La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia del 4 de julio de 2024, declaró la nulidad de la designación de Omar Prías Caicedo, como experto en asuntos energéticos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

A la falta de comisionados en propiedad, a lo cual se ha negado retiradamente el actual gobierno, ahora se suma el fallo del Consejo de Estado que anula el nombramiento de su director, Omar Prías Caicedo, por no acreditar experiencia técnica específica en el sector energético

El alto tribunal advirtió que, según el parágrafo primero del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, los expertos comisionados de la CREG deben “contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.”

La norma contempla dos supuestos para acceder al cargo y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, los requisitos para ese fin se deben acreditar en forma concurrente, en atención a los precisos términos en los que está redactada la disposición.

“Para cumplir con lo dispuesto en el primer enunciado, es necesario demostrar la adquisición de i) preparación académica y ii) la experiencia técnica en el sector energético, al igual que el iii) desempeño en cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas a nivel nacional o internacional, reiterando que estas deben formar parte del sector en mención”, señaló el Consejo de Estado en un comunicado de prensa.

En cuanto al desempeño como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis años, igualmente se ha determinado que la experiencia adquirida en esas actividades tiene que provenir directamente del sector energético, “pues una interpretación en sentido contrario no atendería al objeto y funciones de la CREG y vaciaría de contenido la norma.”

En el caso concreto de Prías, con las certificaciones de experiencia allegadas al expediente, se demostró que, si bien el demandado cumplió con el requisito de formación académica, no ocupó cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético por un periodo igual o superior a seis años ni tampoco se desempeñó como asesor o consultor por ese mismo lapso en entidades que formen parte de ese específico sector, conforme con la tesis jurisprudencial sobre las exigencias para acceder al cargo de experto comisionado.

Por esa razón, el acto de nombramiento demandado incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en consideración a que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al cargo de experto comisionado en asuntos energéticos de la CREG.

Prías había sido nombrado por el presidente como comisionado experto en asuntos energéticos en la CREG mediante el Decreto 1884 del 8 de noviembre de 2023.

Con este fallo, la CREG queda acéfala y se le da un golpe al sector energético colombiano, cuyos retrasos en la expedición de regulación comienzan a afectar tanto la expansión de la infraestructura de gas y electricidad, como la decisiones en torno al alivio en las tarifas.

Agravado por los retrasos de años en la expansión del Sistema Interconectado Nacional y abocados a una escasez de gas natural el próximo año.  

En el más reciente Panorama, informe de ANIF para el segundo trimestre de 2024, la entidad abordó en el artículo central el tema de la seguridad energética, toda vez que preocupan las bajas reservas de petróleo y gas, los pocos proyectos de generación eléctrica que logran entrar en operación, al tiempo que la demanda sigue creciendo. De tal suerte que la discusión se está trasladando de la transición energética a la seguridad energética. A continuación reproducimos el análisis.

El fenómeno de El Niño, que afectó al país desde finales de 2023, puso sobre la mesa la discusión de la suficiencia energética nacional. Las reservas hídricas alcanzaron niveles críticos y, con eso, se afectó significativamente la capacidad de generación hidroeléctrica.

Ese escenario puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema energético ante fenómenos climáticos extremos, y subrayó la necesidad urgente de discutir mecanismos para hacerle frente. En ese entendido, el país afronta retos importantes de cara al futuro, donde deberá actuar de manera rápida y articulada para contrarrestar fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y de mayor frecuencia.

Lo que pasó en el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño tuvo un impacto significativo en la seguridad energética de Colombia. Las reservas hídricas pasaron de un 70,2% en diciembre de 2023 a un volumen útil del 31,3% en abril de 2024, marcando el mínimo histórico de los últimos 20 años.

La situación fue crítica y generó medidas como el racionamiento de agua en Bogotá, que se inició por 24 horas en diferentes zonas de la ciudad. Durante esta crisis, las plantas termoeléctricas jugaron un papel crucial al mantener la capacidad de generación de electricidad del país. En ese periodo, el 30,7% de la energía en Colombia provenía de fuentes térmicas, presentando un incremento de 2,2 puntos porcentuales comparado con lo observado hace diez años. Gracias a eso, el fantasma del racionamiento eléctrico logró disiparse y el país no tuvo que transitar una situación de tal gravedad.

