Autor: Martín Rosas

Continuación del análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, propuesto por el Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de agosto de 2021.   En esta ocasión quiero destacar que mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, las más golpeadas por la crisis pandémica

Además, llama la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”. Al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El ministro de Hacienda Manuel Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas.

Al tétrico panorama fiscal se añade el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50,3% del PIB en 2019 al 64,7% en 2020, y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también el crecimiento y la reactivación económica”.

El propósito fundamental del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerable, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso Solidario, con un costo previsto para 2022 de $7,2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6,7 billones de $15,2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, dos puntos porcentuales más que la propuesta de la ANDI.

Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3,9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12,4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos.

Según el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantenerlos, sobre todo cuando no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados.

Según el director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6,5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de Expertos, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Por ello recomendó su supresión.

Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2,4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios.

Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que “perder es ganar un poco.”

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con la Ley 2128 del 4 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional sigue dando cumplimiento a su hoja de ruta contemplada en el Plan Energético Nacional 2020-2050.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

13 de agosto de 2021.   La Ley 2128, que promueve el abastecimiento, la confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, está alineada con la premisa que el gas es el combustible de la transición hacia renovables y otras fuentes de energía.

De acuerdo con el DANE, cerca de dos millones de personas en Colombia utilizan leña como fuente primaria de energía, debido a que las zonas a que pertenecen no están conectadas a una infraestructura de suministro de gas. Por tanto, se busca dar el cubrimiento correspondiente mediante alianzas con la industria privada, para llevar el gas distribuido por cilindros (GLP) a estos puntos de difícil acceso. Como complemento, se otorgarán subsidios hasta del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2.

En ese sentido, La Ley también busca que aquellas regiones no interconectadas a la red nacional y que generan energía con diésel, realicen la transición mediante la identificación de soluciones sostenibles.

Uno de los principales objetivos de la Ley es la Declaratoria de Interés Nacional y Estratégico de la masificación del gas natural, por lo que se deberán implementar políticas públicas que garanticen en los próximos 10 años que al menos un 30% de la nueva flota vehicular y al menos el 30% del transporte de carga, haya migrado hacia el gas natural.

Es así como la exoneración del pico y placa o del día sin carro, el pago de impuestos no mayor al 1% del valor comercial de los vehículos, el descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica y el descuento del 10% en el seguro obligatorio (SOAT) son, entre otros, los beneficios que se otorgan.

Como el sector de exploración y producción de hidrocarburos no se podía dejar de lado, se promueve la integración de los hallazgos de gas natural costa afuera a los sistemas de transporte existentes. Para esto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá realizar una actualización de las tarifas de transporte de gas.

En conclusión, el mensaje del Gobierno Nacional con esta Ley es su convencimiento y alineamiento con la necesidad de balancear la canasta energética, tal como lo ha establecido en su Plan Energético Nacional.

Para esto, y utilizando el gas como el combustible de la transición, se busca:

1. Dejar la leña como medio de generación de energía en los hogares más vulnerables,
2. Llevar el GLP hacia las zonas más remotas del país,
3. Identificar e implementar los proyectos para el reemplazo del diésel por gas en la generación de energía en aquellas regiones no conectadas al Sistema Nacional,
4. La creación de políticas públicas que permitan que al menos el 30% de la nueva flota vehicular funcionen a gas y
5. La integración de los hallazgos de gas costa afuera con los sistemas de trasporte existentes.

Lo anterior es muestra de que los combustibles fósiles seguirán siendo el eje de la canasta energética para los próximos años, y de los cuales se obtendrá un gran porcentaje de los recursos que financiarán la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, tema muy de moda en estos tiempos.

Es aquí donde se ratifica al gas como el combustible de la transición.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Ecopetrol acaba de revelar sus resultados operacionales del primer semestre de este año, los cuales son muy alentadores.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

7 de agosto de 2021.  No obstante que la producción de crudo de Ecopetrol viene en picada, desde los 726.000/día en el primer semestre de 2019 a los 706.100 en 2020 y los 668.400 en 2021, para el mismo período, la utilidad neta pasó de $6,23 billones en 2019 a los $160 mil millones en 2020 y para el primer semestre de este año alcanzó los $6,81billones.

Ello se explica en gran medida por el comportamiento de los precios internacionales del crudo, los cuales se incrementaron en más del 40% con respecto a su cotización del año anterior, promediando los US $69 el barril de la referencia Brent. Huelga decir que Ecopetrol tenía una previsión de precio para su presupuesto de este año de sólo US $45 el barril. A ello se vino a sumar la apreciación del dólar que ha llevado la tasa de cambio a un promedio en el primer semestre de este año de $3.691.

