Fedemaderas: Caída en descarbonización y freno de la deforestación del país

Actividades de silvicultura y extracción de madera tuvieron decrecimientos importantes en 2024 en Colombia.

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) dijo que el resultado de 1,7% del crecimiento económico del país en 2024, no solo es insuficiente ante los retos sociales, sino que en su interior revela constantes decrecimientos de importantes renglones clave para la descarbonización y la lucha contra la deforestación, que parecieran poco relevantes dentro de las políticas públicas.   

Y es que a pesar del crecimiento del 8,1% en la actividad agrícola consolidada, las actividades de silvicultura y extracción de madera decrecieron en 2024 un 9,4%, la transformación de madera (productos derivados, pulpa, papel y cartón, entre otros) un 0,2% y la fabricación de muebles un 1,9%, respectivamente, lo que se suma a una tendencia constante de caída de las cifras trimestre tras trimestre, como lo ilustra la gráfica.   

“Es preocupante además que hay un crecimiento de la inversión de tan solo el 3%, reflejo de una alta incertidumbre en el entorno empresarial, que se traduce en un peso del 16,5% del PIB, insuficiente para una recuperación económica sostenible de largo plazo”, asegura Juan Miguel Vásquez, director Ejecutivo Nacional de FEDEMADERAS.

Dos despensas vitales 

La red forestal y de la madera representa la proveeduría sostenible de maderables y no maderables desde el bosque natural, pero también desde los cultivos de plantaciones forestales comerciales.

Si se tiene un eficiente y dinámico comportamiento de estas dos despensas, especialmente de los cultivos forestales, se logrará ejercer menor presión sobre el bosque natural y, por consiguiente, apoyar una mayor efectividad en la lucha contra la deforestación y las actividades ilícitas relacionadas.

Además, a través de ellos, se garantizan los nuevos proyectos de generación de energía, a partir de la dendroenergía o biomasa forestal de los bosques plantados.

“Estas cosechas en tan solo tres años han evidenciado resultados muy positivos dentro de la matriz energética nacional, logrando aportar más de 30 MW/h, que podrían beneficiar tanto a zonas sin interconexión, como el Vichada, pero también a procesos de transformación de las calderas industriales en distintas regiones del país, mejorando la competitividad industrial en sectores como la manufactura y la metalmecánica. Y aunque en volumen son aún muy pequeños, el reto es convertir estos aportes en una fuente renovable de energía, que va en sintonía con las metas sostenibles del país y del mundo”, puntualiza el director ejecutivo nacional de FEDEMADERAS. 

Cambio de política pública

Juan Miguel Vásquez sostuvo que “si Colombia decide apostar a una bioeconomía desde lo sostenible, lo renovable y lo biodegradable, debe cambiar su política pública”.

El primer cambio que se plantea desde FEDEMADERAS para 2025, es la ejecución del presupuesto vía incentivos a la reforestación comercial y a proyectos agroindustriales de base renovable.

Ya el gremio ha llamado la atención sobre la baja ejecución del presupuesto general de la Nación, que en 2024 llegó al 83%, en términos de obligaciones presupuestales, y acorde con la ejecución del presupuesto de inversión del 57%, el Ministerio de Agricultura ejecutó tan solo un 38,6%.

“Por ello, no se comprende cómo no se destinan recursos que potencialicen la reforestación comercial o devuelvan los incentivos a la industria transformadora de madera, cuyos montos bien podrían apoyar el logro de una economía basada en más de cinco millones de hectáreas, más de 500 mil empleos y la movilización de una producción interna para cubrir buena parte de los USD732 millones deficitarios de la balanza comercial del país”, sugiere Vásquez.   

Un segundo cambio consiste en señales desde lo público para recuperar condiciones de certidumbre, para inversiones nuevas y para la estabilidad jurídica de los proyectos actuales, pues ello repercute no solo en el empresario, sino además en los pequeños productores, comunidades y campesinos, que continúan viendo en la actividad forestal y de la madera, una oportunidad de vida.

El gremio confía que, en sus nuevas rondas de conversaciones con los actores nacionales y regionales responsables de la ejecución de los planes de desarrollo, se visualicen cambios que rompan la tendencia de decrecimiento económico, que fortalezca renglones económicos clave para la descarbonización y deforestación del país, como lo es la red forestal y de la madera. 

Recetando placebos

El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que niega el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siguiendo instrucciones del ministerio, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. 

En mi concepto, este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura.

Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

Es más, el impuesto al alumbrado público es la Ley 352 de 2016, que establece que en su artículo 352 que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo.

Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades.

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios.

Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el ministro Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”. Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere.

Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superservicios se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Y mientras tanto, el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que les gire los subsidios que les deben.

No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a $2,8 billones a diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos.

Varios meses después que el ministro Camacho manifestó que ya su despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control, el actual ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año.

Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de $2,8 billones a $3 billones.

Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción Tarifaria, que asciende aproximadamente a $2,5 billones y que el propio presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar.

Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

Ecopetrol aumentó en 4% sus reservas de hidrocarburos al cierre de 2024

Las reservas probadas de hidrocarburos ascendieron a 1.893 MBPE, con lo cual logró reemplazar la producción total de 2024 y adicionar un 4%. El 89% de las reservas corresponden a campos en Colombia y el 11% restante en Estados Unidos.

Ecopetrol anunció sus reservas probadas de petróleo, condensados y gas natural (reservas 1P), incluida su participación en filiales y subsidiarias, a 31 de diciembre de 2024.

Al cierre de 2024, las reservas probadas netas del Grupo Ecopetrol fueron de 1.893 millones de barriles de petróleo equivalentes (MBPE), diez millones más frente a 2023. El índice de reemplazo de reservas fue 104%, con una vida media de reservas equivalente de 7,6 años (líquidos 7,8 años y gas 6,7 años).

Las reservas fueron determinadas y certificadas en 99,2% con base en los estándares y metodología de la US Securities and Exchange Commission (SEC), a través de tres firmas especializadas e independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, y Gaffney, Cline & Associates), y el restante 0,8% por la Gerencia de Recursos y Reservas de Ecopetrol.

El precio utilizado para la valoración de las reservas de 2024 fue 79,7 USD por barril frente a 82,8 USD por barril en 2023.

En 2024, el Grupo Ecopetrol llevó a cabo la incorporación de 260 MBPE de reservas probadas, la más alta de los últimos 3 años, de las cuales 244,3 MBPE fueron de crudo y 15,3 MBPE de gas, con una producción total acumulada en el año de 250 MBPE, la más alta de los últimos 9 años.

Del balance total de reservas probadas, el 80% son líquidos y el 20% corresponde a gas.

Orgánicamente, se incorporaron 231 MBPE debido principalmente a gestión en la maduración de nuevos proyectos y a la ejecución e implementación de proyectos de desarrollo primario y de expansión de recobro mejorado en campos como Caño Sur, Rubiales, Castilla, Chichimene, Akacías, Pautó-Floreña, La Cira-Infantas, Apiay-Suria y Palogrande, entre otros.

Inorgánicamente, en el neto de las adquisiciones y desinversiones realizadas por Ecopetrol, durante 2024 se incorporaron 29 MBPE, dentro de los cuales se destaca el cierre exitoso de la negociación con Repsol para adquirir el 45% restante de su participación en el bloque CPO-09, ubicado en el departamento del Meta. Con esta transacción, Ecopetrol se convirtió en propietario del 100% de este activo en el Piedemonte Llanero, y adicionó 32 MBPE.

En el frente de gas, se destaca la incorporación neta de 15 MBPE provenientes de:

i) Proyectos asociados a nuevos pozos de desarrollo y la optimización de infraestructura con la reducción de presión en el Piedemonte Llanero en los campos Pauto y Floreña,

ii) El plan de ejecución de actividades en el Permian, y,

iii) La comercialidad de Arrecife, los cuales mitigaron parcialmente los impactos por irrupción de agua en los campos Cupiagua, Cusiana, Guajira y Gibraltar.

Por su parte Ecopetrol Permian incorporó 22 MBPE como resultado principalmente de las optimizaciones realizadas en las campañas de perforación en las subcuencas de Midland y Delaware, en Texas, Estados Unidos.

Alza en el precio del gas

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el alza al precio del gas natural anunciado por varios comercializadores en el país. Sin embargo, ¿Por qué subirán las tarifas? ¿Los prestadores del servicio pueden subir las tarifas?

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Las tarifas del servicio de gas natural subirán en Colombia por la escasez que afronta el país.

Naturalmente, no contar con las cantidades demandadas de un producto en particular que, además, no cuenta con un sustituto inmediato, puede generar un aumento en su precio, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, que conlleva a que haya una estrechez en la compra y venta del producto.

