Autor: Martín Rosas

Sostenibilidad
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Desmintiendo los mitos del papel: ¿Es tan dañino para el medio ambiente?

by Martín Rosas

Ecolab, empresa líder en sostenibilidad, asegura que la eficiencia en el reciclaje de papel ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Hace 60 años se utilizaba 120 m3 de agua por tonelada del papel, hoy la misma cantidad de papel requiere solo 15 m3.

El reciclaje de papel es una práctica que se ha vuelto fundamental con el paso de los años y que trae beneficios ambientales y económicos. Con iniciativas innovadoras y sostenibles, el papel busca posicionarse como una opción ecológica y renovable en comparación con otros materiales como el plástico.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente informa que el papel y el cartón constituyen el 53.57% de los materiales más aprovechados dentro del servicio público de aseo. Esto refuerza la importancia de estos residuos en el proceso de reciclaje, ya que pueden transformarse en nuevos productos, dándoles así una segunda vida. 

El papel tiene un futuro prometedor debido a su potencial como sustituto del plástico en envases y otros productos, ya que es el único material que puede ser usado varias veces sin perder sus atributos y sin perjudicar el medio ambiente.

“Es importante entender que la eficiencia para el reciclaje de papel ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Hace 60 años se utilizaba 120 m3 de agua por tonelada del papel, hoy la misma cantidad de papel requiere solo 15 m3. Este impacto puede ser reducido aún más con la tecnología adecuada”, comenta Juan Pablo Chahuán, líder de División Paper de Ecolab para Suramérica.

Asimismo, el especialista sostiene que “la nueva tendencia comercial es el uso del papel en envases de alimentos, vasos y bolsas, gracias a su capacidad cíclica para reutilizarse en otros productos como el papel tissue, servilletas y papel higiénico. Creemos que el papel siempre seguirá siendo el preferido por su practicidad y sostenibilidad”.

LOS MITOS DEL PAPEL:

Mito 1: El papel puede ser reciclado pocas veces

Existe la idea de que el papel solo puede ser reciclado una o dos veces antes de volverse inservible, pero no es cierto. En ese punto, Chahuán desmiente este mito, aclarando que el papel puede reciclarse entre seis y siete vecesantes de que las fibras pierdan la calidad necesaria para ser utilizadas. Este ciclo de reciclaje contribuye a reducir la necesidad de nueva materia prima y extiende la vida útil de cada fibra, lo que refuerza el carácter circular de la industria del papel.

Mito 2: La producción de papel aumenta la deforestación

A nivel mundial existe una percepción de que la industria del papel contribuye de manera significativa a la deforestación. Sin embargo, el reciclaje de papel permite lograr un considerable ahorro de energía, además de reducir el impacto negativo que se realiza sobre la atmósfera en forma de gases de efecto invernadero. Hoy ya existen maneras de conocer si el papel que utilizamos está reciclado gracias a las etiquetas y certificaciones internacionales.

La deforestación es impulsada principalmente por la conversión de bosques a tierras para la agricultura y ganadería, urbanización, explotación maderera, minería, actividades petroleras, construcción de oleoductos, gasoductos y grandes represas hidroeléctricas, entre otras actividades, según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

Estas actividades no solo reducen drásticamente la cobertura forestal, sino que también deterioran el clima, la biodiversidad y los medios de vida de comunidades locales, afectando así la salud del planeta y aumentando la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Mito 3: El papel de fibra reciclada NO es de menor calidad que el papel producido con fibra virgen

Aunque es común pensar que el papel reciclado es menos resistente o tiene una calidad inferior, esto no es cierto. Gracias a los avances en tecnología de reciclaje y tratamiento, el papel reciclado puede tener una calidad comparable al papel de fibra virgen y ser utilizado para una amplia gama de productos, desde papelería hasta empaques y productos impresos.

Empresas del sector incluyen en sus tratamientos la tecnología MetrixTM, un aditivo que ha permitido a las empresas aumentar la resistencia de 2 a 3  veces, comparado con las ofertas de resistencia estándar del mercado y la tecnología PARETOTM, la cual permite una dosificación homogénea del químico, lo que ayuda a mejorar su rendimiento en el proceso de fabricación y, a su vez, reducir el consumo de agua y energía.

