La Contraloría General de la República se sumó a las voces que se oponen a la construcción de la planta de regasificación del Pacífico que, según la entidad, elevarían las tarfifas de gas natural en un 32% .
3 de agosto de 2021. A través de un ‘control de advertencia preventivo’, el contralor Felipe Córdoba alertó al ministro de Minas de Minas y Energía y a otros funcionarios del sector, sobre los graves efectos que le traerían al país la construcción de la Planta Regasificadora del Pacífico y el gasoducto de Buenaventura-Yumbo.
El llamado lo hace el funcionario por el “alto riesgo social, económico y ambiental de la obra”, cuyo costo está estimado en más de 700 millones de dólares.
La recomendación de la construcción de la planta de Buenaventura la ha hecho la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) por medio del Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028, que contiene la Planta Regasificadora del Pacífico, con una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios, así como el gasoducto Buenaventura-Yumbo, con una longitud de cien kilómetros.
Uno de los hallazgos que detectó la Contraloría, a través del contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Orlando Velandia, es que si bien es cierto que el proyecto no se construirá con recursos públicos, este será pagado por los colombianos en las tarifas de gas natural.
“Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que son hoy objeto de diversos reparos”, advirtió la Contraloría en su pronunciamiento.
El otro gran riesgo que encontró el organismo de control fiscal es el licenciamiento ambiental. “A la fecha, no existe ninguna actuación ante las autoridades ambientales que permita establecer tiempos y el trámite que se requiere no solo para la planta sino para el gasoducto que atravesaría el territorio de varias comunidades indígenas, así como zonas selváticas”, señala un artículo de la Agencia de Periodismo Investigativo.
El control de advertencia, un documento de 18 páginas, le fue entregado por la Contraloría al ministro de Minas Diego Mesa Puyo, a Christian Jaramillo, director de la UPME, y a Jorge Alberto Valencia, presidente de la CREG. Allí se les advierte que la Planta Regasificadora del Pacífico se proyecta como un elefante blanco que cuesta $2,1 billones que salen de los bolsillos de los usuarios con el incremento de tarifas del 32%.
La postura del contralor Felipe Córdoba
En entrevista con la Agencia de Periodismo Investigativo, el contralor General Carlo Felipe Córdoba señaló lo siguiente:
¿Qué representa que la Contraloría General de la República hubiese estrenado la figura del control de advertencia con la Regasificadora del Pacífico?
Un gran avance en la modernización e implementación del nuevo marco del control fiscal, que dotó a la Contraloría General de nuevas competencias requeridas para la vigilancia de lo público. La advertencia es la expresión más importante del control preventivo, ejercido de manera oportuna.
También representa una muestra de nuestro compromiso para que los recursos públicos, que con tanto esfuerzo y bajo las actuales circunstancias destina la Nación a las clases menos favorecidas, cumplan su objetivo social.
Si bien, en este proyecto, cuyo costo estimado es de 711 millones de dólares, no están comprometidos directamente recursos del presupuesto, el impacto negativo del proyecto podría ser enorme en materia de las tarifas que deben pagar los consumidores de gas natural. El incremento podría llegar durante los tres próximos años al 32%.
¿En concreto, cuáles son los factores que llevaron a la entidad a tomar esta decisión?
En primer lugar, la convicción de que, a través del control fiscal, podemos coadyuvar al mejoramiento de la gestión en las entidades públicas, de manera que la inversión pública en proyectos que generen renta y beneficio social puedan llevarse a feliz término.
En este caso en particular, advertimos riesgos de carácter social, económico y ambiental. Sin el soporte técnico necesario, el proyecto da prácticamente por hecho que en 2024 se presentará el más drástico fenómeno de El Niño, que acarreará para el país la pérdida de autosuficiencia en la producción, cuando estudios serios precisan que hay reservas suficientes para 8,5 años.
Con el incremento de las tarifas se vería desincentivado el consumo del gas natural y podríamos regresar al uso de combustibles más baratos, pero mucho más contaminantes. Para nosotros se puede ver afectada, además, la coherencia en la política de transición energética y sobrevendrían riesgos ambientales pues ni siquiera hay avances relacionados con las condiciones para el licenciamiento.
Incluso, la Dirección Marítima y Portuaria ha sugerido la reubicación del proyecto ante el impacto negativo que traería en varios frentes a la bahía de Buenaventura. Así, el impacto de los riesgos identificados trasciende el contenido simplemente patrimonial si se llegaran a materializar.
¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de a pie, quienes vía tarifa iban a pagar parte de esta obra?
La Contraloría les envía un mensaje de tranquilidad y les transmite la garantía de que seguiremos atentos y vigilantes. Tengamos en cuenta que, al no ser vinculante la advertencia formulada, las entidades no están obligadas a acatarla. Tampoco constituye una presunción de responsabilidad contra ninguno de los involucrados. Pero nuestro trabajo como órgano de control no termina aquí. Por el contrario, apenas comienza, puesto que asumimos el compromiso de hacerle seguimiento a la advertencia emitida.
Posición de Naturgas
Desde Naturgas, su presidente encargado Andrés Sarmiento Grisales, dijo que “siempre hemos dicho reiteradamente que el país debe priorizar la producción local de gas natural, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en costa afuera, yacimientos convencionales, y no convencionales. Por esa razón vemos una nueva planta de regasificación como un proyecto exclusivamente de respaldo al sistema energético, cuya ubicación deberá depender de los estudios técnicos y de la eficiencia económica del proyecto.
“Le hemos planteado al Gobierno nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural.
“Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66% de la capacidad.”