Colombia siempre ha tenido recursos gasíferos suficientes para atender la demanda y para promover un mayor consumo en los sectores residencial, industrial, y transporte. Pero, como lo mencionamos en una entrega previa (ver https://guiadelgas.com/cronica-de-un-desabastecimiento-anunciado/), desde el inicio de este siglo se ha advertido la declinación de los campos mayores que abastecen al país, por lo que la escasez actual no es una sorpresa.

Ahora, si el posible desabastecimiento no debe sorprendernos, ¿a qué se debe la disponibilidad limitada de gas natural en el país? Entre otras, a las siguientes causas:

  • Decisiones de Política Pública que desincentivan la inversión en actividades para explotación y exploración

La actividad exploratoria, además de requerir altos montos de capital, puede tomar entre 2 y 8 años para extraer el hidrocarburo y viabilizar su suministro a precios de mercado.

Por ello, la asignación de áreas a inversionistas que exploren nuestros suelos requiere reglas claras que se sostengan en el tiempo, debe ser planificada y obedecer a una política de largo plazo.

La suspensión de asignaciones de áreas en el gobierno Santos aumentó y materializó el riesgo de desabastecimiento. La suspensión del gobierno Petro agravó el riesgo de escasez en el corto plazo. Esto produjo la salida de inversionistas clave para el sector en los últimos tres años.

  • Acciones judiciales y posiciones políticas sobre actividades económicas determinadas

Los Yacimientos No Convencionales, en los que los hidrocarburos se extraen a través del método de perforación conocido como fracturación hidráulica o fracking, podrían multiplicar entre 2 y 4 veces las reservas actuales del país. Incluso, existen bloques que cuentan con permisos para su desarrollo inmediato, que podrían tener gas comercializable a precios competitivos en dos años.

Pese a que desde 2013 se definió el régimen legal y técnico para el desarrollo de estos yacimientos en el país, en 2016 se presentó una demanda para solicitar la nulidad de este régimen, lo que conllevó a que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente tal régimen mientras lo analizaba. El Consejo de Estado negó la nulidad en 2022.

Si bien ese régimen hoy está vigente, los seis años en el Consejo de Estado sumados a las posiciones políticas en las redes sociales de los gobernantes de este país, le han ocasionado a la industria un gran daño por el aumento del riesgo país y de inseguridad jurídica.

Nuestra falta de seriedad y enfoque como país ha afectado la toma de decisiones de inversión que son fundamentales para garantizar el autoabastecimiento de gas.

  • Resistencia a la tecnocracia e incumplimiento de obligaciones legales

No contar con equipos técnicos, preparados y con experiencia en las entidades que dirigen y ejecutan la política energética del país, que conozcan y entiendan los pormenores de la industria energética colombiana, le ha costado al país retrocesos.

La falta de nombramientos de profesionales con experiencia e independientes en la CREG, además de constituir un incumplimiento a una obligación constitucional y legal del presidente de la República, como lo advertimos en el pasado (ver https://guiadelgas.com/la-sensacion-de-escasez-de-energeticos-en-colombia/), ha ocasionado un retraso en la adaptación de la regulación del sector.

Además, el cambio en las reglas de juego para la emisión de las licencias ambientales para el desarrollo de la exploración costa afuera (como con Komodo 1) generó, entre otras cosas, una afectación en el cronograma de perforación que hizo perder la oportunidad de producir cantidades de gas relevantes para garantizar el autoabastecimiento.

  • La creencia de la abundancia de gas y la demora en tomar decisiones cruciales

Un mercado como el colombiano, que se ha estructurado con base en la creencia de la abundancia de gas, le cuesta adaptarse a la nueva realidad. La discusión sobre la incorporación de nuevas cantidades de gas importadas lleva años y seguimos sin ponernos de acuerdo.

Esto ha llevado a que la CREG tome medidas transitorias de urgencia, sin resolver temas cruciales, estructurales y de fondo.

Entonces, ¿la tarifa de gas puede o no puede subir?

Sí. Si puede.

Las tarifas de los servicios públicos se estructuran conforme a los componentes de su cadena de valor: producción, transporte, distribución y comercialización. Cada componente puede ser sometido a un régimen de libertad vigilada o libertad regulada.

En el primero las empresas fijan libremente sus taifas y en el segundo las comisiones de regulación (como la CREG) fijan la metodología para que las empresas determinen los precios. Se establece una fórmula que define la manera en la que el prestador del servicio debe calcular la tarifa, así como los aumentos permitidos y los indexadores.

Para el sector residencial, el componente de producción (G) corresponde a las compras de gas natural que hacen los comercializadores para atender mes a mes a este tipo de usuarios.