Mito 4: La producción de papel consume excesiva agua y energía

“Con 2 toneladas de papel reciclado se pueden salvar 34 árboles adultos, evitar la emisión de 7 kg de CO2, ahorrar 160 m3 de agua y ahorrar 13.600 kw/ h de energía”, manifiesta el ejecutivo de Ecolab, indicando que el papel reciclado es una importante manera de evitar el consumo excesiva de agua y energía. La fabricación de papel utilizando material reciclado, en lugar de celulosa virgen, puede reducir el consumo de energía hasta en un 60%.

Proceso de reciclado del papel:

  • Recolección del papel en contenedores específicos.
  • Transporte a la planta de tratamiento, donde el papel y cartón se clasifica según su tipo.
  • Extracción de las fibras y eliminación de materiales no deseados.
  • Centrifugado y eliminación de tintas residuales, seguido de un nuevo lavado para asegurar la limpieza de cualquier otro residuo.
  • Blanqueo del papel para su reutilización en nuevos productos.

El reciclaje de papel y cartón es considerado clave para avanzar hacia un planeta más sostenible, alineándose con el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que promueve la “Producción y consumo responsables”.

Este objetivo impulsa la gestión eficiente de los recursos naturales y establece, para 2030, la meta de reducir significativamente los desechos mediante la prevención, el reciclaje y la reutilización.

Además, busca fomentar la reducción de emisiones de CO₂, el ahorro energético, la economía circular y un uso eficiente de los recursos.

Opinión
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Air–e es solo la punta del iceberg

by Martín Rosas

Es urgente la intervención del Gobierno Nacional para buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria, y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La empresa Air–e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual procedió a nombrar como agente interventor inicialmente al ingeniero Carlos Diago, quien fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma.

Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación, “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air–e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023, declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas.

La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la limitación de suministro a Air–e, al tiempo que abrió una línea de crédito en Findeter, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas.

A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air–e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el agente especial de Air–e, que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air–e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”.

Empero, para lograr dicho cometido, la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello, la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo Empresarial. La mera intervención, per se, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2,4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar.

A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo asciende a $4,5 billones, de los cuales el propio presidente de la República se comprometió públicamente en mayo de 2024 a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3: $2,5 billones.

A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar”, y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió desde el 4 de octubre de 2023 que ello podría dar lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible.”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air–e, buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Opinión
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La transición energética está en veremos

by Martín Rosas

En materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 tuvo lugar la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 21, que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del cambio climático y sus estragos.

En virtud de ese acuerdo, los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el 2030.

Ese mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y las acciones y estrategias a seguir para lograr la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al cambio climático.

De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición Energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Colombia se había adelantado a la Transición Energética, en la medida en que desde la década de los 90 promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario.

También avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se consumen en todo el territorio nacional.

De contera, en 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos.

Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica.

Todo ello le valió un posicionamiento a Colombia en la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma. Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupó el puesto 29 a nivel global y el 3º a nivel de Latinoamérica.

Con el advenimiento de la administración de Gustavo Petro se esperaba que la Transición Energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las tres COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.

Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho, y en materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores han venido renunciado a su apuesta, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.

El caso más reciente es el EDP Renewables, responsable de los dos mayores proyectos, Alfa de 212 MW y Beta de 280 MW. La principal razón que adujo EDP para tomar su decisión, después de haber superado su primer escollo, el de las consultas previas, fue la paquidermia de la ANLA en la expedición de la licencia ambiental.

Además del licenciamiento ambiental de los proyectos, la principal barrera con la que han venido tropezando para lograr su puesta en marcha es la falta de confianza inversionista y la inseguridad jurídica imperante.

El freno del avance de la ejecución de los proyectos de generación de energía a partir de FNCER, que se ha visto agravado con la dilación de la expedición de la licencia ambiental para la Línea Colectora, llamada a transportar la energía generada por ellos hasta inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que sólo entrará en el segundo trimestre de 2026, explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 35 entre 120 países a nivel global y en Latinoamérica pasó al 6º  puesto.

No es para menos, dado que, hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de Ruta de dicha transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

GLP
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En riesgo el plan piloto de subsidios al GLP

by Martín Rosas

MinHacienda no ha girado los recursos que garantizan continuidad de los subsidios al Gas LP en cilindros para los usuarios más pobres del país.

La desidia del gobierno del cambio también golpea a los usuarios del gas licuado del petróleo (GLP). El Ministerio de Hacienda no ha girado a las empresas lo correspondiente al pago de subsidios del segundo semestre de 2024, una suma de 45 mil millones de pesos.

“De no hacerse este pago, se afectarían miles de familias (más de 675.000) que reciben dichos subsidios”, alertó Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA).

