Naturgas: ‘Impedir el desarrollo del gas es hacer una transición al carbón’

En la última década el servicio de gas natural en Colombia pasó de 1,9 millones de usuarios a 10,7 millones, beneficiando a más de 36 millones de personas, de los cuales 30 millones son de los estratos 1, 2 y 3. Ser autosuficientes en gas también permite sustituir el 70% de la importación de fertilizantes, lo que puede abaratar los alimentos.

5 de octubre de 2022.   La insistencia del gobierno de Gustavo Petro en marchitar el sector de hidrocarburos no solo encarecería el servicio de gas natural domiciliario (afectando a más de 36 millones de colombianos), y pondría en riesgo la seguridad alimentaria sino que la anunciada transición energética se desviaría hacia el carbón.

Así lo señaló Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), en la apertura del Congreso del sector que se realiza en Cartagena.

De acuerdo con Murgas, Colombia tiene una posición privilegiada en gas natural frente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, especialmente en Europa. Gracias a que el gas que consume el país es ciento por ciento producido internamente, los precios por millón de BTU son de 5 dólares, mientras que en Europa superan los 70 dólares el millón de BTU.

“Colombia no tiene vocación ni de exportar ni de importar gas, por lo que los precios se forman en el mercado local en negociaciones bilaterales. Esto nos aleja de las fluctuaciones de los precios internacionales”, dijo Murgas.

La dirigente gremial señaló que para asegurar la seguridad energética se deben concentrar los esfuerzos en exploración y desarrollar su potencial de reservas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia tiene reservas probadas para 11,4 años, pero si se exploran los recursos tanto en tierra como en costa afuera y se asignan nuevas áreas, las reservas podrían llegar hasta los cien años.

Naturgas también criticó la propuesta de la reforma tributaria, que le aumenta cinco puntos porcentuales a la tributación de la exploración de gas, lo que traería consigo un aumento de las tarifas en el servicio, que afectaría especialmente a los estratos 1 y 2.

Además, señaló que el gas natural es fundamental para la producción de fertilizantes, de lo cuales el país importa actualmente el 70%. En consecuencia, de no disponer del energético se pondría en riesgo no solo la seguridad energética sino la seguridad alimentaria.

Murgas recalcó que mientras en Europa Polonia compra carbón y Alemania habilitará 20 plantas a carbón e Inglaterra aprobó el fracking, Colombia le quiere cerrar la puerta al gas natural, un energético limpio y económico disponible en el país. “Europa le habla a Colombia”, dijo.

La dirigente gremial enfatizó que un reciente estudio de Fedesarrollo concluye que acelerar la transición energética hacia eólica y solar le costaría al país 163 billones, al tiempo que las emisiones de CO2 del país apenas son del 0,66%.

Murgas Concluyó que “si queremos ser autosuficientes debemos acelerar las campañas de exploración en tierra y costa afuera, también para producir fertilizantes y tener seguridad alimentaria y luchar contra el hambre”.

ANDEG: La Tributaria impactaría tarifas de energía

El gremio de la generación térmica advierte que las implicaciones de la Reforma Tributaria podrían significar mayores costos para los usuarios, desconfianza en las inversiones futuras y alza de tarifas para los consumidores.

5 de octubre de 2022.   La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) considera que la forma en la que está planteada la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno Nacional y que está próxima a ser aprobada, impactará todos los sectores de la economía afectando de manera importante la dinámica empresarial, el desarrollo productivo y social, así como la competitividad del país.

Así mismo, señala que para el sector de generación de energía eléctrica la propuesta en relación con el tema de impuestos y planes de internacionalización de las Zonas Francas es imposible de cumplir, ya que estas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos.

Confiando en el país y en la estabilidad jurídica, económica y competitiva que este debe garantizar, las empresas de generación de energía asociadas a ANDEG han invertido cerca de USD $1.500 millones en los últimos 15 años. Estas inversiones representan 1.400 MW, el 8% de la capacidad de generación total del país.

