El tema de las tarifas de energía eléctrica se viene convirtiendo en una problemática sin resolver para autoridades, empresas y usuarios.
Por: DANIEL ENRIQUE MEDINA*
Institucionalidad, viabilidad financiera, cartera morosa, cultura del no pago, falta de mantenimiento de redes; ausencia de inversiones en reposición de activos y retrasos en los proyectos de generación y transmisión, entre otros factores, son parte de las aristas estudiadas, sin que se haya identificado una hoja de ruta clara para desenredar una situación que cada día adquiere visos más críticos.
Vale la pena recordar que las Leyes 142 y 143 de 1994 definieron el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible, el cual quedó bajó la responsabilidad de la Comisión de Regulaciónde Energía y Gas (CREG).
Desde entonces, la CREG ha fijado las tarifas de energía teniendo en cuenta aspectos como el régimen de regulación o de libertad; el sistema de subsidios, que se otorgan para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios; las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante y aspectos concernientes con procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.
Aunque el país ha logrado importantes avances en el sistema tarifario durante estos 30 años, también es evidente que el mismo, en especial en la Costa Caribe, no ha logrado superar las barreras propias de las condiciones económicas y sociales de la región, lo cual ha llevado a diferentes gobiernos a acciones que se deben acometer para encontrar una senda en beneficio del sector y de los usuarios.
El Gobierno ha expresado su voluntad de disminuir las tarifas de energía eléctrica y las empresas del sector han explicado que los precios resultan de la aplicación de una fórmula que refleja fielmente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Sin embargo, la realidad es que los precios de la energía se han mantenido altos y, en algunos casos como en la Costa Caribe, se han disparado en temporadas de déficit hídrico como el fenómeno de El Niño.
Corficolombiana analizó que entre 2021 y 2024 las tarifas de energía en Colombia se incrementaron, en promedio, un 15,3% anual, siendo el precio más alto de los últimos 23 años; de hecho, en 2022 se registró el repunte más alto de la historia: 28,5% anual.
Aunque el Gobierno ha trazado distintas estrategias para frenar el aumento, es evidente que Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos como México, Ecuador y Brasil, tiene tarifas más altas.
En el caso de la Costa Caribe, las tarifas de energía son 18% más altas que en el interior del país, debido al mayor costo de los componentes de pérdidas y de la opción tarifaria.
Con la intervención de Air-e, el Gobierno apuntaba a partir de octubre a reducir las tarifas de la Costa Caribe entre un 20% y un 25%, lo cual se esperaba que representara un alivio económico para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes enfrentaron altos costos de electricidad.
A lo anterior se suma que a las empresas de distribución del sector se les adeuda cerca de $7 billones representados en $3,4 billones por la opción tarifaria; $2,4 billones por subsidios; $0,2 billones por precio y exposición a bolsa y $1 billón por deuda oficial.
Asimismo, las empresas comercializadoras han tenido problemas de flujo de caja, es decir que, al no tener los ingresos suficientes, les ha limitado para pagar sus costos de operación y mantenimiento.
El objetivo de las fórmulas de la CREG, plasmadas en las resoluciones, ha sido reflejar los costos que implican la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica para cada mercado y estos costos pueden variar de acuerdo a diversas circunstancias, como la disponibilidad de agua; costo de los combustibles de origen fósil como gas natural o carbón; costos de insumos para las líneas de transmisión y distribución como cobre o aluminio, y características del mercado, en el caso de los costos de comercialización, entre otras características.
Una mirada desde ACIEM
Desde 2022 en ACIEM hemos planteado la necesidad urgente de reformar el modelo tarifario del sector eléctrico del país, más allá de la coyuntura de reducir los precios.
Desde nuestra perspectiva, en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, se deben revisar los aspectos positivos y negativos del modelo, y fijar un nuevo marco institucional y regulatorio, con el fin de orientar adecuadamente el futuro del mercado, garantizando siempre la institucionalidad, la seguridad, la confiabilidad energética y la continuidad del servicio.
A nivel de subsidios, ACIEM ha señalado que se debe dar una mirada distinta al tema y plantear un mínimo vital a través de las energías renovables para instalar paneles solares en los estratos 1, 2 y 3, especialmente.
En relación con el rol de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ACIEM ha destacado que es importante trabajar en fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y sanción a las centrales hidroeléctricas en su gestión del agua, para generar posibles distorsiones de mercado, lo cual llevaría a un aumento de los precios; establecer una especial vigilancia y control para evitar que las empresas generadores utilicen su poder de mercado, puesto que al fijar límites de participación adecuados, se logrará un mayor equilibro del mercado y una mayor competencia entre agentes.
Desde ACIEM consideramos que se debería crear una sala paralela a la del Mercado de Energía Mayorista (MEM) para monitorear en tiempo real, tal como sucede en otros países, el comportamiento de los agentes y de las transacciones en bolsa, lo cual ayudaría a evidenciar posibles abusos de posición dominante y/o competencia desleal, que permita tomar inmediatamente las acciones correctivas del caso y las sanciones a que haya lugar a los agentes.
De otra parte, es importante realizar una vigilancia especial al componente de las inversiones, las pérdidas técnicas y no técnicas, y su peso en la fórmula tarifaria, con el fin de reducir su impacto en la tarifa.
De no tomar medidas sobre el modelo tarifario en distintos frentes, es innegable que el sector eléctrico seguirá deteriorándose en contra de los usuarios y de las empresas.
A comienzos de diciembre, el ministro de Minas y Energía explicó que la Resolución CREG 101-066 de 2024, definió un ‘tope tarifario’ al componente de generación (G) en la bolsa de energía, la cual aplicará solamente a las plantas de energía renovable, (incluidas las hidroeléctricas) y carbón, medida novedosa que, según el Gobierno, podría tener un impacto de hasta el 30% sobre la factura de energía.
En ACIEM consideramos que estas medidas pueden incidir favorablemente en los precios a los usuarios y ayudar a evitar especulaciones en el mercado, estableciendo un techo en el precio máximo para las ofertas del MWh en el MEM para energía con costos operativos muy bajos como las energías renovables y las hidroeléctricas. Sin embargo, debe considerarse que el porcentaje de energía negociada en bolsa es bajo y aquella sujeta a contratos es mayoritaria.
Las acciones anteriores requieren también agilizar la entrada de los proyectos de generación y transmisión que tienen importantes atrasos, lo cual permitirá un incremento en la oferta de energía, más aún cuando a partir de 2027 se presentará el riesgo de déficit de energía, que pondría nuevamente en el ambiente los escenarios de ‘riesgo de racionamiento o ‘riesgo de apagón’, que es lo que menos necesita el país en su reactivación económica. Todos en conjunto debemos actuar.
*Presidente de ACIEM.