A este resultado han contribuido también, y de qué manera, la mayor eficiencia tanto en la operación, logrando bajar el umbral del “dolor” a partir del cual es rentable extraer el barril de crudo hasta los US $30, así como su gestión comercial, logrando reducir el descuento con respecto a la cotización internacional de su canasta de crudos desde los US $10 por barril hasta los US $4, al tiempo que, ante la contracción del mercado estadounidense, se abrió su propio nicho en el mercado asiático, destino actual del 49% de sus exportaciones.

Desde luego que este buen resultado favorece las finanzas de Ecopetrol y de paso a las de la Nación. El reparto de dividendos a sus accionistas pasaría de los $1,7 billones de este año a los $6 billones el año entrante y, como es obvio, un mayor recaudo por concepto de impuesto de renta proveniente de la estatal petrolera y de contera también se beneficiarán las entidades territoriales, al percibir mayores regalías.

Coincide esta buena noticia, “de la evolución favorable de la situación financiera de Ecopetrol”, con la concreción de su oferta a la Nación, esta vez con carácter vinculante, para la compra del 51,4% de las acciones de esta en ISA. Esta operación, en mi concepto, es una jugada maestra que le permite al Estado enajenar un activo estratégico con el fin de cuadrar caja, sin perder el control del mismo.

Ecopetrol, además con esta adquisición diversifica su matriz de riesgo y su portafolio de inversión en una actividad que no está tan expuesta a la volatilidad de los precios como es el caso del petróleo y da un paso en la misma dirección que la industria petrolera de cara a la Transición Energética, reconvirtiéndose y apostándole, como ya lo viene haciendo, a las energías renovables.

Claro está, este buen desempeño de la empresa no puede llevar a sus directivas a obnubilarse y perder la perspectiva hacia el futuro de los hidrocarburos, cuya suerte está echada desde que en 2015 se aprobó el Acuerdo de París en el seno de la 21ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21). Ese mismo año se aprobó también la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se plasmó en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo de París y la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible convergen en el propósito de descarbonizar la economía, como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir eficazmente el catastrófico cambio climático y sus devastadores efectos.

Desde entonces, todas las fuentes primarias de energía de origen fósil (el carbón, el petróleo y el gas) están sentenciadas, sus días están contados, al punto que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dado un giro de 180 grados y empieza a darles la espalda.

En efecto, en un pronunciamiento reciente manifestó que “nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo” y fue más lejos al pedir al mundo “renunciar desde ya a la industria petrolera”.

Por ello, hace bien Ecopetrol al comprometerse con la Agenda de París y con los ODS, reduciendo la huella de carbono en sus actividades de extracción, transporte y refinación de crudo, concomitantemente con su apuesta por las energías renovables y limpias.

Recientemente instaló una granja solar fotovoltaica en el municipio Castilla La Nueva (Meta), la mayor del país, con una capacidad de 21 MW, suministrando con ella el 30% de la energía que demanda uno de sus más importantes campos de producción: Castilla.

De esta manera, Ecopetrol puso la pica en Flandes para avanzar con paso firme por el camino de la Transición Energética y aspira a llegar a los 400 MW de capacidad de generación de electricidad con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

El presidente Ecopetrol Felipe Bayón ha sido categórico al afirmar que el compromiso de la empresa es “tener cero emisiones netas de carbono al año 2050”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En la lucha contra el cambio climático no sólo hay que pensar cuánto reducimos las emisiones sino cómo. Sobre todo ahora que el país va a asumir compromisos que tendrán enormes implicaciones para todos.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ* 

7 de agosto de 2021.   Quizá el mayor aporte de Antanas Mockus —uno de los más singulares líderes políticos que ha tenido nuestro país— fue su filosofía del “todos ponen”. Con esa enorme capacidad que tiene para explicar cosas difíciles de manera fácil, el profesor Mockus hizo su campaña a la alcaldía de Bogotá a partir de una pirinola que simbolizaba su forma de pensar frente a los asuntos públicos: si todos ponen va a haber mucho más para que todos tomen.

Con este profundo pero sencillo enfoque ganó las elecciones a la alcaldía y capturó la imaginación de los bogotanos que se embarcaron en un proyecto de cultura ciudadana sin precedentes. El poder de la filosofía del “todos ponen” radica, a mi modo de ver, en los mensajes que enfatiza: que cómo nos vaya depende del esfuerzo colectivo, que todos debemos contribuir, pero que no todos debemos poner lo mismo.

Este último punto lo captura maravillosamente el meme de Craig Froehle sobre igualdad y justicia que se volvió viral en redes: para que un resultado sea justo no a todos se les debe pedir lo mismo.