“Estas inversiones no se hubieran realizado sin los incentivos de Zona Franca. La exportación de energía se hace solamente a Ecuador, y el país lleva 18 años tratando de interconectarse con Panamá y el mercado de Centro América. En este contexto, es adecuado y oportuno que se realice un análisis detallado de todas las implicaciones que tendría para el país la propuesta del Gobierno Nacional. El desarrollo del país requiere del trabajo, el diálogo y la concertación entre todos los actores, pues al final los consumidores pueden verse seriamente afectados, y darles garantías debe ser una prioridad”, señaló el presidente Ejecutivo de la Asociación, Alejandro Castañeda.

De acuerdo con el gremio, las principales implicaciones asociadas a los cambios que plantea la Reforma Tributaria son mayores costos para los usuarios, desconfianza en las inversiones futuras y alza de tarifas para consumidores.

Los cuatro verbos rectores de la sostenibilidad

Ha sido mucho lo que se ha avanzado para generar un conocimiento de lo que son los principios del Pacto Global, que se han impulsado desde hace más de 20 años, como iniciativa de las Naciones Unidas. Y a partir del 2015, por estas mismas calendas, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

5 de octubre de 2022.   Los cuatro elementos centrales de Pacto Global están referidos a la protección de los derechos humanos; los estándares laborales para un trabajo digno; la protección ambiental; y la lucha contra la corrupción, a través de 10 Principios.

La Agenda 2030 recoge en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas, toda la interacción entre las dinámicas que tienen que ver con las denominadas cinco P: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pacto para la Alianza, donde Pacto Global es primerísimo actor.

Recordando esto, es importante trabajar continuamente en los procesos de información, formación, diálogo entre pares, benchmarking y cooperación efectiva.

Las redes de Pacto Global en el mundo sirven de articuladoras para este propósito. En Colombia, la Red Colombiana de Pacto Global con cerca de 600 empresas y organizaciones adheridas globalmente, cumple cabalmente con este propósito desde 2004 como Red no Formal y desde el 2009 como Red Formal.

Su trabajo constante busca que distintos estamentos de la sociedad, en todo su conjunto: empresarios, academia, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general, así como las instituciones gubernamentales a todos los niveles, tengan como eje articulador de sus actuaciones específicas, tanto los 10 Principios como los 17 ODS.

No ha sido un trabajo fácil, pero si altamente satisfactorio y retador. No en vano la red se mueve a través de la INFORMACIÓN, con sus canales diversos de comunicación de una manera muy activa: página web, revista Objetivo 2030, programas de radio y TV, videos de validación con los adheridos, blog de opinión y redes sociales, entre otros.

Capítulo aparte merece la FORMACIÓN, con una programación variada en temas relacionados con la sostenibilidad en todas sus dimensiones, a través de más de 100 webinars y una serie de 60 cursos formativos, con expertos nacionales e internacionales de alto reconocimiento.

Un hito central dentro de la INFORMACIÓN-FORMACIÓN es la convocatoria a los congresos de Pacto Global, que este año, los días 26 y 27 de Octubre, se ha constituido desde hace 12 años en la más importante cita anual de la sostenibilidad, integridad y derechos humanos del país, con más de mil asistentes presenciales (antes de la pandemia) y en los formatos virtuales sobrepasando las 25.000 visualizaciones. La convocatoria de este año nos dice que estamos trabajando POR UN MUNDO MEJOR.

Este año, como en las versiones anteriores, se mostrará el avance de la agenda 2030 de sostenibilidad tanto en Colombia como en América Latina, desde la óptica de los derechos humanos, con cierto grado de especificidad con los derechos de los niños, niñas y adolescentes; con la visión del cumplimiento de los ODS por parte del sector empresarial, con la tercera medición del alcance de las empresas con información actualizada a 2021; igualmente el papel de las universidades como propiciadoras de los espacios académicos de interlocución; empresas y miembros de las redes de América Latina y El Caribe así como de las diferentes regiones del país.

Así, se presentarán los avances en los temas ambientales, transición energética, economía circular, alimentación, moda sostenible, anticorrupción, estándares laborales, paz y justicia, entre otros; que reflejan el papel de todo el entramado empresarial colombiana en pro de la sostenibilidad.