Si el gas que compra el comercializador para un mes en particular es importado, porque no consigue gas local para atender la demanda, entonces el valor del gas comprado en el exterior se traslada a la tarifa final que pagan los colombianos.

En conclusión, el aumento de las tarifas de gas son un reflejo y efecto del mercado que viene comportándose en concordancia con las señales regulatorias y políticas que recibe. Esos efectos se ven reflejados en los aumentos de la tarifa, que no están prohibidas por la regulación aplicable.

*Abogada con más de 13 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Consejo de Estado niega suspensión de decreto que reglamenta ejecución de política minera

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de un decreto por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los criterios para delimitar, temporalmente, zonas de reserva ambiental, que serían excluidas de la explotación minera.

La Corporación estableció que, en esta etapa del proceso de nulidad que fue instaurado contra este acto administrativo, no es posible concluir que el Ministerio demandado haya violado la reserva de ley, pues lo hasta ahora evidenciado es que su actuación se ajustó a lo previsto por la legislación frente a la posibilidad de prohibir el ejercicio de la minería en áreas de importancia ecológica.

Además, agregó que, en dicho estado del proceso, no se encontraba acreditado que el acto enjuiciado hubiera modificado el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974 ni que permitiera declarar zonas de exclusión minera sin la realización de los estudios previos requeridos para tal fin.

Frente a la supuesta afectación abusiva de derechos adquiridos, la sala estableció que, para poder determinar si la norma dio lugar a semejante exceso, es menester analizar la naturaleza de los contratos de concesión minera, la clase de derechos que éstos generan y su confrontación con derechos de carácter superior y colectivo, como la protección del ambiente sano, estudio este que corresponde al fondo del asunto.

Ante el supuesto desconocimiento de la autonomía territorial que se estaría produciendo en los procesos de delimitación de estas zonas, la Sala advirtió que el decreto prevé la aplicación de las normas de ordenamiento territorial.

Como también se prevé la intervención de las demás autoridades del sistema nacional de áreas protegidas (SINA), el despacho considera que no es evidente ese supuesto desconocimiento del poder territorial.

La providencia indica que tampoco se probó que se violara el principio de participación ciudadana, por no haber introducido en la norma un procedimiento específico para las consultas que deban surtirse en los procesos de delimitación de las zonas temporalmente declaradas como protegidas. Precisó que esa intervención de la población eventualmente afectada está prevista en otras normas, que tendrían que aplicarse cada vez que se busque demarcar un área, como ocurre frente al procedimiento que, según la sala, adelantan las autoridades actualmente, con el objetivo de declarar el área de reserva temporal del Macizo de Santurbán. 

Inauguran la primera termoeléctrica a base de cascarilla de arroz en Colombia

El Grupo Diana puso en marcha el primer proyecto de autogeneración de energía a base de cascarilla de arroz de Colombia, en su planta de producción de Arroz DIANA en Yopal, Casanare.

Con una capacidad instalada de 7,1 megavatios, esta termoeléctrica de quinta generación se convierte en la más moderna de Colombia en el uso de biomasa como fuente de energía.

Gracias a esta iniciativa, la planta industrial del Grupo Diana en Yopal, podrá autogenerar el 100% de su consumo energético, además de producir excedentes que serán inyectados a la red local, impulsando el desarrollo de los Llanos Orientales.

Andrés Murra, CEO del Grupo Diana, afirmó: “Este proyecto es un ejemplo claro de cómo la agroindustria puede innovar y generar energía limpia a partir de sus propios residuos, alineándose con los principios de la economía circular y la sostenibilidad».

El proyecto está en línea con la estrategia nacional de Economía Circular, al transformar la cascarilla de arroz, un subproducto del proceso productivo, en una fuente de energía renovable. De esta manera, se contribuye a la reducción, reutilización y regeneración de recursos, disminuyendo significativamente la generación de residuos.

Asimismo, la termoeléctrica eliminará más de 18.000 toneladas de CO2 al año, convirtiéndose en un actor clave dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, al generar energía sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Este avance tecnológico no solo fortalece la operación de la compañía, sino que también refuerza su liderazgo en la agroindustria colombiana.

Impacto social y desarrollo sostenible

El proyecto térmico es un motor de empleo y desarrollo en la región, pues generó más de 1.200 empleos durante los tres años de su construcción. Además, apuesta por una transición energética responsable, garantizando energía asequible y no contaminante, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«Este es un logro de gran impacto para el Casanare, sus agricultores y su agroindustria. Con esta termoeléctrica, seguimos apostando por el crecimiento sostenible de la región y del país, y la transición hacia energías limpias», concluyó Andrés Murra.

