El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión eléctrica, en cumplir con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, y en conformar la CREG.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Hay dos tipos de riesgo, uno inmanente, estructural, y el otro inminente. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos: en cuanto al primero aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta que el 58% de la capacidad instalada de generación es hídrica y por lo tanto expuesta a condiciones de hidrología crítica que compromete su operatividad.
Tanto más en cuanto que de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación sólo uno de ellos, El Peñol, que le sirve a Guatapé, tienen una capacidad de regulación de más de un año, los demás a lo sumo sólo cuatro meses.
Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado si se hubiera cumplido el compromiso adquirido por parte del presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre eólica y solar.
Entre 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira, los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. El avance en renovables se reduce a los 1.875 MW en operación en granjas solares.
En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la Oferta de Energía en Firme (OEF). Como lo ha informado XM existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de 2,2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga.
De otra parte, es cada vez más inminente un apagón financiero de las empresas del sector eléctrico, que es como han llamado los organismos de control la crisis financiera a la que están abocadas por la deuda acumulada que las tiene en serias dificultades.
Me refiero a las deudas por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno Nacional se ha abstenido de girarles ($2,4 billones), de la opción tarifaria ($3,2 billones), que el presidente Petro se comprometió pero no cumplió pagar.
El caso más patético es el de la empresa Air e, la cual fue intervenida hace 20 meses, ya son 6 agentes interventores los que han desfilado por ella y no sólo no se han superado las causales de insolvencia, iliquidez y falta de caja que determinaron su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, sino que esta se ha convertido en parte del problema y por su negligencia la empresa intervenida hoy no está mejor que cuando estuvo peor. Esta empresa adeuda más de $2 billones, de los cuales más de $1 billón es con las generadoras.
Este es el estado en el que sorprende al sector eléctrico el anuncio de que el temido fenómeno de El Niño ya no es una probabilidad sino, como lo afirmó la directora del IDEAM, “una certeza científica… más severo que el del 2024”. En su más reciente reporte dijo que “el fenómeno de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto”, peor aún, “será fuerte o muy fuerte”.
Ello llevó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a expresar en la Circular 40023 del 14 de mayo dirigida a la CREG que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.
Y no es para menos, puesto que lo peor es que se viene configurando una tormenta perfecta en la que El Niño es sólo el detonante. Veamos: el pasado 2024 pasamos, pero por la cornisa, a ras, gracias a que para entonces contamos con una reserva de capacidad de generación excedente de energía del 5% y ahora estamos en rojo. Entonces tuvimos la holgura que hoy no tenemos en oferta de gas natural, el que necesitan las térmicas para operar cuando son requeridas y van a ser requeridas.
Recordemos que desde diciembre de 2024 se está importando gas para satisfacer la demanda esencial y para ello sólo se cuenta con la única regasificadora (SPEC, en Barú, Cartagena) que está operando al límite de su capacidad de 475 MPCD.
De modo que, muy seguramente, cuando las térmicas pasen de generar el 15% al 55% y se requieran mayores volúmenes de gas importado, nos vamos a enfrentar al dilema de racionar el servicio de energía o racionar el suministro de gas natural como ya sucedió en octubre de 2025 cuando la SPEC entró en mantenimiento programado.
El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión, en cumplir, como es su deber, con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, en conformar una CREG, que ha permanecido la mayor parte del tiempo en interinidad y durante un largo lapso sin quorum para tomar decisiones.
En su lugar, hemos tenido una política errada y errática, caracterizada por la imprevisión y la improvisación, en medio de una hostilidad permanente contra las empresas, satanizándolas y exponiéndolas constantemente a amenazas y medidas que, en lugar de atraer a los inversionistas, ha erosionado la confianza inversionista y llevándose de calle la seguridad jurídica.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
