Autor: Martín Rosas

Colombia lleva más de 15 años estudiando y analizando los yacimientos no convencionales (YNC) como una alternativa para aumentar reservas de petróleo y gas.

Por: JUAN ESPINAL*

Tal como lo hicieron Estados Unidos y Argentina, los YNC les permitió lograr estabilidad y asegurar su soberanía energética. Sin embargo, en nuestro país, por decisiones ideológicas del petrismo, se suspendieron los dos proyectos piloto de investigación científica que buscaban explorar estas fuentes de energía.

El gas es una fuente energética crucial para los colombianos. Hoy, 36 millones de personas tienen acceso al gas natural en sus hogares, y el 84% de esos beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gas natural representa menos del 1% del costo total de la canasta familiar de un hogar pobre, lo que lo convierte en el servicio público más barato que los colombianos pagan. En promedio, las familias de estrato 1 y 2 gastan entre $10.000 y $12.000 mensuales. La disponibilidad y el precio accesible del gas natural lo convierten en el energético con mayor aceptación social en el país. Sin embargo, las malas decisiones del presidente Petro han generado un aumento de hasta el 36% en su costo.

A pesar de estas dificultades, 1’001.212 nuevas familias han comenzado a recibir gas natural en sus hogares, sumando un total de 11,6 millones de hogares beneficiados. No obstante, aún queda mucho por hacer. Según datos de Naturgas, el reto es llevar este servicio a los 1,5 millones de hogares que aún dependen de la leña para cocinar, parte de los 8,4 millones de colombianos que viven en pobreza energética.

Las reservas de gas están disminuyendo rápidamente. Existe una correlación directa entre la perforación de pozos exploratorios y el volumen de reservas. De acuerdo con información de Campetrol, la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo ha disminuido 61% (-53 pozos) y un 28% (-185 pozos) en 2024, respectivamente, en comparación con las cifras de 2022. Como resultado, la autosuficiencia de Colombia ha caído de 13 años a solo 6. Hace 20 años, perforábamos 120 pozos exploratorios al año.

En el Congreso anual de Naturgas insistí en que Colombia debe adoptar el fracking. Esta técnica nos permitiría aumentar nuestras reservas de gas de 2,3 TPC a 30 TPC, generando 14.000 empleos y ofreciendo estabilidad energética al país. Además, beneficiaría a los 12 millones de hogares que dependen del gas natural, así como a la industria, el comercio y a los más de 200.000 vehículos que funcionan con este energético.

El único que no ha comprendido, por su radicalismo ideológico, que el gas más barato es el producido en Colombia, es el presidente Petro. Las consecuencias de su negativa a suscribir nuevos contratos de exploración y producción son graves para los colombianos, especialmente para los más vulnerables. Su postura también está ahuyentando la inversión, en un sector que requiere años para dar frutos.

Reflexión final: No es posible que un país tan rico en recursos naturales como Colombia no pueda prosperar, todo por culpa de unos ideólogos que han decidido acusarnos de querer destruir el mundo. Más perjudicial que el gas, el petróleo o el carbón, es la ideología destructiva que se opone al desarrollo y al progreso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Mientras se da el contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, se acentúa la dependencia de Colombia de las importaciones, que serán cada vez mayores en los próximos años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Mientras el ex ministro de Energía Andrés Camacho adujo, sin fundamento alguno y a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por el Gestor del Mercado de Gas, de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder«. 

Atribuirle esa mala intención a las empresas generadoras es absurdo, puesto que no les asiste interés alguno en elevar las tarifas de energía ya que en nada las beneficia a ellas.

Con esta afirmación del Presidente, se violó la presunción de la inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de Servicios Públicos para “proceder” de acuerdo con su juicio de valor. 

No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del despacho del presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado social de derecho que nos rige.

Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)  un cuestionado y controvertido informe sobre el balance reservas/producción de gas natural, que le costó la salida a la viceministra de Energía Belizza Ruiz por tomar distancia del mismo, el cual mostraba una caída de sus precarias reservas, la entonces ministra, la filósofa Irene Vélez, para justificar la decisión tomada de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, hizo las cuentas de la lechera, sumando peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles + recursos contingentes), para concluir que no había de qué preocuparse porque teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el 2037. 

Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, del mismo corte y sesgo ideológico y más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó en su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez.

No obstante, VANTI, como todas las demás comercializadoras, se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio de gas, se dispuso a comprar gas importado por la firma TLP GAS. Y ello, mientras el ex ministro Camacho, insistía en que al no haber escasez de gas tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.