En ese sentido, GASNOVA solicita al Ministerio de Hacienda la urgente aprobación del pago de los subsidios al consumo de GLP en cilindros, que el gobierno nacional todavía no ha girado para cubrir los consumos correspondientes al período de julio a diciembre de este año.

Recordemos que el “Plan Piloto”, es un programa que se ha desarrollado con éxito durante los últimos 11 años, gracias al subsidio al consumo de GLP en cilindros, cuya implementación se realiza de acuerdo con la herramienta de focalización del Sisbén IV, y beneficia mensualmente a cerca de 675 mil personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, San Andrés Islas y los municipios del Macizo Colombiano en el Cauca.

En ese sentido, cerca de diez empresas que atienden estos departamentos se encuentran en una situación crítica de flujo de caja, pues durante estos últimos seis meses han financiado al gobierno con el pago de los subsidios.

Desde julio, los cilindros de GLP con subsidio se vienen entregando sin contar con la disponibilidad presupuestal requerida, contraviniendo lo estipulado en el Decreto 2195 de 2013 y la Resolución MME 40720 de 2016, que determinan que es necesaria dicha disponibilidad presupuestal para que se puedan entregar los cilindros con subsidio.

Hay que señalar que el estrato uno tiene un subsidio mensual del 50% por cilindro y el estrato dos  del 40%; es decir, que si el Gobierno suspende el pago se subsidios, el costo del cilindro se duplicaría para el estrato uno, pasando de $37.500 el cilindro de 30 libras a $75.000; y el cilindro de 40 libras pasaría de $44.000 a $88.000, con el consecuente riesgo que la mayoría de usuarios retrocedan al consumo de leña, con el consecuente aumento de la deforestación y el impacto en la salud.   

GASNOVA aclaró que, si bien durante noviembre el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución para el pago de julio, el traslado de estos recursos no se ha realizado. Lo mismo ocurre con los recursos de agosto-diciembre, que el Ministerio de Energía ya gestionó traslados presupuestales para financiar dichos subsidios, pero Minhacienda aún no realiza los pagos.

Hasta el momento, el programa de subsidios al consumo de GLP en cilindros ha sido un éxito gracias a la focalización de los beneficiarios, respaldados en las bases de datos del Sisbén IV que evidencian que, en las zonas rurales, el 40% de las personas que viven en ellas están en extrema pobreza; y en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2023 del DANE, que señalan que el 51% de los hogares que utilizan GLP se encuentran en zonas rurales.

Pese a que los subsidios al GLP representan el 5% de los subsidios al gas natural, el 2% de los subsidios a la electricidad y menos del 1% de los subsidios al diésel, el Plan Piloto se encuentra en riesgo por la falta de diligencia del gobierno, a lo que hay que sumarle que el próximo año el presupuesto para los subsidios al GLP asciende a $108.000 millones.

Para GASNOVA es preocupante que por la falta de pago de los subsidios al GLP, los beneficiarios afectados se vean privados de los subsidios y, como consecuencia, obligados a utilizar la leña como combustible para cocinar, acarreando graves problemas en su salud respiratoria y daños medioambientales asociados a la tala de árboles, por lo cual el presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez, hace un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, para que apruebe el pago respectivo a la mayor brevedad posible.

Opinión
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Tarde piache

by Martín Rosas

Tarde piache es una expresión con la cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. Veamos la secuencia de los hechos:

El 18 de mayo de 2022 el entonces presidente de Ecopetrol Felipe Bayón anunció la firma de un acuerdo con la petrolera Anadarko, empresa subsidiaria de Occidental Petroleum (OXY), como operadora, con la cual se había avanzado en la exploración conjunta costa afuera en cuatro bloques en el Caribe colombiano, ampliando de esta manera la frontera hidrocarburífera de Colombia.

Se destaca en esta nueva cuenca sedimentaria, en el Bloque COL–1, el yacimiento denominado Komodo–1, el cual, según los análisis geológicos podría llegar a representar una reserva de hidrocarburos (petróleo y gas) más significativa que Sirius, lo que convierte este descubrimiento en el más gigantesco de todos, estimado en 20 terapiés cúbicos de gas, equivalente a casi 10 veces el volumen de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país. En su localización confluyen las capitanías de los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. Y ello le viene bien al país, en momentos en los que el gas escasea y empieza a importarlo.

Refiriéndose a Sirius, el presidente Gustavo Petro manifestó que él sabe que “genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético, y más porque hace más de 20 años no nos llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil”. Y fue más lejos al espetar que “puede parecer como una gran noticia descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”.

