Autor: Martín Rosas

Van dos años de gobierno de Gustavo Petro, donde ya los colombianos nos hemos acostumbrado no solo a los escándalos de corrupción y a la falta de competencia de varios miembros del gabinete, sino también a las salidas desacertadas del presidente en X.

Por: SANTIAGO SOTO LUNA*

Tras dos años y ante la incapacidad de tomar las riendas del país, el presidente parece haber optado por mantener su condición de candidato que tenía antes de 2022, donde podía ser irresponsable con el uso de las redes sociales y usarlas para crear división y en el peor de los casos, incendiar el país.

No obstante, a pesar de la susodicha costumbre, sorprendió la declaración donde manifiesta que Colombia dejará de exportar carbón a Israel “hasta que se detenga el genocidio”. Lo anterior tiene muchas implicaciones, más allá que una pataleta presidencial, lo primero es el hecho de que ahonda la ruptura diplomática con el país de medio oriente, donde escala a un asunto de comercio internacional, donde pagan las consecuencias, por supuesto, el sector minero.

En primera medida, desde el ámbito internacional, como lo manifestó en comunicación la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Colombia e Israel actualmente tienen suscrito un tratado de libre comercio desde 2014 y vigente desde 2020. Cualquiera de los asesores de política exterior, o de la cartera de industria y comercio o cancillería, debería advertir las implicaciones que tienen violar o incumplir este tipo de tratados, no solo frente a posibles reclamaciones o indemnizaciones de la contraparte, sino que también Colombia podría ser castigado duramente a futuro sobre sus exportaciones no necesariamente de carbón sino de cualquier otro producto, o de igual forma de productos que Colombia importe.

Lo anterior, sin mencionar el mensaje de inseguridad jurídica que esto transmite a la comunidad comercial internacional, lo cual afectara las ya golpeadas cifras de exportación del país y que, seguramente cuando esto ocurra, y se afecten empleos, recaudo por concepto de impuestos, entrada de divisas, etc., saldrán el presidente y sus áulicos a inventar “golpes blandos” que no le permiten gobernar.

Pasando al panorama interno, frenar exportaciones a un país estratégico como Israel, generará un efecto en cadena, pues los empresarios del carbón que realizaban sus actividades comerciales con este país, serán golpeados económicamente, lo cual se reflejará en pérdida de empleos, bienes y servicios, y reducción de contribuciones tributarias y regalías que se sumarán al ya deficiente recaudo del gobierno.

Entre las cifras del sector minero, vale la pena traer a colación la contribución del 1% al PIB nacional; así mismo el presupuesto del sistema general de regalías establecido en la ley 2072 de 2022 para el bienio 2023-2024 es de cerca de treinta billones de pesos, de los cuales el sector minero aporta cerca de nueve billones.

Ahora bien, en materia de comercio internacional, se llegó en exportaciones a cerca de USD17 billones en ventas externas, y en impuestos, industria y comercio, entre otros, a la cifra de $18 billones.

Por último, la producción de carbón térmico y metalúrgico del país cerró 2023 en 71,7 millones de toneladas y, antes del arrebato del presidente Petro, se esperaba cerrará aproximadamente en 77,3 millones de toneladas para 2024, en cuanto al coque, cerró el 2023 con una producción de 4 millones de toneladas.

Con la desatinada declaración del presidente mata dos pájaros de un tiro, en su cruzada de odio contra dos enemigos declarados: el Estado de Israel y el sector carbonero colombiano. Como en minería y energía los resultados o, peor aún, las consecuencias no suelen verse en tiempo real, habrá que anotarle al presidente un desastre más por arreglar, en el país que nos va a dejar después de 2026

*Abogado especialista en temas minero-energeticos

Bogotá logró salir prácticamente intacta del pasado fenómeno de El Niño. El racionamiento de agua fue la pequeña secuela para sus habitantes, que encontraron la manera de convivir con la nueva realidad provocada por los fenómenos climáticos, pero la ciudad podría estar ad portas de un apagón.

Por: SERGIO SEGURA*

Años atrás los expertos expresaron su preocupación frente al manejo del agua en Bogotá y entregaron sus recomendaciones con el fin de mitigar riesgos y evitar la situación, pero como es constante en Colombia, las acciones llegan tarde y terminaron siendo más reactivas, menos proactivas y correctivas. Así las cosas, al paso que vamos, el racionamiento de energía en Bogotá puede ser otra crónica de muerte anunciada, presa del pobre y lento avance en los proyectos que necesita el centro del país.

Es alarmante observar cómo los gremios e importantes jugadores del sector eléctrico cada vez que alzan su voz en los medios de comunicación, entrevistas, foros y comunicados le piden al gobierno nacional acciones inmediatas para evitar revivir el fantasma del racionamiento de energía con el que estuvo conviviendo la capital a finales del siglo XX en la coloquialmente llamada “Hora Gaviria”.