Ecopetrol puso en marcha planta para producir diésel de mejor calidad

La actualización tecnológica de la Unidad de Hidrocracking Moderada requirió una inversión superior a los US$35.3 millones. Produce diésel de 10 partes por millón (ppm) de azufre, que es el estándar de calidad internacional más alto para este combustible.

Con una inversión de 35,3 millones de dólares, Ecopetrol actualizó la planta de Hidrocracking Moderada (HCM) de la refinería de Barrancabermeja, que le permite producir diésel de 10 partes por millón (ppm) de azufre.

La puesta en funcionamiento de la planta HCM traerá grandes beneficios ambientales para el territorio nacional ya que por la reducción de azufre le aporta al mejoramiento de la calidad del aire en el país.

En el proceso de remoción de azufre en la planta HCM se utiliza hidrógeno azul como parte del compromiso de la refinería de avanzar hacia la transición energética, esto significa que no se emite CO2 a la atmósfera, sino que se aprovecha para comercializar con otras industrias (farmacéutica y de bebidas gaseosas, entre otras).

La refinería de Barrancabermeja, que celebra 103 años de operaciones, es el centro de refinación y petroquímica más importante del país, con una capacidad máxima de procesamiento de 250 mil barriles de crudo por día, que son transformados en combustibles y productos petroquímicos fundamentales para la movilidad y la industrial nacional.

Día mundial de la energía

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo.

Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

Aunque el concepto de energía es genérico, se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan. Podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por los principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego, la electricidad tiene gran relevancia y representa el 20% del consumo final de la energía a nivel global, y se estima, según la Agencia Internacional de Energía, que representará el 27% hacia el 2030, con tendencia a ganar participación en la matriz energética merced a la Transición Energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad sea a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo Robert Gordon, profesor de Historia Económica de The University of Sydney, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”.

Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en el primer día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecerían los bebes que estén en unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Volviendo a la energía, no le falta razón al economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética, y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¿Está en riesgo el suministro de gas en Colombia?

La reciente renuncia del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, junto con los cambios normativos en el mercado del gas natural y las advertencias sobre riesgos en el abastecimiento, generan incertidumbre en el sector energético colombiano.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) señaló que los hechos que están ocurriendo en el sector energético colombiano evidencian la necesidad de un diálogo técnico y estructurado que garantice la seguridad energética del país mientras se avanza en la transición hacia fuentes renovables.

El gremio observa con preocupación los siguientes aspectos:

Inestabilidad en la política energética

La salida del ministro Camacho, aunque a la fecha no se ha oficializado, refleja la dificultad de mantener una hoja de ruta clara y consistente en el sector. La falta de continuidad en las políticas puede afectar la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos, dificultando la implementación de políticas energéticas coherentes y sostenibles, mientras se afecta la confianza de inversionistas y actores del sector.

Además, la falta de continuidad en la dirección del sector energético puede complicar la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo, esenciales para garantizar la seguridad energética y avanzar en la transición hacia fuentes renovables.

Riesgos en el abastecimiento de gas natural

Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), Colombia enfrentará una escasez de gas a partir de 2026 si no se toman medidas urgentes, como el desarrollo de nuevas regasificadoras y una mayor exploración de recursos nacionales. A esto se suma el incremento en las facturas del gas que, según Vanti, podrían ser del 36 %, y que impactaría con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos en ciudades como Bogotá, donde nueve de cada diez personas en condición de pobreza dependen de este combustible.

Cambios regulatorios y su impacto en el mercado

La reciente Resolución 102-015 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que entrará en vigor el 1 de junio de 2025, busca modernizar el mercado mayorista de gas natural en Colombia al flexibilizar las condiciones de contratación entre proveedores y distribuidores, medidas que también han generado gran incertidumbre respecto a su implementación y posibles efectos en la estabilidad de precios.

Medidas como las tomadas por Vanti se han atribuido a mayores costos de producción, la necesidad de importar gas y los respectivos costos de transporte a los centros de consumo, lo que terminaría por afectar a más de 3,6 millones de usuarios en ciudades como Bogotá, Tunja, Villavicencio y Medellín.

El llamado es claro: hay que evaluar si las nuevas medidas regulatorias realmente promueven un entorno que incentive la inversión necesaria para garantizar un suministro estable y asequible de gas natural, incentivando la competitividad, inversiones en infraestructura y exploración.

