Se entiende por profecía autocumplida la predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel importante la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
31 de mayo de 2021. Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre de 2020, la cual no da trazas de amainar.
Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80, tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4,5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar doce años después, en 2011.
En 2017, Standard & Poor´s (S&P), ya había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si sus proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.
En marzo de 2020 S&P, aunque mantuvo la calificación anterior, varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”.
Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S&P, aduciendo que «la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales clave, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus».
Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.
Cuando se precipitó la pandemia, la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder el grado inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta.
A ello se añadió la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.
Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2,5% en 2019 a 7,8% en 2020 y se proyecta en 8,1% para 2021.
Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.
El exministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista si no la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.
Así las cosas, no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S&P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.
Según esta agencia, «la pandemia de Covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”.
Utilizando el argot futbolístico, ello es como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la B.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.
