Autor: Martín Rosas

El Gobierno de Gustavo Petro ha sido errático en su política energética, que tiene al sector sumido en una crisis inducida.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En septiembre de 2022, el presidente Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas.

Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere.

Ha afirmado el presidente que las alzas en las tarifas obedecen a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de Energía o mercado mayorista.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante.

Incluso, Petro afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones de un total del saldo de $4,5 billones.

De asumirse la deuda de la Opción Tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formular una política de tarifas. Y menos anuncios como el del presidente Gustavo Petro de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El arribo nuevamente a la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha significado un viraje en la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Trump arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 medidas y promulgó 25 de su propia cosecha.

Entre estas, dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”.

En su discurso de posesión, habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13,2 millones de barriles diarios, y uno de los mayores exportadores, con 4 millones de barriles diarios, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril, lo cual tendrá un gran impacto en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja en la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos por regalías.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el presidente Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo.

Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17,6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: Toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca.

De hecho, en los últimos tres años, lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado récords históricos consecutivos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La ANH se ha convertido en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias: la administración de los recursos hidrocarburíferos de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”.

Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

El ministro Andrés Camacho, quien relevó a Vélez en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, en 2024 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica”, y un tema que, aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2.

De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho, ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del Caribe.

Según el Ministro Camacho, “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore.

Contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el ministro Camacho sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas (ZNI). El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de enero.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos.

Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Vélez como el proyecto de Decreto transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra.

Y a todas esas, cabe preguntarse en dónde está el Piloto. Pues, el actual presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.