Asustados están ahora los usuarios y consumidores en el país de saber que, como lo afirmó la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, “en Colombia el gas barato se acabó”, refiriéndose a que el gas importado es mucho más costoso, oscilando su precio alrededor de los US $18 el MMBTU, que el que se extrae en el territorio nacional, que fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU.

Se cumple, una vez más, el aserto de que el energético más caro es aquel del cual no se dispone justo cuando se requiere. Tienen, entonces, ellos para alegrarse por este nuevo hallazgo y para parecerles una gran noticia.

En momentos en los que Ecopetrol y Anadarko estaban en la fase de alistamiento para la perforación del pozo, para lo cual se había contratado una plataforma flotante equipada con sofisticados equipos, fueron sorprendidas por la notificación de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por orden expresa de la Ministra de la suspensión de la licencia ambiental para operarlo.

Ecopetrol apeló esta decisión, alegando que “la incertidumbre que generó la falta de un pronunciamiento del MADS frente a la suspensión del proceso de licenciamiento afectó las obligaciones que se habían adquirido con terceros”.

De hecho, la estatal petrolera ya había incurrido en inversiones que superan los US $35 millones en actividades preparatorias, dando lugar la decisión de la ANLA a un detrimento patrimonial, amén de la inversión realizada por Anadarko, operador que compromete a las partes en proporción a su participación en el proyecto

Por su parte, el delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, pidió a la ANLA “revocar la suspensión del licenciamiento ambiental para la exploración de gas en el Caribe colombiano Komodo–X1, que completa 70 días”.

Según Guerrero, “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión, ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes, por lo que se considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso”.

Advirtió, además. “los riesgos económicos y sociales por la posible falta de abastecimiento de este recurso para suplir las demandas energéticas y de transporte, así como domiciliario en el país”.

Pero para la ministra, “este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad para el suministro de gas” y, por tanto, se colige, no había ninguna prisa en la toma de decisiones.

Ahora, tardíamente, al cabo de las quinientas, es cuando la ministra Muhamad, la misma que prestó oídos sordos a los requerimientos de Ecopetrol y de la Procuraduría, se dignó hacer el anuncio de que “tras una rigurosa evaluación, se consideró ambientalmente viable el desarrollo del proyecto Komodo”.

Ya para qué, cuando Ecopetrol manifestó el pasado 24 de septiembre, en respuesta al senador José David Name, que “se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025”.

Ya es tarde, el daño ya está hecho. Ecopetrol y Anadarko tenían todo dispuesto para comenzar la perforación del pozo en noviembre de 2024, pero el entorpecimiento por parte de la ministra dio al traste con sus planes.

En el mundo sólo se cuenta con tres plataformas flotantes con los taladros requeridos para llegar hasta las profundidades de Komodo, razón por la cual, después que zarpó la plataforma reservada, la que ya se tenía disponible in situ, es prácticamente imposible contar con otra que esté disponible en el corto plazo.

Con esta desafortunada decisión tomada por la ministra Muhamad cerró esta ventana de oportunidad para recobrar en los próximo años la seguridad y la soberanía energéticas perdidas, poniendo en riesgo además la Transición Energética que tanto pregona el Gobierno, dado que el gas natural es considerado como el energético de la Transición.

La torpeza y la obsesión de marchitar los hidrocarburos prematuramente le están haciendo mucho daño al país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Sostenibilidad
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Fundación Coquecol, comprometida con la sostenibilidad en los territorios

by Martín Rosas

La Fundación Coquecol ha impactado a 59.197 personas en 8 años, con planes de acción enfocados en familias, medio ambiente, educación, gestión social y apoyo al emprendimiento en las comunidades de las zonas donde opera el Grupo Coquecol.

La Fundación Coquecol, comprometida con el desarrollo sostenible de las comunidades en Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, presentó los resultados de su gestión multianual.

Desde su creación, la Fundación ha beneficiado a 59.197 personas a través de iniciativas alineadas con sus cuatro ejes de acción: gestión ambiental, desarrollo social, apoyo al emprendimiento y relacionamiento institucional.

El eje de apoyo al emprendimiento se centró en fortalecer a emprendedores mediante la ejecución de proyectos productivos, programas de capacitación y la organización de espacios comerciales. Se apoyaron 118 proyectos productivos y se realizaron 311 programas de formación, además de 26 ferias comerciales que impulsaron la economía local.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la participación en la feria “Emprende tú mujer”, donde 179 mujeres emprendedoras recibieron capacitación en empoderamiento, salud mental y bienestar emocional.

