La incertidumbre por la entrada en operación de Hidroituango es la peor señal para el sistema eléctrico nacional. Análisis del exministro Amilkar Acosta.
Por: AMYLKAR ACOSTA M.*
18 de enero de 2021. Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía Hidroituango, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después del río Magdalena, para embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia.
Pero, fue sólo en 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), suscribió con esta última el contrato BOOMT (build, opérate, own, maintainand and transfer, por sus sigla en inglés), para su construcción y puesta en operación.
EPM, a su vez, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por las firmas Integral, Ingetec y CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.
Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de Expansión Eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, tendiente a garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley Eléctrica 143 de 1994.
Hidroituango, de acuerdo con lo presupuestado, debió entrar a operar en 2018 y justamente en mayo de ese año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40%, al pasar de los $11,4 billones iniciales a los $16,2 billones.
Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se espera cubrir el 17% de la demanda nacional de energía.
Al no entrar a tiempo, la UPME convocó dos subastas de reconfiguración, mecanismo por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme (OEF), cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda.
De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando Hidroituango, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de contera, ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.
Los estragos causados por el colapso del túnel auxiliar de derivación dieron al traste con las obras adelantadas en Hidroituango, con la casa de máquinas y los equipos instalados, y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, la que por fortuna se pudo atenuar.
La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones para establecer la causa raíz de la contingencia y las responsabilidades de la misma.
Con la llegada a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este insuceso, dando lugar a su desencuentro con la Junta Directiva de EPM, la cual había estado al mando de la ejecución del proyecto, el cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros.
Esta confrontación derivó en el anuncio del alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a $9,9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustrado de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para seguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras cuatro unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras cuatro.
El peor escenario de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuando que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las 8 unidades previstas, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas que terminarían afectando los bolsillos de los usuarios finales.
Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. Así las cosas, la incertidumbre es la peor señal para el sector energético del país.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.