Preocupaciones recientes

Si bien el país logró sortear la crisis que la fuerte sequía trajo sobre la generación de energía, todavía hay camino por recorrer para evitar que un escenario así vuelva a presentarse. Diversificar la matriz energética se hace aún más urgente si se le suman las limitaciones de recursos como el gas y el petróleo. A pesar del notable crecimiento en el sector de las energías renovables, esos dos commodities siguen siendo componentes esenciales de la matriz energética mundial, proporcionando más de la mitad de la energía global. Para Colombia, los retos son particularmente apremiantes debido a sus limitadas reservas de hidrocarburos.

En el caso del petróleo, las reservas probadas mostraron una leve disminución en 2023 hasta 7,1 años, después de dos años de aumentos. Adicionalmente, la reciente disminución en la inversión extranjera en el sector refleja la incertidumbre regulatoria y la decisión de no continuar con la exploración de nuevas reservas. Eso no solo compromete la seguridad energética del país, sino también su capacidad exportadora, dado que el petróleo es el principal producto de venta al exterior.

Caso similar sucede con el gas natural, que aporta una combinación óptima de fiabilidad y menor contaminación en comparación con otros combustibles fósiles. Entre 2020 y 2022, el gas natural fue la principal fuente de energía térmica en el país, representando el 55% del consumo total en este segmento. No obstante, en 2023 las reservas de gas natural disminuyeron 1,1 años frente a 2022, reduciendo el nivel de reservas a 6,1 años. Esa caída resalta la necesidad de promover nuevos proyectos que garanticen el suministro de gas al país y mantengan la seguridad energética a corto y largo plazo, al tiempo que se desarrollan proyectos de energías alternativas.

Por su parte, la entrada en operación de nuevos proyectos de generación es otra de las alertas tempranas a las que debe prestársele especial atención. Tal como lo menciona la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, en promedio, solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación antes de 2024 y menos de 3 de cada 10 lo hicieron de acuerdo con la fecha programada.

De igual manera, según datos de XM, de los 1,8 gigavatios nuevos que se esperaban en 2021, solo ingresó el 7% al sistema. Para el 2022, solo fue el 28 % del total esperado (3,6 gigavatios) y en el 2023 la cifra fue aún más baja, pues de los 6,6 gigavatios que debían ingresar, solo lo hizo el 17% (1,1 gigavatios).

Además, mencionan que entre 2024 y 2025 se espera que entren en operación 119 proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable. Sin embargo, poco menos de la mitad se encuentra tramitando permisos ambientales o técnicos, por lo que su fecha probable de entrada ya está retrasada o está al límite de vencimiento.

Retos futuros

Como se mencionó, las reservas de petróleo y gas están disminuyendo a un ritmo preocupante. Es indispensable que se desplieguen nuevos proyectos de exploración que garanticen su provisión antes de enfrentarnos a una crisis de suministro.

Además, a esta situación hay que sumarle el incremento en la demanda de energía. La UPME proyecta una demanda creciente en la próxima década, por lo que robustecer la oferta es más apremiante que nunca. Más y más sectores productivos necesitan del suministro continuo, por lo que una reducción en la oferta elevará inexorablemente los precios de la energía. Tal como hemos ilustrado en ANIF, altos precios de energía desincentivan la producción, con sus posteriores consecuencias en el crecimiento y la generación de empleo.

La transición hacia energías renovables es inevitable y necesaria. Sin embargo, esta debe ser ordenada y no comprometer la seguridad energética actual. La diversificación de la matriz energética y la inversión en tecnologías que mejoren la eficiencia en la extracción y el uso de combustibles fósiles seguirán siendo cruciales durante este proceso de cambio. Eso implica establecer reglas de juego claras que permitan recuperar la confianza en el sector de hidrocarburos e incentivar la inversión. Mientras las energías renovables pueden gradualmente tomar un rol más prominente, las fuentes convencionales deben asegurar una base estable y confiable.