Y cuando el primero de diciembre se recibió el primer despacho de 40 MMPCD se atrevió el Ministro Camacho a decir que se estaba importando ese gas sólo para tenerlo de “reserva” por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas. Según él, “cuando se revende el mismo volumen de gas varias veces, se inflan los precios, similar a un proceso especulativo”. Y las superintendencias procedieron en consecuencia.

El negacionismo llevó al ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, que se venía solicitando por parte de las empresas desde noviembre y el cual sólo fue expedido el 10 de diciembre (1467 de 2024).

Lo propio ocurrió con la Resolución de la CREG, que apenas ahora se anuncia por parte del ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.

Pese a todo, el presidente Petro, en tono amenazante, a través de su cuenta X, expresó el pasado viernes, mientras se adelantaba en Barranquilla el Congreso anual de NATURGAS, que “las decisiones están tomadas: que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de ley”.

A ello respondió la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de NATURGAS ni de los agentes del mercado, son cifras que producen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Gestor del Mercado”.

Ahí vamos en este contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, mientras se acentúa la dependencia del país de las importaciones de gas, que serán cada vez mayores en los próximos años.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno colombiano para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Finalizando 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad, uno inferior aplicable a la energía hídrica, a las renovables y a las térmicas a carbón, de más bajo costo ($359 el KWH), y otro superior ($945 el KWH) a la energía generada utilizando gas natural o combustibles líquidos derivados del petróleo, que es mucho más costosa.

El ex ministro Andrés Camacho se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 – 2028,cuando vencen las obligaciones de energía en firme (OEF) ya asignadas.

Bien dijo Alejandro Lucio Chaustre, director Ejecutivo de Óptima Consultores, que “esto no va a tener un efecto inmediato en el precio de bolsa de energía y mucho menos un efecto transversal en las tarifas que pagan los usuarios, como se ha querido vender”.

Alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa”, manifestó el presidente Petro en el curso del Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el cual se centró en la problemática del sector eléctrico, sobre todo en lo atinente a las tarifas de energía.

Es claro que el presidente de la República no está investido de la facultad para intervenir el mercado eléctrico ni para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva y excluyente de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional, y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023. Los actos administrativos anunciados por el Presidente podrían correr la misma suerte.

Ahora bien, excepción hecha de EPM, las demás empresas comercializadoras de energía son solo distribuidoras y por tanto deben comprar la energía a las generadoras y para ello debe recurrir a la firma de contratos bilaterales o a la Bolsa, en donde se transa la energía, a la que concurren generadoras y comercializadoras, en la que la formación del precio se rige por un método marginalista, mediante el despacho por parte del Centro Nacional de Operaciones (CNO) la energía ofertada de acuerdo con su precio, de menor a mayor, hasta copar la demanda, de tal suerte que dicho precio se establece tomando en consideración el del último agente despachado.

Lo que se propone por parte del Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores del 5%. Dicho de otra manera, se les obligaría a tener contratos bilaterales del 95%. Ello, en teoría, sería beneficioso para el usuario final, dado que garantizaría estabilidad en el precio pactado, eludiendo la volatilidad propia del mercado mayorista (léase Bolsa). Para ilustrarlo comparemos el precio en Bolsa que oscila alrededor de los $500 el KWH, mientras el promedio del precio en los contratos bilaterales está en $300. 

Pero, ¿en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado. Ello atenta contra uno de los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el de la suficiencia financiera de las empresas, comprometiendo su estabilidad.

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente.

Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios por parte de la Nación por tres billones de pesos, a la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3,4 billones) y la cartera oficial en mora ($1,2 billones), que sumados superan los $7 billones. 

Empezando por la intervenida Air-e, ¿de dónde van a sacar los recursos para constituir las garantías y honrar el pago de la energía contratada, ahora que se le exigiría cubrirse en un 95%?

A ello se viene a sumar la situación planteada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de una circular, disponiendo que a las empresas intervenidas por ella no le aplica la limitación de suministro, lo cual quiere decir que así no paguen la energía contratada la empresa generadora está obligada a seguir despachándole la energía. Ello podría conducir a un efecto dominó que podría traducirse, como lo ha advertido la empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría General.

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en la sábana.

Lo que viene presionando al alza tanto los precios en Bolsa como las tarifas de energía es el alto grado de estrés al cual está sometido el SIN debido a la estrechez de la Oferta de Energía en Firme (OEF), a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión. 

Aquí estamos en presencia de una causalidad circular de la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.