Autor: Martín Rosas

La Superintendencia de Servicios Públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave, está extralimitándose en sus funciones.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 13 de diciembre la entidad emitió una circular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air–e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo.

Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma.

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air–e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores.

Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air–e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de marzo, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora.

Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tal requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera, “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´, para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”.

Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, les hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”.

Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en su artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia.

Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la de Servicios Públicos, para que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, les caiga todo el peso de la Ley.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos.

Esta es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Por: JUAN ESPINAL*

Las rentas ilegales en Colombia han crecido de manera alarmante, agravando la crisis de inseguridad.

El narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza, con el país consolidado como el principal productor mundial de cocaína. En 2023, según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Antinarcóticos, se registraron más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína, un aumento del 53% en comparación con 2022.

Sin embargo, una nueva fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales ha ganado protagonismo: la minería ilegal. Este negocio paralelo al narcotráfico, no solo destruye ecosistemas estratégicos y contamina ríos con mercurio, sino que también se ha convertido en una fuente clave de violencia.

De hecho, en el 34% de los municipios donde hay cultivos de coca, también se registra explotación ilegal de oro de aluvión. En algunas regiones, la minería ilegal ya ha reemplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos para estas organizaciones criminales, impulsada por el alto valor del oro, que actualmente alcanza los 2.739 dólares por onza.

El control de esta millonaria renta ilícita está en manos de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, que utilizan la minería ilegal para lavar dinero y financiar su expansión territorial. Departamentos como Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía (con coltán y uranio), Caquetá, Caldas, Tolima y La Guajira están entre los más afectados.

Las cifras son contundentes:

          •         100.000 hectáreas de minería ilegal a cielo abierto.

          •         51% de estas operaciones se encuentran en reservas forestales o parques naturales.

          •         69.123 hectáreas de oro de aluvión están bajo explotación ilícita, lo que representa el 73% del total.

          •         En 2023, Colombia exportó 72 toneladas de oro por un valor de 3.406 millones de dólares, solo superado por el petróleo y el carbón. Sin embargo, al menos el 75% proviene de empresas informales.

          •         La minería ilegal genera aproximadamente 3,5 billones de pesos anuales, mientras evade 550.000 millones de pesos en impuestos.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Empresas como Mineros S.A. y Operadora Minera S.A.S, junto con unidades formalizadas, sí contribuyen al desarrollo del país a través del pago de impuestos y regalías.

La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre el impacto de la minería ilegal a través de informes como “Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia”, publicado en diciembre de 2024. Sin embargo, las instituciones encargadas de frenar esta actividad parecen paralizadas.

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una absoluta falta de interés en enfrentar esta problemática. En lugar de impulsar el desarrollo del sector minero con reglas claras y garantías para la inversión legal, su política se ha basado en imponer trabas jurídicas ideológicas a través del Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, ¿dónde están la Fiscalía y la Fuerza Pública? Esta renta ilegal sigue creciendo sin control, amenazando la economía y devastando el medio ambiente.

Si el Estado no actúa con firmeza, la minería ilegal seguirá consolidándose como un motor del crimen organizado en Colombia, con consecuencias irreversibles para el país.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A partir de la Constitución de 1991, la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también las empresas privadas y comunidades organizadas pudieran prestarlos, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365.

No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma, Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas. La primera es la disponibilidad, porque nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios.

Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE, el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en cinco dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. 

Y según el más reciente estudio de la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia, se estableció que el 16,1% de la población, 8,4 millones de habitantes, están en esa condición.

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos. No es como afirmó irresponsablemente el saliente ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el curso de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1, 2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entregan a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.

La realidad es otra, quien se queda con los subsidios es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselos a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado.

Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de $2,8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por $1,3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no les da liquidez a las empresas.

Sólo a comienzos de febrero de 2025, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, para entonces, la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo.

Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a los usuarios, con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a estos servicios esenciales. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.