La Inversión Extranjera Directa en el sector petrolero alcanzó los US$575 millones en el primer trimestre de 2024, un 28,4% (US$229 millones) menos que en el mismo periodo del año anterior. En mayo de 2024, Colombia registró 109 taladros activos, una disminución del 13,5% en comparación con el mismo mes del año anterior (17 equipos menos).

Según el más reciente Informe de Taladros y Producción, elaborado por CAMPETROL, la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector petrolero en el primer trimestre de 2024 sumó US$575 millones, registrando un descenso del 28,4% (US$229 millones menos) en comparación con el primer trimestre de 2023.

En cuanto a la participación del sector petrolero en la IED total, se observó que para el primer trimestre de 2024 fue del 16%, porcentaje menor en 4 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción fiscalizada de petróleo en abril de 2024 alcanzó los 789,9 mil barriles por día (KBPD), un aumento del 1% en comparación con el promedio del mismo mes en 2023 (7 KBPD más), y del 1,3% respecto a marzo de 2024 (10,3 KBPD más). Este último, atribuido principalmente al aporte de 11,1 KBPD del campo Índico en el departamento del Meta.

De acuerdo con la misma fuente, durante abril de 2024, la producción comercializada de gas nacional fue de 1.001 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), un descenso del 3% respecto al mismo mes en 2023 (29 MPCD menos), y un aumento del 0,1% respecto a marzo de 2024 (1 MPCD más).

Por su parte, la producción fiscalizada de gas en abril pasado fue de 1.470 MPCD, lo que representa una disminución del 0,1% respecto al promedio alcanzado en abril del 2023 (1 MPCD menos) y un aumento del 2% comparado con marzo de 2024 (25,5 MPCD más). Este incremento se atribuye al aporte adicional de 37,5 MPCD de los campos Cupiagua y Pauto Sur, en Casanare.

Actividad de taladros sigue cayendo

En relación con la actividad de taladros en Colombia, de acuerdo con el conteo de equipos realizado por Campetrol, se ubicó en 109 en mayo, de los cuales 32 estaban destinados a operaciones de perforación y 77 a operaciones de reacondicionamiento. Esta cifra refleja una disminución del 13,5% respecto al mismo mes del año anterior, lo que equivale a 17 equipos menos y del 1% en comparación con abril de 2024 (un equipo menos) y del 29% frente a noviembre de 2022 (45 taladros menos).

“El descenso significativo del 28,4% de la IED es una muestra de la situación del sector, incluso frente a los desafíos globales. La actividad de perforación de pozos continúa en los mismos niveles y la producción nacional de petróleo viene mejorando sin superar los volúmenes registrados en 2019 cuando fluctuó entre 857 KBPD y 899 KBPD”, afirmó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol.

Respecto a la actividad de taladros de perforación, en mayo se encontraron 30 en funcionamiento, mientras que dos se reportaron en movilización. Esto marca una disminución del 24% en comparación con mayo de 2023(10 equipos menos) y del 46,7% frente a noviembre de 2022 (28 taladros menos) y, se mantuvo igual respecto a abril de 2024.

La constancia en los números reportados en mayo del presente año se explica por el equilibrio entre la finalización de tres operaciones: dos en Meta y una en Cundinamarca, y el inicio de tres nuevas operaciones en Casanare.

Respecto a los equipos de reacondicionamiento, se contabilizaron 77 taladros activos en mayo de 2024, esto equivale a una reducción del 8,3% respecto al mismo mes del 2023(7 equipos menos), del 18,9% frente a noviembre de 2022 (18 taladros menos) y, del 1,3% respecto a abril de 2024 (1 equipo menos).

Frente a las denuncias instauradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de Air-e en contra de las empresas generadoras de energía, ISAGEN y Acolgen se manifestaron al respecto en sendos comunicados de prensa.

En días pasados el distribuidor de energía Air-e denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a sociedades generadoras de energía eléctrica por «prácticas restrictivas».
«Solicitamos investigar y confirmar que han adelantado acciones y omisiones dolosas con el objetivo de distorsionar el mercado y aumentar a su arbitrio los precios de la bolsa de energía, con un beneficio desbordado en desmedro de los usuarios del servicio», señaló Air-e.

