción de gas natural costa afuera que triplicaría las reservas del país. Aquí se ejecutará el 78% de la inversión en exploración por lo que desincentivarla es condenar a la región a dejar ese recurso en el subsuelo y perder cerca de 20 mil empleos directos. El gas natural es el respaldo de las energías renovables ante su producción intermitente e impredecible, y un apoyo para la autosuficiencia y la transición energética.

5. Ponerles por decreto a las zonas francas un umbral de ventas máximo al Territorio Aduanero Nacional no superior al 40% en 2024; 30% en 2025; y 20% en 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20%, y establecer que las que los incumplan por 3 años consecutivos perderán su calificación de usuarios industriales, desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe; y pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, 80% de las cuales son PYMES cumplidoras de compromisos de empleo e inversión.

6. Usuarios que por su naturaleza y fines no son exportadores, pero sí estratégicos para el comercio exterior y el país, como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, generadores de energía, refinerías, productores de biocombustibles y agroindustrias deben mantener el tratamiento especial de zona franca con la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravable del 20%. En ese mismo sentido, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe mantener sus condiciones especiales, amparadas en la ley 915, para que pueda conservarse el equilibrio comercial en zona insular.

7. La Reforma Tributaria elimina la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo, y la reducción de dicho impuesto en los tiquetes aéreos del 5%. También elimina la exención a la sobretasa temporal a la energía para los hoteles, lo cual aumentaría en 20% los costos de este rubro en 2023. Tales beneficios son determinantes para que este sector, altamente dinamizador de la economía de la Región Caribe, siga recuperándose de la afectación causada por la pandemia.

En Legislatura de Buenos Aires se presentarán tres proyectos para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia

13 de octubre de 2022.   Buenos Aires no se da por vencida en sus planes para ser considerada una provincia petrolera. Por eso, este 14 de octubre se presentarán tres proyectos de ley para impulsar la actividad hidrocarburífera.

Provincia Petrolera, Promoción de Hidrocarburos y Creación de la Comisión Bicameral Exploración de Hidrocarburos Offshore son las iniciativas que se presentarán al senado en la sesión de la Legislatura bonaerense.

«La industria energética es de gran importancia para la soberanía nacional. Buenos Aires genera el 87% de la energía total del país, por eso apostamos a ampliar los horizontes y potenciar la Provincia con la promoción de la producción hidrocarburífera», se indicó el senador Francisco Durañona en un comunicado.

La primera propuesta, denominada «Provincia Petrolera» busca declarar de interés público provincial la promoción, el desarrollo y la ejecución de planes destinados a incrementar la producción y el tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados.

De ese modo, se busca promover el incremento racional de la producción y tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos de manera sostenible, el pleno desarrollo de la industria de los hidrocarburos y la petroquímica y la generación de empleo.

Para satisfacer el interés general de la población en materia energética y contribuir al desarrollo económico y ante la posibilidad de contar con producción y desarrollo offshore, se busca crear y establecer las bases necesarias para elaborar una Ley de Hidrocarburos en la provincia.

El proyecto declara de interés público provincial la promoción, el desarrollo y la ejecución de planes destinados a incrementar racionalmente la producción y el tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, promoviéndose el desarrollo pleno de la industria de los hidrocarburos y petroquímica en el territorio bonaerense.

De sancionarse, se creará una Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos a trabajar en conjunto con los distintos actores involucrados.

Asimismo, se presentará una propuesta que persigue la creación de la Comisión Bicameral Exploración de Hidrocarburos Offshore, para analizar y estudiar el desarrollo de la exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte.

«La región a explorar se ubica costa afuera, en aguas federales, a más de 300 km al sudeste y 400 km al sur de la ciudad de Mar del Plata, con una superficie de aproximadamente 9.500 kilómetros cuadrados», se detalló.

La iniciativa pretende consolidar la transparencia sobre la exploración y extracción en el mar argentino, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, el cuidado de los recursos naturales y promover que los proyectos contribuyan al desarrollo local para proteger a las comunidades y economías regionales del área de influencia.

Fuente: La Mañana en Neuquén

Según el reporte entregado el 12 de octubre, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54 % se asocian al mercado regulado y el 46 % al mercado no regulado.