En cuanto al eje de desarrollo social, las acciones se enfocaron en fomentar la educación, la formación comunitaria y el deporte. Durante estos últimos años, 179 personas accedieron a becas universitarias, mientras que 1.131 participaron en colectivos de comunicación y 578 fueron parte de escuelas deportivas.

Adicionalmente 1.050 personas se beneficiaron de procesos educativos que incluyeron cursos de alfabetización, multimedia y medios digitales.

Parte de los esfuerzos de la fundación fue la implementación de proyectos como las cosechas de agua, que permitieron a las comunidades aprender sobre la recolección y el mantenimiento de este recurso vital.

El eje de relacionamiento institucional involucró el trabajo conjunto con entes territoriales, estatales y municipales para consolidar alianzas estratégicas que favorecieran a las comunidades.

Entre las acciones realizadas se incluyeron la entrega de kits escolares, la organización de brigadas de salud y actividades de voluntariado. Un ejemplo destacado fue el embellecimiento de la Institución Educativa Salamanca, donde 500 miembros de la comunidad se beneficiaron.

Por último, en el ámbito de gestión ambiental, la fundación promovió la sostenibilidad mediante actividades diseñadas para sensibilizar a las comunidades sobre el cuidado del entorno y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.

La jornada de siembra de árboles es de las más destacadas en la fundación. A la fecha se han sembrado 1.505 árboles en Cundinamarca, 900 en Boyacá y 400 en Norte de Santander.

En Cundinamarca se han sembrado más de 2540 árboles de especies nativas en el Bosque Coquecol en los últimos dos años, una iniciativa en alianza con la CAR en el municipio de Tausa, que tiene el propósito de aportar a la restauración y conservación de los ecosistemas de las zonas de influencia.

En 2024, el Grupo Coquecol recibió tres reconocimientos en el ámbito de sostenibilidad; el Galardón ‘Hechos al Carbón’ en la categoría Gestión de Ecosistemas y de la Biodiversidad con el proyecto “Generación de iniciativas para valorar y conservar la biodiversidad en las áreas de influencia”, organizado por FENALCARBON.

Además, el reconocimiento en ‘Buenas prácticas en derechos humanos’ en la categoría Equidad de Género, organizado por Pacto Global, y mejor empresa con responsabilidad social municipal por el Consejo de Guachetá.

“Cada año, para el Grupo Coquecol es fundamental fortalecer la relación con las comunidades de nuestras zonas de influencia, impactando su desarrollo desde etapas tempranas. Nuestro compromiso con el valor social, el emprendimiento y el medio ambiente nos impulsa a seguir creando oportunidades significativas”, expresó Gabriel González, CEO del Grupo Coquecol.

La Fundación Coquecol tiene planes ambiciosos para 2025, incluyendo la creación de un centro TIC, la puesta en marcha de paneles solares en la casa la Perla en el municipio de Guachetá y la implementación de protocolos TSM en la mina Altiplano, así como impulsar proyectos que promueven acciones ambientales en los territorios.

Sostenibilidad
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GeoPark y la Fundación Escuela Nueva fortalecen la educación en Tauramena

by Martín Rosas

En alianza con la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente (FEN), GeoPark trabaja para mejorar la calidad de la educación en siete sedes rurales del Centro Regional de Investigación Educación y Extensión (CRIEET) en Tauramena, Casanare.

El proyecto beneficia a más de 520 niños de educación básica primaria, fortaleciendo sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

La Fundación Escuela Nueva (FEN) es una organización sin ánimo de lucro reconocida a nivel nacional e internacional por sus innovaciones educativas y su compromiso con la mejora de la calidad, relevancia y eficiencia de la educación.

Su apuesta pedagógica Escuela Nueva Activa (ENA) transforma el aula y la manera de aprender, promoviendo un aprendizaje activo, cooperativo y centrado en el estudiante.

Mediante este proyecto, ENA se está implementado en siete sedes rurales del CRIEET, las cuales reciben material educativo, formación y acompañamiento docente para fortalecer cuatro componentes clave:

  1. Curricular: Dotación de Guías y materiales pedagógicos que ayudarán a los estudiantes a fomentar un aprendizaje activo y cooperativo.
  2. Gestión: Promoción de instituciones educativas autónomas y organizadas para ofrecer educación integral de alta calidad.
  3. Formación docente: Fomento del desarrollo profesional continuo de los docentes, transformando su rol y empoderándolos como agentes clave del cambio.
  4. Comunitario: Fortalecimiento de la relación entre docentes, estudiantes y familias para integrar a toda la comunidad en el proceso educativo.

