Según el DANE, el sector energético fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Ahora que el presidente Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y la designación en su reemplazo de Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.
El sector energético, según el DANE, fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.
Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air-e) intervenida y con serios problemas, y la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla, y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio.
Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2,7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta $3 billones.
Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.
Incumplió, además, con la orden que le impartió el presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1, 2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2,8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial, ipso facto se reduciría el valor de la factura de energía un 24%.
El ministro Palma viene de desempeñarse como agente interventor de la empresa Air-e, así que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadoras y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.
Camacho se comprometió a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, sin embargo, las medidas tomadas desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo.
Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde para embaucar incautos, de estar como ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.
Su negacionismo lo llevó a negar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” y al descartar la escasez no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercio e industria), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de la Superintendencias de Industria y de Servicios Públicos, desatando una cacería de brujas contra las empresas y, lo más grave, contra NATURGAS, que es el gremio que las representa.
Camacho fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos”, cuando todos saben que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras. Ello es muy grave porque su entrada en operación habría contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y, desde luego, a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia.
Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobran a los usuarios son “ilegales”, mientras el ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las Superintendencias de Servicios Públicos y la de Industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG, atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel ministro Palma están, entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se tendrá el próximo año.
Además, la pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para responder al creciente volumen de gas importado, dado que la planta de SPEC se tornará insuficiente a muy corto plazo.
Finalmente, con el ministro Camacho se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control.
Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector. En ello, él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue lo hizo el exministro Camacho.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