13 de octubre de 2022.   Después de cuatro semanas de la puesta en marcha del cronograma con las medidas a corto y mediano plazo para mitigar el alza de las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los actores del sector energético anunciaron, como resultado de la primera etapa de negociaciones, que 82 empresas se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, para disminuir las tarifas de energía.

Según el cronograma planteado, el pasado 7 de octubre se cumplió el plazo de la etapa de ajustes en las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.

Las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras manifestaron públicamente su voluntad de acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria y buscar alternativas para reducir efectivamente y, en el corto plazo, las facturas del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional.

82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de Generación, Transmisión y Distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado.

“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy anunciamos que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, dijo Vélez Torres.

“Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del Pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes, sin embargo reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, concluyó.

El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio se manifestará desde noviembre.

La ministra Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, han materializado el cronograma de ejecución del paquete regulatorio y lo dispuesto en la Resolución 101 de 2022, que permite la renegociación de los contratos del mercado regulado entre los comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y el ajuste del indexador.

Los anuncios sobre los avances en el Pacto por la Justicia Tarifaria, fueron hechos este miércoles por la ministra Vélez Torres; el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Valencia Marín; la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez; el director general de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur; y la directora sectorial de energía y gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Katherine Simancas.

Por su parte, la CREG señaló que la Comisión sigue trabajando en la revisión permanente de las metodologías tarifarias.

“Estamos comprometidos con los costos eficientes en las tarifas de energía y por supuesto, siempre dando señales en la mejora del servicio, ayudando a que los colombianos tengan una mejor calidad de vida”, aseguró Jorge Valencia Marín, director de la CREG.

El primer paquete regulatorio expedido por la Comisión de Regulación involucró la revisión de los indicadores que se utilizan para actualizar los componentes de la tarifa y así viabilizar que, antes de finalizar el año, los colombianos cuenten con tarifas eficientes.

“La Comisión sigue trabajando en soluciones estructurales, no solo por la situación que se ha presentado coyuntural, sino también en la revisión de la metodología tarifaria de este servicio público”, dijo Valencia Marín.

En este momento, la Comisión adelanta la revisión de tres componentes tarifarios del costo de prestación del servicio de energía eléctrica: la transmisión, la comercialización, y el inicio del trámite de revisión de la metodología de los cargos de distribución. Todos como parte del Costo Unitario de prestación del servicio (CU).

La termoeléctrica ubicada en Yopal, Casanare, se suma a la estrategia liderada por el gobienro nacional para reducir las tarifas de energía eléctrica.

11 de octubre de 2022.   La generadora de energía térmica Termoyopal anunció que se suma de forma voluntaria al Pacto por la Justicia Tarifaria, liderado por el Ministerio de Minas y Energía y bajo los lineamientos definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para brindar una alternativa a los comercializadores que atienden el Mercado Regulado de la Costa Atlántica.

A partir de un diálogo consensuado, la empresa busca acuerdos sobre los contratos con vigencia en 2022, con el fin de contribuir al propósito de reducir el costo de las tarifas de energía en beneficio de todos los colombianos.

“La compañía tiene un compromiso social ineludible con las necesidades de los usuarios de energía eléctrica a nivel nacional y más especialmente con los de la costa Caribe, por eso estamos generando espacios de concertación con nuestros aliados comercializadores para definir un porcentaje de descuento sobre el precio de venta de energía que permita aliviar el bolsillo de las familias con menores ingresos”, señaló Luis Alberto Páez, gerente General de Termoyopal.

Cabe destacar que aun cuando el valor del gas natural, principal componente en los costos de generación para Termoyopal ha aumentado alrededor de 45% en pesos colombianos desde el año 2020, la compañía desde hace una semana viene presentando propuestas de reducción de precio a los comercializadores con los que tiene contratos para el Mercado Regulado y, especialmente, a los que atienden la demanda de la Costa Caribe.

Termoyopal reitera su compromiso de continuar brindando al Sistema Eléctrico Nacional energía firme, flexible y confiable, en el marco de la transición energética justa y gradual, señaló la térmica en un comunicado.