Nuestro trabajo es tratar de que día a día los temas de sostenibilidad estén en el corazón de todas las instituciones, sean públicas, mixtas, privadas y simplemente ciudadanas.

No siempre se logra el resultado con las primeras aproximaciones; requiere de una acción constante, ya que esto implica un esfuerzo intergeneracional e interdisciplinario. Pero uno no puede quedarse en la queja continua o en la sin salida de la frustración.

Hay que avanzar, a pesar de los retrocesos; hay que seguir encendiendo y manteniendo la luz en un camino tortuoso y lleno de vicisitudes; hay que lograr que cada día más y más estén comprometidos con este propósito. Si no lo hacemos así, el fracaso siempre está con ojo avizor. 

Por eso, para lograr ese cambio en la ruta, consolidar los procesos, contar con más y más convencidos en este emprendimiento mundial, es necesario aplicar las C de la sostenibilidad: Convencimiento, Comprensión, Colaboración, Creatividad, Compromiso, Compasión, Confianza, Colaboración, Claridad, Concreción, Convicción, Comunicación y, sobre todo, hacerlo con el Corazón.  

Por eso, nuestros verbos rectores para lograrlo son cuatro: insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Este es nuestro credo para tener que el mundo de ahora es mejor que el de ayer y el de mañana será mucho más gratificante.

*Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia

Mineros y petroleros rechazan nuevos impuestos a estos sectores

Los gremios del sector minero-energético hicieron un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional.

5 de octubre de 2022.   Tanto la Asociación Colombiana de Minería (ACM), como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) solicitan que en la reforma tributaria que se está discutiendo la sobretasa que se plantee para el sector minero-energético esté acorde con la carga impositiva de la región, que se aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad y, en consecuencia, pueda continuar aportando a las finanzas de la Nación y las regiones.

Los gremios del sector minero-energético, en representación de las empresas del sector, como grandes contribuyentes del Estado colombiano, emitieron la siguiente declaración pública:

  1. El sector minero-energético ya realiza aportes adicionales en épocas de precios altos de los commodities. De hecho, el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, su aporte en 2022 se estima en 72,7 billones de pesos; y para 2023 este aporte alcanzaría los 90 billones de pesos, sin la entrada en vigencia de la reforma. Cabe señalar que, de estos recursos, una parte importante están ligados a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo.
  2. Advertimos sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero-energético, y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región (la tercera en hidrocarburos y la más alta en minería) y la reforma tributaria implicaría un incremento del government take de entre un 20% y 22%.
  3. La pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y de minerales clave para la transición y la seguridad energética. En el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario (33 billones de pesos entre 2023 – 2032), generando un efecto contrario al propósito de la reforma.
  4. La pérdida de inversión tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas). Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de 29 billones de pesos en su mayoría en municipios mineros y petroleros. En ese mismo sentido, se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de 537 mil millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera). Lo anterior evidencia que las decisiones que se adopten deben considerar la importancia de este sector en las dinámicas socioeconómicas de las regiones y sus comunidades.
  5. Si bien hay un avance en la decisión de mantener las regalías deducibles de la base del Impuesto a la Renta (teniendo en cuenta que se trata de una decisión técnica, acorde con las normas contables, con la jurisprudencia y con las prácticas de los demás países mineros), es preciso anotar que la nueva propuesta del Gobierno reemplaza esta deducibilidad por la sobretasa en el impuesto a la renta de 5 puntos, lo que aumenta la carga tributaria del sector.
  6. Insistimos en la necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual, además de ser antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56% de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos.

El barril sin fondo del FEPC

FOTO Jeremy Bezanger EN Unsplash

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) fue creado en 2007 mediante el artículo 69 de la Ley 1151, y empezó a operar en 2009.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

2 de octubre de 2022.   El FEPC tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio.

Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios hacia arriba y hacia abajo no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2,8% para el diésel.

Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”.

Los diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.

Pero, a finales de 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto.

Después de este fallo, el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. En consecuencia, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el ministro Alberto Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).