Propuesta de venta de activos de fracking de Ecopetrol

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible venta de las operaciones de fracking en EE.UU. para reinvertir en energías renovables en Colombia ha generado debate sobre su viabilidad y los impactos económicos para la empresa y el país.

La ACGGP llama a la estabilidad y la planificación energética

La ACGGP reafirma la importancia del trabajo entre el sector público y privado para garantizar la seguridad energética del país y evitar el desabastecimiento de gas que podría afectar a millones de familias colombianas. La planificación estratégica, la inversión en exploración con foco en gas, producción y el desarrollo de infraestructura, deben ser un esfuerzo conjunto que garantice la sostenibilidad del sector.

Finalmente, el gremio indicó que la transición energética debe ser una prioridad, pero no puede avanzar sin garantizar la seguridad energética y la estabilidad económica del país.

“Es urgente fortalecer la exploración y producción de gas y petróleo en tierra firme, desarrollar infraestructura para energías renovables y asegurar un marco normativo estable que genere confianza para las inversiones”, concluyó la ACGGP.

El Caribe clama por soluciones urgentes en el sector energético

Los gobernadores de los departamentos del Caribe y el sector productivo les enviaron una carta a los ministros de Hacienda y Energía y al superintendente de Servicios Públicos, donde manifiestan su preocupación ante la inminente crisis energética que podría afectar gravemente la región.

“La falta de inversiones adecuadas, los problemas financieros de las empresas prestadoras del servicio y las deficiencias en la infraestructura eléctrica que por años se han presentado, ponen en riesgo la continuidad del suministro de energía, lo que tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo social y económico del Caribe colombiano”, señalan los mandatarios y empresarios.

Recalcan que la situación financiera de Afinia es especialmente crítica. La empresa enfrenta graves dificultades económicas que amenazan su capacidad de operación y mantenimiento de la red eléctrica en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.

“Con más de 1,8 millones de usuarios dependientes de su servicio, la falta de acciones urgentes podría llevar a una crisis sin precedentes en la prestación del servicio eléctrico en estas zonas”, señalan.

Por otro lado, la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha generado incertidumbre en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde presta servicio a más de 1,3 millones de usuarios.

Para esta empresa, solicitan que, “además de los subsidios, se implementen acciones adicionales que permitan fortalecer financieramente a la Empresa Intervenida y faciliten las inversiones urgentes en la infraestructura eléctrica.”

Para la región Caribe resulta imperativo que las entidades nacionales consideren el impacto humano y económico de esta problemática. “Las redes eléctricas de la región Caribe han sufrido un rezago histórico que solo puede ser revertido con acciones decididas que aseguren una administración eficiente y una financiación adecuada. Solo de esta manera podremos garantizar la continuidad y calidad del servicio, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y promoviendo el desarrollo sostenible en nuestros territorios”, agregan en la misiva.

Recordemos que a las empresas distribuidoras de energía a nivel nacional les adeudan recursos por más de 7 billones de pesos, representados en la Opción Tarifaria, pagos de subsidios y deudas de empresas estatales, donde las empresas del Caribe son a las que más se les adeuda.

En mayo de 2024 el presiente Petro se comprometió con los usuarios a que el gobierno asumiría los saldos de la Opción Tarifaria, pero luego incluyó estos recursos en la fallida reforma tributaria.

Otra solución que se ha planteado es la titularización de la deuda para darle caja a las empresas, pero la resolución reposa en el escritorio del ministro de Minas y Energía sin que hasta la fecha se haya firmado.    

“Actuar con celeridad y eficacia en esta materia es crucial para evitar enviar señales negativas al sector energético, que podrían erosionar la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones al país. Estas inversiones son fundamentales no solo para modernizar la infraestructura existente, sino también para aumentar la capacidad de generación requerida para atender la creciente demanda de energía. De hecho, estudios recientes indican que, de no tomarse las medidas necesarias, podría haber un faltante de oferta eléctrica para el año 2028, lo que representaría un grave riesgo para la estabilidad energética y el desarrollo del país.

“Por ello, instamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la SSPD a que implementen de manera inmediata los mecanismos necesarios para respaldar financieramente a la empresa Intervenida y a Afinia, así como para facilitar las inversiones urgentes que demanda el sistema eléctrico regional. Esta medida no solo atenderá las necesidades actuales, sino que también contribuirá a prevenir mayores afectaciones socioeconómicas en el mediano y largo plazo”, concluyen los gobernadores y empresarios.

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