Este proyecto contempla estrategias como talleres vivenciales de capacitación docente, dotación de materiales pedagógicos, seguimiento a cada maestro, acompañamiento remoto, monitoreo y evaluación para mejorar las prácticas educativas y el aprendizaje de los estudiantes.

Con una inversión total de $470 millones, el programa reafirma el compromiso de GeoPark con el desarrollo social de los territorios donde opera.

Aníbal Fernández de Soto, gerente de Naturaleza y Vecinos de GeoPark, destacó: “Nos complace trabajar de la mano de una organización tan prestigiosa como la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente en un proyecto que además de contribuir a mejorar la calidad educativa, reducirá las brechas en la educación rural, impulsando la creación de un legado de prosperidad para la región”.

Por su parte, Clarita Arboleda, gerente de Desarrollo de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, mencionó: “Es muy grato trabajar conjuntamente con una entidad como GeoPark, que le apuesta a soluciones educativas probadas y con evidencia para contribuir a mejorar la calidad y equidad educativa, las cuales son fundamentales para el progreso del país”.

Para cerrar el año, el equipo pedagógico de la Fundación Escuela Nueva realizó visitas a las aulas del CRIEET para observar y retroalimentar las prácticas docentes.

En el primer semestre de 2025, se prevé la realización del Día de Logros, un evento en el que estudiantes y docentes presentarán a la comunidad los resultados y experiencias significativas derivadas de la implementación del modelo.

Opinión
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Las cuentas no cuadran

by Martín Rosas

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia 2025.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto propuesto por el Gobierno, por $523.7 billones.

Al no aprobarse dicho monto tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el presidente para expedirlo, como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1523. Este procedimiento es el que se conoce como dictadura fiscal.

Como antecedente, es importante dejar establecido que el bajo recaudo tributario forzó al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla a aplazar gastos presupuestados para la vigencia de 2024 por valor de $28 billones.

Entre las razones del bajo recaudo se destacan el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, además del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta.

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia 2025, de modo que si el Congreso aprobaba el monto propuesto por el Gobierno se obligaba a aprobar también el proyecto de ley de financiamiento por dicho valor radicado por parte del ministro Bonilla.

Las comisiones económicas hundieron el proyecto, pero como el ejecutivo estaba obligado a aforar el Presupuesto decretado por el mismo valor inicial, de ello se sigue que arrancando el año entrante tendrá que recortar o aplazar gastos por valor de $12 billones, para que las cuentas cuadren, por no tener respaldo en los ingresos. Tanto más en cuanto que se han sobreestimado los ingresos tributarios, calculados en $316.5 billones, $26.6 billones por encima de la estimación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado por el Ministerio de Hacienda el 14 de junio de 2024.

Se puede reincidir en lo que pasó con el Presupuesto de la vigencia de 2024, pues si para este año se tenía la previsión de un mayor recaudo de $15 billones por gestión de la DIAN, que no se logró, pues ahora están doblando la apuesta de mayor recaudo por concepto de la eficiencia en la administración tributaria, calculándolo en $28 billones.

Tanto el Comité Independiente de la Regla fiscal (CIRF) como Fedesarrollo coinciden en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se prevé para el 2025 son insuficientes para cumplir con la Regla Fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones.

En concepto del economista jefe de investigaciones de Corficolombiana, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal, porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”.

Romero sostiene que para Corficolombiana, “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto no son acordes con la realidad fiscal y económica”.

En cambio, para el profesor visitante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Juan Pablo Sandoval, “el Presupuesto de 2025 no está desfinanciado” y el Decreto expedido por el Gobierno obedeció a una “actitud poco democrática” del Congreso para debatir el proyecto. No se proyecta, según él, más recortes “dadas las buenas perspectivas de crecimiento para la vigencia de 2025”.

En todo caso, según lo ha anunciado el nuevo ministro de Hacienda Diego Guevara, antes del 31 de diciembre se expedirá el Decreto de liquidación desenglobando las partidas presupuestales y recortando los $12 billones que hacen falta, según el presidente Petro, “mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

El desencuentro del presidente de la República con el Congreso, a raíz de la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, llevó a Petro a romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso, en donde la derrota del Gobierno fue apabullante.