A marzo de 2022, el déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) era de $7,8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener los precios de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica, después de Venezuela y Bolivia.

Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.

Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde marzo de 2022 y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para dejar la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.

En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”.

El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal para 2022 es un déficit de $33,7 billones, monto superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6,3 billones.

Así las cosas, el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.

Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se vienen a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que del 5,6% se eleva al 8,6% del PIB. Una barbaridad.

El FEPC y su déficit es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por ello, el presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%.

En todo caso, dicho reajuste que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía,  se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que cause una explosión social, como ocurrió recientemente en Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El gas natural lleva 50 años aportando al desarrollo de Colombia

El sector del gas natural cumple 50 años contribuyéndole a Colombia y corrobora su importancia como pieza fundamental en el proceso de transición energética, aportando a la reducción de la pobreza y la desigualdad y siendo un vehículo de cambio social e impulso económico.

1 de octubre de 2022.   De acuerdo con la vigésimo tercera versión del Informe del Sector Gas Natural 2022 de Promigas, en materia de distribución, el número total de usuarios conectados en Colombia es de 10,6 millones, de los cuales 10,4 millones son usuarios residenciales, 85% pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Para los usuarios de estrato 1 representan ahorros que fluctúan entre $47.000 y $61.000 pesos mensuales en comparación con el uso de gas licuado de petróleo (GLP), mejorando sustancialmente la calidad de vida de los colombianos de menores ingresos.

El sector está comprometido con ampliar la cobertura, incluso incrementando el ritmo de crecimiento de aproximadamente 230.000 hogares promedio cada año en los últimos 4 años, para que los 1,7 millones de familias que aún usan fogones a leña y otros combustibles para cocinar tengan acceso a un energético más limpio y eficiente.

El presidente de Promigas Juan Manuel Rojas aseguró que “el sector del gas natural cumple 50 años contribuyéndole al país, ratificando así su importancia como pieza fundamental en el proceso de transición energética, aportando a la reducción de la pobreza y la desigualdad, y siendo un vehículo de cambio social e impulso económico”.

El gas natural es una fuente de energía de valor para más de 36 millones de colombianos,la industria y el sector eléctrico, que le aporta al país:

  1. Seguridad y confiabilidad al sistema energético nacional, al contribuir con el 21% de la demanda de energía primaria de Colombia,
  2. Es crucial para mejorar la calidad de vida de los colombianos, ya que actualmente más de 10 millones de hogares usan gas natural (~67 % de los colombianos), y más de 3.000 buses, 190.000 automóviles y ~1.000 camiones funcionan con este combustible,
  3. Su combustión en estufas ha permitido que millones de hogares reemplacen la leña como fuente de cocción, lo que evita destrucción de ecosistemas y enfermedades respiratorias causadas por el humo de los combustibles sólidos, y genera ahorros al sector salud,
  4. Juega un papel clave en la senda de descarbonización (la generación de energía eléctrica con gas natural produce 50% menos GEI que el carbón, y un vehículo movido por gas emite 30% menos de CO2/Gigajulio durante la combustión frente al diésel),
  5.  Es materia prima para la producción de fertilizantes, cuya producción nacional contribuye a desarrollar el campo como primer eslabón de desarrollo industrial, y
  6.  Es la principal fuente de hidrógeno, el energético del futuro.

Cifras de la industria

Al cierre de 2021, las reservas probadas de gas natural en Colombia tuvieron una leve mejoría, al totalizar 3.164 giga píes cúbicos (Gpc). De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el país contaba en 2021 con reservas probadas de gas que alcanzan para 8 años de autosuficiencia. Un 52% de ellas se encuentran en Casanare y un 18% en La Guajira. Si a ello se adicionan las reservas probables (15%) y las posibles (14%), estas alcanzarían para 11 años de autosuficiencia.

Para Promigas es indispensable asegurar la presencia del gas en la canasta energética de Colombia. Las reservas convencionales de gas vienen declinando a ritmo acelerado en los últimos cinco años.