La empresa que presta sus servicios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira especificó que «ha estado sufriendo las prácticas desleales de los generadores de energía, las cuales implican el aumento desmedido en los precios de adquisición de energía».

Isagen señaló que la estrategia comercial de la empresa consiste en vender los despachos de energía a través de contratos a largo plazo, buscando la sostenibilidad financiera de la compañía y la estabilidad en los precios de energía para sus clientes.

En ese sentido, la venta en la Bolsa de energía no es la actividad principal de la compañía. “De hecho, en los momentos de baja hidrología y altos precios de Bolsa, ISAGEN ha sido comprador neto de energía, dada la baja regulación del portafolio de embalses que manejamos. Así ha sucedido en varias ocasiones en los últimos meses, cuando nuestras compras en bolsa han sido superiores a nuestras ventas y hemos asumido el costo de los altos precios para cumplir nuestras obligaciones con los distribuidores.”

Agregó que en 2023, en preparación para el fenómeno de El Niño, ISAGEN tomó la decisión de incrementar el nivel agregado de sus embalses hasta el 92% de su capacidad. Decisión que permitió cumplir sus compromisos comerciales y de esta manera garantizar el normal abastecimiento eléctrico en el país.

“ISAGEN ha entendido las particularidades de los mercados más vulnerables del país y en virtud de lo anterior y en el marco de la iniciativa del Gobierno Nacional de Justicia Tarifaria otorgó descuentos unilaterales y voluntarios en los contratos de largo plazo. Solo los descuentos a la empresa Air-e suman 21 mil millones de pesos durante los años 2022-2023”, dijo.

Mediante la venta de contratos de energía bajo la modalidad pague lo generado recientemente habilitada por el Gobierno Nacional, ISAGEN ofertó 1.345 GWh de energía a Air-e para que dicha compañía redujera su exposición a la Bolsa, esta oferta representa cerca del 9% de la capacidad anual de generación de ISAGEN. Sin embargo, Air-e sólo suscribió contratos por 981 GWh para los años 2024, 2025 y 2026.

El gremio se pronuncia

Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) se manifestó frente al funcionamiento del mercado de comercialización de energía, en el país. Al respecto informó en un comunicado que:

1. A propósito de la denuncia interpuesta contra algunas empresas generadoras de energía eléctrica ante la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestamos nuestro desacuerdo respecto de los términos en los que se realiza esta denuncia.
2. Las ofertas de todas las empresas afiliadas a Acolgen responden a los mandatos de la Carta Política y las Leyes 142 y 143 de 1994, según las cuales el mercado eléctrico se desarrolla en un marco de libre competencia, en el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 143, las transacciones son libres y se remuneran mediante los precios que acuerden las partes. Tales lineamientos, establecidos luego de la crisis de abastecimiento que nos llevó a un cruento apagón en 1992 y 1993, han permitido el aumento de coberturas, la formación eficiente de precios y el desarrollo de mecanismos de ahorro de recursos, sobre todo en momentos de sequía.
3. El reciente Fenómeno de ‘El Niño’ lo superamos de manera exitosa en Colombia, contrario a lo que ocurrió en varios países de la región, gracias al trabajo de las generadoras de energía eléctrica y a la gestión eficiente de los embalses desde 2023. Gracias a esto, cuando inició la época de sequía, el nivel de los embalses estaba en 76%, lo que permitió que todos los colombianos contáramos con energía eléctrica suficiente para nuestro consumo durante ‘El Niño’.
4. El sector eléctrico colombiano es altamente regulado y cuenta con una institucionalidad de control y vigilancia sólida, representada por las Superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio, que tienen a su alcance toda suerte de recursos, facultades y herramientas para investigar comportamientos anómalos, velar por el adecuado funcionamiento del mercado y sancionar, en el marco del debido proceso, cualquier comportamientos que se estime como alejado a las normas sobre libre y sana competencia. Bajo tal perspectiva, las empresas afiliadas a Acolgen están en disposición de atender en forma individual cualquier requerimiento que se les haga, en aras de demostrar que su comportamiento se ha adecuado a la Constitución, la Ley, la Regulación y, en general, las normas que castigan el desarrollo de prácticas comerciales anticompetitivas.