La reacción del presidente Petro fue desproporcionada, “no tienen nada más que hablar con nosotros y nosotros nada que esperar de ellos”, dijo.

Este divorcio entre el ejecutivo y el legislativo en nada contribuirá a hacer más llevadera la crisis fiscal que se avizora.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Gas Natural
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2024, el año en que Colombia perdió la soberanía en gas natural

by Martín Rosas

Luego de casi 50 años de autosuficiencia en gas natural, Colombia comenzó a importar gas para atender la demanda no térmica.

Por: MARTÍN ROSAS

El primero de diciembre de 2024 será recordado como la fecha en que Colombia perdió la soberanía en gas natural. A partir de ese día el país comenzó a importar 40 giga BTU (GBTU) para cubrir el faltante de la demanda diferente a la térmica.

Luego de casi 50 años terminaba lo que en su momento se denominó la ‘revolución del gas natural’, un proceso que inició a mediados de los años 70 con los descubrimientos de los yacimientos de Chuchupa y Ballena en aguas marinas y en territorio del departamento de La Guajira, y que dio inicio a la masificación del gas natural en el país, hasta llegar a beneficiar hoy a más de 36 millones de colombianos.

De ahora en adelante los usuarios se verán abocados al alza en las tarifas, en la medida en que aumente el déficit y, por consiguiente, las importaciones, del que hasta ahora es el servicio público más económico, pues representa solo el uno por ciento del gasto de la canasta familiar.

La situación se torna grave no solo para los usuarios residenciales sino para los comerciales, industriales y vehiculares, que habían encontrado en el gas natural un combustible eficiente y económico, siendo este la segunda fuente de energía primaria del país, con un 25% de participación, luego del petróleo, que cubre un 39%.

Recordemos que en 2023 el sector industrial y comercial era el mayor consumidor de gas natural, con una participación del 34%, seguido por el parque térmico con 24%, el sector residencial con 18%, el sector petrolero con 16%, el vehicular con 5% y el petroquímico con 2%.

Si bien los sectores residencial y transporte no tienen una gran participación en el total del consumo, el impacto es enorme por la cantidad de familias que utilizan el gas natural para cocinar, unos doce millones de hogares, y en el sector vehicular se verán afectados cerca de 200 mil carros que operan con este combustible, incluidos el 30% de la flota de Transmilenio y el ciento por ciento de las flotas de los sistemas de transporte masivo de Valledupar y Cartagena.

Un desabastecimiento anunciado

La situación de escasez que afronta el sector es una crónica anunciada. En los últimos doce años las reservas de gas del país cayeron un 58%, al pasar de 5,7 terapiés cúbicos (TPC) en 2012 a 2,3 TPC en 2023.

La situación se dio por los bajos precios del crudo en 2014, lo que desestimuló la inversión en el sector y llevó a que en el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos no se firmara ningún contrato de exploración, después comenzó a recuperarse, pero vino la pandemia de la Covid-19.

De acuerdo con Andrés Bitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), “este panorama además coincide con el hecho de que los 4 grandes campos: Pauto Sur, Cupiagua, Cusiana y Chuchupa se están agotando. En 2018 representaban el 70% del total del gas producido, mientras que para 2028 se espera que su participación disminuya al 47%”.

El puntillazo final se lo dio el actual gobierno de Gustavo Petro, que desde la campaña mostró su animadversión por el sector minero energético, y al llegar al poder les impuso nuevos gravámenes a las empresas de hidrocarburos y cerró las puertas a los pilotos de fracking y a la asignación de nuevos bloques de exploración.

La política anti fósiles del gobierno colombiano desestimuló la inversión y llevó a que el capital busque mejores condiciones en otros países de la región, como Argentina y Guyana, que muestran elevadas tasas de crecimiento, con el objetivo de alcanzar en el corto tiempo una producción de un millón de barriles en cada país.

Sin hablar de Brasil, que se ha propuesto como meta aumentar su producción de los 3,5 millones de barriles actuales a cinco millones a finales de la década.

De tal suerte que la única esperanza de Colombia está puesta en los campos offshore del Caribe, donde Petrobras y Ecopetrol confirmaron con los pozos Sirius reservas por más de 6 TPC, pero este gas solo saldrá a superficie hasta 2030, si se cumple el cronograma sin contratiempos, mientras tanto el país dependerá de las importaciones para suplir el déficit de producción.

Y aunque Ecopetrol liberó algún gas por la optimización en sus operaciones, al término de los contratos de largo plazo en noviembre pasado, el déficit estimado para 2025 por el Gestor del Mercado es del 7,6% de la demanda, unos 76 GBTU diarios.