La realidad energética mundial, especialmente lo observado en el conflicto Rusia-Ucrania y sus efectos en Europa, obligan a pensar en la posibilidad de autoabastecerse o de tener fuentes diversas de suministro. De ahí que se hace necesario mantener la decisión de seguir explorando las cuencas propias, desarrollando las reservas siempre que sean eficientes y económicas, y tener abierta la posibilidad de importar gas cuando así lo requiera el mercado interno.

En los últimos 5 años la red nacional de gasoductos de transporte creció en 304 km, para totalizar 7.762 km. Promigas fue la empresa más activa, con 200 km, un 64% del total habilitado en ese periodo. El volumen transportado fue 480 Mpcd en 2021, un incremento del 1% desde 2017.

En materia de consumo, en 2021 el sector industrial y comercial representaron el 32%, termoeléctrico 22%, petrolero 20%, residencial 18% y GNV 7%. El sector industrial y comercial consumió 287 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), con un incremento en 2021 del 11% con respecto al 2020.

En cuanto a Gas Natural Vehicular (GNV), el país cuenta con 813 estaciones de servicio, en la actualidad existen 639.428 vehículos convertidos a GNV, que generaron a los usuarios un ahorro promedio de 36% frente a la gasolina y 17% frente al diésel. A ello se suma una reducción en material particulado fino del 99%.

Los vehículos diseñados de fábrica para funcionar con GNV están exentos de IVA, no tienen restricción de pico y placa en ninguna ciudad del país y sus impuestos no pueden superar el 1% de su valor comercial. También están exentos de certificado de emisiones por 10 años, tienen descuento de 30% en revisiones tecno-mecánicas y 10% en primas de SOAT.

Por ley, 30% de los vehículos nuevos de carga deben estar dedicados a GNV, y se han generado ventas anuales de 300 unidades de tractocamiones en los últimos 5 años. OPL, Elogia y Postobón fueron las mayores flotas incorporadas en 2021.

Por su parte, Promigas, TGI, Ecopetrol, Surtigas, Gases de Occidente, Vanti, Gases del Caribe, Efigas, Alcanos y Llanogas, estructuraron una herramienta de financiación para el pequeño camionero independiente, con el fin de otorgarle crédito para renovar su camión por uno dedicado a gas natural.

Las primeras operaciones se llevarán a cabo en el cuarto trimestre de 2022. Estos vehículos se destacan por su gran autonomía, hasta 1.600 kilómetros por tanqueada, lo cual es ideal para transporte a largas distancias.

“El esfuerzo realizado en los últimos 5 años por el talento humano que conforma esta industria, ha dado a Colombia oportunidades de desarrollo sostenible que el país está en capacidad de aprovechar. Estamos convencidos de que el gas natural es pieza clave para superar la pobreza energética y seguir llevando bienestar y progreso a cada rincón del país.”, concluyó Juan Manuel Rojas.

Chile: unos 500.000 vehículos particulares podrán cambiarse a gas

Ante el interés de los usuarios particulares de acceder al uso de gas vehicular (GNC y GLP) como combustible, frente a la gasolina, se expidió el Decreto Supremo N° 98 que modifica el Decreto Supremo N° 55 de 1998 del MTT.

30 de septiembre de 2022.   El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Chile, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 98 de 2022, aumentó de 5 a 7 años la antigüedad exigida a los vehículos particulares que se puedan adaptar al uso de gas. 

Esta medida no solo coincidirá con el requisito que actualmente se aplica a los taxis que buscan usar gas, sino que también aumenta el universo potencial de autos que pueden acceder a esta conversión, unos 500.000 vehículos. 

Además, los automóviles a gas no están sujetos a restricciones vehiculares durante el período de gestión ambiental, lo que se convierte en una ventaja adicional para quienes buscan una alternativa de movilidad sostenible.

Según el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, esta medida “no solo nos permite aumentar el número potencial de personas que quieren acceder a este tipo de adecuación, sino que, lo que es más importante, nos permite seguir fomentando el uso de tecnologías sostenibles y movilidad eficiente.” 

Un vehículo a gas permite ahorros en costos de combustible de hasta un 35%, sumado a un nivel de emisiones que fluctúa entre 60 y 70% menos de material particulado, en comparación con un auto a gasolina.

