Balance del sector energético colombiano, a partir de los análisis del exministro Tomás González, director del CREE, en la presentación “Panorama energético de cara a 2026”, y del exministro Amylkar Acosta en “La crisis del sector energético en Colombia”.
Tres décadas después de la gran reforma de los servicios públicos, el sector energético colombiano cierra 2025 en una encrucijada: es un caso de éxito en cobertura y arquitectura de mercado, pero enfrenta una combinación de riesgos de abastecimiento, crisis financiera del sistema, tensiones regulatorias y brechas sociales.
Desde las Leyes 142 y 143 de 1994, la capacidad instalada de generación pasó de 8 GW a más de 21 GW, la cobertura subió de 70,9 % a 98,7 % y el número de usuarios se cuadruplicó, con cerca de 140 billones de pesos de inversión privada en los últimos 30 años.
Organismos como el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía han ubicado a Colombia dentro de los mejores desempeños del mundo en seguridad, sostenibilidad y equidad energética.
Sin embargo, el sector cierra el 2025 en medio de una ‘policrisis’ –fiscal, social y de seguridad energética– que, según el análisis de Acosta, no es sobreviniente sino inducida por decisiones de política que han erosionado la confianza, han retrasado inversiones y han deteriorado la salud financiera del sistema.
Riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico y de gas
El primer foco crítico es el riesgo de abastecimiento. La matriz eléctrica sigue siendo mayoritariamente hídrica (alrededor del 63%), lo que, si bien es una ventaja en emisiones, se ha convertido en el “talón de Aquiles” frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño, más frecuentes e intensos. A ello se suma que cerca del 80% de los embalses sólo tiene entre tres y cuatro meses de regulación.
De acuerdo con XM, en 2024 solo entró en operación una fracción de la nueva capacidad de generación esperada y en 2025 el rezago se profundizó, elevando el riesgo de insuficiencia de energía firme y de racionamientos si llegara un nuevo Niño.
En transmisión, varios proyectos clave del Sistema de Transmisión Nacional presentan retrasos, con la región Caribe declarada en emergencia por agotamiento de redes, pese a representar cerca del 30% de la demanda nacional.
El panorama del gas natural también es frágil: las proyecciones indican que en 2026 la contratación para la demanda esencial e industrial sólo cubre cerca del 70% de lo requerido según la UPME, lo que refleja la urgencia de nuevas inversiones en exploración, producción, transporte e importación de gas.
“Apagón financiero” amenaza la continuidad del servicio
El segundo gran frente de riesgo es el financiero. Las deudas acumuladas de la Nación y de entidades públicas con las empresas de energía y gas –por subsidios no pagados, consumos oficiales en mora y la opción tarifaria– superan varios billones de pesos y han puesto al sistema al borde de un efecto dominó, según alertas de XM, la Contraloría y la Procuraduría.
En este contexto, decisiones como la circular que impide aplicar la restricción de suministro a empresas intervenidas, obligando a los generadores a seguir despachando energía aun sin pago, envían señales negativas a la cadena y trasladan el riesgo a quienes han hecho las inversiones.
El caso de Air-e en la Costa Caribe aparece como una amenaza sistémica: una operación con altos niveles de pérdidas, bajo recaudo y rezago de inversión en una región que concentra la mayor parte de los eventos de demanda no atendida.
González advierte que, sin un saneamiento financiero integral, será imposible garantizar la entrada oportuna de nuevos proyectos y la sostenibilidad de los operadores existentes, especialmente en zonas vulnerables.
Brechas de acceso y equidad
Pese a los avances en cobertura, el país llega al final de 2025 con cerca de 4,1 millones de colombianos que aún no cuentan con servicio de energía eléctrica, concentrados en zonas rurales dispersas, poblaciones étnicas y territorios históricamente excluidos.
El análisis del CREE muestra que los hogares sin acceso no sólo están desconectados de la red, sino que son mucho más vulnerables en ingresos, calidad de vivienda y acceso a otros servicios básicos.
Alcanzar la universalización exige inversiones significativas y una combinación de soluciones (red, sistemas aislados, microrredes) acompañadas de esquemas tarifarios y de subsidios bien focalizados.
En este sentido, la inclusión energética –poner a las poblaciones hoy excluidas en el centro de la política– aparece como una de las cinco tareas inaplazables para el próximo gobierno.
Retrocesos regulatorios y riesgos para la seguridad jurídica
En el plano institucional, 2025 cierra con una marcada tensión entre el Gobierno y los órganos técnicos del sector. El intento del Ejecutivo de asumir directamente las funciones de la CREG fue declarado contrario a la Constitución por el Consejo de Estado, que ratificó que la regulación tarifaria corresponde al legislador y a las comisiones de regulación, no al Presidente.
A esto se suma la radicación del Proyecto de Ley 432 de 2024, que introduce reformas profundas a las Leyes 142 y 143: amplía la puerta a mecanismos de intervención tarifaria, compras centralizadas, esquemas “administrativos” de fijación de precios, reduce el peso técnico dentro de la CREG y alinea los períodos de sus comisionados con los cuatrienios presidenciales.
El análisis de Acosta advierte que estas medidas disminuirían la competencia, distorsionarían las señales de precios y debilitarían la seguridad jurídica para la inversión, con el riesgo de regresar a un modelo semejante al que precedió el apagón de 1992.
Transición energética: metas irreales y necesidad de replanteamiento
En materia de transición energética, los diagnósticos coinciden en que la meta global de limitar el calentamiento a 1,5 °C para 2030 es inalcanzable, y que Colombia tampoco va al ritmo necesario para cumplir sus propias metas de reducción de emisiones.
El documento de la Transición Energética Justa (TEJ) enumera una larga lista de tareas pendientes: instalar más de 70 GW adicionales de fuentes no convencionales de renovables hasta 2050, acelerar la electrificación eficiente de la demanda, desarrollar nuevos energéticos para sectores difíciles de descarbonizar, modernizar la red, reentrenar la fuerza laboral y reformar el modelo de regalías, entre muchas otras.
Al mismo tiempo, XM advierte sobre los riesgos de una incorporación acelerada de generación solar sin suficiente respaldo de generación firme ni ampliaciones de red: mayor vulnerabilidad a eventos climáticos, concentración de producción en horas de sol y dificultad para atender la demanda en horas pico.
La lección es clara: Colombia necesitará todas las fuentes de energía –renovables, hidráulicas, térmicas y fósiles– si quiere atender el crecimiento de la demanda, incluyendo el impacto de nuevas cargas intensivas como centros de datos e inteligencia artificial.
Pese a las alertas, los análisis coinciden en que buena parte de las soluciones pueden financiarse desde el mismo sector energético. Propuestas como el uso más eficiente de las reservas de hidrocarburos, el aprovechamiento de la ventana de oportunidad del carbón y la liberación gradual del precio del diésel podrían generar recursos adicionales del orden de varios billones de pesos anuales, destinados a: sanear la deuda por opción tarifaria, cerrar las brechas de acceso, invertir en la Costa Caribe y financiar la transición energética.