En adelante, el gas importado se irá incorporando a la oferta y en la medida que vaya creciendo su impacto se verá reflejado en las tarifas al usuario final, toda vez que la molécula importada es mucho más costosa que la nacional.

De acuerdo con Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), si el faltante nacional se suple con un 50% de gas importado, las tarifas podrían subir entre el 20 y el 25%; pero si se suple con 100% de gas importado el alza sería entre 30 y 35%.

“Los precios van a subir en proporción a las cantidades de gas importado, y asimismo los precios nacionales se irán ajustando gradualmente a las condiciones de mercado, van a ir ajustándose a la paridad importación”, dice Murgas.

Y concluye que: “La reciente regulación para la importación de gas es un paso importante para garantizar el abastecimiento energético del país en el corto plazo. Sin embargo, es fundamental que esta medida se complemente con incentivos a la exploración y producción local, pues solo así podremos reducir la dependencia externa y asegurar precios más competitivos para los usuarios”.

Opinión
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Agencia Nacional de Seguridad Nuclear: gran paso para Colombia

by Martín Rosas

Colombia no se puede quedar atrás frente a este reto. En la región, países como Argentina, México, Perú, Bolivia y Venezuela le apuestan a este tipo de proyectos.

Por: JUAN ESPINAL*

El 16 de diciembre se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear en el país. Sin duda alguna, un gran paso porque se abre un importante debate que no había sido abordado, quizás por temor o falta de audacia, ya que expertos locales hay y muchos.

Este proyecto recoge la firma de varios sectores políticos, lo que demuestra que este tipo de iniciativas no deben tener color ni mucho menos ideología, pues se enfoca en la consolidación y expansión de sus aplicaciones en materia de salud, ambiente e industria.

El sector nuclear en Colombia genera cerca de 45.000 empleos y representa actualmente el 0,25% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 3,6 billones de pesos anuales.

Con este proyecto de ley gana la economía y el desarrollo del país de manera significativa en los próximos cinco años, fortaleciendo las capacidades productivas en áreas como la medicina nuclear, la industria y la investigación ambiental, aumentando la competitividad del país.

Seguramente se dará un debate álgido, pues es evidente que la Energía Nuclear está estigmatizada como el fracking. Lo que se debe buscar es que sea un debate con responsabilidad técnica, alejado del debate ideológico que tanto daño hace.

Este proyecto busca regular de manera integral el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares, con estándares internacionales y sentar las bases para el desarrollo de capacidades técnicas y científicas nacionales en sectores estratégicos.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) es el primer paso regulatorio para aprovechar el uso de esta herramienta, garantizando un control eficiente con enfoque en la seguridad, así como en la promoción de la cooperación internacional, posicionando a Colombia como líder regional en la utilización de tecnologías nucleares.

Son muchos los beneficios: En materia de salud se benefician más de 30.000 pacientes al año de la medicina nuclear, especialmente para tratamientos de cáncer, y la producción de radiofármacos; en materia ambiental, se contribuirá a la investigación en el uso de técnicas nucleares como la hidrología isotópica, que permite monitorear fuentes de agua dulce, detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible.

La industria, por su parte, tendrá una gran oportunidad con las tecnologías nucleares que son clave para su modernización. Aplicaciones como el control de calidad en procesos de manufactura, el uso de radiaciones en la esterilización de productos y la investigación de materiales, impulsarán la productividad y competitividad de empresas en sectores como el de alimentos, textiles y químicos.

La agricultura sería otro de los sectores con mayor potencial, por medio del mejoramiento de los procesos de conservación de los alimentos y el desarrollo de nuevos cultivos que contribuirían a garantizar la seguridad alimentaria y, de esta manera, aumentar las exportaciones; además, se podrían aportar técnicas eficientes para el control de plagas, así como para garantizar la salud del suelo y el agua en zonas de cultivo.

Finalmente, esta ley establece bases sólidas para preparar al país frente a un eventual desarrollo de la núcleo-electricidad. Si bien el Plan Energético Nacional de la UPME, contempla explorar esta alternativa a partir de 2035, la ley define la estructura institucional necesaria para garantizar que, si se llega a tomar la decisión de incluir energía nuclear en la matriz energética, el país cuente con un marco normativo robusto, una autoridad reguladora independiente y se garantice una planeación energética a largo plazo.

¡Llegó el momento para que Colombia le diga sí a la energía nuclear!

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

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