En cuanto a los requisitos para los vehículos que deseen acceder a esta transformación, son todos aquellos automóviles livianos y medianos de uso particular que corresponden a los del tipo sedán, station wagon, hatchback, SUV, y todo vehículo con un peso inferior a 3.860 kg.

Además, la conversión del vehículo debe realizarse en talleres certificados por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

Fuente: MTT

Bogotá inaugura sistema de bicicletas compartidas

El proyecto es el primer Sistema de Bicicletas Compartidas de la capital y uno de los más grandes de Latinoamérica, con el apoyo de Banco Itaú, Grupo Vanti y Mastercard.

30 de septiembre de 2022.   Bogotá inauguró su primer Sistema de Bicicletas Compartidas, uniéndose al modelo implementado ya en grandes ciudades de la región como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santiago de Chile y Buenos Aires.

El Sistema, de origen brasileño, es fruto de una alianza público privada entre la Administración Distrital y Tembici, empresa líder de micromovilidad en América Latina, y con el apoyo de Banco Itaú, Vanti y Mastercard.

Este primer Sistema tuvo una inversión de USD 10 millones y apunta a fortalecer el transporte sostenible contemplado en la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, propuesta por el Gobierno Nacional, en la cual se promueve el uso de medios de transporte donde el desplazamiento depende de la energía de las personas.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad de Bogotá, en la ciudad se realizan un promedio diario de viajes en bicicleta que ronda los 880.000 y el crecimiento de más del 39% del uso de este medio de transporte por parte de los ciudadanos.

Tembici estima, junto al CFF (Cities Finance Facility), que con la implementación del Sistema de Bicicletas Compartidas en Bogotá se reducirían unas 8.808 toneladas de CO2, equivalentes a menos de 1.500 carros en la calle y 81.000 personas usuarias de bicicletas al mes.

Nuevo director del IPSE le apuesta a la transición energética en las ZNI

Campillo señala que reducir el componente fósil en la matriz de las ZNI, aumentar la participación comunitaria en los proyectos energéticos y maximizar las capacidades energéticas de cada región, son los principales retos que asumirá desde el instituto.

29 de septiembre de 2022.   Javier Eduardo Campillo Jiménez, doctor en Ingeniería de Energía y Ambiente, fue nombrado como director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

Campillo afirma que asumirá tres retos principales: sustituir la generación a base de diésel por sistemas fotovoltaicos híbridos con baterías en las zonas no interconectadas, aumentar la participación comunitaria en los proyectos de energía, y maximizar las capacidades energéticas de cada región.

“El 86% de la energía que generamos en las zonas no interconectadas proviene de combustibles fósiles. Esta era la única forma en la que podíamos hacerlo, pero hoy, afortunadamente, las fuentes no convencionales de energía son cada vez más asequibles y eficientes”, aseguró el director al explicar la importancia del primer reto.

En el mismo sentido, indicó que el IPSE debe ser un faro para al país entero en materia de tecnologías de energía sostenible. “Esto lo lograremos promoviendo comunidades energéticas y comprendiendo mejor cada región y sus posibilidades: sol y viento en La Guajira, biomasa en la Amazonía, energía de las mareas en el Chocó, geotermia en la cordillera, entre otros”, puntualizó.

El perfil de Javier Campillo

El director del IPSE es doctor en Ingeniería de Energía y Ambiente de la Universidad de Mälardalen en Västerås, Suecia, magíster en Ingeniería de Energía de la misma universidad e Ingeniero Electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).

Viene de ser el decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde lideró distintas acciones y estrategias de energías renovables, como la generación de más del 50% de la energía eléctrica del campus desde una planta solar fotovoltaica.

De igual forma, ejecutó varios proyectos de electrificación rural sostenible, como el diseño y la construcción de toda la infraestructura de apoyo para la Escuela Pitacapacho en el corregimiento de Palo Alto, en el municipio de San Onofre, Sucre.