Y es que el racionamiento de energía en Bogotá no es un evento que vaya a suceder en unos pocos años. El racionamiento de energía ya está ocurriendo hoy en la sabana de Bogotá. Según datos entregados por el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en uno de los foros energéticos organizados recientemente, (i) la compañía chilena Falabella no logró inaugurar uno de sus centros de distribución de gran envergadura como consecuencia de la imposibilidad del GEB para construir las líneas de trasmisión necesarias para entregar energía proveniente de Sogamoso y Chivor, (ii) los grandes proyectos de construcción inmobiliarios ya están estancados a las afueras de la ciudad por no tener certeza en su conectividad eléctrica, y (iii) la edificación de los parques industriales en el norte y occidente de Bogotá están detenidos, fruto de la complejidad que viven día a día las compañías del sector para obtener la licencia ambiental. Una licencia que se ha convertido en la herramienta de negociación de diferentes grupos de interés para bloquear los proyectos indispensables en la región.

Es importante precisar que Enel Colombia, la compañía a cargo de brindar la generación y distribución de energía en Bogotá por medio de Emgesa y Codensa, si dimensionó desde antes del 2020, las crecientes necesidades de energía para la capital durante la actual década (1era línea del Metro, Regiotram de Occidente, Proyectos industriales y residenciales en la sabana) y de manera responsable planteó por medio de su plan de inversiones, “Bogotá-Región 2030”, la asignación de capital por $1.5 billones de pesos para la construcción de nuevas subestaciones de energía, líneas de transmisión, así como la modernización y digitalización de la infraestructura existente. Sin embargo, al volcar la mirada al estado de avance que presentan los proyectos planteados, las alarmas inevitablemente vuelven a prenderse y el grado de preocupación en los expertos sigue creciendo. A la fecha, solo seis proyectos se encuentran culminados o en etapa de construcción, mientras que la mayoría de estos se encuentran aún en etapa de estudio y de aprobación de licenciamiento ambiental.

Infortunadamente, los proyectos de energía que necesita Bogotá no son un caso aislado en Colombia. Son el reflejo de lo que están pasando los proyectos energéticos en gran parte del territorio nacional y lo que afrontan las compañías involucradas con el suministro de energía y la transición energética.

Según cifras de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), el 65% del programa de inversión en generación de energías renovables 2023-2024, el cual se encuentra muy de la mano con las proyecciones del Plan Energético Nacional 2022-2052 (PEN), se encuentran adelantando tramites y varios de ellos con retrasos importantes para su puesta en marcha, representando en su mayoría la nueva capacidad de generación en energías renovables del país. De esta manera, como precisa el exministro Amylkar Acosta, al

paso que vamos “el margen de maniobra está muy estrecho, de lo cual, cualquier contingencia que se presente pone en riesgo la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio”.

Como pinta el panorama, es posible que en los próximos años los empresarios, trabajadores, comerciantes e independientes bogotanos deban hacerse a la idea de convivir con otro lucro económico cesante a costa de la lenta reacción del gobierno nacional, y la falta de coordinación con los agentes privados del sector eléctrico para lograr destrabar los proyectos, imprescindibles para el desarrollo y crecimiento económico en la capital.

Puede que ayude a entender la dimensión y fragilidad de la coyuntura energética que puede vivir Bogotá, a causa del racionamiento de energía en años venideros, si se abarca desde la perspectiva económica. Acorde con el estudio más reciente del Banco de Bogotá, el impacto económico del racionamiento para todos los bogotanos podría llegar a equipararse al golpe que tuvieron en sus ingresos en la época de la pandemia del “Covid-19”, en el cual, solo un mes de racionamiento de electricidad en la capital podría equivaler a una perdida en ingresos para los bogotanos de $ 9 billones de pesos, que se traduce en contracción marcada en la actividad económica y pérdidas de empleo en la ciudad con impacto y transmisión al resto del país (Bogotá genera cerca del 25% del PIB del país).

Puede que a Bogotá aún le quede tiempo y margen de maniobra para corregir el curso que la llevaría a tener en algunos años un marcado racionamiento energético, revivir al fantasma de la Hora Gaviria y evitar hablar de nuevo de otra crónica de muerte anunciada. Sin embargo, pareciera que al gobierno nacional, como es la constante en Colombia, esperaría hasta el último instante para dialogar y buscar la solución reactiva y poco proactiva-correctiva que necesita el empresariado y todos los colombianos.

Mientras tanto, a Bogotá poco a poco se le están yendo las luces, y el sentimiento dentro del sector eléctrico demuestra un creciente nerviosismo por la inminente necesidad de desplegar y cumplir con los proyectos que garanticen a la capital y al país la confiabilidad energética que necesita.

*Analista económico y del sector energético de CAIA