¿Qué tiene que ver esto con la energía y la lucha contra el cambio climático? La respuesta corta es que Colombia decidió comprometerse a llevar a cero sus emisiones netas de CO₂ (carbono-neutralidad) a 2050 sin que todavía esté muy claro cómo va a repartirse el esfuerzo para lograrlo. Esto, que puede parecer esotérico y distante, tiene grandes consecuencias económicas y sociales. Si, como quisiéramos, el país crece sostenidamente a tasas superiores al 4%, análisis realizados por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) muestran el tamaño del esfuerzo que Colombia tendría que hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad anunciada por el gobierno.

La combinación de crecimiento elevado (que aumenta el consumo de energía) y de reducción acelerada de emisiones (que obliga a recurrir a fuentes limpias) supone grandes cambios para la industria, los hogares, el transporte y, por supuesto, la producción de energía. Por un lado, la capacidad de generación eléctrica tendría que multiplicarse más de cinco veces ante la necesidad de atender la demanda principalmente con fuentes intermitentes como sol y viento, lo cual llevaría a su vez a fuertes incrementos en los precios de la electricidad.

Por el lado de la demanda supondría aumentar drásticamente la eficiencia en el consumo, lo que supone un cambio masivo de equipos como calderas en la industria, neveras, lavadoras y aires acondicionados en los hogares, así como chatarrización de buses y camiones viejos.

¿Cómo se financiarían estos cambios? Si es con ayuda del gobierno, ¿a quiénes ayudaría y cómo? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cómo se enfrentaría una posible pérdida de competitividad por el aumento en los precios de la energía? ¿Se mantendría el actual esquema de subsidios a la energía a pesar de los eventuales aumentos en sus precios? ¿Cómo se compensaría el impacto fiscal de la pérdida de regalías e impuestos ante la caída en la producción de combustibles fósiles? ¿Qué apoyo se la daría, por ejemplo, a sectores productivos como los pequeños productores de carbón del interior del país cuando pierdan su sustento? ¿Cómo se ayudaría a los hogares más vulnerables que necesiten cambiar sus electrodomésticos? ¿Qué previsiones se están haciendo para facilitar los cambios tecnológicos que podrían aminorar estas dificultades?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. Sin embargo, debemos contestarlas para asegurar que la transición energética sea efectiva y minimice sus costos económicos y sociales, lo cual nos lleva de vuelta al meme de la justicia.

Si suponemos que las personas representan los sectores productivos, su altura el costo social de reducir una tonelada de emisiones y la cerca la magnitud de la meta de reducción, claramente no todos los sectores deben hacer el mismo esfuerzo. Sería ineficiente. Lo eficiente es que a quien le cuesta menos (el más bajito) haga más esfuerzo (más cajas) para llegar a la meta, mientras que a los sectores que más les cuesta hagan menos.

En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes realizó hace algunos años un estudio que identificó cerca de 80 proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a 2030 en todos los sectores de la economía y calculó para cada uno el costo por tonelada reducida. Su conclusiones muestran que, de los 10 proyectos que generan la mitad de las reducciones 9 no están en el sector energético, y que 21 de los 25 proyectos con menores costos de reducción por tonelada están en la agricultura, el transporte y la industria.

Lo anterior  no quiere decir que el sector energético no deba contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino que debe hacerlo de acuerdo con sus costos de reducción de emisiones y de cómo estos se comparen con los de otros sectores. En lugar de satanizar tecnologías o sectores debemos encontrar la combinación de medidas que nos permitan cumplir las metas a mínimo costo.

En un sentido más general, y consistente con el principio de que no todos deberían poner lo mismo, esta discusión supone preguntarse por criterios complementarios para la asignación del esfuerzo: ¿Debe hacer más esfuerzo el que más emite? ¿Debe aportar más el que más recursos tiene? Ambas preguntas tienen que alimentar la estrategia de Colombia al ser el sustento del principio de responsabilidad compartida en el que la comunidad internacional debería asumir parte de nuestros esfuerzos de descarbonización.

Estar comprometido con el cambio climático no es desechar el carbón y el petróleo; es apoyar el mejor paquete para nuestras necesidades ambientales, pero también para las de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si lo pensamos así, es posible que entendamos que es preferible el pragmatismo al fundamentalismo y que la meta de descarbonización se puede cumplir con menos polarización, más tranquilidad y menores costos.

Volviendo al meme y considerando los costos, cabe preguntarse también si no tendría sentido considerar la altura de la cerca. ¿Es necesario que nuestra carbono-neutralidad sea en 2050?

Artículo originalmente publicado en La Silla Vacía el 30 de enero de 2021.