En el sector público trabajó con un equipo interdisciplinario para desarrollar un programa de manejo integral de canales, lagos y lagunas, ciénagas y caños de Cartagena, diseñando la primera embarcación en el país libre de emisiones, con propulsión eléctrica y recarga solar a bordo, para ofrecer a la ciudad una alternativa de uso sostenible de sus cuerpos de agua.

“Soy un convencido de que la tecnología debe servir para transformar la sociedad. Creo que el principal reto es crecer y desarrollarse como una sociedad moderna, incluyente, con calidad de vida para todos, mientras se protegen los recursos naturales, que en el caso de Colombia son únicos”, puntualizó.

ACIEM: La transición energética requiere primero de seguridad energética

“Lo que el mundo está evidenciando es que la transición energética requiere de seguridad energética y autonomía energética, porque de otra manera estaríamos muy expuestos para el futuro”, así lo expuso Sandra Fonseca, presidente de ACIEM Cundinamarca, en el marco de la XXXIX Conferencia Energética Colombiana (Enercol)

29 de septiembre de 2022.   Fonseca presentó un estudio de la Asociación que contiene un análisis, las recomendaciones y todas las sugerencias para el nuevo gobierno, empeñado en acelerar la trayectoria de la Transición Energética, y poder así saber cuál es el mejor camino y cuáles son los energéticos que van a funcionar en la transición, además de qué costos puede tener y cómo se puede aumentar el bienestar de los usuarios.

Uno de los aspectos que resalta el estudio es darle mayores incentivos para que la demanda sea un actor con mayor protagonismo. “Uno de los fundamentos del estudio es reconocer y hacer notar que la transición energética tiene que estar más enfocada en la demanda que en la oferta. No nos sirve de nada cambiar cierta parte de la oferta a través de más renovables si no cambiamos cómo estamos consumiendo, cómo estamos apoyando a la industria, a los usuarios residenciales, al transporte, de cómo consumen la energía. Cuando podemos hacer gestión con la demanda, logramos que la oferta se ajuste y se acomode a la transición”, dice Fonseca.

Por otro lado, si bien el mundo va hacia la electrificación, la participación de los hidrocarburos no se puede remplazar en el corto tiempo, pues representan una gran participación en la economía.

Colombia tiene siete millones de vehículos y 15 millones de motos que funcionan con combustibles líquidos, además de 11 millones de usuarios de gas, y estos no se pueden dejar de atender por acelerar la descarbonización sin haber desarrollado cómo remplazar esa demanda.

Para Fonseca, una transición energética debe asegurar la expansión en todas las actividades de la cadena. “Tenemos que asegurar la expansión en producción de gas doméstico, porque si vamos a importar sale más costoso e implicaría aumentos tarifarios. También tenemos que hacer infraestructura más económica en términos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, porque así podemos ir hacia energías más amigables, más económicos y una Transición Energética más justa; pero desde el punto de vista de la sociedad, más eficiente y más beneficioso para todos los colombianos.”

Un cuello de botella que tiene la expansión del sistema eléctrico y la entrada de fuentes renovables es el retraso en la construcción de redes. “En todos los análisis de Transición Energética que hemos visto en el mundo, independientemente de los energéticos que se utilicen, más o menos amigables con el medio ambiente, siempre se requiere expandir la red de transmisión. Si se ven los planes de Estados Unidos, China, Francia o Alemania, todos necesitan expandir las redes de transmisión de la energía para poder incorporar cualquier tipo de tecnología, así que es esencial expandir de manera óptima, amplia y oportuna la transmisión en Colombia.

“Además, si queremos tener tarifas eficientes, se debe tener una expansión de transmisión amplia y adecuada para que el mercado funcione. Se requiere realmente iniciar una ampliación de toda la transmisión y, por supuesto concluir las que están asignadas en este momento. Creo que es un compromiso de este gobierno, que debe sacar adelante los proyectos que están asignados, como Colectora, como las conexiones de las energías renovables, pero inclusive ampliar mucho más lo proyectos de expansión de manera más rápida para que, por ejemplo, bajen los costos de las restricciones que afectan la tarifa”, concluye Sandra Fonseca.

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